Arturo Del Villar Soto

Expediente 269/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
269/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Arturo Del Villar Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Administrador Postal Lerdo, de la Gerencia Estatal Chihuahua, del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de trece del mes y año en curso, remite copia certificada del acuse postal relativo al oficio 36634/2019, dirigido al Director de Transporte Público del Estado, a través del cual se le notificó la sentencia emitida dentro del presente juicio. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo solicitado por ************, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la quejosa ***************, para que la responsable realice lo siguiente: En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo solicitado para que las responsables, Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistentes los acuerdos dictados para dar contestación al escrito que el quejoso dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta) el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 2. En su lugar, emitan una nueva determinación en la que, sobre la base de lo analizado en el presente considerando, den respuesta congruente y completa a los puntos peticionados por el quejoso. 3. Para tal efecto, las responsables deberán proceder de la siguiente manera: 3.1. El Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua deberá reiterar aquellos aspectos que no son materia de esta concesión y pronunciarse de manera fundada y motivada, sobre la procedencia o improcedencia, de otorgar copia al quejoso de cada uno de los proyectos a los que hizo referencia en su oficio de contestación. 3.2. El Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, Chihuahua, deberá emitir una nueva respuesta, suficientemente fundada y motivada, en la que dé puntual respuesta a la solicitud del quejoso, formulada en el sentido de que si existía algún proyecto de ampliación ".del servicio de transporte público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y calle Jumanos, en esta ciudad.."; asimismo, deberá pronunciarse en lo relativo a la procedencia o improcedencia de otorgar copia al ahora quejoso, de los análisis a los que hizo mérito. 4. Hecho lo anterior, notifiquen de manera personal al solicitante del amparo, la respuesta que den a su escrito, y remitan copia certificada de ambos actos. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio DTP.103.0414/2019, el Jefe del Departamento de Transporte en Ciudad Juárez, remitió diversas constancias y disco compacto, con lo que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio; sin embargo, dado que a la fecha de recepción de la citada comunicación oficial aún no causaba ejecutoria la sentencia dictada, se reservó acordar al respecto hasta que dicha resolución quedara firme; por tanto, una vez que la diversa responsable Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, de cumplimiento a la multicitada sentencia, provéase lo conducente al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere únicamente a la responsable, Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($8,449.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, para que, en el mismo término de tres días ordene a su subalterno, que cumpla con la ejecutoria, y lo acredite con las constancias respectivas. Se hace del conocimiento del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente al Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, incurrirá en las mismas responsabilidades que dicha autoridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita que se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; en atención a lo solicitado, dígase al promovente que, una vez que transcurra el plazo a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo y, en su caso, cause ejecutoria la resolución dictada en audiencia constitucional, se estará en condiciones de acordar lo relativo a requerir el cumplimiento respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 269/2019-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El nueve de abril de dos mil diecinueve, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de las que reclamó, la omisión de dar respuesta al escrito que les presentó el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de abril del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número 269/2019-II; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Primera ampliación de demanda. Mediante escrito de trece de mayo de dos mil diecinueve, el quejoso amplió su demanda de amparo en contra de la contestación que formularon las autoridades responsables, Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez. QUINTO. Segunda ampliación de demanda. Por acuerdo de diecisiete de mayo del mismo año, se tuvieron como autoridades inexistentes, a las que el quejoso denominó como: "Representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez"; no obstante, en acuerdo de veintinueve del mismo mes, este Juzgado le dio vista para que manifestara si era su deseo señalar, en sustitución de tal autoridad inexistente, a Luis Mario Dena Torres (a quien dirigió su escrito de petición), quien aparecía bajo los diversos nombramientos de Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Chihuahua y como Asesor técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad. En esa medida, a través del escrito presentado el diez de junio del actual, el quejoso formuló una segunda ampliación de demanda de amparo, respecto del Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Asesor técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, la cual, previa aclaración, se admitió a trámite por auto de diecisiete del mismo mes. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1). De la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, Director de Transporte Público del Estado y Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua: a) La omisión de dar respuesta al escrito que el quejoso dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta) el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 2). De la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez: b) Los oficios de contestación al escrito que el quejoso dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta) el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de omisiones reclamadas. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, de manera previa a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Es apoyo de esta consideración, por las razones que informa, la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, octava época, del rubro y texto siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En el caso, el rendir sus respectivos informes con justificación, las autoridades responsables, Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua, Director de Transporte Público del Estado de Chihuahua y Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, en sus denominaciones correctas, negaron la existencia del acto reclamado y adujeron que, de los propios hechos narrados por la parte quejosa no se advertía que le hubieran presentado un escrito directamente, sino que fue dirigido a diversa autoridad. Al respecto, es oportuno considerar que un acto reclamado tiene la característica de ser negativo, cuando denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye; por ello, si el acto por su naturaleza tiene esa característica y la autoridad a quien se le atribuye lo niega, no corresponde al quejoso demostrar su existencia debido a que este último no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención que reclama sino que, como la negativa expresada por la autoridad encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, le corresponde acreditarlo. En otras palabras, cuando los actos reclamados consistan en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de los mismos, en principio, no corresponde a la parte quejosa, sino que son las responsables quienes se encuentran obligadas a demostrar que no incurrieron en ellos, siempre y cuando el quejoso demuestre haber formulado la solicitud respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.A. J/21, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, del tomo V, segunda parte-2, de enero a junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia administrativa, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Asimismo, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, del tomo XIII, marzo de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia común, del tenor: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. En el caso, la omisión que se atribuyó al Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua, al Director de Transporte Público del Estado de Chihuahua y al Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, en sus denominaciones correctas, de quienes se reclamó la abstención de dar contestación al escrito que el quejoso dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, resultan inexistentes. Para evidenciar lo anterior, es menester citar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El precepto transcrito prevé el denominado "derecho de petición", el cual, acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho humano consagrado en el artículo 8o., constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por dos elementos a saber: a. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b. La respuesta: la autoridad a la que se dirija el escrito, debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe de "hacerlo conocer en breve término al peticionario", en el domicilio que señaló para tales efectos. Conforme a este derecho humano, no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa. Asimismo, se deduce que el derecho de petición, únicamente puede reclamarse de la autoridad a la que se haya dirigido el escrito de solicitud respectivo. Atento a lo anterior, basta que el peticionario de amparo haya elevado una petición a la autoridad responsable para que ésta se encuentre obligada en términos del artículo constitucional de referencia, siempre que aquélla se formule de manera pacífica y respetuosa; de ahí que constituya un requisito de procedibilidad la demostración de que se formuló esa solicitud a la autoridad de que se reclame la omisión, para lograr determinar la inactividad de la autoridad responsable. En el caso, el Director de Transporte Público del Estado de Chihuahua afirmó que sólo recibió una copia del escrito del quejoso, pero que no estaba dirigida a esa autoridad; por su parte, el Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua refirió que la ahora parte quejosa no le ha presentado los escritos cuya omisión de contestar le atribuyó; y, por su parte, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua manifestó, entre otras cosas, que una diversa autoridad fue la que dio contestación al escrito que formuló el quejoso. En ese sentido, cabe mencionar que lo aseverado por las referidas autoridades responsables, se encuentra corroborado con las constancias de autos; en primer término, porque el escrito en el que el quejoso ejerció su derecho de petición se dirigió exclusivamente al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, denominación correcta de la señalada por el quejoso como "Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología, en esta ciudad" y no a las autoridades señaladas en el punto que antecede, a quienes, eventualmente, únicamente les remitió copia de esa solicitud, pero no les elevó petición alguna. Aunado a lo anterior, el quejoso no allegó al juicio prueba alguna, a través de la que pudiera demostrar que la solicitud de información también se dirigió al Director de Transporte Público del Estado de Chihuahua, al Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, o bien, al Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua; de ahí que no puede tenerse por cierto que se haya ejercido el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución General de la República, ante tales autoridades. En esa medida, al no obrar constancia de la existencia de que el quejoso haya formulado solicitud alguna ante las referidas autoridades responsables, es inconcuso que la omisión que les fue atribuida, resulta inexistente, pues de constancias se advierte que es jurídicamente las autoridades no están obligadas a dar contestación a un escrito que no se les realizó petición alguna; de ahí la inexistencia de tales actos. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIV, de octubre de 1994, página 313, del siguiente tenor: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto de las omisiones que se atribuyeron a las autoridades que se analizan en el presente considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, implícitamente aceptaron la omisión de dar contestación al escrito que el quejoso dirigió el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, al citado Delegado Regional. Asimismo, el Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió copia simple del oficio DRJ/074/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, así como de la constancia de notificación de veinticinco del mismo mes. Mientras que el Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez contestó, dentro de su informe justificado, la petición formulada por el quejoso y cuyo contenido transcribió en el oficio DTP.103.0340/2019, de treinta y uno de mayo del actual, aun cuando no le había sido dirigida inicialmente. En esta tesitura, debe tenerse por cierta tanto la omisión de dar contestación al escrito de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, pues las respuestas ocurrieron con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; así como la propia respuesta que dieron a lo solicitado por el quejoso; de ahí que deba tenerse por ciertos la omisión y los actos de contestación, reclamados a las mencionadas autoridades responsables. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza alguno de los motivos de improcedencia del presente juicio de amparo, que alegan las autoridades responsables, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, al rendir el informe con justificación solicitado respecto de la demanda y su ampliación, la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (folios 24 y 122) arguye, de manera general y abstracta, que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XX , de la Ley de Amparo, aunque sin precisar las razones por las que considera que ello ocurre de esa manera. La invocación de las fracciones que prevén la existencia de dos diversas causas de improcedencia es ineficaz para decretar la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, la sola cita de los preceptos que cita la quejosa como fundamento de la improcedencia del juicio de amparo, no constituye un argumento lógico jurídico mediante el cual se expliqué el por qué considera que se actualizan las causales que enuncia. En efecto, el contenido de la ley y su interpretación jurídica, por sí mismo no resuelve problemas en particular, sino que dadas sus características requiere de un análisis lógico para saber si las circunstancias fácticas encuadran en sus prescripciones, lo cual requiere, al menos, un mínimo razonamiento que explique la forma en que los hechos se ubican en el supuesto normativo, pues sin esa justificación la exposición aislada de la segunda se aprecia como una mera enunciación de una hipótesis de improcedencia, sin significado jurídico alguno, ya que la misma existe aun cuando no se le invoque. La sola cita de un precepto normativo que implique o contemple una causa de improcedencia, por regla general, no obliga a los tribunales que conozcan del juicio de amparo a escrutar todas las posibles razones por las cuales la acción intentada podría resultar inejercitable y el juzgador no puede avocarse al análisis oficioso de causas que no se adviertan de manera palpable, ante la variedad de posibles interpretaciones de las disposiciones que sustentaron la petición de improcedencia. En esa medida, si en el presente asunto, la referida autoridad se concretó a señalar que se actualizan las causas de improcedencia contempladas en las fracciones que cita del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no argumentó su dicho. Por tanto, al haber aducido dos causas de improcedencia que no son de obvia y objetiva constatación, habida cuenta que se refiere a actos que afectan los intereses jurídicos del quejoso y de actos que deban ser revisados de oficio o contra los que proceda algún recurso en sede ordinaria, no bastaba que la autoridad responsable señalara de manera dogmática que se actualiza esa causa de improcedencia para avocarse a su estudio, sino que era su carga que expusiera los argumentos lógico jurídicos por los cuales consideraba que en el caso tal supuesto se actualizaba. Luego, al no haberse hecho así, este órgano considera que la responsable no cumplió con su mínima carga procesal que permita analizar la causal de improcedencia que alegó y, ante ello, no se encuentra obligado a examinarla y darle contestación. Sustenta las anteriores consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aún sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. En otro orden de ideas, una vez desestimados los motivos de improcedencia invocados por la autoridad responsable indicada en el considerando que antecede, este Juzgado considera que, en la especie, se actualiza la diversa causal que se encuentra prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo , que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama de la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, la omisión de dar contestación al escrito que el quejoso dirigió -a la primera de las mencionadas- el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Sin embargo, al rendir su informe con justificación, se advierte que el Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua a través del oficio DRJ/074/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, así como de la constancia de notificación de veinticinco del mismo mes, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso, respecto de la cual también se amplió la demanda de amparo. Asimismo, el Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez contestó, dentro de su informe justificado, la petición formulada por el quejoso, cuyo contenido transcribió posteriormente en el oficio DTP.103.0340/2019, de treinta y uno de mayo del actual, que se aprecia se notificó al quejoso el propio treinta y uno de mayo, del cual se le dio vista a la parte quejosa y, en desahogo de la misma, amplió la demanda de amparo con relación a la contestación correspondiente. De manera que, si las mencionadas autoridades dieron contestación al escrito que el dieciocho de febrero del año en curso, el ahora solicitante del amparo dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (denominación correcta de la señalada como "Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología, en esta ciudad") y, las responsables indicadas dieron contestación a la petición formulada, tan es así que se amplió la demanda de amparo respecto de tales respuestas, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce del derecho que se adujo violentado, es decir, restituyendo al promovente en el derecho que alegó transgredido, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría como consecuencia, precisamente, el obligar a las responsables en términos de lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, a emitir un acuerdo, relativo al escrito formulado por la parte quejosa, y exigirles notificar dicho proveído, que como ya se dijo, finalmente ocurrió durante el trámite del presente juicio; de ahí que, en el caso, la omisión reclamada haya cesado en sus efectos. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, respecto de las omisiones que se atribuyeron a la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y al Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Al no advertirse diversa causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se adviertan oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional de los escritos de contestación por los que se amplió la demanda de amparo. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: Del contenido integral del escrito de ampliación de demanda (fojas 55 a 58), se advierte que la parte quejosa aduce, en esencia, que se viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal, en razón de que la autoridad responsable al emitir la respuesta otorgada a su escrito de dieciocho de febrero del año en curso, no es congruente ni exhaustiva a dar contestación a lo solicitado, toda vez que, no le expidieron las copias de los proyectos a los que se hicieron referencia en sus informes. Lo alegado por el quejoso es sustancialmente fundado. Con el propósito de evidenciar este aserto, es preciso señalar que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Como se analizó en diverso considerando de esta sentencia, el precepto legal consagra, en esencia, el derecho de petición a favor de los habitantes de la República, el cual consiste en la facultad que tiene el gobernado para dirigirse a la autoridad con la correspondiente obligación de los órganos y servidores que ejercen el poder público, de contestar por escrito los pedimentos que se les dirijan y darlos a conocer a los interesados en breve término. Como presupuesto debe concurrir la petición que se formula al servidor público en su calidad de autoridad, es decir, que se le formule una solicitud determinada, lo cual se caracteriza por tener el reconocimiento de una relación de supra a subordinación entre el gobernado, y la autoridad ante la cual se dirige la promoción correspondiente. De igual forma, se advierte que la petición que se presente por parte del gobernado a los funcionarios y servidores públicos, debe realizarse por escrito, y en forma respetuosa y pacífica. Realizado lo anterior, la autoridad o servidor público a quien se eleve la petición, tiene la obligación jurídica ineludible de acordar lo relativo a la solicitud de que se trate, lo cual deberá llevar a cabo en un breve término. Determinación que se sustenta en la jurisprudencia P./J. 42/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, de abril de 2001, página 126, que establece: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. En relación con el ejercicio del derecho de petición se resalta que, la respuesta que recaiga al ocurso debe ser por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento del gobernado, en breve plazo, aunque sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de la Quinta Época, Instancia Segunda Sala del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis 129, página 88, que establece: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero si impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Una vez sentado lo anterior respecto de los elementos que conforman la respuesta que debe recaer a un derecho de petición, conviene observar de nueva cuenta la petición del escrito de dieciocho de febrero del año en curso, presentado ante la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua, de lo cual se destaca que pidió a la autoridad responsable: [.] JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, EN ESTA CIUDAD. ******* [.] Por medio del presente escrito, con el carácter que me ostento y que tengo plenamente reconocido ante las autoridades de transporte público en el Estado y que solicito me sea reconocido ante Usted para todos los efectos legales con las documentales que exhibo adjunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1°, 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al respeto a mis derechos humanos se refiere [.] BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto a Usted como ciertos los siguientes antecedentes. 1. De fuentes informativas de la localidad, me enteré que la Dependencia a su digno cargo realiza actualmente un Proyecto de Ampliación de la Ruta Troncal del servicio de transporte público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y calle Jumanos, en esta ciudad. 2. Y que para el citado efecto actualmente realizan obras de adecuaciones en dicho tramo, como es un carril confinado, vialetones (sic), señalización y la infraestructura vial necesaria 3. Que dicha obra se encuentra financiada por el fideicomiso de los puentes fronterizos. 4. Preocupados por lo anteriormente expresados obtuvimos una cita el quince de febrero del año en curso con el Licenciado *******, Director de Transporte Público del Estado, para conocer dicho proyecto y definir si de autorizarse se violaban las leyes correspondientes en nuestro perjuicio y si resultábamos perjudicados adquiriendo automáticamente los demás compañeros de la Juárez-Zaragoza el carácter de terceros interesados y agraviados, a lo que nos informó lo siguiente: "... Que en efecto existe ese proyecto, que ya se encuentra la infraestructura vial en ese tramo, que él lo desconoce y que Usted tiene el encargo de llevarlo a cabo, sin embargo, Transporte Público no sabe nada a la fecha, además señalando que no va a permitir que se nos trasgreda nuestros derechos...", Situación que no le creemos, porque de antemano sabemos que a "hurtadillas" planean dichas autoridades maquiavélicamente perjudicarnos para proteger intereses mezquinos y perversos, lo anterior a sabiendas que dicha autorización nos perjudica. 5. Por ello acudo ante Usted a que se me informo de dicho proyecto y se me expida copia de todo lo realizado para definir las acciones que correspondan en aras de la defensa de mis derechos humanos, legales de protesta y denuncia legal y pública que a mis intereses correspondan. Por lo anteriormente expuesto a Usted, solicitamos: Único. Se provea de conformidad a lo antes solicitado, enterándonos y expidiéndonos copia de todo lo actuado en ese proyecto y se verifique que el mismo de autorizarse no vaya a perjudicar a nuestros intereses y familia, como a cientos de compañeros que se dedican a la prestación de dicho servicio. [.] Por su parte, el Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua remitió copia simple del oficio DRJ/074/2019, de veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que respondió al quejoso lo siguiente: SR. *******. CONCESIONARIO Y REPRESENTANTE DE LA RUTA JUÁREZ-ZARAGOZA. CALLE SAN DIEGO NUMERO 1863 DE LA COLONIA INDUSTRIAL. PRESENTE. En relación con su petición ingresada por escrito a esta oficina el día 18 de febrero del año en curso, lo comento lo siguiente: Que en esta Delegación Regional a mi cargo NO se cuenta con Proyecto de Ampliación de la Ruta Troncal del Servicio de Transporte Público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y Calle Júmanos, en esta Ciudad. Hago de su conocimiento que dentro de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología SDUE se están llevando a cabo varios proyectos relacionados con el Troncal I del Ecobús Presidencia-Tierra Nueva, los cuales consisten en mejoras a los carriles confinados, rediseño de las estaciones y la implementación de una ruta exprés, todo dentro de los límites actuales de la ruta. También dentro de SDUE se están elaborando estudios para mejorar el sistema de las rutas de transporte público, el cual será consensado con los concesionarios cuando el estudio arroje resultados, dentro de estos estudios se toman en cuenta las rutas troncales I y II, así como el crecimiento que ha tenido la ciudad. Asimismo, actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en coordinación con la Dirección de Transporte Público, se están elaborando estudios para mejorar el sistema de las rutas de transporte público, el cual será consensado con los concesionarios cuando el estudio arroje resultados. Como parte de estos proyectos, actualmente están licitados y en proceso de elaboración. Información que ya les había sido proporcionada de manera verbal en fecha 01 de marzo del año en curso, en reunión que tuviera verificativo en las instalaciones de la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a un grupo de concesionarios, entre los cuales usted se encontraba presente, por lo que por este medio le reitero la información que ya les había sido proporcionada en dicha fecha. Sin otro asunto que tratar por el momento y reiterándole mis consideraciones quedo de usted. En el mismo sentido, dentro de su informe justificado rendido el treinta de abril del actual, el Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez contestó, la petición formulada por el quejoso y cuyo contenido transcribió en el oficio DTP.103.0340/2019, en el que refirió: [.] Por lo que, en aras de resarcir la omisión cometida por esta autoridad y en cumplimiento del Artículo 1° y 8 ° de la Constitución Política Mexicana, en este momento doy contestación a lo solicitado por el C. *******, contestación que se basa en lo siguiente: En contestación a la petición realizada por el C. ******* informo lo siguiente: En concordancia con la información solicitada, respecto al confinamiento de un carril para ambos sentidos de la prolongación del Blvd. Zaragoza como cambio de recorrido para la línea troncal, hago de su conocimiento que en esta dependencia el "Departamento de Transporte en Ciudad Juárez", no contamos con ningún tipo de documentación y/o proyecto referente a la construcción o cambio de operación del sistema. La única información disponible es un análisis en el que se revisa el empate de las líneas existentes con el recorrido de la línea troncal, puesto que la línea troncal opera la totalidad del recorrido de la ya inexistente línea Tierra Nueva, la cual mucho antes de la implementación de la línea troncal, la línea Tierra Nueva ya circulaba paralela a varias de las líneas todavía existentes, entre ellas la línea Juárez Zaragoza, se menciona como propuesta la continuidad de la operación sobre el mismo Blvd. Zaragoza tomando en cuenta que no es un cambio tan radical a la operación original puesto que los empates (los kilómetros recorridos paralelos entre dos o más líneas) con las líneas de ese sector son básicamente distancias similares a las de la operación actual. En la dependencia de Transporte no se realizan proyectos de construcción; incluso si están ligados al sistema de transporte. Los alcances de esta dependencia quedan dentro de los límites de la operación del sistema de transporte y en la regulación de los trámites referentes al manejo y uso de las concesiones otorgadas a los servidores de transporte público. [.] De lo trascrito se advierte, que las autoridades responsables no dieron una respuesta congruente a la totalidad de las pretensiones planteadas por el quejoso, pues independientemente de que sean o no procedentes, en la especie, las responsables debieron referirse a las copias que les fueron solicitadas. En efecto, la esencia de la solicitud del ahora quejoso radicó en que las autoridades responsables le informaran si actualmente se realiza un ".Proyecto de Ampliación de la Ruta Troncal del servicio de transporte público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y calle Jumanos, en esta ciudad..", y en su caso, se le expidiera copia de todo lo realizado para definir las acciones que estimara procedentes para defender los derechos que considera le asisten. Al respecto, conviene señalar que si bien es verdad que el Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua le informó que a su cargo no se contaba con algún "Proyecto de Ampliación de la Ruta Troncal del Servicio de Transporte Público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y Calle Júmanos, en esta Ciudad", lo cierto es que sí le hizo del conocimiento de la existencia de "varios proyectos relacionados con el Troncal I del Ecobús Presidencia-Tierra Nueva", que consistían en mejoras a los carriles confinados, rediseño de las estaciones y la implementación de una ruta exprés, dentro de los límites actuales de la ruta; de igual manera le informó que se estaban elaborando estudios para mejorar el sistema de las rutas de transporte público, dentro de los cuales se estaban tomando en cuenta las rutas troncales I y II, así como el crecimiento que ha tenido la ciudad y, por último, le hizo saber que también se estaban elaborando estudios para mejorar el sistema de las rutas de transporte público, que sería consensado con los concesionarios; sin embargo, de los proyectos que la responsable afirmó que se estaban elaborando, no se pronunció en torno a la procedencia o improcedencia de otorgar copia al ahora quejoso, de cada uno de ellos; de ahí que su contestación resulta incongruente. En ese mismo sentido, respecto de la contestación que realizó el Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, este Juzgador también advierte que le informó al quejoso que ".respecto al confinamiento de un carril para ambos sentidos de la prolongación del Blvd. Zaragoza como cambio de recorrido para la línea troncal, hago de su conocimiento que en esta dependencia el "Departamento de Transporte en Ciudad Juárez", no contamos con ningún tipo de documentación y/o proyecto referente a la construcción o cambio de operación del sistema."; sin embargo, lo que el quejoso solicitó fue que se le proporcionara información relativa a si existía algún proyecto de ampliación ".del servicio de transporte público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y calle Jumanos, en esta ciudad.."; de ahí que no se advierte que exista congruencia entre lo solicitado y la contestación que se le proporcionó. Asimismo, la referida responsable hizo del conocimiento del quejoso que se lleva un análisis en el que se revisa el empate de las líneas existentes con el recorrido de la línea troncal todavía existentes, entre ellas la línea Juárez-Zaragoza, y en el que se menciona como propuesta la continuidad de la operación sobre el mismo boulevard Zaragoza tomando en cuenta que no se trata de un cambio radical a la operación original; no obstante, dicha responsable tampoco se pronunció en lo relativo a la procedencia o improcedencia de otorgar copia al ahora quejoso, de esos análisis; por tanto, su contestación es incongruente con lo peticionado. Sobre estas bases, este juzgado de Distrito considera que el concepto de violación que hace valer la quejosa resulta esencialmente fundado, toda vez que como se precisó, la quejosa realizó una solicitud expresa que no fue atendida de manera exhaustiva y congruente por las autoridades responsables, pues aun cuando se emitió una respuesta, ésta no resultó suficiente para tener por satisfecho el derecho de petición que le asiste al gobernado. Consecuentemente, si las autoridades responsables emitieron una respuesta incongruente y carente de exhaustividad, a la solicitud que se le formuló, deja ver una violación al derecho fundamental reconocido en los artículos 8° y 16 de la Constitución, ya que incumplió con el mandato plasmado en el texto constitucional. Apoya lo anterior, la tesis aislada II.1o.A.121 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, de julio de 2006, materia administrativa, página 1201, del siguiente tenor: DERECHO DE PETICIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, EL JUZGADOR NECESARIAMENTE DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO. Desde un inicio el derecho de petición se instituyó de manera plena para el ciudadano -Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814-, posteriormente fue limitado en materia política y casi eliminado con motivo del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, aunque retomó su vigencia en el Proyecto de Constitución de 1o. de diciembre de 1916 hasta incorporarse a la Constitución de 1917. Así, conforme al texto actual, el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado, se traduce en la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, tienen como obligación dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. De ello se sigue que el acto de petición en sí y el contenido de ésta, se encuentran íntimamente vinculados entre sí, al participar del principio de congruencia, por lo que al conocer del juicio de amparo promovido por violación a la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador necesariamente debe analizar si la respuesta que emite la autoridad es acorde con lo solicitado. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder el ampara solicitado para que las responsables, Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, realicen lo siguiente: 1. Dejen insubsistentes los acuerdos dictados para dar contestación al escrito que el quejoso dirigió al Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua (en su denominación correcta) el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 2. En su lugar, emitan una nueva determinación en la que, sobre la base de lo analizado en el presente considerando, den respuesta congruente y completa a los puntos peticionados por el quejoso. 3. Para tal efecto, las responsables deberán proceder de la siguiente manera: 3.1. El Delegado Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua deberá reiterar aquellos aspectos que no son materia de esta concesión y pronunciarse de manera fundada y motivada, sobre la procedencia o improcedencia, de otorgar copia al quejoso de cada uno de los proyectos a los que hizo referencia en su oficio de contestación. 3.2. El Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, Chihuahua, deberá emitir una nueva respuesta, suficientemente fundada y motivada, en la que dé puntual respuesta a la solicitud del quejoso, formulada en el sentido de que si existía algún proyecto de ampliación ".del servicio de transporte público semi masivo, mejor conocido como "ECO BUS" en el tramo de Boulevard Zaragoza entre calles Rancho Candelaria y calle Jumanos, en esta ciudad.."; asimismo, deberá pronunciarse en lo relativo a la procedencia o improcedencia de otorgar copia al ahora quejoso, de los análisis a los que hizo mérito. 4. Hecho lo anterior, notifiquen de manera personal al solicitante del amparo, la respuesta que den a su escrito, y remitan copia certificada de ambos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra la omisión que atribuyó a la Delegación Regional en Ciudad Juárez, en los términos precisados en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *******, contra los actos que atribuyó a la Delegación Regional en Ciudad Juárez de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua y al Jefe de la Oficina de Transporte Público del Municipio de Juárez, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que remite la autoridad responsable, Asesor Técnico de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua; y resérvese a proveer lo conducente, toda vez que el veinticuatro de junio pasado, se suspendió del procedimiento en lo principal, en virtud de la queja interpuesta por la responsable. En tal sentido, una vez que se resuelva el citado medio de impugnación, se proveerá lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***********. Doy fe.

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