Arturo Pacheco Hernández
Expediente 454/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arturo Pacheco Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil veinte. Reanudación de procedimiento En razón a que ha fenecido la suspensión de plazos y términos decretada mediante la circular SECNO/24/2020 y ampliada por la diversa SECNO/STCCNO/543/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y se deben reanudar todos los asuntos que se hayan tramitado con anterioridad al periodo del treinta de octubre al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a partir del punto en que se suspendieron. En consecuencia, se reanuda este asunto y se provee lo conducente para su debida tramitación. Declaratoria de causa estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.MGCJ/Yjv/gnma
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclama lo siguiente: A.- Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHA reclamo: 1. La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. 2. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020 B.- DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La PROMULGACION del Decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. C. DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNOO- Se reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones legales aludidas en el proemio de esta demanda, en cuanto hace al refrendo y firma de la Ley de transporte, respecto, de los preceptos reclamado. D. DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Se reclama las publicaciones en el medio de difusión oficial. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar la demanda en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 454/2020-I-1. Causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa narró lo siguiente en el capítulo de acto reclamado: Del H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA reclamo: La totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, por ser de carácter privativa y retroactiva, al regular aspectos de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los concesionarios del transporte OMITIENDO un régimen transitorio de aplicación de la Ley Abrogada, conforme a lo señalado en el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020. Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 P.O el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020 DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo lo siguiente: La PROMULGACION del Decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O el cual se en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020, relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación. DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO- Se reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones legales aludidas en el proemio de esta demanda, en cuanto hace al refrendo y firma de la Ley de transporte, respecto, de los preceptos reclamado. DEL DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Se reclama las publicaciones en el medio de difusión oficial. Atento a lo anterior, se advierte que, en el asunto en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los numerales 17, fracción I, y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En cambio, tratándose del juicio de amparo contra normas autoaplicativas, el legislador federal estableció que la demanda deberá promoverse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de las cero horas del día en que entre en vigor la disposición reclamada. Ahora, cuando se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, ello deberá ocurrir dentro del plazo de quince días, a partir de que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo en que se le haya individualizado, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o se ostente sabedor. En ese aspecto, es importante destacar que la diferencia que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de control constitucional. En este orden de ideas, son autoaplicativas las disposiciones que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio a la esfera jurídica de derechos del gobernado; por otro lado, son heteroaplicativas las normas que para actualizar el perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada; pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. La distinción apuntada se explica jurisprudencialmente en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco que es del tenor siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, de lo anterior, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, las autoaplicativas o bien, si requieren de alguna actuación que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, o sea, las heteroaplicativas. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el mencionado artículo 17, primer párrafo de la legislación en cita. En el caso que se analiza, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte lo siguiente: El quejoso ocurre al juicio de amparo para impugnar la ley que tilda de inconstitucional, con motivo de su sola entrada en vigor; por ello, promueve su demanda de amparo reclamando, como norma autoaplicativa, la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintidós de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, es oportuno hacer referencia a lo siguiente: a) El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, para lo cual, decretó la suspensión de funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación del miércoles dieciocho de marzo al domingo diecinueve de abril de dos mil veinte; en tal Acuerdo se asumió la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial y, consecuentemente, se mantuvo la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. La Comisión Especial instruyó la emisión de dos circulares, SECNO/4/2020 y SECNO/5/2020 del diecinueve y veinticinco de marzo, precisando algunos alcances del Acuerdo en cita. b) El trece de abril de dos mil veinte, el Pleno emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformó y adicionó el diverso 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, para extender el periodo de suspensión de labores hasta el cinco de mayo de dos mil veinte, en el cual se ajustó la descripción del concepto de casos urgentes. c) El veintisiete de abril de dos mil veinte, el citado Pleno emitió el Acuerdo 8/2020, por el que prolongó la suspensión de labores y de términos judiciales hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, y; con respaldo en recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal, se estableció un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. d) El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el referido Pleno emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020 hasta el quince de junio de dos mil veinte. e) El ocho de junio del presente año, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del mencionado virus, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea". f) El veinticinco de junio y el diez de julio, ambos de dos mil veinte, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, que reforman el similar 13/2020, en relación con el periodo de vigencia, el primero de los cuales amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio y el segundo la extendió al treinta y uno de julio de dos mil veinte. g) El veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo expidió el Acuerdo General 21/2020, mediante el cual se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio, publicado en el Diario Oficial de la Federación del citado treinta y uno de julio, ambos del año en curso. Por lo en el presente caso, tomando en consideración que para la presentación de la demanda de amparo debe excluirse el periodo de contingencia, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover su demanda de amparo a partir del tres de agosto de dos mil veinte, ya que en esa data se reanudaron los plazos para la promoción y prosecución de los juicios de amparo. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En esa tesitura, de la lectura integral del ocurso de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la totalidad de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, conforme a lo señalado en el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O "el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020", el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua aprobada mediante el decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 P.O "el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020", la promulgación del Decreto LXVl/EXLEY/0708/2020 II P.O "el cual se (sic) en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua número 24 el 21 de marzo de 2020", relativo Ley de Transporte del Estado de Chihuahua y su aplicación, la inconstitucionalidad de las disposiciones legales aludidas en el proemio de la demanda, en cuanto hace al refrendo y firma de la Ley de transporte, respecto, de los preceptos reclamados y las publicaciones en el medio de difusión oficial. Asimismo, en el apartado de la demanda denominado como "interés jurídico", el quejoso puntualizó lo siguiente: [.] Ahora bien, la oportunidad legal de promover el amparo y el término para hacerlo de conformidad con la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo, es de treinta días, por lo que la demanda se promueve en tiempo, ya que la FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO. - 21 de marzo de 2020, fecha en que fue publicado el decreto LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O, el cual se (sic) en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. [.] De este modo, se tiene por cierto que la parte quejosa reconoció que el ordenamiento impugnado fue publicado el veintiuno de marzo de dos mil veinte, pues así los manifestó bajo protesta de decir verdad; lo que aunado a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, es suficiente para tener por cierta esa fecha. Por lo anterior, se estima que si la norma reclamada se publicó el veintiuno de marzo del año en curso y su artículo primero transitorio establece que [.] El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Las disposiciones aplicables respecto a las nuevas atribuciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en materia de transporte, así como el Artículo Segundo del presente Decreto, entrarán en vigor a los noventa días naturales posteriores al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado [.] Lo anterior es suficiente para realizar el cómputo a partir del primer día hábil -para efectos del juicio de amparo- en que entró en vigor la norma reclamada (respecto de sus dos hipótesis contenidas en el artículo primero transitorio), que, como se analizó, fue el tres de agosto último. Ahora, toda vez que el directamente agraviado señala que la ley que tilda de inconstitucional es de carácter autoaplicativo; a causa de esto, la parte quejosa quedó sujeta al plazo de treinta días aquí analizado para instar la acción constitucional, el cual corrió a partir del tres de agosto de dos mil veinte, esto es, día siguiente hábil de la entrada en vigor de la Ley reclamada Se cita por orientadora la jurisprudencia que emitió la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, con registro 196391, establece el siguiente contenido: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Bajo ese contexto, el plazo de treinta días para promover el amparo transcurrió del tres de agosto al once de septiembre de dos mil veinte, con exclusión de los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto, así como cinco y seis de los actuales por ser inhábiles según lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. De ahí que, si la presente demanda se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veinte -según se aprecia de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua-, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de treinta días previsto en el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de registro 393969, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio no oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios De conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, ******* y *******, por encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Mientras que, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a *******. Además, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, de esta ciudad, con correos electrónicos ******* y *******. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones A la parte quejosa a través de correo electrónico En términos del artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la contingencia que actualmente se vive a nivel mundial, siendo ésta la pandemia denominada virus SARS-CoV2 (COVID-19), notifíquese el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa vía electrónica: Partes del juicio de amparo Correo electrónico ******* ******* y ******* Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa en los correos autorizados. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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