Arturo de Jesús Ramírez Rivera
Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Arturo de Jesús Ramírez Rivera
Actuaciones
- Principal
PRAL. 228/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. 1. Causa estado una resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el veinticuatro de febrero último, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto algún medio de impugnación, pese haber quedado notificada de ese auto el uno de este mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del proveído en el que se desechó la demanda de amparo sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de veinticuatro de febrero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 8. Devolución de documental a la parte quejosa. Se precisa que la parte quejosa ofreció la documental consistente en diversas constancias relacionadas con los actos reclamados; aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la citada parte procesal, para que, en el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidas junto con este expediente que es destruible. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA úmero de expediente: 228/2022 Acuerdo: PRAL. 228/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. 1. Causa estado una resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento legal, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el veinticuatro de febrero último, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto algún medio de impugnación, pese haber quedado notificada de ese auto el uno de este mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del proveído en el que se desechó la demanda de amparo sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de veinticuatro de febrero del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 8. Devolución de documental a la parte quejosa. Se precisa que la parte quejosa ofreció la documental consistente en diversas constancias relacionadas con los actos reclamados; aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la citada parte procesal, para que, en el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, serán destruidas junto con este expediente que es destruible. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrá obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.228/2022.MESA-2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo de Jesús Ramírez Rivera, por propio derecho, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y de otra autoridad, recibida el veintidós de febrero del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada en el veintitrés de febrero siguiente a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 228/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: Actos reclamados De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en este juicio de amparo, consisten en: a) La orden de embargo a sus instrumentos de trabajo realizada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Lo que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca b) Y la ejecución de esa medida precautoria. Que reclama al actuario adscrito a dicho órgano judicial, llevador del expediente 136/2018. Antecedentes del acto reclamado El quejoso manifiesta, en lo sustancial, bajo protesta de decir verdad, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que: El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho Adrián Hernández Reyes, en su carácter de endosatario en procuración de Adrián Hernández Guzmán, presentó una demanda en la vía ejecutiva mercantil en su contra, ante la oficialía de partes común del Juzgado de Huajuapan de León, Oaxaca, misma que se radicó con el número de expediente 136/2018. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho se dictó auto de radicación y auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, ordenándose al ejecutor para que realizara el requerimiento de las prestaciones reclamadas por la actora en el escrito de demanda, facultándosele, además, en la realización del embargo. En atención a ello, mediante diligencia de notificación personal, requerimiento de pago, traslado, emplazamiento y/o embargo de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, se hizo presente en el domicilio donde se encuentra instalada su oficina de música denominada "Arfanhelos" y procedió a notificarle el acuerdo de radicación y a requerirle por primera vez el pago de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos, 00/100, moneda nacional), por lo que, el quejoso, al manifestarle que no contaba con esa cantidad, el actuario procedió a embargar sus herramientas de trabajo, consistentes en diversos instrumentos musicales. Causa de improcedencia. Respecto a los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Esos preceptos legales, en lo conducente, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - -- (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De los numerales transcritos, se advierte que, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por regla general, el término para la promoción de la demanda de amparo es de quince días. Plazo que deberá computarse conforme lo señala el artículo 18 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento. c) Aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. En ese aspecto, la presentación de la demanda de amparo promovida por el quejoso Arturo de Jesús Ramírez Rivera, respecto de los actos que se analizan, se considera extemporáneo, puesto que, de acuerdo a los artículos trascritos con antelación, se actualiza el tercero de los supuestos que estipula el numeral 18 de la Ley Amparo. Ello es así, pues, acorde a lo manifestado en la demanda por el aquí quejoso, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho el actuario adscrito al Juzgado responsable le notificó el auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil 136/2018, en el que tiene el carácter de demandado y le embargó herramientas de trabajo que, dice, son de su propiedad. De ahí que el plazo la presentación de la demanda de amparo transcurrió del doce al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con exclusión del diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por ser inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en tanto que dicho ocurso se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por lo que ya había transcurrido con exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover este juicio constitucional; por ello, al haberlo instado de manera extemporánea se actualiza la causal de improcedencia invocada. Sin que los actos reclamados se encuentren en los casos de excepción para promover en diversa temporalidad como lo refieren las fracciones I a IV del numeral 17 de la Ley de Amparo, pues no se trata de una norma general autoaplicativa o derivada del procedimiento de extradición; tampoco es una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, o que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En esa tesitura, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, queda en evidencia que a partir del día siguiente a la fecha en que se ostentó sabedor del auto de radicación y auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y del embargo realizado (nueve de noviembre de dos mil dieciocho), para efectos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el quejoso estuvo en aptitud de combatirlos; al no hacerlo así, consintió esos actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el tomo IV, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 226886, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN DETERMINADA FECHA. De la interpretación del artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que como el legislador establece diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, el juzgador que previene de la demanda no debe invariablemente empezar a contar dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres medios que se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, o la confesión, sino que es necesario que haga distinciones en cada caso concreto. De otra suerte hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera que el término de quince días empezaría a contarse al día siguiente de aquel en que por cualquier medio o circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia específica entre los conceptos utilizados por el legislador en la enumeración de las tres formas por medio de las cuales el quejoso se puede enterar legalmente de un acto de autoridad, debe servir al juzgador para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Desde luego, la notificación legal del acto reclamado, ha de prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el procedimiento del que emanó el acto reclamado, pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto de autoridad en determinada fecha y no prueba que la notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada por el legislador en el artículo 21 en comento dice: "Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente ... al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica, debe preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la existencia del acto reclamado, prepondere sobre cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 el propio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, tratándose de una persona con capacidad jurídica o su representante legal o convencional, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez que la confesión expresa del quejoso o de su representante legal, la dejaron sin efectos". Por la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Arturo de Jesús Ramírez Rivera. Con esta determinación no se deja de observar los principios pro persona y progresividad, pues si bien es cierto que los recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que en este caso no es dable considerar que se deba resolver el fondo del asunto, pues éste órgano jurisdiccional primeramente debe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia. Por tanto, aun cuando el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido en la Constitución y Tratados Internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que se analice el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano; por tanto no es factible declarar procedente lo improcedente. Es aplicable a lo anterior, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XVIII, Marzo de dos mil trece, Tomo 1, página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento del promovente que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda. En términos del diverso numeral 24, párrafo segundo, del referido ordenamiento legal, se tiene como autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a 1) Rogelio Santiago Bautista y 2) Ana Laura Rodríguez López, por no haberse encontrado registradas sus cédulas en el Registro Nacional de Profesionistas, que los autorice para ejercer la profesión de licenciado en derecho; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviniere, se les tendrá por autorizados en términos amplios. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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