Arturo Ortiz Mendoza

Expediente 896/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 44 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
896/2018
Año
2018
Actuaciones
44
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Arturo Ortiz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de julio de dos mil diecinueve (foja 204), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco del mes y año en curso (foja 211); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa por las consideraciones ahí expuestas. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 413/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mismo que fue resuelto en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".En esas condiciones, procede revocar la sentencia recurrida y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable: a) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, previo citatorio de un día anterior, incluyendo la sentencia definitiva y los actos de ejecución realizados; y, b) Reponga el procedimiento y ordene de nueva cuenta que se practique el llamamiento al juicio de origen al quejoso Arturo Ortiz Mendoza, pero cumpliendo para ello con todas las formalidades contenidas en el artículo 131 del Código Procesal Civil para el estado de Morelos, y las previstas para el juicio especial hipotecario en los numerales 628 y 629 del mismo código." A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable a través de oficio 1694 (foja 196), remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el cual dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, de su índice, y en su lugar, ordenó un nuevo llamamiento a juicio del quejoso. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido el argumento de la parte quejosa en el sentido de que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se ha cancelado la cédula hipotecaria emitida en el juicio de origen, pues ello no fue parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. No obstante lo argüido por la responsable, la cédula hipotecaria que alude debe subsistir, toda vez que la Superioridad concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para efecto de que el juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, de su registro, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, previo citatorio de un día anterior, incluyendo la sentencia definitiva y los actos de ejecución realizados; sin que dentro de los alcances de esa resolución se encuentre prevista la cédula hipotecaria de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por ser anterior al llamamiento a juicio de la quejosa. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, desde la diligencia de emplazamiento a juicio del aquí quejoso, y en su lugar emitió un nuevo llamamiento a juicio conforme a lo ordenado por el Tribunal de Alzada. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se procede a notificar a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal y por lista en la página electrónica el contenido de los autos de diecisiete de julio de dos mil diecinueve que a la letra dice: Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de julio de dos mil diecinueve (foja 204), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa a través de escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco del mes y año en curso (foja 211); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa por las consideraciones ahí expuestas. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa por conducto de su apoderado legal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 413/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mismo que fue resuelto en sesión de siete de junio de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".En esas condiciones, procede revocar la sentencia recurrida y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable: a) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, previo citatorio de un día anterior, incluyendo la sentencia definitiva y los actos de ejecución realizados; y, b) Reponga el procedimiento y ordene de nueva cuenta que se practique el llamamiento al juicio de origen al quejoso Arturo Ortiz Mendoza, pero cumpliendo para ello con todas las formalidades contenidas en el artículo 131 del Código Procesal Civil para el estado de Morelos, y las previstas para el juicio especial hipotecario en los numerales 628 y 629 del mismo código." A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable a través de oficio 1694 (foja 196), remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el cual dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, de su índice, y en su lugar, ordenó un nuevo llamamiento a juicio del quejoso. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido el argumento de la parte quejosa en el sentido de que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se ha cancelado la cédula hipotecaria emitida en el juicio de origen, pues ello no fue parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. No obstante lo argüido por la responsable, la cédula hipotecaria que alude debe subsistir, toda vez que la Superioridad concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para efecto de que el juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario 262/2016, de su registro, a partir de la diligencia de emplazamiento de dos de febrero de dos mil diecisiete, previo citatorio de un día anterior, incluyendo la sentencia definitiva y los actos de ejecución realizados; sin que dentro de los alcances de esa resolución se encuentre prevista la cédula hipotecaria de siete de septiembre de dos mil dieciséis, por ser anterior al llamamiento a juicio de la quejosa. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se siguió en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, desde la diligencia de emplazamiento a juicio del aquí quejoso, y en su lugar emitió un nuevo llamamiento a juicio conforme a lo ordenado por el Tribunal de Alzada. Con base en lo anterior, de conformidad con el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas documentales por las cuales se formó un anexo, devuélvase a dicha autoridad las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa mediante el cual desahoga la vista concedida en acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones del promovente, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por Carlos Javier González Montiel, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de diversas constancias, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que refiere, entregándosele por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón de recibo que se asiente en autos. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.

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