Arturo Castellanos Valencia

Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
353/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Arturo Castellanos Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: 1. Causa ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada la sentencia que sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Destrucción. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. 2.3.1. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación; en cuanto al duplicado del incidente de suspensión, destrúyase en el término de seis meses, de conformidad con el artículo 20, inciso a), fracción II, del referido acuerdo. 3. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

  2. Principal

    SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 353/2021, promovido por Arturo Castellanos Valencia, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional, Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa Uno, y Facilitadora adscrita a la Dirección de Acuerdos Reparatorios Alternativos de Solución de Controversias, todos de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma general, actos u omisiones reclamadas. La parte quejosa reclama: a) Acuerdo reparatorio de veinte de diciembre de dos mil veinte, celebrado dentro del expediente 12729/APZ/CJA/2020, en el cual hizo entrega del bien inmueble ubicado en calle José María Morelos, esquina con Capitán Ramón Gallegos y Capitán José Valencia, número 280, colonia Rafael Sánchez Tapia, en Apatzingán Michoacán; y, b) El acuerdo de no ejercicio de la acción penal decretado dentro de la carpeta de investigación 10012020342397. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado conlleva ejecución material, la cual se está verificando dentro del territorio en el este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, auto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Las autoridades responsables: Fiscal Regional, Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa Uno, y Facilitadora adscrita a la Dirección de Acuerdos Reparatorios Alternativos de Solución de Controversias, todos de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama, certeza que se encuentra corroborada con las constancias que anexaron a sus informes las dos autoridades señaladas en ulterior orden, las cuales poseen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. No obstante la certeza de los actos reclamados no se estudiará el fondo el asunto, en virtud de que en el caso operan las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XX y XXIII en relación con el 217 de la Ley de Amparo, que deben analizarse de oficio, en términos del numeral 62 de la propia ley. I. Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo reparatorio de veinte de diciembre de dos mil veinte, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El referido artículo contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ello es así, pues respecto del acuerdo reparatorio de veinte de diciembre de dos mil veinte, celebrado por el quejoso Arturo Castellanos Valencia y Carlos Gutiérrez Álvarez, ante la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, dentro del expediente 12729/APZ/CJA/2020, consistente en devolver la posesión del bien inmueble ubicado en calle José María Morelos, esquina con Capitán Ramón Gallegos y Capitán José Valencia, número 280, colonia Rafael Sánchez Tapia, en Apatzingán Michoacán, la ley ordinaria, en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla un recurso innominado mediante el cual puede modificarse, revocarse o anularse dicho acto. De la lectura de dicho precepto, se desprende que en contra de la aprobación del acuerdo reparatorio en sede ministerial, las partes cuentan con el medio de defensa innominado para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los cinco días posteriores a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia, en cuyo caso, si el Juez de Control determina como válidas las pretensiones que las partes hagan valer con dicho recurso, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Asimismo, verificará que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Por tanto, previo a la promoción de la acción de amparo, la parte que se duela de un acto atribuido al Ministerio Público, durante la etapa de investigación inicial, debe agotar ese medio de impugnación, dado que es al juez de control a quien le corresponde definir el curso del procedimiento penal y, en su caso, determinar que la conducta asumida por quienes conducen el procedimiento alternativo de solución de controversias es ilegal y, con base en ello, conminarlos a que proceda conforme a la norma establecida. De ahí, que si la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, no agotó el medio de impugnación aludido, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia analizada. II. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal decretado el diez de febrero del año actual, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Primera de Apatzingán, Michoacán, dentro de la carpeta de investigación 10012020342397, se actualiza la diversa causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el diverso 217, de la Ley de Amparo, virtud a que se trata de un acto consentido por el gobernado. La hipótesis legal invocada se surte cuando la parte quejosa expresa manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con el acto reclamado. En efecto, de las constancias relativas a la carpeta de investigación 10012020342397,que remitieron las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Mesa I, de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, y Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, destaca que el acuerdo reparatorio de veinte de diciembre de dos mil veinte, celebrado por el quejoso Arturo Castellanos Valencia y Carlos Gutiérrez Álvarez, ante la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, dentro del expediente 12729/APZ/CJA/2020; fue validado en la misma data por el Agente del Ministerio Público Investigador, y cumplido el diecinueve de enero del año en curso, y posteriormente concluyó con el no ejercicio de la acción penal, al haber estimado actualizada una causa de sobreseimiento que da lugar a la extinción de la acción penal; actos que, en su conjunto, implican consentimiento por la parte quejosa, Ello es así, pues la adopción del mecanismo alterno como forma de concluir el proceso penal a través de la celebración de un acuerdo reparatorio, entraña el consentimiento del acuerdo de no ejercicio de la acción, pues implica la voluntad del quejoso (indiciado) de concluir el proceso a través de una solución alterna; por ende, optar por culminarlo de esta manera, hace que ya no pueda haber un sistema represivo del acto que ocurrió antes de someterse a dicho mecanismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, destacó que la reforma constitucional del artículo 17 Constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general, lo que implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo, buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo culpable e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar, lo que se cumple a través de la creación de nuevos caminos de solución, como los mecanismos alternativos, caracterizados en que las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas y no un tercero que en el juicio es el Estado ya sea como parte actora (ministerio público) o como decisor (juez). De manera que, concluyó la Sala, que los mecanismos alternativos buscan una justicia restaurativa que requiere como punto de partida el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. En la especie, el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el acuerdo reparatorio, es una forma de solución alterna del procedimiento, que tiene como efecto en términos del artículo 186 del mismo cuerpo de leyes, la extinción de la acción penal. De ahí que se sostenga que la solicitud del referido medio alternativo, constituye una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entraña a la vez su consentimiento sobre las consecuencias jurídicas que conlleva ese acto, lo que en la especie se actualiza pues el quejoso, informado de los mecanismos alternativos de solución de controversias, firmó de manera voluntaria el acuerdo reparatorio, el cual fue validado por el agente del Ministerio Publico, quien con base en aquel acuerdo decretó, como consecuencia, el no ejercicio de la acción penal el diez de febrero del año en curso. Por consiguiente, ante la actualización de las causales de improcedencias analizadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Castellanos Valencia, por su propio derecho contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas, y por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese; y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    ...Vista con informes justificados. Téngase a las autoridades responsables Fiscal Regional de Apatzingán, Michoacán, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Mesa I de la Fiscalía de Apatzingán, Michoacán y Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado; rindiendo informe justificado, y las señaladas en segundo y tercer orden acompañándolos de diversas constancias; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y, nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación...

  4. Incidental

    ...se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Arturo Castellanos Valencia, la suspensión definitiva solicitada, por las razones señaladas en el considerando CUARTO de esta resolución. Notifíquese.

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