Arturo Denzel Gómez Méndez
Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Arturo Denzel Gómez Méndez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 1122/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Improcedencia. Este Juzgado de Distrito considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo presentada ********************, en términos de lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior porque el análisis general del escrito inicial de demanda permite constatar que el referido quejoso acude ante la Justicia Federal porque manifiesta que el pasado siete de noviembre al transitar por la carretera federal 175 tuvo un percance vial lo que ocasiono que fuere detenido por parte de la policía vial municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, quien lo mantuvo retenido en la cárcel municipal de esa población y previo cobro de una multa fue puesto en libertad; detención que considera no se apega a los protocolos que marca la ley. Como se desarrollará a continuación, este juez de amparo no puede verificar si la detención de que fue objeto el directo quejoso se apegó o no a los protocolos que deben seguirse. En efecto, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 1, 5 y 6 de la misma ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" De los preceptos citados se advierte con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, que es que, éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales. Ahora, se debe destacar que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico, para los efectos del juicio de amparo, de quien promueve el amparo, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del juicio de amparo, pues para que tal situación acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. Si los actos reclamados no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica del quejoso, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, de ser así, debe declararse la improcedencia del juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis ha sostenido que el interés jurídico es aquél reconocido por la ley y que no es otra cosa, sino lo que la doctrina llama derecho subjetivo, es decir, aquella facultad o potestad de exigencia, establecida en una norma del derecho objetivo, que supone la existencia de dos elementos inseparables, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por tanto, el interés jurídico es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo; es decir, el interés y legitimación procesal, están íntimamente ligados con el elemento perjuicio jurídico, como se desprende de lo establecido por el artículo 5 fracción I, de la ley de la materia, que regula que son partes en el juicio amparo, entre otros, el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de la citada legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos de manera real y actual, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, en un juicio de amparo. De tal suerte que el peticionario de garantías debe acreditar de forma fehaciente, cuando acude en su demanda de amparo, que la ley o acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. Se reitera, conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; es decir, que exista y que su existencia se en sentido presente, y no pasado o futuro. Ahora bien, en el caso la parte quejosa señala como acto reclamado la detención que, el siete de noviembre de dos mil veintitrés, efectuó en su contra la policía vial de San Antonio de la Cal, previa lesiones que le infringieron quienes se identificaron como Agentes Estatales de Investigación sin observar el protocolo de detención, así como la privación de su libertad sin justificación legal; hasta aquí se tiene que los actos reclamados son reales, pues, bajo protesta de decir verdad, el quejoso hizo del conocimiento a este Juzgador los hechos que constituyen los antecedentes de dichos actos, sin embargo, no son actuales ya que en esos antecedentes el quejoso refirió que está en libertad, es decir, los actos de los que se queja son pasados. En consecuencia, en el caso se actualiza la referida causa de improcedencia, situación que conduce a sobreseer en el juicio de garantías intentado, conforme establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 1, 5, 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la quejosa señala que la actuación realizada no fue conforme a derecho, pues se le privó de la libertad sin que existiera mandamiento legal, lo cual de ser de su interés puede reclamar en una instancia diversa a este juicio de amparo, mediante los procedimientos que establezca la ley aplicable al caso controvertido. En virtud de lo anterior y a fin de no dejar en evidente condición de vulnerabilidad al quejoso, en estricta observancia al derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, con sustento en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena dar vista con copia de la demanda de amparo a la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victima, con el objeto de que, con base a los actos que atribuye a quienes el quejoso señaló como autoridades responsables, dé atención a ********************a fin de que este en posibilidades de conocer los mecanismos que tiene a su alcance para reclamar los hechos que narra en una instancia diversa a este juicio de amparo, mediante los procedimientos que se establezca la ley aplicable al caso controvertido. Domicilio. En ese orden, se ordena notificar al promovente todas las determinaciones que se emitan en este expediente a través de la lista que se fijará y publicará en el local de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente al promovente.
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