Arturo Díaz Corona
Expediente 1457/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1457/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Arturo Díaz Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), mientras que el incidente de suspensión relativo, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general citado; por tanto, el expediente principal es susceptible de depuración, mientras que el incidente es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal y del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- EJECUTORIA NIEGA- ARCHIVO- SE DEVUELVE ANEXO", para su mejor consulta en el expediente electrónico Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA, el auto y/o resolución de VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en lo conducente establece: V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1457/2022, promovido por ******************, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otro, por considerarlos violatorios de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 1 a 9). SEGUNDO. Prevención. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que señalara de manera clara, precisa y concreta el acto reclamado, indicara el número de expediente de origen así como la ampliación de os antecedentes del acto reclamado (fojas 10 a 15). Asimismo, por auto de siete de noviembre del año dos mil veintidós, subsistió la prevención a fin de que aclarara su demanda de amparo (fojas 23 a 25). TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Subsanada la prevención, se admitió a trámite la demanda por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 41 a 47). CUARTO. Emplazamiento al Ministerio Público. El once de noviembre de dos mil veintidós (foja 51). QUINTO. Emplazamiento a la parte tercero interesada. Por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo por apersonada al juicio de garantías en que se actúa y por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. SEXTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de acuerdo con el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el acto reclamado es el siguiente: Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el incidente de reclamación promovido por el deudor alimentario en contra de la medida provisional de alimentos fijada en la controversia del orden familiar 94/2021; y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado: Se tiene por cierto el acto reclamado a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y actuario adscrito en razón de así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. La parte tercera interesada en su escrito de alegatos refirió que el juicio era improcedente porque el acto reclamado fue dictado conforme a derecho y por tanto no le causa agravio alguno al quejoso. Asimismo, expone que al haberse desechado el recurso de revocación promovido contra el acto que se reclama en este juicio, éste adquirió firmeza, lo que en su opinión tornaba improcedente el presente juicio de amparo. Los argumentos se desestiman como causas de improcedencia por involucrar el fondo del asunto, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." y registro electrónico 187973. En virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte, en análisis oficioso, que opere alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, sigue el estudio de fondo, mediante el examen de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Aduce el quejoso en su demanda de amparo, que el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, carece de motivación y fundamentación, por no expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; asimismo refiere que existe una inexacta aplicación del artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos que dispone que admitida la reclamación, tratándose de juicio de alimentos, se suspenderá el procedimiento, lo cual -en su opinión- lo deja en estado de indefensión, ya que al continuar el procedimiento en lo principal, no se le permite acreditar su situación económica. Antes de dar contestación a los conceptos de violación, es conveniente hacer una relatoría de hechos relevantes que al caso interesan: 1. Por escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Dulce Melina García Sánchez, demandó en vía de controversia familiar a Arturo Corona Díaz, la guarda, custodia y alimentos, a favor de sus menores hijos de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G. 2. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Sexto Civil del primer Distrito Judicial del Estado, decretó como medidas provisionales de los menores de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G. la guarda y custodia provisional a favor de su madre Dulce Melina García Sánchez. 3. En ese mismo acuerdo, decretó la pensión alimenticia provisional en favor de los menores de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G., por la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), de manera mensual. 4. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, Arturo Corona Díaz, el aquí quejoso, interpuso incidente de reclamación, en contra de las medidas provisionales dictadas en el auto admisorio de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. 5. En auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió trámite el recurso de reclamación, sin suspensión del procedimiento principal. Determinación que constituye la materia de análisis en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. Aun cuando es cierto que la obligación de proporcionar alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por ello, el Estado tiene el deber de vigilar que se preste esa asistencia, no obstante, en última instancia, la obligación corresponde a los particulares, derivado de una relación de familia, a fin de dar respuesta al estado de necesidad en el que se encuentra un determinado sujeto (acreedor o acreedores), bajo circunstancias específicas señaladas en la propia ley. Así, la obligación de dar alimentos surge de las relaciones de familia, como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentra el acreedor alimentario, pero, ello está sujeto al preindicado estado de necesidad y la capacidad del deudor alimentista. Sobre la obligación en estudio, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos establece lo siguiente: "ARTÍCULO 259.- URGENCIA PARA DETERMINAR Y ASEGURAR ALIMENTOS PROVISIONALES. En caso de urgente necesidad deberán decretarse alimentos provisionales hasta por el cincuenta por ciento del salario del deudor alimentista; para ello se tendrá en cuenta el número de acreedores que ejerciten su derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo, los alimentos se cubrirán en cantidad líquida, que se fijará discrecionalmente por el Juez. En la diligencia de requerimiento de pago, si el deudor se negase a efectuarlo, se procederá al embargo y la venta de sus bienes." "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos." "ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, y de ser posible en el mismo acuerdo de admisión, el Juez determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución." ARTÍCULO 263.- OPOSICIÓN A LA RESOLUCIÓN SOBRE ALIMENTOS. En la providencia no se permitirá discusión sobre el derecho de percibir alimentos, por lo que podrá hacerse el embargo inmediato sobre los bienes del deudor que se niegue a cubrir tal obligación. Cualquier reclamación sobre el derecho a recibir alimentos y el monto se substanciará en juicio del orden familiar, pero entretanto se seguirá abonando la suma señalada". Lo infundado de los argumentos propuestos, deriva de lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos al resolver los recursos de revisión 126/2022, 40/2022 y 294/2021, los cuales constituyen hechos notorios para este juzgador por estar visibles en su versión electrónica en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, en términos de la jurisprudencia P./J.16/2018 (10a.), de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).". Del estudio de las sentencias citadas, es dable sostener que no existe obligación judicial de suspender el procedimiento judicial ante la admisión del recurso de reclamación, en razón de que el recurso de reclamación promovido por el deudor alimentario no es procedente para modificar el monto de los alimentos fijados de forma provisional. Se explica. La interpretación armónica de los artículos 230 y 234 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, arroja que las providencias cautelares se decretan a peticio´n de parte legi´tima y tienen por objeto asegurar los efectos cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva, por lo que el deudor podra´ reclamar dicha providencia hasta antes del dictado de la sentencia que se dicte en el juicio: "ARTI´CULO 230. OBJETO DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES. Las providencias cautelares se decretara´n a peticio´n de parte legi´tima, cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva, y tendra´n por objeto asegurar sus efectos". ARTI´CULO 234. RECLAMACIO´N DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podra´ reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificara´ e´sta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legi´timo. La reclamacio´n debera´ fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practico´ de acuerdo con la Ley. Su realizacio´n se hara´ sin suspensio´n del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. Tambie´n puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciara´n en forma incidental". La Superioridad en Materia Civil de este Circuito, ha sostenido que el recurso de reclamacio´n previsto en el arti´culo 234 del Co´digo Procesal Familiar no es procedente para controvertir el auto que decreta los alimentos provisionales, puesto que dicha reclamacio´n, procede en contra de las providencias cautelares que se solicitan cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva y tendra´n o tienen por objeto asegurar sus efectos. Se transcriben parte de sus consideraciones: "Los artículos preinsertos denotan que la ley procesal familiar local contempla un título específico del Libro Tercero, para establecer la determinación y aseguramiento provisional de alimentos. El título séptimo de la codificación invocada y que es aplicable al presente asunto, por cuanto ve a los recursos y a la oposición contra la medida provisional de alimentos, limita el ejercicio de los primeros a los acreedores alimentarios, pues los recursos solo se contemplan a su favor y se tramitarán sin intervención del deudor. Por cuanto ve a la oposición, el mismo capítulo dispone que cualquier reclamación sobre el derecho a recibirlos y el monto de los alimentos provisionales se sustanciará en juicio del orden familiar pero entretanto se abonarán los que se fijaron de manera provisional. Es decir, la ley no contempla medio de defensa ordinario a favor del deudor alimentario contra el aseguramiento de alimentos provisionales, y señala que cualquier reclamación sobre el derecho y el monto deberá formularse en juicio del orden familiar" (Amparo en revisión 294/2021) Bajo la anterior interpretación, si no es procedente el recurso de reclamación contra la determinación de alimentos provisionales, menos puede afirmarse -como lo hace el quejoso- que ante su admisión, la Juez responsable debía suspender el procedimiento en lo principal. Por lo que se concluye que, si la interpretación que aduce el quejoso del artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, es contraria a los precedentes que se han venido dictando en el Circuito, es inconcuso que resultan infundados sus conceptos de violación; sin que esta determinación pueda tener el alcance de modificar la admisión del recurso de reclamación, pues ello no fue materia de estudio. Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Negativa que se hace extensiva a la ejecución del auto reclamado, por no haberse atacado por vicios propios. Alegatos. Con independencia de la resolución del juicio, en acatamiento del principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, respecto de los alegatos que la parte quejosa, son criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal del país: 1) que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios, por lo que el juzgado no está obligado a entrar a su estudio; y 2) que es potestad del órgano jurisdiccional, determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido que ello resultará obligatorio siempre y cuando del estudio de los alegatos, derive una incidencia o cambio de criterio, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia que se haga valer. Los aludidos criterios jurisprudenciales, están contenidos en las tesis P./J.27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." y registro electrónico 205449; P./J.26/2018 (10a.), de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." y registro electrónico 2018276; y 2a./J.122/2019 (10a.), de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." y registro electrónico 2020711. Este órgano jurisdiccional prescinde de plasmar en la sentencia, pronunciamiento sobre los alegatos formulados en este juicios, por no modificar lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados, aunado a que así lo solicitó expresamente el quejoso. Por último, debe precisarse que las tesis invocadas en este fallo, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ARTURO DÍAZ CORONA, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
SENTENCIA V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1457/2022, promovido por ******************, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otro, por considerarlos violatorios de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (foja 1 a 9). SEGUNDO. Prevención. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que señalara de manera clara, precisa y concreta el acto reclamado, indicara el número de expediente de origen así como la ampliación de os antecedentes del acto reclamado (fojas 10 a 15). Asimismo, por auto de siete de noviembre del año dos mil veintidós, subsistió la prevención a fin de que aclarara su demanda de amparo (fojas 23 a 25). TERCERO. Admisión y trámite de la demanda. Subsanada la prevención, se admitió a trámite la demanda por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós (fojas 41 a 47). CUARTO. Emplazamiento al Ministerio Público. El once de noviembre de dos mil veintidós (foja 51). QUINTO. Emplazamiento a la parte tercero interesada. Por auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo por apersonada al juicio de garantías en que se actúa y por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. SEXTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se considera necesario precisarlo, en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810 y rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de acuerdo con el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, el acto reclamado es el siguiente: Acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictado en el incidente de reclamación promovido por el deudor alimentario en contra de la medida provisional de alimentos fijada en la controversia del orden familiar 94/2021; y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado: Se tiene por cierto el acto reclamado a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y actuario adscrito en razón de así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió; las cuales, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. La parte tercera interesada en su escrito de alegatos refirió que el juicio era improcedente porque el acto reclamado fue dictado conforme a derecho y por tanto no le causa agravio alguno al quejoso. Asimismo, expone que al haberse desechado el recurso de revocación promovido contra el acto que se reclama en este juicio, éste adquirió firmeza, lo que en su opinión tornaba improcedente el presente juicio de amparo. Los argumentos se desestiman como causas de improcedencia por involucrar el fondo del asunto, lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." y registro electrónico 187973. En virtud de que este órgano jurisdiccional no advierte, en análisis oficioso, que opere alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, sigue el estudio de fondo, mediante el examen de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Aduce el quejoso en su demanda de amparo, que el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, carece de motivación y fundamentación, por no expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; asimismo refiere que existe una inexacta aplicación del artículo 234 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos que dispone que admitida la reclamación, tratándose de juicio de alimentos, se suspenderá el procedimiento, lo cual -en su opinión- lo deja en estado de indefensión, ya que al continuar el procedimiento en lo principal, no se le permite acreditar su situación económica. Antes de dar contestación a los conceptos de violación, es conveniente hacer una relatoría de hechos relevantes que al caso interesan: 1. Por escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, Dulce Melina García Sánchez, demandó en vía de controversia familiar a Arturo Corona Díaz, la guarda, custodia y alimentos, a favor de sus menores hijos de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G. 2. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Sexto Civil del primer Distrito Judicial del Estado, decretó como medidas provisionales de los menores de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G. la guarda y custodia provisional a favor de su madre Dulce Melina García Sánchez. 3. En ese mismo acuerdo, decretó la pensión alimenticia provisional en favor de los menores de iniciales D.A.C.G. y D.A.C.G., por la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), de manera mensual. 4. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, Arturo Corona Díaz, el aquí quejoso, interpuso incidente de reclamación, en contra de las medidas provisionales dictadas en el auto admisorio de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. 5. En auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió trámite el recurso de reclamación, sin suspensión del procedimiento principal. Determinación que constituye la materia de análisis en la presente instancia constitucional. Precisado lo anterior, los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno. Aun cuando es cierto que la obligación de proporcionar alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por ello, el Estado tiene el deber de vigilar que se preste esa asistencia, no obstante, en última instancia, la obligación corresponde a los particulares, derivado de una relación de familia, a fin de dar respuesta al estado de necesidad en el que se encuentra un determinado sujeto (acreedor o acreedores), bajo circunstancias específicas señaladas en la propia ley. Así, la obligación de dar alimentos surge de las relaciones de familia, como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentra el acreedor alimentario, pero, ello está sujeto al preindicado estado de necesidad y la capacidad del deudor alimentista. Sobre la obligación en estudio, el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos establece lo siguiente: "ARTÍCULO 259.- URGENCIA PARA DETERMINAR Y ASEGURAR ALIMENTOS PROVISIONALES. En caso de urgente necesidad deberán decretarse alimentos provisionales hasta por el cincuenta por ciento del salario del deudor alimentista; para ello se tendrá en cuenta el número de acreedores que ejerciten su derecho. Cuando el deudor no perciba sueldo, los alimentos se cubrirán en cantidad líquida, que se fijará discrecionalmente por el Juez. En la diligencia de requerimiento de pago, si el deudor se negase a efectuarlo, se procederá al embargo y la venta de sus bienes." "ARTÍCULO 260.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS ALIMENTOS. Para pedir que se decreten provisionalmente los alimentos, deberán acreditarse el título en cuya virtud se piden, la posibilidad de quien deba darlos y la urgencia de la medida, ésta última se acreditará, preferentemente, sólo con lo expuesto en la demanda. Cuando se soliciten por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Si se piden como medida provisional en un juicio de divorcio se señalarán y asegurarán los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos." "ARTÍCULO 261.- FIJACIÓN DEL MONTO DE LOS ALIMENTOS. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, y de ser posible en el mismo acuerdo de admisión, el Juez determinará la suma a que deben ascender los alimentos, mandando abonarlos por quincenas o semanas anticipadas. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgar caución." ARTÍCULO 263.- OPOSICIÓN A LA RESOLUCIÓN SOBRE ALIMENTOS. En la providencia no se permitirá discusión sobre el derecho de percibir alimentos, por lo que podrá hacerse el embargo inmediato sobre los bienes del deudor que se niegue a cubrir tal obligación. Cualquier reclamación sobre el derecho a recibir alimentos y el monto se substanciará en juicio del orden familiar, pero entretanto se seguirá abonando la suma señalada". Lo infundado de los argumentos propuestos, deriva de lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos al resolver los recursos de revisión 126/2022, 40/2022 y 294/2021, los cuales constituyen hechos notorios para este juzgador por estar visibles en su versión electrónica en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, en términos de la jurisprudencia P./J.16/2018 (10a.), de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).". Del estudio de las sentencias citadas, es dable sostener que no existe obligación judicial de suspender el procedimiento judicial ante la admisión del recurso de reclamación, en razón de que el recurso de reclamación promovido por el deudor alimentario no es procedente para modificar el monto de los alimentos fijados de forma provisional. Se explica. La interpretación armónica de los artículos 230 y 234 del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos, arroja que las providencias cautelares se decretan a peticio´n de parte legi´tima y tienen por objeto asegurar los efectos cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva, por lo que el deudor podra´ reclamar dicha providencia hasta antes del dictado de la sentencia que se dicte en el juicio: "ARTI´CULO 230. OBJETO DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES. Las providencias cautelares se decretara´n a peticio´n de parte legi´tima, cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva, y tendra´n por objeto asegurar sus efectos". ARTI´CULO 234. RECLAMACIO´N DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podra´ reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificara´ e´sta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legi´timo. La reclamacio´n debera´ fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practico´ de acuerdo con la Ley. Su realizacio´n se hara´ sin suspensio´n del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. Tambie´n puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciara´n en forma incidental". La Superioridad en Materia Civil de este Circuito, ha sostenido que el recurso de reclamacio´n previsto en el arti´culo 234 del Co´digo Procesal Familiar no es procedente para controvertir el auto que decreta los alimentos provisionales, puesto que dicha reclamacio´n, procede en contra de las providencias cautelares que se solicitan cuando exista un peligro de dan~o por el retardo en la ejecucio´n de la sentencia definitiva y tendra´n o tienen por objeto asegurar sus efectos. Se transcriben parte de sus consideraciones: "Los artículos preinsertos denotan que la ley procesal familiar local contempla un título específico del Libro Tercero, para establecer la determinación y aseguramiento provisional de alimentos. El título séptimo de la codificación invocada y que es aplicable al presente asunto, por cuanto ve a los recursos y a la oposición contra la medida provisional de alimentos, limita el ejercicio de los primeros a los acreedores alimentarios, pues los recursos solo se contemplan a su favor y se tramitarán sin intervención del deudor. Por cuanto ve a la oposición, el mismo capítulo dispone que cualquier reclamación sobre el derecho a recibirlos y el monto de los alimentos provisionales se sustanciará en juicio del orden familiar pero entretanto se abonarán los que se fijaron de manera provisional. Es decir, la ley no contempla medio de defensa ordinario a favor del deudor alimentario contra el aseguramiento de alimentos provisionales, y señala que cualquier reclamación sobre el derecho y el monto deberá formularse en juicio del orden familiar" (Amparo en revisión 294/2021) Bajo la anterior interpretación, si no es procedente el recurso de reclamación contra la determinación de alimentos provisionales, menos puede afirmarse -como lo hace el quejoso- que ante su admisión, la Juez responsable debía suspender el procedimiento en lo principal. Por lo que se concluye que, si la interpretación que aduce el quejoso del artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, es contraria a los precedentes que se han venido dictando en el Circuito, es inconcuso que resultan infundados sus conceptos de violación; sin que esta determinación pueda tener el alcance de modificar la admisión del recurso de reclamación, pues ello no fue materia de estudio. Ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Negativa que se hace extensiva a la ejecución del auto reclamado, por no haberse atacado por vicios propios. Alegatos. Con independencia de la resolución del juicio, en acatamiento del principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución judicial, respecto de los alegatos que la parte quejosa, son criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal del país: 1) que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, que no pueden estar por encima de los elementos probatorios, por lo que el juzgado no está obligado a entrar a su estudio; y 2) que es potestad del órgano jurisdiccional, determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido que ello resultará obligatorio siempre y cuando del estudio de los alegatos, derive una incidencia o cambio de criterio, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia que se haga valer. Los aludidos criterios jurisprudenciales, están contenidos en las tesis P./J.27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." y registro electrónico 205449; P./J.26/2018 (10a.), de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." y registro electrónico 2018276; y 2a./J.122/2019 (10a.), de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." y registro electrónico 2020711. Este órgano jurisdiccional prescinde de plasmar en la sentencia, pronunciamiento sobre los alegatos formulados en este juicios, por no modificar lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados, aunado a que así lo solicitó expresamente el quejoso. Por último, debe precisarse que las tesis invocadas en este fallo, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ARTURO DÍAZ CORONA, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil veintidós. Tercero interesada se apersona, señala domicilio, autorizados y formula alegatos Agréguese a los autos el escrito signado por ...mediante el cual, se apersona a juicio, señala domicilio, autoriza personas, solicita el uso de aparatos electrónicos y formula alegatos. Se tiene por apersonada a la tercero interesada. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a ... por apersonada al juicio de garantías en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Domicilio procesal. Toda vez que del escrito de cuenta, se advierte que el domicilio señalado por la ocursante para oír y recibir notificaciones no se encuentra completo, se ordena practicar las notificaciones por medio de lista, incluso las de carácter personal; lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizado con facultades amplias. En atención a su designación de autorizados, no ha lugar a tener por autorizados con facultades amplias a los profesionistas que designa, en razón de que no acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; a quienes únicamente se les tiene para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no acreditaron tener su cedula registrada. Alegatos Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional y podrán ser tomados en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Notifíquese.
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