Arturo Pérez Behr
Expediente 9/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/01/2019
Partes del expediente
- Arturo Pérez Behr
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la razón de cuenta, se desprende que la Actuaria Judicial adscrita este Juzgado de Distrito, devuelve el presente juicio de amparo sin notificar a la parte quejosa , el proveído de ocho de enero del año en curso, por las razones que se indican en la misma; por tanto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, los proveídos de siete y ocho de enero del año en curso.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional, el proveído de dos de enero del año en curso, en que se acordó lo siguiente "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento a lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de doce de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada dentro de los autos del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión relativo y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses de recibo de los oficios, por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Primero del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del tres de enero de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, en cumplimiento al punto Vigésimo del mismo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el mencionado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, en el entendido que la fecha probable para tal efecto es a partir del tres de julio de dos mil diecinueve. En su oportunidad, proceda la Secretaría a realizar la certificación digital de la demanda y sentencia pronunciada en los presentes autos, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Séptimo del referido Acuerdo. En otro orden, visto el estado procesal de autos, se obtiene que mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, remitiendo copia certificada de diversos oficios girados por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a personas bloqueadas, con las que se ordena suspender cualquier acto, operación o servicio, así como a las instituciones financieras a las que se retransmitió esa información, la cual se calificó de reservada ordenándose guardar en la caja de valores de este Juzgado (foja 377). Asimismo, por diverso auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, se formó el tomo I de pruebas, con las constancias remitidas por la institución bancaria Banca Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México (fojas 427). En ese tenor, y en virtud que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, se estima que resulta innecesario el resguardo del referido medios de prueba, en el recinto judicial que alberga este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse las documentales precisadas, a la autoridad responsable e institución bancaria mencionadas en párrafos precedentes. Finalmente, atento a que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda el original de unas cláusulas de la póliza de veinte de abril de dos mil trece (fojas 160 a 162), en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo tercero, del punto Décimo Primero del acuerdo en cita, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento original por ella exhibido; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento, podrá ser destruido junto con el expediente. "; lo anterior, en virtud de no haber comparecido a recibir la notificación de manera personal dentro del plazo de dos días que le fue concedido en aviso de fecha cinco de enero pasado, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Parte quejosa Arturo Pérez Behr se desiste del juicio de amparo, se le requiere para que ratifique el contenido de su escrito dentro de tres días.
- Principal
Notificación personal.
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