Arturo Molina Martínez

Expediente 1275/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1275/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Arturo Molina Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, en el primero, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicita el otorgamiento de un plazo adicional al concedido en auto de doce de septiembre pasado, para acreditar el cumplimiento del fallo protector, y en el otro, la Subdirectora General de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la citada dependencia, informa las gestiones de cumplimiento realizadas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que obren como corresponda. En mérito de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, de las gestiones de cumplimiento realizadas por la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la directa responsable Por otra parte, en relación a la prórroga solicitada por la Directora General de Recursos Humanos, no es el caso de acordar favorablemente, pues omite acreditar fehacientemente que efectivamente hubiere realizado algún tipo de gestión encaminada al acatamiento de la ejecutoria de amparo, siendo que se limita a argumentar que "se encuentra en espera de que la Dirección de Operación y Control de Pago, elabore la planilla de liquidación.", sin siquiera acreditar que hubiere solicitado dicho documento, por lo que, la sola afirmación resulta insuficiente para evadir atender el fallo de amparo. Ahora, cabe señalar que de autos se desprende que desde que causó ejecutoria la sentencia de amparo, en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, no demostró fehacientemente el acatamiento de la ejecutoria de amparo y no excusarse en la manera en que se hace en el oficio de cuenta, al no existir causa justificada para tal retraso, no obstante los posteriores requerimiento de cumplimiento dictados el uno y veintitrés de junio veintiséis de julio y prórroga de quince de agosto de este año, los cuales fueron legalmente notificados. Por tal motivo, este Juzgador considera que no existe acto alguno indicativo de cumplimiento a la ejecutoria, en razón de lo cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado el doce de septiembre del año que transcurre, por lo que en términos de los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impone a la persona física que ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, una MULTA a razón de cincuenta veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México; por lo que, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Unidad Administrativa Exactora correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a la citada autoridad. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro siguiente: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) No obstante lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público que las autoridades responsables y toda que tengan intervención en la misma, están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se requiere a la Directora General de Recursos Humanos, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realicen lo siguiente: Remitan la planilla de liquidación a favor del quejoso, en la cual se realice nuevamente el cálculo del aguinaldo que le corresponde al quejoso, por el ejercicio de dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria. Con el apercibimiento que, de no demostrar que llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 22/AGO/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado en que se encuentran los autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para impugnar el pronunciamiento de tres de junio de dos mil veintidós, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por el Director de Área de la Dirección General de Amparos Contencioso, por medio de los cuales, la primera de las mencionadas, realiza manifestaciones, y la última de las antes mencionadas, solicita una prórroga para desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de julio del año en curso, por las razones que expone; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los presentes autos los oficios de mérito tomando conocimiento de su contenido para todos los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita la autoridad oficiante; con apoyo en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, lo anterior en virtud de la naturaleza de los efectos del amparo. Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en proveído veintinueve de julio del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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