Arturo David Vásquez Urdiales
Expediente 424/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Arturo David Vásquez Urdiales
Actuaciones
- Principal
PRAL 424/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto los autos, se advierte que en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, entre otras cuestiones, se ordenó formar cuaderno de antecedente con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; sin embargo, por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés se tuvo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca rechazando la competencia planteada, por lo que este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda de amparo, determinación que quedó firme el veinticuatro de mayo siguiente y se ordenó el archivo de este expediente principal, sin que se hiciera pronunciamiento al archivo del cuaderno de antecedente formado. 2. Se ordena archivo de los cuadernos de antecedentes. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 19, fracción I, inciso a), del último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedente dentro de los treinta días siguientes, con la remisión del acta de baja documental correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 424/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el once de mayo de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Se ordena archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 424/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Competencia rechazada. Agréguese el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, y devuelve el expediente original del juicio de amparo 447/2023 de su índice. 1.1. Reingreso. En esas condiciones, anótese el reingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 1.2. Aviso de compensación. Como dicho Juzgado no aceptó la competencia declinada, hágase del conocimiento de la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, de la determinación del juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que proceda a la compensación del reparto de asuntos; para tal efecto, se remite copia de la boleta de turno que se generó con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado. 2. Cuestiones preliminares. El juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca determinó no aceptar la competencia para conocer de este asunto, sustancialmente, por las consideraciones expuestas en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente (registro 2020659): "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)". Del citado criterio se advierte, en lo de interés, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el hecho de que un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de una demanda de amparo directo, en la que fue señalada como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente, ya que es necesario que el tribunal de amparo, a través de su presidente, realice un análisis integral de la demanda, y si obtiene que, en realidad, el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. Criterio aplicable por analogía en este asunto, por las razones que la sostienen. En el caso, la parte quejosa reclama: Del juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: Manifestaciones que no pueden considerarse como actos reclamados, en primer término, porque el juicio de amparo no es procedente contra actos emitidos en otro juicio de amparo y, en segundo lugar, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el juez de Distrito desempeña, no puede analizarse en su actuación una vulneración a derechos fundamentales, ya que ello se trataría extralógicamente al juez de Distrito como autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. En ese sentido, las determinaciones y resoluciones de los jueces federales se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo, a la cual ciñen su actuación. Por ello, se concluye que las manifestaciones señaladas como "acto reclamado" a este juzgado no pueden constituir un acto reclamado y, por tanto, este juzgador, jurídicamente, no debe tener el carácter de autoridad responsable. En consecuencia, al superarse ese aspecto, y dado que este juzgador no tiene el carácter de autoridad responsable, se tiene competencia para emitir el pronunciamiento respecto a los actos reclamados a diversas autoridades. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Juicio de amparo 424/2023. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, Arturo David Vásquez Urdiales, reclama: Autoridades ordenadoras: De la 1) jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca: a) La orden emitida a través de la técnica de investigación 32/2023 para el efecto de que el quejoso exhiba diversos documentos, en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0001983/2020, del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 del Estado de Oaxaca. Autoridades ejecutoras. Del 3) agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 del Estado de Oaxaca y del 4) perito oficial en documentos Martín Sánchez Pérez: b) El cumplimiento de la citada orden. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que en este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 368/2023, mismo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, del que se advierte que: Juicio de amparo 368/2023. 1° El quejoso Arturo David Vásquez Urdiales, a través de su apoderada legal, promovió juicio de amparo y señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: De la 1) juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en funciones de juez de Control, 2) agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-2 Oaxaca del Estado de Oaxaca y 3) notificador adscrito al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-2 Oaxaca del Estado de Oaxaca: La orden emitida en la técnica de investigación 32/2023, consistente en que el notario público Arturo David Vásquez Urdiales exhiba diversas documentales ante el perito en la Especialidad en Documentos Cuestionados, adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales Delegación Estatal Oaxaca, para que intervenga en la práctica de peritaje en materia de documentos cuestionados, así como que la policía Federal Ministerial adscrita a la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Oaxaca realice la inspección correspondiente; b) la notificación y c) ejecución material del acto de ordenamiento, respectivamente. Asimismo, en la ampliación de la demanda señaló como nueva autoridad: Al 4) perito oficial en documentos Martín Sánchez Pérez: Juicio de amparo 424/2023. 1° El quejoso Arturo David Vásquez Urdiales también promovió demanda de amparo, en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades ordenadoras: De la 1) jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca reclama: a) La orden emitida en la técnica de investigación 32/2023 para el efecto de que el quejoso exhiba diversos documentos, en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0001983/2020, del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 del Estado de Oaxaca. Autoridades ejecutoras. Del 3) agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 del Estado de Oaxaca y al 4) perito oficial en documentos Martín Sánchez Pérez: El cumplimiento de dicha orden. De ahí que los juicios de amparo 368/2023 y 424/2023 fueron promovidos a) por el mismo quejoso, b) contra los mismos actos reclamados y c) las mismas autoridades responsables; por lo que se da la identidad de elementos de la relación procesal que fungen en este juicio. De ahí que los actos reclamados en este juicio son materia de otro juicio que se encuentra pendiente de resolver en definitiva (368/2023), el cual fue promovido por la misma parte quejosa, autoridades responsables -1) juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, 2) agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula III-2 Oaxaca del Estado de Oaxaca-, 3) perito oficial en documentos Martín Sánchez Pérez- y por los mismos actos reclamados; lo cual constituye un hecho notorio por tramitarse en el mismo órgano jurisdiccional. De ahí que no es posible, jurídicamente, mediante este juicio de amparo pronunciarse sobre esos actos reclamados, que son materia en otro juicio de amparo, que se encuentra en trámite. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia, litispendencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda amparo promovida por Arturo David Vásquez Urdiales. Robustece lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través de este pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa; lo que, además, tiene el objeto de que aquélla tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que, incluso, permite que el quejoso acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 424/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el veintiocho de abril del año en curso a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada a este órgano jurisdiccional el dos de mayo siguiente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, promovida por ********************, en su carácter de notario público 100 en el Estado de Oaxaca, contra actos de la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente electrónico e impreso, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro ********************. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Análisis de la demanda. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso señala como autoridades responsables al: Ordenadoras. Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Agente de Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-2 Oaxaca, Estado de Oaxaca. Perito oficial en documentos ********************. De lo anterior se advierte que este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante el juicio constitucional. Entonces, con independencia de que se ejerce jurisdicción en este lugar en que los actos reclamados podrían ejecutarse, en el caso, por ser parte, no puede tenerse el doble carácter de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Por tanto, aunque fue remitida dicha demanda a este órgano jurisdiccional por la Oficina de Correspondencia Común a los órganos jurisdiccionales de este municipio, se actualiza la hipótesis a la regla de excepción de competencia contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, y se estima competente para el conocimiento de la demanda, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno -a excepción de este órgano jurisdiccional-. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1ª./J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 75 del tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173362, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO". Ante ello, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional declara que no le corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata, y declina competencia al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede San Bartolo Coyotepec -con excepción de este órgano jurisdiccional-, a quien deberá remitírsele la demanda de cuenta, para que proceda conforme a sus facultades legales; se le solicita el acuse de recibo respectivo. Sin que, en el caso, sea procedente pronunciarse sobre la medida suspensiva solicitada respecto a los actos reclamados, ya que no se actualizan las hipótesis a que se refiere el numeral 15 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de ese ordenamiento legal. Asimismo, toda vez que la demanda de amparo se presentó vía electrónica, se remite el archivo digital de la demanda. 4. Cuaderno de antecedentes. Con copia certificada de la boleta de turno y de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. 5. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda. 6. Personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo se tiene como autorizados de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente en el escrito de demanda, al pedir que se les autorice únicamente para que se impongan de los autos de este juicio. 7. Autorización de usuario electrónico. Con fundamento en los artículos 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 8. Medios electrónicos. Por lo que hace a la petición que formula la parte quejosa para la utilización de medios electrónicos; hágase de su conocimiento que, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos emitidos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente. Así, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes, por lo que, a través del usuario autorizado para ello -********************-, estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera, como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 11. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo a los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramita e integra este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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