Arturo Elidio Pérez Velasco

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Arturo Elidio Pérez Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Es necesario precisar que en la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, se concedió la protección constitucional al justiciable para que el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, realizara lo siguiente: De no existir impedimento legal alguno, de inmediato dicte la resolución interlocutoria en el incidente de levantamiento de embargo que se encuentre pendiente de resolver en el juicio ejecutivo mercantil **/***. Por otra parte, agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio de los cuales la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, pretende dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, y al tercero interesado para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 171/2021, promovido por Arturo Elidio Pérez Velasco, en contra de la dilación procesar consistente en la omisión de resolver el incidente de levantamiento de embargo dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil **/**, que reclama a la Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del centro, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar en caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de fondo, si la Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del centro, Oaxaca, viola en su perjuicio los derechos constitucionales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, el veintidós de abril de dos mil quince, dio inicio el juicio ejecutivo mercantil ***/**** del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en el que la parte actora Juan Arroyo Sánchez, demandó del quejoso **************, el pago de la cantidad de $**,***.***(*********) por concepto de suerte principal, y otras prestaciones. En dicho sumario, se decretó como medida precautoria, el embargo del treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo que percibe el demandado ****************. Seguido el juicio en sus trámites, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia, la cual condenó a *******************, al pago de suerte principal, así como el pago de intereses ordinarios y moratorios a razón del uno punto noventa y dos por ciento, respectivamente. Mediante escrito presentado ante la responsable, el nueve de junio de dos mil diecinueve, Arturo Elidio Pérez Velasco, promovió incidente de levantamiento de embargo, solicitud a la cual, la Juez Quinto Civil del Centro, mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en el ordinal 1404 del Código de Comercio, ordenó la tramitación de la incidencia planteada y dio vista a la parte actora dentro del plazo de tres días manifestara lo que su derecho conviniera. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, a solicitud del quejoso, se señalaron las once horas del veinte de noviembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativa la audiencia de alegatos con efectos de citación para oír resolución. En proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, la resolutora de origen, regularizó el procedimiento y señaló como nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos del incidente de levantamiento de embargo, las once horas del dos de marzo de dos mil veinte, misma que fue celebrada en dicha data y ordenó citar a las partes a oír resolución. Sin embargo, el promovente del amparo, refiere que a la fecha de la presentación de la demanda (17 de febrero de 2021), la responsable ha sido omisa en resolver la incidencia planteada, situación que causa inconformidad al quejoso, por lo cual acude a esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Arturo Elidio Pérez Velasco, promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señaló como autoridad responsable a la Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, y como acto reclamado, la omisión de resolver el incidente de levantamiento de embargo, promovido por el quejoso dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ***/**** del índice de la responsable. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 171/2021 y fue admitida el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. La audiencia constitucional se llevó acabo el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013; por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro: ( La dilación procesal consistente en la omisión de resolver el incidente de levantamiento de embargo, promovido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 138/2015. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Quinto de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, tal aseveración se corroboró con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ****/*** del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Centro; medio de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al no advertirse causa de improcedencia que hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, procede analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada, para lo cual se tienen por transcritos los conceptos de violación que expresó el quejoso, por no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que obligue a su literal transcripción en la sentencia, aunado a que dicha omisión no lo deja en estado de indefensión, porque no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VIII. ESTUDIO DEL ASUNTO Es fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa en su libelo constitucional y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, ya que aduce que la juez responsable viola en su perjuicio su derecho fundamental previsto en el numeral 17 Constitucional, ya que ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos de ley. A fin de justificar tal aseveración, es oportuno destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Art. 17.- [.]. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]." Conforme al numeral transcrito, el derecho de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos que le garantice la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgado emita una resolución no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Lo anterior, se desprende del criterio jurisprudencial 2a./J. 192/2007 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209 del Tomo XXVI Materia(s): Constitucional. Novena Época, con registro digital 171257, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Conforme a lo anterior, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades, la de expedir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige la actividad jurisdiccional, y que en el caso en estudio no se ha respetado. Así pues, conforme el precepto constitucional citado, los órganos jurisdiccionales no pueden ni deben retardar su función de administrar justicia, en razón que es obligación, impartirla en forma rápida y expedita, lo que implica que deben procurar los asuntos a su cargo en un plazo prudente, y en su caso, dictar las medidas necesarias para llevar a cabo cada etapa en el procedimiento en un plazo razonable. En el caso concreto, el disidente reclama la omisión de resolver el incidente de levantamiento de embargo, promovido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 138/2015, de ahí que consideré que lo cual, constituye una dilación a la impartición de justicia que contraviene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Mexicana, pues refiere que la fecha ha transcurrido en exceso el término que estable el artículo 1404 del Código de Comercio para resolver el incidente planteado. El suscrito estima que asiste la razón al solicitante de la protección constitucional por lo siguiente: El artículo 1404 del Código de Comercio, dispone: "Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente." Del precepto trascrito puede colegirse que en los juicios ejecutivos, los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán sin suspender el procedimiento, debiendo contar con un escrito de cada parte. En caso de ofrecer pruebas, deberán de hacerlos por escrito en el que se fijen los puntos sobre los que verse. Asimismo, se citará para una audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en la que se oigan brevemente las alegaciones de cada parte, y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto, o a más tardar el día siguiente. Ahora, de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 138/2015, misma que fue valorada en el apartado correspondiente, se desprende que mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, el demandado incidentista Arturo Elidio Pérez Velasco promovió incidente de levantamiento de embargo. En atención a ello, en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Quinto de lo Civil del Centro, admitió el incidente planteado y dio el plazo de tres días para que la parte demandada incidentista, hiciera las manifestaciones pertinentes. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, a solicitud del quejoso, se señalaron las once horas del veinte de noviembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos con efectos de citación para oír resolución. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, la resolutora de origen, regularizó el procedimiento y señaló como nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de alegatos del incidente de levantamiento de embargo, las once horas del dos de marzo de dos mil veinte, misma que fue celebrada en dicha data ordenando citar a las partes a oír resolución. Sin embargo, como se precisó, la parte quejosa a la fecha de la presentación de la demanda, la juez responsable ha sido omisa en dictar la resolución correspondiente en el incidente de levantamiento de embargo, lo cual quedó demostrado con la confesión realizada al momento de rendir su informe justificado, recibido el doce de marzo de dos mil veintiuno, en que textualmente señaló: ".sin que hasta la fecha se haya dictado la resolución atendiendo a que se pretende dictar una resolución apegada a derecho, procurando el máximo beneficio para las partes". De lo anterior se colige, que la responsable no observó lo dispuesto en el artículo 1404 del Código de Comercio, que establece que en la audiencia de alegatos se oirán las alegaciones de las partes y en la misma, se emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá de ser notificada, a más tardar el día siguiente, conculcando en perjuicio del quejoso el derecho público subjetivo contenido en el numeral 17 constitucional. Así, es inconcuso que vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano relativo a la audiencia ante un tribunal competente en un plazo razonable para la determinación de sus derechos, así como, la garantía individual prevista en el artículo 17 Constitucional, al no impartir justicia dentro de los plazos previstos en la ley, puesto que ha transcurrido un amplio término sin que se haya resuelto el incidente de levantamiento de embargo promovido en el juicio de origen, el cual debe ser resuelto inmediatamente por la autoridad judicial. En relatadas conclusiones, la omisión destacada conculca flagrantemente el derecho sustantivo del quejoso a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, en los plazos y términos que fija la ley, pues tal acto es contrario a la obligación constitucional y legal que tienen los órganos jurisdiccionales a actuar con diligencia y eficazmente en la administración de justicia. Apoya lo hasta aquí expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, con registro 172759, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." IX. DECISIÓN En consecuencia, toda vez que ha quedado demostrada la inconstitucionalidad del acto reclamado, se concede a Arturo Elidio Pérez Velasco, la protección constitucional solicitada. X. EFECTOS DE LA CONCESIÓN Ahora bien, en razón que la concesión del amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable, realice lo siguiente: De no existir impedimento legal alguno, de inmediato dicte la resolución interlocutoria en el incidente de levantamiento de embargo que se encuentre pendiente de resolver en el juicio ejecutivo mercantil ***/***. En mérito de lo expuesto, se: RESUELVE ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Arturo Elidio Pérez Velasco, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VIII de este fallo y para los efectos señalados en el diverso apartado X. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.

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