Arturo Parra Torrero

Expediente 799/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
799/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Arturo Parra Torrero
  • Presidente de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje, En Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la autoridad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida en autos. Por tanto, téngasele informando que acató la suspensión definitiva en autos, lo cual queda demostrado con las documentales que exhibió para tales efectos. Pruebas. Finalmente, con fundamento en la interpretación sistemática del artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que anexó al oficio de cuenta. Notifíquese.

  2. Incidental

    Lectura de constancias. A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en el presente asunto: a) escrito inicial de demanda y anexos; b) informe previo rendido por la junta responsable; c) informe de acatamiento a la suspensión provisional por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento y d) documentales exhibidas por la junta responsable. Acuerdo. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales correspondientes. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: No. Partes Prueba Fojas Admitidas y desahogas 1 Quejosa Documentales 26 a 47 10 de julio de 2023 (fojas 48 a 57) 2 Apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Documentales 96 a 100 12 de septiembre de 2023 (fojas 101 y 102) 3 Auxiliar de la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Documentales 105 a 263 20 de septiembre de 2023 (fojas 264 y 265) Acuerdo. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos; se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. Acuerdo. Se tiene por precluido ese derecho para las partes procesales, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución: Resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 799/2023-V promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación demanda. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad,********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos precisados en su escrito inicial de demanda. Segundo. Trámite. El diez de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, y se ordenó formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitaron informes previos a la autoridad responsable y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, previos diferimientos, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver la presente incidencia, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1.- La omisión de emitir un pronunciamiento sobre la petición de otorgamiento de medida cautelar innominada en relación a la atención médica a favor de ********************, esposa del quejoso, quien se encuentra en estado de gravidez, la cual solicitó el pasado cuatro de julio de dos mil veintitrés. 2.- La omisión de ordenar la reinstalación del quejoso a su empleo derivado del laudo de dos de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********************, en el cual se condenó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a que lo reinstalara en su empleo, y con motivo de esa omisión tampoco puede acceder a los servicios de seguridad social; lo anterior no obstante que el dos de diciembre de dos mil veintidós, lo solicitó la ejecución del laudo a la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En ese sentido, la autoridad responsable que a continuación se menciona, rindió su informe previo, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido Foja Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Cierto 77 Del cuadro anterior, se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, pues así lo manifestó al rendir su informe previo. Por tanto, deberá tenerse como cierto el acto reclamado a la autoridad responsable para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. CUARTO. Efectos suspensión. La parte quejosa solicitó la medida cautelar de los actos reclamados para el efecto de que la autoridad responsable le garantice al quejoso, a la esposa de éste y a sus menores hijos el servicio de salud derivado de haberse ordenado su reinstalación en el empleo dentro del laudo dictado en el expediente laboral ********************del índice de la junta responsable. En esa tesitura, ya establecidos los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." QUINTO. Estudio de la medida cautelar. Resulta necesario precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, lo que se reproduce en el numeral 138 de la Ley de Amparo. Por lo que atañe a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia P./J. 15/96, lo siguiente: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Se precisa que no es óbice para la aplicación de dicho criterio, que haya sido emitido por virtud de la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, pues el numeral 124 que se examinó es de similar contenido al artículo 128 de la actual legislación. Ahora bien, como se advierte, la aplicación del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que debe atenderse al derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. De tal manera que la juzgadora, para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva (sentencia de fondo), si los actos impugnados son o no constitucionales. Procedencia de la suspensión. Para ello, resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: La naturaleza de la violación alegada; La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; Los que la suspensión origine a los terceros interesados; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Precisión. De la narrativa de hechos en la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman la presente incidencia se aprecian las siguientes cuestiones: En dos de noviembre de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, emitió el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ********************, donde condenó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, entre otras prestaciones, a la reinstalación del aquí quejoso********************. Luego, por escrito presentado ante la responsable el dos de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso solicitó se procediera a la ejecución del laudo. Posteriormente, mediante ocurso presentado ante la responsable el cuatro de julio de dos mil veintitrés, el quejoso reiteró la solicitud ante la junta en cuestión, para que procediera al cumplimiento del laudo, entre ellos, a la reinstalación de su empleo. En atención a ello, y a la suspensión provisional concedida en autos, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, emitió el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, donde determinó que estaba imposibilitada para ordenar la reinstalación de la parte actora, como fue condenado a la parte demandada, en el laudo de dos de noviembre de dos mil veintidós, puesto que existe radicado el juicio de amparo ********************, promovido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, del índice de éste órgano jurisdiccional, donde se controvirtió la falta de llamamiento de dicho ente público, así como todo lo actuado dentro del mismo; sin perjuicio de ello, procedió a decretar la medida cautelar relativa al otorgamiento de la parte actora y sus beneficiarios, del servicio de salud a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de la siguiente forma: "Considerando el estado de gravidez de la C. ********************, esposa de la parte actora que refiere el accionante del proceso, así como la obligación de esta autoridad de tutelar el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos tanto por nuestra carta magna y los tratados internacionales de los cuales México forma parte, ello dentro del ámbito de su competencia, aunado a que desatender o retrasar la solicitud efectuada por el acto podría resultar en un perjuicio a la salud de la esposa y del producto en gestación; es por ello que esta autoridad en atención a lo solicitado y en virtud de la medida cautelar provisional dictada en el juicio de amparo 799/2023-V, esta autoridad decreta como medidas cautelares las siguientes: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, deberá afiliar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a la parte actora********************, a su esposa ******************** y sus menores hijos ******************** y ********************; así mismo deberá de continuar cubriendo las cuotas respectivas ante el propio organismo de salud multicitado. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana deberá abstenerse de dar de baja a********************, a su esposa ******************** y sus menores hijos ******************** y ********************, ante el instituto de seguridad social de referencia. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California deberá brindar los servicios de salud a********************, a su esposa ******************** y sus menores hijos ******************** y ******************** y por lo que hace a la de nombre ******************** atención médica suficiente durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal; lo anterior a fin de que la última referida cuente con atención médica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal. Para el caso de que Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana hubieran procesado la baja de********************, y sus beneficiarios, ante la institución de seguridad social de referencia, deberán de proceder de manera inmediata a su afiliación a dicho instituto. Se requiere a Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California para que dentro del término de tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acrediten ante esta autoridad haber dado cumplimiento a la medida cautelar dictada." Por su parte, la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión, delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio ********************, hizo del conocimiento a la junta responsable que, el quejoso se encontraba vigente ante dicha institución con número de afiliación ********************, así como sus derechohabientes ******************** (esposa), ******************** y ******************** (sus menores hijos), y al efecto remitió las constancias para acreditarlo. Interés suspensional. En el caso, la parte quejosa para acreditar su interés exhibió las siguientes documentales: Copia simple del laudo dictado el dos de noviembre de dos mil veintidós, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, dentro del expediente ********************. 2. Dos escritos firmados por el quejoso******************** dirigidos al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, recibidos el dos de diciembre de dos mil veintidós y el cuatro de julio de dos mil veintitrés, por los cuales solicitó la ejecución de laudo dictado. 3. Copias simples de las credenciales de afiliación a nombre del quejoso********************, ******************** y los menores ******************** 4. Acta de matrimonio entre******************** y ********************, con folio ******************** expedida por el Sub Oficial del Registro Civil. 5. Actas de nacimiento de los menores ********************, con folios ********************, expedidas por Oficial del Registro Civil. 6. Original de prueba de embarazo en sangre de ********************, con resultado positivo. Documentales que concatenadas entre sí, las que tienen valor probatorio en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo y 93, fracción II en concordancia con el numeral 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, adminiculadas con las manifestaciones de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en suma con las constancias remitidas por la junta responsable, así como con el informe previo; acreditan su interés suspensional. Ya que queda demostrado, hasta éste momento que el quejoso cuenta con un laudo emitido a su favor, donde se ordenó su reinstalación en el empleo, además que es derechohabiente del servicio médico que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y también cuenta con ese derecho al servicio de salud, su esposa e hijos menores. Superada dicha cuestión, se precisa que también se satisface el segundo de los requisitos aludidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; debido a que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 129 de la Ley de Amparo. Además que el quejoso cuenta, hasta éste momento, con el reconocimiento de un derecho, entre otros, éste es, al recibir las prestaciones de seguridad social inherentes, al igual que su esposa e hijos menores. Aunado a ello, debe decirse que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud contenido en el numeral 4 constitucional, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin. Premisa que debe interpretarse al tenor del bloque de constitucionalidad, considerando la normativa nacional e internacional, así como sus criterios jurisprudenciales en materia de aquel derecho humano. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí importa, establece: "Artículo 4º (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)" De lo trascrito se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, el precepto constitucional en comento, reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. En ese contexto, dado que no se controvierte disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y tomando en consideración los antecedentes, la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, así como los efectos y consecuencias para los cuales solicita la medida cautelar. Concesión. De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la constitución federal y 147 y de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones, de seguimiento a que se cumpla con las medidas decretadas en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, esto es, realice los requerimientos que correspondan para efecto de que la autoridad vinculada al cumplimiento Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, proporcione la atención médica que requieran los derechohabientes (aquí quejoso, su esposa y sus menores hijos). Para el debido cumplimiento de esta suspensión, se hace del conocimiento a la autoridad vinculada al cumplimiento Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, que queda bajo su responsabilidad salvaguardar la salud de los antes mencionados, por lo que deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para permitir que le sean brindados los servicios de salud y desde luego la atención médica que requieran. En el entendido de que la concesión de la suspensión no implica, ni tiene por efecto, que se le proporcione un tratamiento en específico. Suspensión que surte efectos inmediatos y hasta en tanto se notifique a las autoridades sobre la ejecutoria emitida dentro del cuaderno principal. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se concede al quejoso********************, la suspensión definitiva contra los actos precisados en el considerando segundo, por la autoridad responsable señalada en el diverso considerando tercero, así como la vinculada al cumplimiento, por las razones y efectos precisadas en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Da cumplimiento. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, a través de los cuales cumple con el requerimiento de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, y al efecto remite copia certificada de las actuaciones efectuadas a partir del dictado del laudo emitidas en el expediente 6540/2019-E; por tanto, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente incidente de suspensión. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la audiencia incidental se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, el expediente no está integrado para resolver sobre la suspensión definitiva. Dado que, no obra el informe previo de la autoridad vinculada al cumplimiento Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a quien le está transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas otorgado para que rinda el mismo, toda vez que fue notificada para tal efecto el uno de septiembre de dos mil veintitrés, a las diez horas con diecisiete minutos. Asimismo, no obran en autos las constancias requeridas a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, no obstante haber quedado notificada de ello. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable antes mencionada, para que en el término de tres días legalmente computado, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las actuaciones efectuadas a partir del dictado de laudo emitidas dentro del expediente ********************, toda vez que resultan necesarias para resolver la suspensión definitiva. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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