Arturo Mendoza Alcauter
Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Mendoza Alcauter
- Jessica Nayely Gonzalez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el escrito de José Valencia Mojíca apoderado jurídico de Arturo Mendoza Alcauter, a través del cual manifiesta que a la fecha no ha tenido acceso al expediente electrónico. Atento lo anterior, y como esta ordenado en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se comisiona al actuario adscrito, a efecto de que verifique que se otorgue el acceso al expediente electrónico al quejoso, en los términos del auto admisiorio. De igual forma, y como lo solicita el ocursante, realícense las notificaciones personales de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, al usuario que indica, y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-442/2021-V, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la documental ofrecida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica tanto la tercera interesada como el representante especial de la menor V.E.M.G. presentaron alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se les tiene por formulados sus alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 3-21), Arturo Mendoza Alcauter por conducto de su apoderado jurídico José Valencia Mojíca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 442/2021 y en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno (foja 38), se reconoció el carácter de tercera interesada a Jessica Nayeli González Cruz y se ordenó su emplazamiento. En proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (foja 47), se solicitó al delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico para que fungiera como representante especial de la menor V.E.M.G.; y, en diverso de doce de julio del mismo año, se tuvo a Santiago Orozco Valencia, aceptando dicho cargo. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, son: Los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte, veintiocho de abril y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictados en el expediente 117/2019, que en la vía especial oral familiar promovió Jessicca Nayely González Cruz por sí y en representación de su menor hija V.E.M.G. frente a Arturo Mendoza Alcauter. Al respecto debe aclararse que el quejoso también señaló como actos reclamados los proveídos de seis y doce de mayo del año en curso, pero no se tendrán con tal carácter porque no se advierte que haya hecho valer concepto de violación alguno relacionado con los mismos. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 35. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la citada autoridad, consistente en copias certificadas del expediente 117/2019 [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte, veintiocho de abril y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; de ahí que se tengan debidamente probados los mismos. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgador advierte -de oficio- la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento legal, respecto de los actos consistentes en los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte y veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa los artículos mencionados en el párrafo anterior, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. 2. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución. 3. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Una vez establecido lo anterior, cabe mencionar que la parte quejosa reclama -entre otros actos- los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitidos dentro del expediente 117/2019. Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable -específicamente del tomo I- se constata que el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte fue notificado por lista al día siguiente hábil de su fecha (dos de marzo de dos mil veinte); y, el emitido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno fue notificado por lista en su fecha (fojas 416- 421 y 567-574, tomo de pruebas). Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de la Materia, es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, ya que de las citadas constancias se advierte que es parte dentro del expediente de origen y como tal, le fue practicada la notificación de la resolución combatida en los términos previstos en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo Así las cosas, el artículo 762 de dicho ordenamiento dispone lo siguiente: "CAPÍTULO IV TÉRMINOS JUDICIALES Artículo 762. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso. Se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa". Del contenido del numeral transcrito se advierte que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o cualquiera otra notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso; así como que se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga expresamente otra cosa. Por tanto, si el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte se notificó por lista de dos de marzo de dos mil veinte, el término de quince días establecido en la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, empezó a computarse el tres siguiente y feneció el veinticuatro del mismo mes y año, descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles [sábados y domingos]. Por su parte, el diverso auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno se notificó por lista de esa misma data, por lo que el término de quince días establecido en la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, empezó a computarse al día siguiente y feneció el veintiuno de mayo del año en curso, descontándose los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis, por haber sido sábado y domingo así como el diez de mayo, al considerarse suspensión oficial conforme al artículo 28, fracción III, de las Condiciones Generales de Trabajo. Asimismo, se descontó el cinco de mayo al haber sido inhábil para este órgano jurisdiccional. De lo anterior, se puede establecer con certeza que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, ya que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de mayo de dos mil veintiuno), habían transcurrido en exceso los quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo; aunado a ello, el quejoso no combatió las referidas notificaciones y por ende subsisten. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el quejoso señala en su demanda de amparo que aun cuando se ordenó la notificación personal del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, vía exhorto que se girara al Estado de Querétaro, hasta la fecha no se ha hecho. Sin embargo, el quejoso parte de una premisa falsa, pues de la lectura del auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, no se advierte que se haya ordenado su notificación personal al quejoso y si bien se decretó girar exhorto, ello fue con la finalidad de que la empresa donde labora [BMS, S.A. de C.V.] efectuara los descuentos ordenados de las percepciones que obtiene, por concepto de pensión alimenticia, previo los descuentos de ley, a favor de su menor hija. Aunado a ello, ya había sido emplazado a juicio, por lo que si estimaba que la notificación no se realizó en los términos legales estaba en aptitud de hacer los medios legales que estimara pertinentes para combatirla. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así las cosas, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto de los autos de veintiocho de febrero de dos mil veinte y veintiocho de abril de dos mil veintiuno. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En ese contexto, lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en contra del acto reclamado respecto del cual resultó procedente el juicio de amparo, esto es, el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Quinto. Estudio de los conceptos de violación relativos al proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación tendentes a combatir el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, debe precisarse que el quejoso en una parte de su segundo concepto de violación argumenta, en esencia: Que el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veinte, no le fue notificado personalmente a pesar de haberse ordenado de esa manera. El juez ha decretado varios incrementos en el monto de la pensión provisional con base en las mismas documentales que ya obran en el expediente, a pesar de que fueron objetadas en tiempo y forma, por lo que no son novedosas ni demuestran mayor necesidad de su menor hija. No es suficiente que la aquí tercera interesada aduzca un incremento en el pago de la colegiatura de la menor pues está a su plena disposición el acceso a una educación pública y gratuita; aunado a que la responsable no toma en cuenta para nada los ingresos de la madre de la menor, por lo que también le corresponde ministrar alimentos. Que en el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el juez decretó un incremento aun cuando sus ingresos siguen siendo los mismo, lo cual es desproporcionado e incongruente. Esto es, dichos argumentos son tendentes a combatir los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte y veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ya que en ellos fue donde se incrementó el monto de pensión alimenticia. En ese contexto, son inoperantes dichos motivos de inconformidad, toda vez que respecto de los mencionados proveídos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, lo que impide su análisis. Una vez precisado lo anterior, lo conducente es analizar los diversos motivos de inconformidad respecto del auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el cual es del tenor siguiente: Ahora bien, respecto de dicho acto reclamado el quejoso argumenta que el juez aplica de manera desacertada en dichos acuerdos el artículo 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, ya que introduce criterios y consideraciones que no fueron expuestos por las partes, con lo que rompe el principio de igualdad procesal, aunado a que no está fundado ni motivado. Asimismo señala que es ilegal que el juez pretenda imponerle el cumplimiento del pago de veintiún mil ciento cuarenta y cuatro pesos por concepto de las diferencias por concepto de pago de alimentos, ya que como no fue notificado el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el que se incrementó el monto de la pensión alimenticia, no está obligado a pagar dicha cantidad, porque no deriva de su actuar indebido u omiso, sino de la irresponsabilidad de la autoridad responsable, al no ordenar al actuario del juzgado a su cargo que hiciera la notificación encomendada en dicho acuerdo, aunado a que siempre ha cumplido con su obligación de dar alimentos. Motivos de inconformidad que son infundados. Para evidenciar lo anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 932. El juez tendrá las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de: I. Menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; II. Asuntos relativos a alimentos; y, III. Cuestiones relacionadas con violencia familiar. Respecto de menores de edad, se deberá tomar en cuenta su interés superior". De lo transcrito se advierte que, tratándose de menores de edad y asuntos de alimentos, entre otros, el juez tiene las más amplias facultades de dirección procesal para decidir lo que en derecho corresponda, además debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes. Por tanto, si en caso, está involucrada la menor V.E. M.G. y también se están analizando cuestiones de alimentos, es inconcuso, que el juez responsable, en términos del artículo 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán cuenta con amplias facultades en dirección procesal e incluso debe suplir la deficiencia en los planteamientos de las partes, velando siempre por el interés superior del menor; por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso no ha "roto" el principio de igualdad procesal ni aplicó de manera incorrecta el referido numeral. Aunado a que, para determinar que no había lugar a proveer favorablemente la petición del aquí quejoso respecto a que se dejara sin efectos el requerimiento de pago por la cantidad de veintiún mil ciento cuarenta y cuatro pesos, adujo que el pago de alimentos era una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensable para la subsistencia de la menor involucrada, por lo que de conceder su solicitud se pondría en riesgo la misma. Por otro lado, el quejoso parte de una premisa falsa porque contrario a su dicho, de la lectura del auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, no se advierte que se haya ordenado su notificación personal al quejoso y si bien se decretó girar exhorto, ello fue con la finalidad de que la empresa donde labora [BMS, S.A. de C.V.] efectuara los descuentos ordenados de las percepciones que obtiene, por concepto de pensión alimenticia, previo los descuentos de ley, a favor de su menor hija. Aunado a que, si bien se advierte que ha realizado transferencias por concepto de pago de alimentos, ellas no corresponden al monto ordenado en los proveídos de veintiocho de febrero de dos mil veinte ni veintiocho de abril de dos mil veintiuno, sino al decretado en auto de siete de marzo de dos mil diecinueve. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Mendoza Alcauter, respecto del acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Mendoza Alcauter, respecto del acto y motivos contenidos en el considerando quinto de este fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio del Delegado del Instituto de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que designó al licenciado Santiago Orozco Valencia como representante especial de la menor V.E.M.G En tal virtud, por conducto del Delegado del Instituto de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, solicítese al licenciado en mención, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, a manifestar si acepta o no el cargo de defensor en el presente juicio de amparo, en su caso lo realice mediante escrito, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Finalmente, requiérase al asesor para que en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicite en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio denominado "servicios jurisdiccionales", apartado "agenda OJ", su cita para desahogo de requerimiento, obteniendo el código QR respectivo de ingreso al inmueble de este Juzgado a efecto de comparecer, procurando en todo momento las medidas sanitarias, de higiene, protección y sana distancia. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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