Arturo Noé Yañez Gutiérrez
Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arturo Noé Yañez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR ESTAR ORDENADO EN SENTENCIA DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 526/2021 VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, *******, y el licenciado *******, defensor particular, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.ConsiderandoPrimero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó a la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, lo siguiente:El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172 fracciones I y II, en relación con el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua.Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal ******* y dos discos relativos a la audiencia inicial.Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una funcionaria dotada de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.Al respecto, cabe precisar que la información contenida en dos discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable.Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 10ª, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala:VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita.Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice:INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo.Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: El delito que se impute al acusado El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento b que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas y, c que se encuentre debidamente fundada y motivada derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA. El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías.Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente:I. Formulación de la imputación.En audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, acompañado de su defensor particular, ante la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del quejoso.II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar.En la audiencia de ley, celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, previo su conocimiento de derecho a declarar o no hacerlo, el imputado asistido de su defensor particular emitió declaración en relación a los hechos que se le atribuyen.III. 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde la juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que la juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable.Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene la juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental.Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 10a., sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si la Juez de Control encuadró la conducta a lo previsto por los artículos 172 fracciones I y II, en relación con el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: . VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. En la especie, la responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172 fracciones I y II, en relación con el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que el día nueve de junio de dos mil veintiuno, en el interior del domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, *******, fue quien probablemente realizó cópula e introdujo por vía anal una parte del cuerpo humano distinto del pene dedo de la mano, en una persona menor de catorce años de edad tres años además, consideró que se actualizaba la agravante, prevista en el referido numeral 175, fracción VII, de la mencionada codificación, en virtud del vínculo de parentesco por consanguinidad entre el activo y con la víctima padre e hijo. Lo anterior, tomando en consideración los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, consistentes en el dicho de la víctima que para esa juzgadora cobró relevancia y valor preponderante toda vez que el menor de tres años fue claro, conciso y reiterativo en sus manifestaciones rendidas ante el Ministerio Publico, la madre, y expertas, relativas a que había sido agredido sexualmente proporcionó su nombre, su edad y el nombre de su papá, expresando que cuando fue al baño le dolió que porque traía una cortadita, porque su papá le metió el dedo en su colita, que eso se lo hizo en su casa cuando estaban acostados viendo la tele, que su papá también le metió el pipi en su boca y que le dio mucho asco, y que le metió su pipi hasta dentro de su boca y sabe mal que en ese momento se hizo constar por parte de la Representación Social que el niño al estar narrando lo sucedido hizo un movimiento para enfrente y puso su mano en el pecho y empieza hacer arcadas, también se bajó su cubre boca y metió uno de sus dedos en la boca, para decir como su papá le metió su pipi, y en ese momento se dio por terminada la comparecencia del menor. Declaración que la responsable estimó digna de darle valor convictico, al no advertir que el menor hubiera sido coaccionado, moral o físicamente o que hubiera sido manipulado, considerando que se trataba de la persona que sufrió la afectación directa, y que por tanto, su versión debía ser creíble, pues dada su corta edad y desarrollo mental, no era factible que estuviera inventando lo referido, y que por su calidad de víctima tuvo la oportunidad de apreciar de manera directa el desarrollo del hecho resultó claro y contundente en señalar la agresión sexual que el activo le realizó en su cuerpo penetrándole vía anal y oral. Adicionando la responsable que era indispensable precisar que se debía de garantizar la eficacia y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de modo que se debían de establecer todas las medidas necesarias para alcanzar ese propósito, a fin de evitar cualquier peligro potencial en la trasgresión de los derechos esenciales de los menores, como son su integridad y libertad asimismo, precisó que debía atenderse el interés superior del menor, como principio rector, tomando en consideración que tratándose de delitos de naturaleza sexual, los cuales en la mayoría de los casos se realizan en ausencia de testigos, el dicho del pasivo adquiría singular importancia acotando la juez de origen que de nada servía denunciar el atropello sexual, sino se otorgaba crédito alguno a la declaración de la víctima, considerando que en esos casos, la información proporcionada por el menor era verosímil. Ante ello, la responsable no advirtió falsedad en la declaración del menor, destacando que el lenguaje que utilizó el menor, era acorde a un niño de su edad tres años, atendiendo a que la víctima expresó lo que vivió haciendo señalamientos corporales en su persona concluyendo que tomando en cuenta los derechos humanos y fundamentales del menor, y que su denuncia o su comparecencia se realizó ante la autoridad competente de manera libre, y en compañía de su madre, de manera que su protección se ubica dentro de los lineamientos que establece el protocolo de actuación, para quienes imparten Justicia en caso de que afecten a niños, y niñas y adolescentes y se cumplen con esta trascendental función sobre el interés del menor. Resaltando la responsable que en la credibilidad del testimonio del menor, debían de tomarse en cuenta diversos aspectos, como determinar si el niño pudo haber experimentado los abusos que dice ser objeto, mediante sus reacciones ante las entrevistas, tales como la conductas verbales y no verbales y también la cantidad de detalles que expresó refiriendo las descripciones de momento, lugares, personas, acciones y objetos la responsable estimó que en virtud de que el niño coincidió con la denuncia en relación al tiempo que sucedieron los hechos, a que estaba bajo el resguardo o en compañía de su padre, y en todos los aspectos importantes, a pesar de su corta edad y desarrollo no era factible que el menor estuviera inventando que la agresión sexual no pudo haber sucedido. Deposado respecto del cual, la responsable insistió que no se podía tachar de mendaz, únicamente por la edad de la víctima, y que para poder determinar que el menor estaba mintiendo, o que había sido manipulado, debía de pasar por pruebas especiales, psicólogos o personas especializadas que indicaran que el niño había sido instruido para decírselo a su madre, abuela y posteriormente acudir ante una autoridad considerando la juez de origen que un niño de esa edad, no va a guardar tanta información, de no ser que haya pasado por esa situación, y que considerar que por el hecho de tener tres años esté mintiendo o se confunda en cuanto a las palabras o las partes del cuerpo, a sabiendas que las palabras pene o pipi no son utilizadas constantemente, ni era una situación que él estuviera padeciendo constantemente, por lo que era factible que el niño lo refiriera de una forma o de otra. Por tanto, la responsable, hasta ese momento, consideró creíble la versión del niño, insistiendo que el hecho de no darle credibilidad a su dicho, sería caer en el supuesto de que a los niños de tres años no se les debe de dar credibilidad de ninguna forma y en ninguna cuestión que refieran ante su madre o ante la autoridad. Concatenando la responsable el dicho del niño con la denuncia realizada por la madre del menor víctima, en la que refirió haber tenido una relación sentimental con el indiciado y un régimen de convivencia familiar que está determinado por un Juez, que desde que el niño convive con su padre ha visto cambios en su hijo y en relación a los hechos dijo que a las cinco de la tarde del día miércoles nueve de junio del año dos mil veintiuno, cuando su madre-abuela del menor recibió al niño que venía de con su papá, y lo llevó al baño, le dijo a la denunciante que fuera a escuchar lo que el niño le estaba diciendo, que ella se acercó y preguntó qué era lo que estaba pasando, y que al llegar al baño donde estaba el niño, le comenzó a decir que le dolía su colita, que en ese momento su madre se salió del baño y ella se quedó a terminar a que hiciera del baño, cuando terminó lo llevó al cuarto para revisarlo y le observo rosita su ano y los pliegues, los cuales también se veían rosados, le preguntó al hijo que qué pasaba y le dijo que su papá le había metido el dedo en su colita, eso fue en una ocasión que estaban viendo la televisión en la cama, le dijo que si tenían ropa, pero que su papá le metió la mano por atrás y le picó con un dedo su colita, le dijo que si había sido una vez, y que él le había dicho a su papá que no le hiciera eso que ella terminó de revisarlo y el niño se hizo hacia enfrente y con su manita izquierda se la puso entre sus pompis por debajo de su ropa, y le dijo que así le había hecho su papá cuando le metió el dedo en su colita, que después de que le dijo de eso, su hijo agarró un peluche de perrito que estaba en la cama lo tomó por la trompa y lo comenzó a meter a la boca como si lo quisiera morderle, lo apretaba con la mano y le preguntaba qué porque hacía eso, y dijo que su papá le metía su pipi en la boca y que eso le daba mucho asco adicionando que su hijo en ocasiones refiere a su pene como su pipi, y en otras le dice pene a su ano o colita. Denuncia que para la juez de origen fue también digna de darle valor y credibilidad en razón de que deviene de la madre del niño, la cual no estuvo presente al momento de los hechos, atendiendo a que estos delitos en la mayoría de los casos se llevan en la realización oculta, precisamente para buscar impunidad, pero que tuvo conocimiento directamente por el niño, y ella le otorgó credibilidad al niño, tan es así que acudió a la fiscalía refiriendo la responsable que se le hacía muy aventurado llegar a la conclusión de que pudiera haber una represalia o venganza privada, considerando que la madre es una profesionista en psicóloga considerando que llevar a un niño a enfrentar a una autoridad es estarlo revictimizando, y que al ser la denunciante una psicóloga infantil y que ha trabajado con niños sería muy grave, inclusive penado para la denunciante. Ante ello, la juez de origen refirió que no era creíble que la denunciante, piscología de profesión, tuviera la voluntad de vengarse de una persona y llevar a su hijo a esos extremos adicionado la resolutora que no era factible considerar que la denunciante se condujera con falsedad, dado que la madre del menor compareció ante el Tribunal al desahogo de la audiencia, a enfrentar al posible agresor y enfrentar a la autoridad, y su denuncia se llevó a cabo en términos de ley y fue protestada de decir la verdad con las consecuencias legales correspondientes aunado a que se conducía en los mismos términos que el dictamen psicológico y el diverso de agresión sexual. Asimismo, la juez de origen insistió que no se soslayaba que el acto de naturaleza sexual en comento se llevó a cabo en secrecía, por lo que debía de tomarse en consideración que este tipo de delitos resultaba refractario a prueba directa, reiterando la responsable que esas consistentes manifestaciones del menor no podían ser una fantasía de su imaginación, dado que en el mismo sentido el menor lo expuso a diversas personas, por ende, estimó que debía de darse credibilidad a esos datos en los que destacaban los aspectos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo. Apoyando lo antes expuesto en la Jurisprudencia XXI.1o. J/23, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página: 1549, que dice: OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad por lo que, si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, debe aceptarse aquel. Ante ello, la responsable insistió en que el niño no pudo haber inventado algo que no hubiera pasado, considerando la edad del menor, que fue reiterativo en sus manifestaciones, en sus movimientos, en la forma en que realizó su dicho ante la Psicóloga, sobre todo llamó la atención de la responsable que el menor en el test de banderas de la figura humana, utilizado por la psicóloga **, el niño fue capaz de establecer una diferencia de género y partes del cuerpo y volvió a referir que su papá le metió el dedo en sus pompis, acompañando sus verbalizaciones, con gestos y movimientos, que apoyaron lo que expresa de manera precisa, actividad sicomotriz y mayormente agitada, que al referir el tocamiento con el dedo anal el niño eleva su dedo y lo dirige a sus nalgas y al hacer verbalizaciones de introducción de pipi en boca, al igual de manera llevada, lleva su boca la abre e introduce su dedo. Por tanto, atendiendo que el menor realizó las mismas manifestaciones ante la psicóloga, condujeron a la responsable a considerar que el menor víctima no estaba mintiendo y que factiblemente padeció esta situación dado que el niño fuera capaz de responder ante el medio de apoyo con rapidez, precisión y actitud después de haber verbalizado, que en el test de banderas señalara el área anal y boca como son las corporales que manifiesta tocó su papá, señalamiento que realizó con precisión sin mostrar titubeo alguno, capaz de identificar y diferenciar a un niño de una niña, señalándose como un niño. Asimismo, la juzgadora de origen consideró apto el dictamen pericial en materia de piscología, en el cual la experta previo indicar su metodología concluyó que el niño tiene una alteración emocional y conductual leve, que el niño no tiene clara conciencia de lo sucedido, que no percibe la magnitud, ni la connotación del hecho, que únicamente lo hace de manera insistida, que efectivamente por comentarios externos reconoce a papá como malo, y que reconocía a su padre como su agresor. Pericial a través de la cual la responsable apreció como la psicóloga analizó de momento a momento al niño tanto sus expresiones verbales como corporales, concluyendo que el niño padece una afectación en su salud mental, por el posible delito de agresión sexual. Adicionando la responsable que resultaba lógico que la psicóloga no pudiera confirmar la consumación de tal delito, dada su incompetencia para tal efecto, precisando que estimar lo contrario vulneraría derechos fundamentales del imputado y de la víctima, señalando que es precisamente a ese Tribunal a quien le compete dicha circunstancia refiriendo que se encontraban en una etapa temprana del procedimiento, ante una investigación desformalizada, para considerar la posibilidad de que se llevó a cabo un hecho que la Ley señala como delito, y la probabilidad de que el imputado lo cometió, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en el auto que hoy se combate la juzgadora concatenó lo antes expuesto con el dictamen en materia de agresión sexual donde el niño y su madre refirieron el mismo hecho, y en el cual en la exploración genital se concluyó que el niño presentaba una región perianal con higiene adecuada con pliegues anales con edema inflamación con eritema, descoloración rojiza en región perianal, sin desgarres, ni lesiones antiguas, y datos clínicos compatibles a la manipulación en la región anal de data reciente. Experticia que la juez de origen consideró suficiente, al ser compatible con el dicho de la madre, precisando que pese a que no se concluía la existencia de penetración, no era indispensable que se agotara fisiológicamente el acto sexual, pues bastaba la manipulación o la introducción parcial en el cuerpo por cualquier vía para que se diera la violación. Apoyando lo antes expuesto en la tesis VI.1o.P.183 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1489, que dice: VIOLACIÓN, DELITO DE. PARA QUE SE ACTUALICE EL ELEMENTO CÓPULA, NO ES NECESARIO QUE SE AGOTE FISIOLÓGICAMENTE EL ACTO SEXUAL LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.Para que se actualice el elemento cópula en el delito de violación, previsto por el artículo 267 de la ley sustantiva penal, no es indispensable que se agote fisiológicamente el acto sexual, ya que para que se surta ese elemento, basta que el activo penetre a la víctima aun en forma parcial por cualquiera de las vías idónea o no con su órgano viril, pues por cópula se entiende la introducción del órgano sexual masculino pene en alguna de esas vías, por lo que para los efectos penales resulta intrascendente la seminatio o eyaculación. Asimismo, en la diversa, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Marzo de 1991, página 224, que dice: VIOLACION, DELITO DE. CONCEPTO DE COPULA. Para que exista cópula en el delito de violación no es necesario la plena consumación del acto fisiológico, pues para que ésta se dé, basta cualquier forma de ayuntamiento, normal o anormal, con eyaculación o sin ella. Asimismo, la juez responsable concluyó que esos datos de investigación analizados de manera conjunta, individual, lógica y bajo la libre valoración eran aptos, suficientes y bastantes para acreditar el delito de violación con penalidad agravada, toda vez que se acreditó que el día nueve de junio del año en curso, durante el trascurso de ese día en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, se impuso la copula vía oral al menor de iniciales *******, de tres años de edad, toda vez que se le introdujo el pene en su boca, así mismo se le introdujo vía anal una parte del cuerpo humano distinta al pene dedo y que ese delito se consideraba agravado o calificado por el artículo 175 fracción VII, ante el parentesco por consanguinidad que existía entre el agresor sexual y el menor agravante que estimó acreditada con el acta de nacimiento expedida por el Registro Civil de esta ciudad, de fecha de registro 18 de octubre del 2018, en la oficialía *******, del libro *******, folio *******, acta *******, en la cual apreció el nombre del menor y sus padres, así como su fecha de nacimiento. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que la Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172 fracciones I y II, en relación con el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor de iniciales *******, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado por lo cual debe permanecer firme lo considerado por la Juez de Control en ese aspecto. III.2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella-salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, la Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en la denuncia de realizada el diez de junio de dos mil veintiuno, por *******, madre del menor victima comparecencia del menor víctima de iniciales *******- y su abuela *******, en calidad de testigo dictamen de agresión sexual elaborado por la Perito Médico Legista Doctora *******, y dictamen pericial en psicología rendido por la licenciada *******, informe del oficial de la Agencia Estatal de Investigaciones ******* y copia certificada del acta de nacimiento expedida por la Dirección del Registro Civil. En el caso, el quejoso al esgrimir sus conceptos de violación refiere que el auto de vinculación a proceso resulta inconstitucional al fundamentarse en el dicho de un menor de edad cuyo sistema lingüístico no es totalmente comprensible para su interlocutor, según lo referido en el dictamen de psicología aportado por la Fiscal como dato de prueba que el dicho de la víctima resulta insuficiente para justificar un auto de vinculación a proceso, en virtud de la edad del sujeto pasivo tres años y que la juez responsable, ignoró la madurez, nivel de desarrollo, y capacidad de comprensión de la víctima, dado que contaba con solo tres años cumplidos- asimismo, refirió que resultaba increíble que una persona de tres años acudiera de manera libre ante la representación social. Por tanto, no asiste la razón al aquí quejoso, toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que es inatendible el argumento que se niegue valor probatorio a la declaración de la víctima del delito, pues ello equivaldría a sostener que es innecesario, en el caso, en la investigación desformalizada, el dicho de la víctima del delito, considerando que en los delitos de violación por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concede crédito alguno a sus palabras.La declaración de un ofendido tiene valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas en el sumario por sí sola podrá tener valor secundario, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante.En consecuencia, no es violatorio de garantías el auto de vinculación a proceso impugnado, dictado por el delito de violación, toda vez que se fundó en el dicho de la víctima, robustecido con la declaración de su madre, dictámenes periciales, y la entrevista de la abuela y la presunción que entraña el dictamen médico máxime, que no se evidencia menor indicio para suponer que la víctima haga imputación gratuita al acusado.Esto es, no es posible en delitos de esta naturaleza, hacer caso omiso de la imputación de la víctima, menos aún si esa imputación se corrobora con probanzas de otro género, como la denuncia de su madre y la entrevista de su abuela, y con el dictamen realizado por la médico legista, en que se describen las posibles agresiones sexuales, así como también con la circunstancia de que la víctima tiene tres años y el acusado un sujeto adulto, pues se presume que abusó de la poca edad de la víctima, para llevar adelante sus propósitos por lo que tratándose de un auto de vinculación a proceso, en que sólo se requiere, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.Asimismo, la parte quejosa en sus conceptos de violación expuso que la declaración de la víctima fue manipulada, en virtud de los conflictos familiares entre la madre del menor y el imputado, relacionados con el ejercicio del derecho de guarda y convivencia.Sin embargo, no asiste la razón al aquí quejoso, toda vez que este Juzgado Federal concuerda con la autoridad responsable, toda vez que en autos no existe prueba alguna a la que el juez de origen le haya otorgado valor probatorio para establecer que la víctima menor de edad, se encontraba en la hipótesis del llamado Síndrome de Alienación Parental'', al que hace alusión la parte quejosa, al señalar que la imputación formulada en su contra por el delito de violación, era resultado de una venganza, motivo por el cual, se había manipulado a la víctima, con la finalidad de llevarlo a la cárcel por ende, debe prevalecer el dicho de la víctima menor de edad, máxime que se encuentra corroborado con diversas probanzas como los dictámenes médico y psicológico, entre otras. Igualmente, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que en el informe de agresión sexual únicamente se establece la manipulación de la región anal y no la penetración, introducción o cúpula que la copula resultaba inexistente, al no encontrarse corroborada con algún dato de prueba distinto a la imputación de menor que no se acredita de manera presuntiva el elemento configurativo del delito de violación, consistente en la introducción, penetración, ayuntamiento normal o anormal, o acceso del dedo del imputado en el ano de la víctima y que dicha manipulación la pudo haber realizado cualquiera persona, incluso la madre o abuela del menor.No asiste razón al aquí quejoso, toda vez que al respecto, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción 211/2016, estableció que la definición del elemento normativo cópula no constituye una limitante, porque la acción que describe: introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal, sólo adquiere relieve antijurídico y significación típica cuando se realiza utilizando determinados medios de comisión o se ejecuta aprovechándose de una situación particular del sujeto pasivo.De ahí que, al margen de la mecánica en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual de la víctima, dado que en ambos casos se le priva a la víctima del derecho de decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual así como la seguridad sexual, en el supuesto de violación especial, al ejecutarse la cópula con una persona que por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad para decidir sobre el acto de copular.Corrobora lo antes expuesto en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2017 10a., sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 394, que establece lo siguiente:VIOLACIÓN. LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO LA ADQUIERE LA PERSONA QUE REALIZA CÓPULA CON UN MENOR DE EDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MECÁNICA EN QUE OCURRA LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y DISTRITO FEDERAL. Los artículos 171, primer párrafo, 172, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, 174, primer párrafo, y 181 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el Distrito Federal, coinciden en sancionar como violación la conducta a través de la cual se impone la cópula a persona de cualquier sexo, utilizando la violencia física o moral como medio comisivo tipo básico o bien, se ejecuta aprovechando alguna circunstancia particular del sujeto pasivo, como su edad: menor de doce años en el Distrito Federal o menor de catorce años en Chihuahua tipo especial. Ahora bien, a partir de los componentes descritos en las normas penales, a juicio de esta Primera Sala, la calidad de sujeto activo en el delito la adquiere la persona que impone la cópula a otra, ya sea doblegando su voluntad al ejercer sobre ella violencia física o moral, o simplemente cuando ejecuta la cópula aprovechándose de la particular minoría de edad del sujeto pasivo, con independencia de la mecánica en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima o se haga penetrar el pene del pasivo, por alguna de las cavidades que describen las normas. Es así, porque los tipos penales invocados no restringen a determinado sexo o género la calidad de sujeto activo del delito, ya que los pronombres que utilizan al que o a quien se entienden neutros, pues sólo identifican a la persona hipotética que materializa la conducta típica. Asimismo, la definición del elemento normativo cópula tampoco constituye una limitante en el sentido apuntado, porque la acción que describe: introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal, sólo adquiere relieve antijurídico y significación típica cuando se realiza utilizando determinados medios de comisión o se ejecuta aprovechándose de una situación particular del sujeto pasivo. De ahí que, al margen de la mecánica en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual de la víctima, dado que en ambos casos se le priva a la víctima del derecho de decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual así como la seguridad sexual, en el supuesto de violación especial, al ejecutarse la cópula con una persona que por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad para decidir sobre el acto de copular.Del mismo modo, la parte quejosa en sus conceptos de violación menciona que la declaración de la víctima resulta ilegal al no llevarse a cabo bajo los lineamientos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes y que no se acreditó que la experta ******* contara con la capacitación en la atención especializada en niños referida en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes.No obstante, no asiste razón al quejoso y para evidenciarlo, es importante traer a colación que diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria.Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse.Sin embargo, ese protocolo no es vinculante, únicamente constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional.Corrobora lo antes expuesto la tesis 1a. CCLXIII/2014 10a., sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 162, que dice:PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor y, b evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo.Igualmente, la parte quejosa en sus conceptos de violación manifiesta que la responsable ignoró el espíritu y contenido del principio de presunción de inocencia a favor del imputado en virtud de que era al ministerio público a quien le correspondía probar la ilicitud de la conducta atribuida al aquí quejoso.No obstante, contrario a lo argumentado por el quejoso no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía.Lo anterior, en virtud de que con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio.Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio Por tanto, en el caso, la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, por ende, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.Apoya lo antes expuesto la tesis XVIII.2o.P.A.5 P 10a., sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, que dice:PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.También, la parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el dictamen de psicología resultaba insuficiente para acreditar el delito en comento dado que no fue concluyente sin embargo, no asiste la razón al quejoso, toda vez que este juzgado comulga con lo expuesto por la responsable, en el sentido de que el dictamen constituye una opinión, esto es, el informe de la médico legista no es más que un dato de prueba, y la apreciación de los dictámenes periciales, corre a cargo de los tribunales.IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto.En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172 fracciones I y II, en relación con el 175 fracción VII del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio del menor de iniciales *******, y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto de la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que entre la fecha del emplazamiento del menor víctima de iniciales *******, por conducto de *******, al presente juicio de amparo y la señalada para la audiencia constitucional, no median por lo menos el plazo de ocho días hábiles, similar a aquel que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de amparo. Por tanto, como en el caso se emplazó al citado tercero interesado, treinta de septiembre del año en curso, se señalan las diez horas del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional, relativa al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que aún no ha sido emplazado al menor víctima de iniciales *******, por conducto de *******, al presente juicio de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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