Arturo Mejía De la Paz

Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 49 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1145/2019
Año
2019
Actuaciones
49
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Arturo Mejía De la Paz
  • José Benigno González León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 7308, por el cual se le remitieron las constancias que adjuntó al informe justificado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, como lo solicita la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvanse las constancias que envió como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1145/2019, promovido por Arturo Mejía de la Paz, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán, Arturo Mejía de la Paz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado así como de la Actuaria adscrita a dicha Sala. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Remisión a este juzgado por conocimiento previo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; la registró en el libro de gobierno con el número 1151/2019; en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ordenó remitirla a este órgano jurisdiccional por haber conocido del juicio de amparo 38/2013, el cual tuvo su origen en el juicio sumario civil 98/2011, del que deriva el amparo en estudio. Tercero. Acepta returno. En proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, aceptó el returno para conocer de la demanda de amparo promovida por Arturo Mejía de la Paz; la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 1145/2019; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; reservó proveer respecto a la existencia de terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Carácter tercero. En auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ser reconoció el carácter de tercero interesado a José Luis Benigno González León y/o Luis Benigno González León y/o José Luis González León y se ordenó su emplazamiento. Quinto. Suspensión de labores y reanudación de términos y plazos legales reactivación. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. En auto de tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19. Sexto. Suspensión de labores y reanudación de términos y plazos legales reactivación. El procedimiento se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia generada por el virus COVID-19. En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 así como al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19, este juzgado de distrito emitió el proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, en el que se levantó la suspensión de labores ordinarias y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este órgano jurisdiccional Séptimo. Carácter tercero. En proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Élfego Calderón Ayala y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por sus trámites legales, el seis de enero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, de observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P.VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso son: A la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca I-326/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Arturo Mejía de la Paz, en la que confirmó el proveído de doce de julio de dos mil diecinueve. En el mencionado proveído, el juez de primera instancia, en lo de interés, determinó que no había lugar a girar oficios al Receptor de Rentas de Acuitzio del Canje ni al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, a fin de que se realizaran las cancelaciones de las inscripciones hechas a favor de Élfego Calderón Ayala, ya que de hacerlo así, se infringiría en perjuicio de éste, su derecho humano de audiencia, consagrado en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales en relación con los diversos 1°, 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; asimismo, dejó a salvo sus derechos para que los ejercitara conforme a derecho procediera. A la Actuaria adscrita a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La notificación de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Magistrada y a la Actuaria, ambas adscritas a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la referida Magistrada responsable, consistente en el original del toca de apelación 1145/2019 [un tomo]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permite tener por acreditado el acto reclamado, toda vez que de dichas constancias se advierte la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, lo conducente es examinar la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, toda vez que este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de analizar los conceptos de violación se estima necesario precisar que el acto reclamado es la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del toca I-326/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Arturo Mejía de la Paz, en la que confirmó el proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario 98/2011 que sobre cumplimiento de contrato de cesión de derechos de inmueble, promovió Arturo Mejía de la Paz frente a José Luis Benigno González León y/o Luis Benigno González León y/o José Luis González Léon. En el mencionado proveído, el juez de primera instancia, en lo de interés, determinó que no había lugar a girar oficios al Receptor de Rentas de Acuitzio del Canje ni al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, a fin de que se realizaran las cancelaciones de las inscripciones hechas a favor de Élfego Calderón Ayala, ya que de hacerlo así, se infringiría en perjuicio de éste, su derecho humano de audiencia, consagrado en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales en relación con los diversos 1°, 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; asimismo, dejó a salvo sus derechos para que los ejercitara conforme a derecho procediera. Asimismo, que el quejoso pretende que se cancelen las inscripciones realizadas a favor de Elfego Calderón Ayala con motivo de la adjudicación en remate judicial respecto del solar urbano ubicado en el cuartel 3/o, Manzana 4/a, de la calle Venustiano Carranza sin número de la población Acuitzio del Canje, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 842/2004, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Morelia, Michoacán, promovido por Juan Miguel Cabadas Villafán frente a José Luis Benigno González León y/o Luis Benigno González León y/o José Luis González Léon. A Elfego Calderón Ayala le fueron cedidos los derechos de varios inmuebles, entre ellos, el del solar urbano ubicado en el cuartel 3/o, Manzana 4/a, de la calle Venustiano Carranza sin número de la población Acuitzio del Canje, Michoacán, por Josafat Vargas Frutis, el nueve de diciembre de dos mil quince, lo que se escrituró el veintidós de abril de dos mil dieciséis. Una vez precisado lo anterior, este juzgador procede a analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son fundados pero inoperantes en una parte, infundados en otra e inoperantes en una más. En una parte de sus conceptos de violación señala el quejoso que la Magistrada responsable, debió valorar y probar si a Élfego Calderón Ayala le resulta el carácter de tercero extraño a juicio o el de causahabiente, porque dichas figuras jurídicas tienen consecuencias diversas, ya que cuando se trata de una persona que no tiene conocimiento de algún juicio, se dice que es una persona tercera ajena y en tal caso tiene derecho a ser llamado, oído y vencido en juicio; pero cuando la persona tiene conocimiento del juicio e insiste en adquirir, como en el caso que nos ocupa, una propiedad con gravamen, se está a las consecuencias del juicio. Por lo que -adujo el quejoso- no puede decir la Magistrada que no tiene importancia que Élfego Calderón Ayala haya adquirido o no el carácter de causahabiente; es decir, causahabiente o no, debe ser llamado a juicio, sin explicar con razonamientos jurídicos su dicho. Motivo de disenso que es fundado pero inopetante. Para evidenciar dicha calificativa se estima necesario traer a contexto algunos aspectos de la figura jurídica denominada causahabiencia, los cuales fueron determinados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS [Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado).], de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, de rubro "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO". En la referida ejecutoria la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras; es decir, existen sujetos que, por un acontecimiento posterior a la realización de determinado acto jurídico, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores, llamándose a estos últimos causantes y a los primeros bajo la denominación de causahabientes. De tal manera, el término de causahabiente, define a la persona que después de celebrado un acto jurídico, adquiere en forma derivada del autor, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron dentro de ese acto; y como consecuencia, es quien con posterioridad al origen de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado, en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición del autor del causante. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 83/2006-PS, estableció que la figura de la causahabiencia, lato sensu, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto determinó que la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien y b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. También determinó la Sala que existen dos clases de causahabiencia a saber: la sustantiva y la procesal. La causahabiencia fuera de juicio o sustantiva, se actualiza cuando el que adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas que correspondan. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real [como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en un juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar del nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien] o bien cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales [como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina por la transmisión de la propiedad]. Por su parte adujo la Sala la causahabiencia procesal, consiste en que el causahabiente queda sujeto a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, pues de alguna manera, si el resultado del juicio es negativo, se entiende que el riesgo de que lo fuera era una carga que el adquirente se obligó a soportar desde el momento en que adquirió el bien sabiendo que el resultado del juicio podía ser negativo. A manera ilustrativa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citó los ejemplos siguientes que se pueden dar de causahabiencia procesal: a) Cuando un bien inmueble que está embargado y que se transmite iniciado ya el juicio. En estos casos, la persona que adquiere el bien soporta la obligación de responder con sus bienes, que ahora están embargados. De esta manera, si el que transmitió el bien embargado pierde, independientemente de que no se haya llamado a juicio al adquirente, éste tiene que responder de la obligación garantizada; b) Igualmente, en el caso de que se adquiriera del demandado en un juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando éste ya se había instaurado, operaría la causahabiencia y el adquirente no tendría que ser oído y vencido en el juicio; c) Otro ejemplo se da cuando se ceden los derechos litigiosos y el cedente pierde el juicio y, en esos casos, el cesionario tiene que estar a las resultas del juicio y no puede oponerse alegando que no se le llamó; y, d) Finalmente, se da la causahabiencia procesal cuando una persona adquiere un inmueble que es materia de un juicio hipotecario, cuya cédula está inscrita en el Registro Público, es decir, adquiere el bien durante el transcurso del juicio; en este caso, el adquirente debe soportar las resultas del juicio hipotecario. De esta suerte, adujo la Primera Sala, la causahabiencia de orden adjetivo o procesal, consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia diferente de su causante, pues se considera como oído y vencido en el juicio a través éste y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, la causahabiencia sustantiva y adjetiva tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Ahora bien, el quejoso señala en el hecho décimo primero de su demanda, que a Élfego Calderón Ayala le resulta el carácter de causahabiente, al adquirir un bien inmueble -aunque hubiera sido por adjudicación judicial- que ya había salido del patrimonio del ejecutado en el juicio ejecutivo, pues el mismo estaba en litigio y el acto del juicio ejecutivo mercantil 842/2004 que se lo adjudicó tuvo la oportunidad de ver en el tomo 972, registro 174326, la inscripción de la demanda del juicio sumario 98/2011; esto es, aduce una causahabiencia procesal. En ese contexto, como se adelantó, los conceptos de violación mencionados en líneas precedentes son fundados porque contrario a lo señalado por la Magistrada sí era relevante precisar si Élfego Calderón Ayala tenía el carácter o no de causahabiente para establecer si debía respetarse su derecho de audiencia; pues como correctamente lo refiere el promovente del amparo, si hubiera determinado la Magistrada que Élfego Calderón Ayala es causahabiente de José Luis Benigno González León dentro del juicio sumario civil 98/2011, efectivamente no tendría porqué otorgársele dicha garantía. Sin embargo, es inoperante porque aun cuando se determinara que Élfego Calderón Ayala es causahabiente procesal de José Luis Benigno González León dentro del juicio sumario civil 98/2011, ello no tendría como consecuencia dejar insubsistentes actuaciones que se originaron dentro del juicio ejecutivo mercantil 842/2001, pues la cuasahabiencia procesal solo tiene impacto, en este caso, en el juicio donde se solicitó. Esto es, aun cuando se determinara que Élfego Calderón Ayala es causahabiente procesal de José Luis Benigno González León, esto es, que Élfego debe sustituir a José Benigno en el juicio sumario civil 98/2011, la única consecuencia para el primero sería cumplir con el contrato de cesión de derechos, pero de manera alguna implicaría dejar insubsistentes actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 842/2011 como lo pretende el quejoso. Por tanto, ningún efecto práctico tendría conceder el amparo para que la Magistrada se pronunciara sobre la existencia o no causahabiencia, pues el sentido de la resolución sería el mismo, esto es, confirmar el auto apelado. Por otra parte, son infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, porque contrario a lo que señaló, la magistrada no tenía porqué analizar la aplicabilidad de la jurisprudencia VI.2º.C.J/228, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro "CAUSAHABIENTES. PERSONAS QUE TIENEN ESTE CARÁCTER, TRATÁNDOSE DE BIENES INMUEBLES EMBARGADOS", toda vez que de la lectura íntegra del escrito presentado el trece de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual interpuso apelación en contra del auto de doce del mismo mes año, no se advierte que haya citado criterio alguno en apoyo de sus agravios. En otra parte de sus conceptos de violación el quejoso manifiesta que a su petición de cancelación de inscripciones, anexó copias certificadas de un caso similar, en el que el Juez Cuarto Civil [no señala de que distrito judicial], ordena la cancelación de un registro por resultarle carácter de causahabiente al registrado, sin mencionar porqué debe o no tomar en cuenta dicho criterio. Motivo de inconformidad que es inoperante por novedoso ya que como el propio quejoso lo dice, dichas copias las ofreció en el escrito presentado el nueve de julio de dos mi diecinueve, por medio del cual solicitó al juez de origen ordenara al Receptor de Rentas de Acuitzio del Canje y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, que cancelaran las inscripciones hechas a favor de Élfego Calderón Ayala, respecto del bien inmueble materia de la controversia; esto es, de la lectura de los agravios no se advierte alguno en el que el aquí quejoso haya solicitado a la magistrada analizara si el criterio propuesto por el quejoso era aplicable al caso. Ello es así, porque al tratarse de un argumento que el quejoso no planteó ante la Magistrada responsable, que fue quien dictó el acto reclamado, resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.A.J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1137 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, registro digital 178788, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." El quejoso en otra parte de sus conceptos de violación manifiesta "Negarme el amparo por no hacer un estudio minucioso y justo, me llevaría a promover un juicio autónomo, que sería injusto para mí, pues el acto en el juicio ejecutivo mercantil no debió de haber embargado, pues tenía pleno conocimiento que el inmueble había salido del patrimonio del demandado en su juicio, debido a la publicidad de que está investido el registro público y que dichos registros surten efectos en contra de terceros", lo cual no se puede considerar como un concepto de violación. Ello es así, porque si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000 de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR" determinó que era suficiente para considerar como conceptos de violación a un razonamiento, que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiar; requisitos que no cumple el séptimo motivo de disenso del quejoso únicamente señala que sería "injusto" que se le negara el amparo y la razón de ello, pero no manifiesta la lesión o agravio que le pudiera generar el acto reclamado ni la razón de ello. Finalmente, el quejoso solicita se haga un estudio exhaustivo de la jurisprudencia que obra en su solicitud de cancelación elevada ante el juez de primera instancia, petición que no es procedente, pues como se dijo en párrafos anteriores resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. Negativa que se hace extensiva respecto al acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Sala responsable, al no haberse impugnado por vicios propios. Apoya lo expuesto la jurisprudencia V.2o. J/6, visible a fojas 267, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Mejía de la Paz, en contra del acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta sentencia, por lo motivos expuestos en el quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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