Arturo Delgado Vásquez
Expediente 857/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 24/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arturo Delgado Vásquez
- Arturo Delgado Vásquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de seis de agosto de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción por haberse sobreseído el juicio de amparo. Entonces, luego de tres años podrá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General Conjunto 1/2009. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXXXXXX . Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL PROVEÍDO DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA: Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio *******, que signa la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa que en el juicio laboral *******, del que emanan los actos reclamados, ya no existen pruebas pendientes para su desahogo; asimismo, remite copia con firmas autógrafas del proveído de dos de agosto del año en curso, mediante el cual se abrió el período de alegatos y se concedió a las partes un término de dos días hábiles computado legalmente, a fin de que formulen sus respectivos alegatos; en tal virtud, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, *******, por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada a este Juzgado en la propia fecha, promovida contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad a quien le reclamó: [.] La omisión de la H. Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral y consiguiente la prontitud en la emisión de la resolución que ponga fin a ese procedimiento, particularmente por cuanto hace al período dentro del cual deben quedar desahogadas las pruebas ofertadas dentro del juicio natural. Y respecto de las autoridades que señalo con el carácter de ejecutoras reclamo la omisión en que han incurrido de dar debido trámite a los exhortos que la autoridad ordenadora le ha enviado con la intención de que en su auxilio se lleve a cabo el desahogo de pruebas ofrecidas dentro de ese juicio. [.] 2. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo *******; se solicitó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Por oficio recibido el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rindió su informe justificado. 4. Por oficio *******, recibido en este juzgado el cuatro de los actuales, la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó que en el juicio laboral *******, del que emanan los actos reclamados, ya no existen pruebas pendientes para su desahogo; asimismo, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de dos de agosto del año en curso, mediante el cual abrió el período de alegatos y concedió a las partes un término de dos días hábiles computado legalmente, a fin de que formularan sus respectivos alegatos. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Ahora, debe traerse a colación que se reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral, a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral, particularmente por cuanto hace al período dentro del cual deben quedar desahogadas las pruebas ofrecidas dentro del juicio natural. Asimismo, debe establecerse que del oficio de cuenta, se advierte que en el juicio laboral *******, ya no existen pruebas pendientes para su desahogo y que el dos de agosto del año que transcurre se abrió el período para que las partes formulen sus respectivos alegatos. Bajo esas premisas, en virtud de que la autoridad responsable informa y acredita que ya fueron desahogadas en su totalidad las pruebas ofertadas por las partes en el expediente natural, es inconcuso que se restituyó el derecho de que se trata y se cumplió lo que el mismo exige y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que pueda ser materia de restitución mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. No obsta para sobreseer en el presente asunto, que el juicio de origen aún no se haya concluido, toda vez que cuando se alega en la instancia constitucional la violación al derecho de impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los alcances por los que eventualmente pudiera llegar a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; por tanto, dado que lo que reclamó el quejoso fue la omisión de proveer las diligencias necesarias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral, a efecto de garantizar a las partes la prontitud en la tramitación del procedimiento laboral, con ello se agota la etapa procesal respectiva, lo que evidencia que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos. Apoya esta conclusión la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda; y, en atención a su contenido se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitiendo copias certificadas de la totalidad de los autos que conforman el expediente laboral *******, debidamente integrado y foliado, por tanto, se ordena dar vista a las partes con las mismas para que manifiesten lo que a su interés convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, dado el volumen de las copias certificadas, se ordena que las mismas obren como anexo a este expediente, respetando su numeración, bajo el tomo II, únicamente para consulta debiendo continuar las actuaciones en este tomo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual intenta dar cumplimiento al proveído de dieciséis de junio del año en curso, en el que se le solicitó remitiera en copia certificada la totalidad de las constancias que integran el expediente ******* de su índice, a partir del escrito de ofrecimiento de pruebas de las partes. Ahora, la autoridad responsable remite copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral *******; sin embargo, resulta imposible seguir la secuencia de las mismas, pues no se encuentra debidamente integrada ni foliada. Por tanto, hágase la devolución de la misma para que en el término de veinticuatro horas computado legalmente, remita en copia certificada debidamente integrada y foliada la totalidad de las constancias que integran el expediente ****** de su índice, a partir del escrito de ofrecimiento de pruebas de las partes. Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado en la temporalidad que se les concede, conforme a lo dispuesto por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medición y Actualización, por la cantidad de $*******, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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