Arturo Orduño Morales
Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2021
Partes del expediente
- Arturo Orduño Morales
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentren glosados los acuses de recibo de los oficio, por los que se ordenó notificar a las autoridades responsables foráneas, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a las mismas, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 63 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretaria de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez del mes y año actual, se difirió la audiencia constitucional señalada en los presentes autos para ese día y se fijó nueva fecha para que tuviera verificativo la misma. Por tanto, tomando en consideración que la fecha fijada para la celebración de dicha audiencia constitucional es la data en que se actúa, y no el diez de marzo del año en curso, como erróneamente se indicó en el acuerdo que antecede, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en relación a su artículo 2, se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo y, por tanto, se deja insubsistente el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno. En otro contexto, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los informes justificados signados por las autoridades responsables Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por sí y como representante legal de dicho Instituto y Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva del citado Instituto y Director de Pensiones y Jubilaciones del multicitado Instituto, todos con residencia en la capital de la entidad; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngaseles designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que mencionan en los mismos, y únicamente para recibir documentos a quienes para ello señala, de igual forma, téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el precisado en su respectivo informe. En ese orden de ideas, se le tiene a la primera autoridad en comento proporcionando como correos electrónicos para que este órgano jurisdiccional de estimarlo necesario establezca contacto los siguientes: notificaciones.juridico@issstecali.gob.mx, kaherran@issstecali.gob.mx, epmorales@issstecali.gob.mx, femartinez@issstecali.gob.mx y lic.fernando.martinez.acevedo@gmail.com, tome nota de lo anterior el personal de este órgano jurisdiccional, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. De igual forma, en atención a la solicitud que realiza la primera de las oficiantes, para que se autorice hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al presente juicio de amparo, conforme lo previsto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario MAZARO, para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo número 710/2020-B-1, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto con antelación los razonamientos expuestos en la tesis: XXVII.1o.4 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, visible en la página 2498, con número de registro 2018958, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, la Secretaria realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea del usuario MAZARO, para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente del juicio 710/2020-B-1, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. En otro orden, en términos de lo señalado en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene a la segunda autoridad oficiante ofreciendo como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, de las cuales se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional que en este juicio se celebre. No así las diversas documentales que señala en el informe de cuenta, por no haberlas anexado a dicho informe. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado, mismo que fue notificado de ello, tal y como se advierte de las constancias correspondientes al oficio 36149, por medio del cual le fue requerido dicho informe. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal invocado, así como por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de la Materia y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable local Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, remita copia certificada completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, así como de las necesarias para la solución del presente juicio constitucional, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretaria de cuenta, se advierte que mediante circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, el cual tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, periodo que se amplió del doce al dieciocho de enero siguiente, mediante similar SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso. Asimismo, que mediante la diversa circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, se indicó que entre otros, en el Estado de Baja California, a partir del diecinueve de enero del año en curso, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia de que se trata. Del mismo modo, del estado que guardan los presentes autos se aprecia que por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se señalaron las diez horas del veintidós de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, tomando en consideración lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, en relación con el numeral 20, del mencionado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el trámite del presente asunto en el estado procesal en que se encontraba el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que, conforme a lo establecido en la fracción II, del dispositivo legal invocado en primer término, la reanudación de los plazos operará hasta en tanto se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que no ha sido celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio, se señalan las diez horas del once de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, hágase saber a las partes que para el trámite del presente asunto, de resultar necesario se podrán realizar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional a través de los medios tecnológicos disponibles. En otro contexto, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en los autos del presente juicio de amparo, no obran los informes justificados de las autoridades responsables foráneas Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas de dicho Instituto, con residencia en la capital de la entidad, ni los acuses de recibo de los oficios 36145, 36146, 36147 y 36148, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por los que se les solicitó el mismo. Asimismo, que la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado, mismo que fue notificado de ello, tal y como se advierte de las constancias correspondientes al oficio 36149, por medio del cual le fue requerido dicho informe. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal invocado, así como por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de la Materia y 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la autoridad responsable local citada con anterioridad, para que en el término de tres días, remita copia certificada completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, así como de las necesarias para la solución del presente juicio constitucional, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, así como en lo dispuesto en el artículo 28, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica, a las autoridades foráneas señaladas como responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todas de dicho Instituto, con residencia en la capital de la entidad, para que dentro del término de veinticuatro horas, por la misma vía, informen la hora y fecha en que haya recibido los oficios 36145, 36146, 36147 y 36148, de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante los cuales se les requirió para que rindieran su correspondiente informe justificado dentro del presente juicio de amparo, debiendo señalar si a la fecha ya rindieron su informe y, en caso afirmativo, el sentido en que lo hayan hecho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el oficio signado por la autoridad responsable Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales con sede en Mexicali, Baja California en su denominación correcta, toda vez que su contenido fue materia del proveído de cinco de octubre del año en curso. Cúmplase.
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