Arturo Mayen Gonzalez

Expediente 951/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Arturo Mayen Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, recibido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a través del cual, Julio Giovanni Montiel Rodríguez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a la vista concedida en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, manifiesta su conformidad con la forma en la que la autoridad cumplió el fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Ahora bien, toda vez que en la sentencia de amparo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) Sobre tales premisas, resulta fundado el argumento planteado; por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número "3" en la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, cumpla con la obligación que prevé el artículo 8 Constitucional, y en el término de tres días contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, conteste por escrito y con libertad de jurisdicción la solicitud elevada por el quejoso, mediante escrito de treinta de junio de dos mil veinte; además, debe hacerlo de su conocimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se colige que la obligación de la autoridad responsable se constriñe a dar contestación a la solicitud elevada por el quejoso, mediante escrito de treinta de junio de dos mil veinte, hacerla de su conocimiento y exhibir las constancias con las que lo acredite. En efecto, de las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Oriente en la Ciudad de México, mediante oficio SP/JEF/2180/2021, de uno de junio de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada del diverso UAPE-3/432/2020, de doce de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número "3" en la Delegación Regional Zona Oriente, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que da respuesta a la solicitud formulada por el quejoso el treinta de junio de dos mil veinte. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno y como se advierte del escrito que se provee, manifestó su conformidad. Por tanto, se determina que la autoridad responsable sí dio respuesta a su petición de manera congruente pues, en el caso, el quejoso solicitó pensión por cesantía en edad avanzada y la autoridad le explicó las razones y motivos por los cuales no reunía los requisitos para acceder a ese beneficio; de ahí que resulta inconcuso que la autoridad sí contestó de manera directa la petición que se le formuló. Resulta aplicable, la tesis número I.3o.A.591 A, visible en la página 169, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA.". Sin que obste a lo anterior que del oficio UAPE- 3/432/2020, no se observe claramente quién lo recibió de conformidad, pues el suscrito mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, ordenó dar vista a la parte quejosa con dicho ocurso, el cual le fue debidamente notificado; por ende, debe tenerse por colmado tal requisito para efectos del cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/99, de rubro siguiente: INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. (Registro No. 194481, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Marzo de 1999, Página: 122) En tales circunstancias, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditó haber dado cabal cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió el fallo protector, por lo que se concluye que el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de sus derechos violados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a uno de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Oriente en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio 7038 de cuenta y su anexo, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de Amparo; apercibida que en caso de no hacerlo así, éste Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000 de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro 192,174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia de amparo de cinco de abril pasado, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) Sobre tales premisas, resulta fundado el argumento planteado; por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número "3" en la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, cumpla con la obligación que prevé el artículo 8 Constitucional, y en el término de tres días contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, conteste por escrito y con libertad de jurisdicción la solicitud elevada por el quejoso, mediante escrito de treinta de junio de dos mil veinte; además, debe hacerlo de su conocimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." En esas condiciones, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar que los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley invocada, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, y 297, fracción I, del código citado, se REQUIERE al Titular de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número "3" en la Delegación Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante éste Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del código federal invocado, y del artículo 23, inciso A, fracciones XX y XXI del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, REQUIÉRASE al Delegado Regional Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos respectivos, una multa cien veces la unidad de medida de actualización en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe. El Juez

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