Artemisa Jimenez Salmeron
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Artemisa Jimenez Salmeron
- Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el cuatro de abril de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y por oficio a la responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 89/2022, promovido por ********************, por propio derecho, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veintiuno de enero de dos mil veintidós. II. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. En auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda con respecto al acto atribuido al secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho del Estado de Morelos y se admitió a trámite únicamente por cuanto, a la Magistrada de ese Tribunal. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintisiete de enero de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a) La determinación de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, en los autos del juicio agrario ********************, por el cual declaró improcedente la medida cautelar solicitada. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, aceptó la existencia del acto reclamado consiste en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario ********************; lo que se corrobora con las constacias que anexó a su informe justificado. La anterior documental adquiere valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, quien esto resuelve advierte que con respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los artículos en cita establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de actos emitidos en juicio provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en cuyo caso, el amparo sólo podrá promoverse cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, dichas disposiciones reservan la procedencia del juicio de amparo al supuesto en el que éste se promueva contra un acto dictado dentro del juicio que afecte materialmente un derecho sustantivo. De una interpretación sistemática de los artículos en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio (emitido durante el procedimiento) cuando no afecten materialmente derechos sustantivos diversos a los derivados de la relación procesal. Esto es, cuando el acto reclamado emane de un juicio y se afecte con su emisión algún derecho fundamental de la parte quejosa como pudiera ser el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada o cualquier otra afectación a alguno de sus derechos patrimoniales, considerados como derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, el impetrante de amparo no estará obligado a esperar el dictado de la resolución definitiva del procedimiento del que emanan los actos reclamados y el juicio de amparo indirecto sería procedente en términos de la fracción V, de del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso de que el derecho fundamental transgredido con la emisión del acto reclamado, derive de la relación procesal que existe entre el emisor del acto y el afectado, de manera que éste resienta la violación en sus derechos fundamentales de defensa y trascienda al resultado de la resolución (entre los que se encuentran los derechos de audiencia, debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia) tal afectación deberá hacerla valer en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que resuelva el juicio en lo principal, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, en virtud de que la afectación en su caso versaría exclusivamente sobre los derechos procesales. Lo anterior, guarda lógica en virtud de que hace procedente el juicio de amparo indirecto de manera inmediata (sin esperar al dictado de la sentencia) cuando el acto reclamado afecta directamente algún derecho sustantivo, como pudiera ser imposición de multa o alguna carga o restricción sobre diverso derecho fundamental, diverso a los procesales (audiencia, acceso a la justicia, entre otros); y por otro lado, cuando la parte quejosa quede sin defensa debido a la afectación sufrida por la emisión del acto reclamado podrá hacer valer tal violación cuando conozca el sentido de la resolución definitiva y encuentre que la violación influyó en dicho resultado. Dicha interpretación ha sido constante por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se ha sostenido en diversos criterios que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos; por tanto, se justifica de manera excepcional la procedencia del juicio de amparo cuando afectan derechos ajenos a la litis natural y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Aún considerando que los derechos fundamentales de audiencia, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y defensa adecuada (considerándolos como derechos sustantivos) pudieran verse afectados con los actos u omisiones emitidas durante el procedimiento dichas violaciones pudieran carecer de relevancia si el gobernado obtiene una resolución favorable, y en caso contrario podrá hacerla valer en los términos previstos en el artículo 170, de la Ley de Amparo. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen los derechos protegidos por la Norma Fundamental; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto se advierten los siguientes antecedentes: 1. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, ********************, promovió la demanda del mejor derecho de seguir poseyendo de cierto bien inmueble, así como la nulidad de actos y contratos que contravienen las leyes agrarias contra 1) Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (a través de sus representantes); 2) Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos; 3) la Dirección de Predial y Catastro del Municipio de Cuernavaca Morelos y 4) Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y/o Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el que les reclamó básicamente: a) la declaración judicial que se haga en el Tribunal Unitario Agrario del reconocimiento del mejor derecho a seguir poseyendo el inmueble ubicado en ********************, dentro de los limites comunales del poblado de ********************, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos; b) una vez declarado lo anterior, la ratificación de los derechos posesorios sobre el terreno comunal; c) la orden de inscripción de la sentencia pronunciada en el Registro Agrario Nacional; d) el apercibimiento a los demandados de que se abstengan de perturbarla de la posesión de manera definitiva; e) La cancelación de cualquier documento o registro que se hubiere realizado en el Registro Agrario Nacional; f) el pago de gastos y costas; g) la prescripción adquisitiva. Así como h) la declaración judicial de la nulidad y/o inexistencia (por ilicitud del objeto) de la escritura pública que exhibió; i) la declaración judicial al Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, a la Dirección de Catastro, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y/o Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de la cancelación de la cuenta catastral realizado sobre el inmueble demandado; j) la orden de inscripción de la sentencia pronunciada en el Registro Agrario Nacional; k) el apercibimiento a los demandados de que se abstengan de perturbarla de la posesión de manera definitiva; l) la prescripción adquisitiva; m) se ordene a las dependencias demandadas se haga la escrituración e inscripción correspondiente. 2. Mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se previno a la parte actora a efecto de que en el plazo de ocho días señalara el domicilio de ********************, en razón de resultarles el carácter de litisconsortes pasivos necesarios por haber intervenido en la escritura pública presentada, además para que exhibiera las copias de traslado del escrito de desahogo de la prevención para el respectivo emplazamiento. En el mismo auto el Tribunal Unitario Agrario determinó que en términos del artículo 166 de la Ley Agraria que no procedía decretar la medida precautoria solicitada, a razón de que como lo señaló la actora en su demanda existen antecedentes de un juicio civil sobre el citado predio, por lo que en términos del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen recursos o medios de impugnación en contra de los actos de autoridad y terceros que no hayan sido llamados a juicio. En ese contexto, del examen realizado a las constancias que integran el juicio de amparo, este juzgador encuentra que el acto reclamado consistente en el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario ********************, a través del cual, entre otras cosas, se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la hoy quejosa (actora en el juicio de origen) para el efecto de no ser molestada en la posesión del bien inmueble que aduce tener, en virtud de que se encuentra en condiciones de hacer valer los recursos y medios de impugnación previstos en la ley para hacer valer sus derechos, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior es así, en virtud de que con su emisión no se afecta de manera actual y real su esfera jurídica; ello en virtud de que con la misma no se impone alguna carga que afecte directamente algún derecho sustantivo de la quejosa, ni implica que se encuentre en una posición que le resulte desfavorable dentro del juicio; lo anterior, tomando en consideración que su demanda fue admitida y que la negativa de la medida cautelar no implica de suyo una afectación a sus bienes, derechos o posesiones. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no se afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una resolución favorable a sus intereses o si al resolverse en sentido contrario, dicha determinación se encuentre justificada de manera fundada y motivada; y de considerar lo contrario estará en condiciones de promover el juicio de amparo directo y hacer valer en el mismo las violaciones procesales que considere trascendieron al resultado del fallo. De tal manera que el acto reclamado no constituye una actuación definitiva que afecte directamente algún derecho sustantivo (diferente a los de defensa, audiencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva) de la parte quejosa y no puede considerarse de imposible reparación, por lo que la parte quejosa estará en condiciones de hacerla valer, en su caso, contra la resolución definitiva que determine la situación jurídica que debe prevalecer respecto de la controversia, en caso de que las violaciones que considera existen, trasciendan al resultado final y que por virtud de las mismas haya quedado indefensa. En tal virtud, al no surtirse la hipótesis de procedencia que refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es claro que opera la causa de improcedencia ya invocada y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en esta instancia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones establecidas en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cuatro de abril de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
AVISO. - En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: ARTEMIZA JIMÉNEZ SALMERÓN, el auto y/o resolución de CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 89/2022, promovido por ********************, por propio derecho, y; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veintiuno de enero de dos mil veintidós. II. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. En auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se desechó la demanda con respecto al acto atribuido al secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho del Estado de Morelos y se admitió a trámite únicamente por cuanto, a la Magistrada de ese Tribunal. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintisiete de enero de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: a) La determinación de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, en los autos del juicio agrario ********************, por el cual declaró improcedente la medida cautelar solicitada. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, aceptó la existencia del acto reclamado consiste en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario ********************; lo que se corrobora con las constacias que anexó a su informe justificado. La anterior documental adquiere valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, quien esto resuelve advierte que con respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los artículos en cita establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de actos emitidos en juicio provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en cuyo caso, el amparo sólo podrá promoverse cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, dichas disposiciones reservan la procedencia del juicio de amparo al supuesto en el que éste se promueva contra un acto dictado dentro del juicio que afecte materialmente un derecho sustantivo. De una interpretación sistemática de los artículos en cita, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un juicio (emitido durante el procedimiento) cuando no afecten materialmente derechos sustantivos diversos a los derivados de la relación procesal. Esto es, cuando el acto reclamado emane de un juicio y se afecte con su emisión algún derecho fundamental de la parte quejosa como pudiera ser el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada o cualquier otra afectación a alguno de sus derechos patrimoniales, considerados como derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, el impetrante de amparo no estará obligado a esperar el dictado de la resolución definitiva del procedimiento del que emanan los actos reclamados y el juicio de amparo indirecto sería procedente en términos de la fracción V, de del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso de que el derecho fundamental transgredido con la emisión del acto reclamado, derive de la relación procesal que existe entre el emisor del acto y el afectado, de manera que éste resienta la violación en sus derechos fundamentales de defensa y trascienda al resultado de la resolución (entre los que se encuentran los derechos de audiencia, debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia) tal afectación deberá hacerla valer en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia que resuelva el juicio en lo principal, en términos del artículo 170, de la Ley de Amparo, en virtud de que la afectación en su caso versaría exclusivamente sobre los derechos procesales. Lo anterior, guarda lógica en virtud de que hace procedente el juicio de amparo indirecto de manera inmediata (sin esperar al dictado de la sentencia) cuando el acto reclamado afecta directamente algún derecho sustantivo, como pudiera ser imposición de multa o alguna carga o restricción sobre diverso derecho fundamental, diverso a los procesales (audiencia, acceso a la justicia, entre otros); y por otro lado, cuando la parte quejosa quede sin defensa debido a la afectación sufrida por la emisión del acto reclamado podrá hacer valer tal violación cuando conozca el sentido de la resolución definitiva y encuentre que la violación influyó en dicho resultado. Dicha interpretación ha sido constante por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se ha sostenido en diversos criterios que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos; por tanto, se justifica de manera excepcional la procedencia del juicio de amparo cuando afectan derechos ajenos a la litis natural y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Aún considerando que los derechos fundamentales de audiencia, tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y defensa adecuada (considerándolos como derechos sustantivos) pudieran verse afectados con los actos u omisiones emitidas durante el procedimiento dichas violaciones pudieran carecer de relevancia si el gobernado obtiene una resolución favorable, y en caso contrario podrá hacerla valer en los términos previstos en el artículo 170, de la Ley de Amparo. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen los derechos protegidos por la Norma Fundamental; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto se advierten los siguientes antecedentes: 1. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, ********************, promovió la demanda del mejor derecho de seguir poseyendo de cierto bien inmueble, así como la nulidad de actos y contratos que contravienen las leyes agrarias contra 1) Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (a través de sus representantes); 2) Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos; 3) la Dirección de Predial y Catastro del Municipio de Cuernavaca Morelos y 4) Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y/o Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en el que les reclamó básicamente: a) la declaración judicial que se haga en el Tribunal Unitario Agrario del reconocimiento del mejor derecho a seguir poseyendo el inmueble ubicado en ********************, dentro de los limites comunales del poblado de ********************, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos; b) una vez declarado lo anterior, la ratificación de los derechos posesorios sobre el terreno comunal; c) la orden de inscripción de la sentencia pronunciada en el Registro Agrario Nacional; d) el apercibimiento a los demandados de que se abstengan de perturbarla de la posesión de manera definitiva; e) La cancelación de cualquier documento o registro que se hubiere realizado en el Registro Agrario Nacional; f) el pago de gastos y costas; g) la prescripción adquisitiva. Así como h) la declaración judicial de la nulidad y/o inexistencia (por ilicitud del objeto) de la escritura pública que exhibió; i) la declaración judicial al Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, a la Dirección de Catastro, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y/o Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de la cancelación de la cuenta catastral realizado sobre el inmueble demandado; j) la orden de inscripción de la sentencia pronunciada en el Registro Agrario Nacional; k) el apercibimiento a los demandados de que se abstengan de perturbarla de la posesión de manera definitiva; l) la prescripción adquisitiva; m) se ordene a las dependencias demandadas se haga la escrituración e inscripción correspondiente. 2. Mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se previno a la parte actora a efecto de que en el plazo de ocho días señalara el domicilio de ********************, en razón de resultarles el carácter de litisconsortes pasivos necesarios por haber intervenido en la escritura pública presentada, además para que exhibiera las copias de traslado del escrito de desahogo de la prevención para el respectivo emplazamiento. En el mismo auto el Tribunal Unitario Agrario determinó que en términos del artículo 166 de la Ley Agraria que no procedía decretar la medida precautoria solicitada, a razón de que como lo señaló la actora en su demanda existen antecedentes de un juicio civil sobre el citado predio, por lo que en términos del artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen recursos o medios de impugnación en contra de los actos de autoridad y terceros que no hayan sido llamados a juicio. En ese contexto, del examen realizado a las constancias que integran el juicio de amparo, este juzgador encuentra que el acto reclamado consistente en el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario ********************, a través del cual, entre otras cosas, se declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la hoy quejosa (actora en el juicio de origen) para el efecto de no ser molestada en la posesión del bien inmueble que aduce tener, en virtud de que se encuentra en condiciones de hacer valer los recursos y medios de impugnación previstos en la ley para hacer valer sus derechos, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior es así, en virtud de que con su emisión no se afecta de manera actual y real su esfera jurídica; ello en virtud de que con la misma no se impone alguna carga que afecte directamente algún derecho sustantivo de la quejosa, ni implica que se encuentre en una posición que le resulte desfavorable dentro del juicio; lo anterior, tomando en consideración que su demanda fue admitida y que la negativa de la medida cautelar no implica de suyo una afectación a sus bienes, derechos o posesiones. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no se afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una resolución favorable a sus intereses o si al resolverse en sentido contrario, dicha determinación se encuentre justificada de manera fundada y motivada; y de considerar lo contrario estará en condiciones de promover el juicio de amparo directo y hacer valer en el mismo las violaciones procesales que considere trascendieron al resultado del fallo. De tal manera que el acto reclamado no constituye una actuación definitiva que afecte directamente algún derecho sustantivo (diferente a los de defensa, audiencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva) de la parte quejosa y no puede considerarse de imposible reparación, por lo que la parte quejosa estará en condiciones de hacerla valer, en su caso, contra la resolución definitiva que determine la situación jurídica que debe prevalecer respecto de la controversia, en caso de que las violaciones que considera existen, trasciendan al resultado final y que por virtud de las mismas haya quedado indefensa. En tal virtud, al no surtirse la hipótesis de procedencia que refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es claro que opera la causa de improcedencia ya invocada y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en esta instancia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones establecidas en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cuatro de abril de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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