Arturo Medina Estrada
Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/09/2019
Partes del expediente
- Arturo Medina Estrada
- Sala Regional del Centro Iii del Tribunal de Justicia Administrativa En Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido al quejoso y a la tercero interesada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el dieciocho de julio de la anualidad cursante, ejecutoriada el siete de agosto pasado, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Arturo Medina Estrada, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, para los siguientes efectos: ".SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de vicios formales, es para que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, realice lo siguiente: ( Deje insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 1254/15-10-01-4-OT. ( Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, pero que purgue los vicios destacados en esta sentencia; es decir, que de contestación a todos los argumentos en los que el actor fundó su recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia y subsane la incongruencia señalada; lo que deberá hacer de manera fundada y motivada.''. Acciones realizadas para cumplir con sentencia. Asimismo, el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, mediante oficio 10-1-1-66482/19 remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución dictada el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1254/15-10-01-4-OT de su índice, en la que declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas y contar con la firma, certificación y sello correspondientes. Ahora, de la documental exhibida por la autoridad responsable se observa que mediante resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, emitió una nueva resolución en la que determinó infundada la queja hecha valer por la parte actora -aquí quejoso-, dando contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Asimismo, para un mejor entendimiento y a fin de analizar si efectivamente la autoridad responsable dio contestación a todos los agravios hechos valer por la parte quejosa en el medio de impugnación, se procede a plasmar un cuadro comparativo para constatarlo: Puntos destacados en sentencia en relación a los agravios hechos valer por la parte quejosa Contestación de la autoridad responsable. 1. Omisión de contestar el argumento señalado como tercero. "[.] TERCERO: Agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó la resolución definitiva del presente juicio, en la cual se determinó el incremento a mi pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte Demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la Autoridad realice en cumplimiento a la Sentencia dictada, deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y, en consecuencia, tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la Pensión que percibe la Parte Actora, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por dando cumplimiento cabal y totalmente a lo sentenciado. [.]" La autoridad responsable fue omisa en dar contestación a ese argumento hecho valer por la quejosa, lo cual si bien no se refirió algún motivo de disenso en contra de la determinación de la autoridad demandada, también lo es que ello no exime a la sala responsable de emitir pronunciamiento al respecto. Se contesta a foja 118 vuelta: ".No escapa a esta Sala, el argumento planteado en el escrito de queja, respecto a que agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó resolución definitiva, en la cual se determinó el incremento de su pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la autoridad realice en cumplimiento a la sentencia , deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y en consecuencias tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la pensión que recibe, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por cumplimentado cabal y totalmente lo sentenciado. Pues, si bien es cierto, en la sentencia que puso fin al presente juicio, se determinó que la autoridad demandada debía incrementar la pensión de la actora, no existió un pronunciamiento en cuanto a las cantidades que fueron adeudadas, pues no se contaba con elementos para determinar las mismas, de ahí que precisamente el efecto de dicho fallo fue que la autoridad demandada procediera al correcto cálculo de la pensión y si resultaba procedente pagara las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, sin que del oficio 002.300.302.004/4394/2018, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se advirtieran diferencias a favor del pensionado. Asimismo, contrario a lo sostenido por la quejosa, la autoridad sí señaló los incrementos y las cantidades que resultaban para efectos del pago de la pensión, dentro del oficio en comento, desde el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de octubre de dos mil ocho, por lo que se desestima el argumento en cuestión. [.]". 2. Omisión de contestar los argumentos relativos a los tabuladores regionales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que no realizó pronunciamiento alguno en relación a los argumentos que hizo valer el quejoso relativos a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores lo constituyen los tabuladores regionales, que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como es que dichos tabuladores no se contraponen a la constancia de evolución salarial que remitió la dependencia para la cual laboró. Además de que no dio cabal contestación a los argumentos de la parte quejosa, ya que al referirse a las pruebas consistentes en "links" electrónicos, únicamente se limitó a señalar que de ellos no se obtiene la información que menciona, sin que refiriera cuál fue la información o los datos que obtuvo de dichos medios de prueba. Se contesta a fojas 113 a 117: ".Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad, en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque en la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró la actora, utiliza los reportados por la dependencia en la cual laboró el accionante; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento. Aunado a que los tabuladores regionales que menciona la demandante no formaron parte de los lineamientos emitidos por esta Sala en la sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, pues en dicha resolución se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que procediera a la correcta determinación y en su caso al pago de las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, el cual establece que: (lo transcribe), es decir, dicho precepto legal no estable que los tabuladores regionales son los únicos documentos aptos para determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo. [.] Sin que pase desapercibido por esta Sala, los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración, pues lo cierto es que los mismos no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar. Se sostiene lo anterior, pues al momento de intentar ingresar a las direcciones electrónicas señaladas por la actora: (las indica). No se pudo obtener acceso a las mismas, por loa que existió impedimento para constatar la información que mencionan la promovente relativa a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar a la plaza en la cual labora. [.]" 3. contestación dogmática respecto al tema de que la pensión nace a partir del momento que obtuvo dicha pensión, puesto que no existe precepto alguno que apoye dicha postura Ahora, al referirse el argumento de que la obligación de aumentar la pensión nace a partir del momento en que obtuvo dicha pensión, arguyó que no existe precepto legal que apoye su argumento, pero fue dogmático en su contestación ya que no señaló como es que la pretensión del actor no se encontraba ajustada a derecho, ni tampoco qué era lo que la ley o las fuentes del derecho establecen sobre el tópico señalado por la parte actora. Se contesta a fojas 117 vuelta a 118: ".En efecto, la parte quejosa perdió de vista que si bien, el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es imprescriptible; sin embargo, ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Lo anterior es así, pues el referido numeral dispone que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. Es decir, el referido precepto solo sólo dispone que prescriben las pensiones caídas, sino cualquier prestación en dinero que pudo ser exigible al instituto, por tanto, las diferencias en los incrementos que no fueron pagados, encuadran en dicha hipótesis normativa, el cual establece en forma clara y precisa, el plazo y los términos a que está sujeta dicha figura de extinción de la obligación. Por tanto, es evidente que la autoridad demandada no se encontraba obligada a pagar el incremento de la pensión desde el año en que fue otorgada, pues dichos montos se encontraban prescritos. Máxime que la parte actora no acompañó a juicio documentales a través de las cuales se acreditara que desde el año que obtuvo su pensión existió un incremento a la misma y el cual modificó los incrementos suscitadas en años posteriores.." 4. Argumento relativo a la incongruencia interna de la resolución combatida en queja La promovente argumentó que existe incongruencia interna, ya que señala que era innecesario que la autoridad demandada realizara el comparativo de los incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo con los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor; sin embargo, posteriormente señala que la autoridad demandada "como ya quedó establecido" confrontó los incrementos otorgados de acuerdo al referido índice, lo cual constituye una incoherencia por parte de la sala responsable. Aunado a que, la segunda afirmación (que la autoridad demandada confrontó los incrementos otorgados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor) no encuentra sustento alguno en los autos del juicio de origen, ya que no se aprecia que la autoridad demandada (aquí tercera interesada) hubiera realizado la confrontación a la que hace referencia. Se contesta a fojas 112 vuelta a 113: ".Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza su cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto, pues dicho argumentos resultaron inoperantes, ya que el efecto de la sentencia fue determinar los incrementos de la pensión del actor de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, es decir, en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, de ahí que no era necesario a que la autoridad realizara el comparativo que refiere la actora en sus agravios. De igual forma, de la resolución impugnada se advierte que el cálculo de la pensión no se limitó a los últimos cinco años, sino desde que el actor tuvo derecho a percibir dichos incrementos derivado de su pensión, de ahí que sus manifestaciones resultan infundadas.." Consecuentemente, se advierte que se colmaron los lineamientos del fallo protector, debido a que la responsable en resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, dictó con plenitud de jurisdicción nueva resolución en la cual dio contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto; háganse las anotaciones correspondientes. Notificación. Comuníquese al quejoso y a la tercero interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin mayor proveído. Finalmente, intégrense sin hacer mayor pronunciamiento el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Luis Martínez Crispin que firma y da fe. Doy fe. Tania* El secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que anteceden, coinciden en su totalidad en el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Doy fe. En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas del día ____________________, el (la) Actuario (a) del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, publicó en la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio constitucional, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe. Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California Paseo de los Héroes 10540, piso 6, Zona Río, C.P. 22010, Tijuana, Baja California. Correo electrónico institucional: 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" TERCERO INTERESADO: Subdelegado de Prestaciones Económicas, Delegación Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California. Calzada Cetys #2799-A, Rivera, Mexicali, Baja California. OFICIO VIA MEXPOST: 27227 En los autos del juicio de amparo 320/2019-VI promovido por Arturo Medina Estrada, se dictó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido al quejoso y a la tercero interesada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el dieciocho de julio de la anualidad cursante, ejecutoriada el siete de agosto pasado, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Arturo Medina Estrada, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, para los siguientes efectos: ".SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de vicios formales, es para que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, realice lo siguiente: ( Deje insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 1254/15-10-01-4-OT. ( Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, pero que purgue los vicios destacados en esta sentencia; es decir, que de contestación a todos los argumentos en los que el actor fundó su recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia y subsane la incongruencia señalada; lo que deberá hacer de manera fundada y motivada.''. Acciones realizadas para cumplir con sentencia. Asimismo, el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, mediante oficio 10-1-1-66482/19 remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución dictada el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1254/15-10-01-4-OT de su índice, en la que declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas y contar con la firma, certificación y sello correspondientes. Ahora, de la documental exhibida por la autoridad responsable se observa que mediante resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, emitió una nueva resolución en la que determinó infundada la queja hecha valer por la parte actora -aquí quejoso-, dando contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Asimismo, para un mejor entendimiento y a fin de analizar si efectivamente la autoridad responsable dio contestación a todos los agravios hechos valer por la parte quejosa en el medio de impugnación, se procede a plasmar un cuadro comparativo para constatarlo: Puntos destacados en sentencia en relación a los agravios hechos valer por la parte quejosa Contestación de la autoridad responsable. 1. Omisión de contestar el argumento señalado como tercero. "[.] TERCERO: Agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó la resolución definitiva del presente juicio, en la cual se determinó el incremento a mi pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte Demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la Autoridad realice en cumplimiento a la Sentencia dictada, deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y, en consecuencia, tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la Pensión que percibe la Parte Actora, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por dando cumplimiento cabal y totalmente a lo sentenciado. [.]" La autoridad responsable fue omisa en dar contestación a ese argumento hecho valer por la quejosa, lo cual si bien no se refirió algún motivo de disenso en contra de la determinación de la autoridad demandada, también lo es que ello no exime a la sala responsable de emitir pronunciamiento al respecto. Se contesta a foja 118 vuelta: ".No escapa a esta Sala, el argumento planteado en el escrito de queja, respecto a que agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó resolución definitiva, en la cual se determinó el incremento de su pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la autoridad realice en cumplimiento a la sentencia , deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y en consecuencias tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la pensión que recibe, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por cumplimentado cabal y totalmente lo sentenciado. Pues, si bien es cierto, en la sentencia que puso fin al presente juicio, se determinó que la autoridad demandada debía incrementar la pensión de la actora, no existió un pronunciamiento en cuanto a las cantidades que fueron adeudadas, pues no se contaba con elementos para determinar las mismas, de ahí que precisamente el efecto de dicho fallo fue que la autoridad demandada procediera al correcto cálculo de la pensión y si resultaba procedente pagara las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, sin que del oficio 002.300.302.004/4394/2018, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se advirtieran diferencias a favor del pensionado. Asimismo, contrario a lo sostenido por la quejosa, la autoridad sí señaló los incrementos y las cantidades que resultaban para efectos del pago de la pensión, dentro del oficio en comento, desde el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de octubre de dos mil ocho, por lo que se desestima el argumento en cuestión. [.]". 2. Omisión de contestar los argumentos relativos a los tabuladores regionales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que no realizó pronunciamiento alguno en relación a los argumentos que hizo valer el quejoso relativos a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores lo constituyen los tabuladores regionales, que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como es que dichos tabuladores no se contraponen a la constancia de evolución salarial que remitió la dependencia para la cual laboró. Además de que no dio cabal contestación a los argumentos de la parte quejosa, ya que al referirse a las pruebas consistentes en "links" electrónicos, únicamente se limitó a señalar que de ellos no se obtiene la información que menciona, sin que refiriera cuál fue la información o los datos que obtuvo de dichos medios de prueba. Se contesta a fojas 113 a 117: ".Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad, en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque en la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró la actora, utiliza los reportados por la dependencia en la cual laboró el accionante; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento. Aunado a que los tabuladores regionales que menciona la demandante no formaron parte de los lineamientos emitidos por esta Sala en la sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, pues en dicha resolución se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que procediera a la correcta determinación y en su caso al pago de las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, el cual establece que: (lo transcribe), es decir, dicho precepto legal no estable que los tabuladores regionales son los únicos documentos aptos para determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo. [.] Sin que pase desapercibido por esta Sala, los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración, pues lo cierto es que los mismos no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar. Se sostiene lo anterior, pues al momento de intentar ingresar a las direcciones electrónicas señaladas por la actora: (las indica). No se pudo obtener acceso a las mismas, por loa que existió impedimento para constatar la información que mencionan la promovente relativa a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar a la plaza en la cual labora. [.]" 3. contestación dogmática respecto al tema de que la pensión nace a partir del momento que obtuvo dicha pensión, puesto que no existe precepto alguno que apoye dicha postura Ahora, al referirse el argumento de que la obligación de aumentar la pensión nace a partir del momento en que obtuvo dicha pensión, arguyó que no existe precepto legal que apoye su argumento, pero fue dogmático en su contestación ya que no señaló como es que la pretensión del actor no se encontraba ajustada a derecho, ni tampoco qué era lo que la ley o las fuentes del derecho establecen sobre el tópico señalado por la parte actora. Se contesta a fojas 117 vuelta a 118: ".En efecto, la parte quejosa perdió de vista que si bien, el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es imprescriptible; sin embargo, ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Lo anterior es así, pues el referido numeral dispone que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. Es decir, el referido precepto solo sólo dispone que prescriben las pensiones caídas, sino cualquier prestación en dinero que pudo ser exigible al instituto, por tanto, las diferencias en los incrementos que no fueron pagados, encuadran en dicha hipótesis normativa, el cual establece en forma clara y precisa, el plazo y los términos a que está sujeta dicha figura de extinción de la obligación. Por tanto, es evidente que la autoridad demandada no se encontraba obligada a pagar el incremento de la pensión desde el año en que fue otorgada, pues dichos montos se encontraban prescritos. Máxime que la parte actora no acompañó a juicio documentales a través de las cuales se acreditara que desde el año que obtuvo su pensión existió un incremento a la misma y el cual modificó los incrementos suscitadas en años posteriores.." 4. Argumento relativo a la incongruencia interna de la resolución combatida en queja La promovente argumentó que existe incongruencia interna, ya que señala que era innecesario que la autoridad demandada realizara el comparativo de los incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo con los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor; sin embargo, posteriormente señala que la autoridad demandada "como ya quedó establecido" confrontó los incrementos otorgados de acuerdo al referido índice, lo cual constituye una incoherencia por parte de la sala responsable. Aunado a que, la segunda afirmación (que la autoridad demandada confrontó los incrementos otorgados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor) no encuentra sustento alguno en los autos del juicio de origen, ya que no se aprecia que la autoridad demandada (aquí tercera interesada) hubiera realizado la confrontación a la que hace referencia. Se contesta a fojas 112 vuelta a 113: ".Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza su cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto, pues dicho argumentos resultaron inoperantes, ya que el efecto de la sentencia fue determinar los incrementos de la pensión del actor de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, es decir, en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, de ahí que no era necesario a que la autoridad realizara el comparativo que refiere la actora en sus agravios. De igual forma, de la resolución impugnada se advierte que el cálculo de la pensión no se limitó a los últimos cinco años, sino desde que el actor tuvo derecho a percibir dichos incrementos derivado de su pensión, de ahí que sus manifestaciones resultan infundadas.." Consecuentemente, se advierte que se colmaron los lineamientos del fallo protector, debido a que la responsable en resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, dictó con plenitud de jurisdicción nueva resolución en la cual dio contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto; háganse las anotaciones correspondientes. Notificación. Comuníquese al quejoso y a la tercero interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin mayor proveído. Finalmente, intégrense sin hacer mayor pronunciamiento el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese en términos de ley. Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Luis Martínez Crispin que firma y da fe. Doy fe. -Dos firmas ilegibles-" Lo que se hace constar para su conocimiento y efectos legales procedentes. Lic. Luis Martínez Crispin. Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California.
- Principal
se notifica a la parte quejosa Arturo Medina Estrada, la determinación de trece de septiembre de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en cumplimiento a lo ordenado en autos de este controvertido constitucional; ello, en términos de los artículos 26, 27, fracción III, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo la determinación de trece de septiembre que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido al quejoso y a la tercero interesada mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren realizado manifestación alguna. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el dieciocho de julio de la anualidad cursante, ejecutoriada el siete de agosto pasado, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Arturo Medina Estrada, contra el acto que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, para los siguientes efectos: ".SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de vicios formales, es para que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, realice lo siguiente: ( Deje insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 1254/15-10-01-4-OT. ( Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, pero que purgue los vicios destacados en esta sentencia; es decir, que de contestación a todos los argumentos en los que el actor fundó su recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia y subsane la incongruencia señalada; lo que deberá hacer de manera fundada y motivada.''. Acciones realizadas para cumplir con sentencia. Asimismo, el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, mediante oficio 10-1-1-66482/19 remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución dictada el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente 1254/15-10-01-4-OT de su índice, en la que declaró infundada la queja interpuesta por la parte quejosa. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas y contar con la firma, certificación y sello correspondientes. Ahora, de la documental exhibida por la autoridad responsable se observa que mediante resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, emitió una nueva resolución en la que determinó infundada la queja hecha valer por la parte actora -aquí quejoso-, dando contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Asimismo, para un mejor entendimiento y a fin de analizar si efectivamente la autoridad responsable dio contestación a todos los agravios hechos valer por la parte quejosa en el medio de impugnación, se procede a plasmar un cuadro comparativo para constatarlo: Puntos destacados en sentencia en relación a los agravios hechos valer por la parte quejosa Contestación de la autoridad responsable. 1. Omisión de contestar el argumento señalado como tercero. "[.] TERCERO: Agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó la resolución definitiva del presente juicio, en la cual se determinó el incremento a mi pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte Demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la Autoridad realice en cumplimiento a la Sentencia dictada, deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y, en consecuencia, tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la Pensión que percibe la Parte Actora, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por dando cumplimiento cabal y totalmente a lo sentenciado. [.]" La autoridad responsable fue omisa en dar contestación a ese argumento hecho valer por la quejosa, lo cual si bien no se refirió algún motivo de disenso en contra de la determinación de la autoridad demandada, también lo es que ello no exime a la sala responsable de emitir pronunciamiento al respecto. Se contesta a foja 118 vuelta: ".No escapa a esta Sala, el argumento planteado en el escrito de queja, respecto a que agotadas las etapas procesales del juicio, se dictó resolución definitiva, en la cual se determinó el incremento de su pensión, así como las cantidades adeudadas por la parte demandada, lo anterior, en el entendido que los incrementos y las cantidades retroactivas que en su caso resulten, y que la autoridad realice en cumplimiento a la sentencia , deben quedar establecidos dentro del resolutivo que en su caso emita la misma, y en consecuencias tales conceptos deben quedar determinados y aumentados en la pensión que recibe, lo que deberá demostrar plenamente a efecto de que se le tenga por cumplimentado cabal y totalmente lo sentenciado. Pues, si bien es cierto, en la sentencia que puso fin al presente juicio, se determinó que la autoridad demandada debía incrementar la pensión de la actora, no existió un pronunciamiento en cuanto a las cantidades que fueron adeudadas, pues no se contaba con elementos para determinar las mismas, de ahí que precisamente el efecto de dicho fallo fue que la autoridad demandada procediera al correcto cálculo de la pensión y si resultaba procedente pagara las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, sin que del oficio 002.300.302.004/4394/2018, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se advirtieran diferencias a favor del pensionado. Asimismo, contrario a lo sostenido por la quejosa, la autoridad sí señaló los incrementos y las cantidades que resultaban para efectos del pago de la pensión, dentro del oficio en comento, desde el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de octubre de dos mil ocho, por lo que se desestima el argumento en cuestión. [.]". 2. Omisión de contestar los argumentos relativos a los tabuladores regionales que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que no realizó pronunciamiento alguno en relación a los argumentos que hizo valer el quejoso relativos a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores lo constituyen los tabuladores regionales, que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como es que dichos tabuladores no se contraponen a la constancia de evolución salarial que remitió la dependencia para la cual laboró. Además de que no dio cabal contestación a los argumentos de la parte quejosa, ya que al referirse a las pruebas consistentes en "links" electrónicos, únicamente se limitó a señalar que de ellos no se obtiene la información que menciona, sin que refiriera cuál fue la información o los datos que obtuvo de dichos medios de prueba. Se contesta a fojas 113 a 117: ".Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad, en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque en la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de los incrementos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró la actora, utiliza los reportados por la dependencia en la cual laboró el accionante; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento. Aunado a que los tabuladores regionales que menciona la demandante no formaron parte de los lineamientos emitidos por esta Sala en la sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, pues en dicha resolución se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que procediera a la correcta determinación y en su caso al pago de las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, el cual establece que: (lo transcribe), es decir, dicho precepto legal no estable que los tabuladores regionales son los únicos documentos aptos para determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo. [.] Sin que pase desapercibido por esta Sala, los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración, pues lo cierto es que los mismos no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar. Se sostiene lo anterior, pues al momento de intentar ingresar a las direcciones electrónicas señaladas por la actora: (las indica). No se pudo obtener acceso a las mismas, por loa que existió impedimento para constatar la información que mencionan la promovente relativa a las cantidades y porcentajes que se debieron aplicar a la plaza en la cual labora. [.]" 3. contestación dogmática respecto al tema de que la pensión nace a partir del momento que obtuvo dicha pensión, puesto que no existe precepto alguno que apoye dicha postura Ahora, al referirse el argumento de que la obligación de aumentar la pensión nace a partir del momento en que obtuvo dicha pensión, arguyó que no existe precepto legal que apoye su argumento, pero fue dogmático en su contestación ya que no señaló como es que la pretensión del actor no se encontraba ajustada a derecho, ni tampoco qué era lo que la ley o las fuentes del derecho establecen sobre el tópico señalado por la parte actora. Se contesta a fojas 117 vuelta a 118: ".En efecto, la parte quejosa perdió de vista que si bien, el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es imprescriptible; sin embargo, ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Lo anterior es así, pues el referido numeral dispone que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación. Es decir, el referido precepto solo sólo dispone que prescriben las pensiones caídas, sino cualquier prestación en dinero que pudo ser exigible al instituto, por tanto, las diferencias en los incrementos que no fueron pagados, encuadran en dicha hipótesis normativa, el cual establece en forma clara y precisa, el plazo y los términos a que está sujeta dicha figura de extinción de la obligación. Por tanto, es evidente que la autoridad demandada no se encontraba obligada a pagar el incremento de la pensión desde el año en que fue otorgada, pues dichos montos se encontraban prescritos. Máxime que la parte actora no acompañó a juicio documentales a través de las cuales se acreditara que desde el año que obtuvo su pensión existió un incremento a la misma y el cual modificó los incrementos suscitadas en años posteriores.." 4. Argumento relativo a la incongruencia interna de la resolución combatida en queja La promovente argumentó que existe incongruencia interna, ya que señala que era innecesario que la autoridad demandada realizara el comparativo de los incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo con los incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor; sin embargo, posteriormente señala que la autoridad demandada "como ya quedó establecido" confrontó los incrementos otorgados de acuerdo al referido índice, lo cual constituye una incoherencia por parte de la sala responsable. Aunado a que, la segunda afirmación (que la autoridad demandada confrontó los incrementos otorgados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor) no encuentra sustento alguno en los autos del juicio de origen, ya que no se aprecia que la autoridad demandada (aquí tercera interesada) hubiera realizado la confrontación a la que hace referencia. Se contesta a fojas 112 vuelta a 113: ".Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza su cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto, pues dicho argumentos resultaron inoperantes, ya que el efecto de la sentencia fue determinar los incrementos de la pensión del actor de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, es decir, en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo, de ahí que no era necesario a que la autoridad realizara el comparativo que refiere la actora en sus agravios. De igual forma, de la resolución impugnada se advierte que el cálculo de la pensión no se limitó a los últimos cinco años, sino desde que el actor tuvo derecho a percibir dichos incrementos derivado de su pensión, de ahí que sus manifestaciones resultan infundadas.." Consecuentemente, se advierte que se colmaron los lineamientos del fallo protector, debido a que la responsable en resolución de catorce de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria dictada el dieciocho de enero de esta anualidad y en su lugar, dictó con plenitud de jurisdicción nueva resolución en la cual dio contestación a todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el impetrante de amparo en su escrito de queja. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto; háganse las anotaciones correspondientes. Notificación. Comuníquese al quejoso y a la tercero interesada la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin mayor proveído. Finalmente, intégrense sin hacer mayor pronunciamiento el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Luis Martínez Crispin que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
SE REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS INFORME EL CUMPLIMIENTO DADO AL FALLO PROTECTOR.
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SENTENCIA notifíquese personalmente
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