Arturo Carmona Romaní
Expediente 1097/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Carmona Romaní
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-1097/2023, promovido por Arturo Carmona Romani, a través de su apoderado Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante oficio recibido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió la demanda de amparo promovida por Arturo Carmona Romani, a través de su apoderado Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, por considerar que carecía de legal competencia por razón de turno para conocer y resolver. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y admitió a trámite la demanda registrada con el número IV-1097/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 847/2020, que sobre nulidad de escritura promueve el quejoso Arturo Carmona Romani, frente a Patricia Ramírez del Valle y otros, en el que se precisó que de manera equivocada se requirió a la parte demandada un tanto de copias simples para la integración del testimonio de apelación, cuando ya lo habían exhibido; en consecuencia, dejó sin efectos los autos de nueve y dieciséis de junio pasados, y tuvo por interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria de treinta y uno de mayo pasado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo señalado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito, del contenido del informe justificado rendido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y suficientes para conceder la protección constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, se tramitó y resolvió el juicio ordinario civil 847/2020, que sobre nulidad de escritura promueve el quejoso Arturo Carmona Romani frente a Patricia Ramírez del Valle y otros. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se declaró improcedente la acción intentada por el quejoso, absolviéndose a los accionados de las prestaciones reclamadas y condenándose al actor, aquí quejoso, al pago de gastos y costas, determinación que fue confirmada por la Primera sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés dictada en el toca I-318/2021. En mérito de ello, la parte demandada, aquí tercero interesada, presentó su planilla de liquidación, con la que se dio vista a la parte contraria; siendo así, una vez contestada la incidencia, mediante resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se declaró improcedente dicha incidencia. Inconformes con dicha resolución incidental, la parte demandada interpuso recurso de apelación (foja 140 a 146 del tomo de pruebas). Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días exhibieran las constancias que señalaban en su escrito de apelación a fin de integrar el testimonio respectivo (foja 147 del tomo de pruebas). Por escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, la parte demandada exhibió las documentales respectivas (foja 167 del tomo de pruebas); no obstante, mediante auto de dieciséis de junio pasado, el juez responsable determinó que no había lugar a admitir dicho recurso toda vez que las constancias para integrar el testimonio de apelación debían ser señaladas y aportadas a costa del apelante, lo que en la especie dijo no aconteció (foja 168 del tomo de pruebas). Posteriormente, mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, la parte demandada aclaró que en su diverso ocurso de seis de junio anterior, se había presentado un juego de copias, las cuales se exhibieron y anexaron al recurso para formar el testimonio de apelación respectivo, con lo que se daba cumplimiento a lo señalado en el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (foja 221 del tomo de pruebas). En mérito de tales manifestaciones, por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable dejó sin efectos los autos de nueve y dieciséis, ambos de junio de dos mil veintitrés; reiteró que se declaraban nulos y, en consecuencia, ordenó dictar un nuevo acuerdo subsanando las irregularidades dentro del procedimiento, por lo que tuvo por interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso (foja 222 a 223 del tomo de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación (foja 227 a 250 del tomo de pruebas), en el que en esencia expresó los siguientes agravios: Que el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, transgrede el derecho de certeza jurídica, firmeza del procedimiento, acceso a la jurisdicción, igualdad y equilibrio entre las partes. Que se aplicó incorrectamente la jurisprudencia de rubro "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), SE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.", ya que el favorecimiento de la acción no resulta aplicable para los efectos de declarar la nulidad de los acuerdos previamente dictados sin el ejercicio del medio de impugnación correspondiente, de tal modo que al no haber sido recurrida la determinación surte todos sus efectos, ya que para invalidarla solo son procedentes los recursos previamente establecidos; además, de que su aplicación tiene como limitante no afectar las garantías procesales del contrario. Que al no haber sido recurridos los autos de nueve y dieciséis de junio pasado, se encontraban firmes para todos sus efectos legales y, en consecuencia, no eran susceptibles de anularse de plano ante las manifestaciones vertidas por su contraria, ya que al hacerlo así el juzgador revocó de oficio sus determinaciones, siendo que ya había operado la preclusión. Que el juez estaba legalmente impedido para declarar de plano la nulidad de los autos sin que mediara el medio de impugnación, rompiendo con ello el principio de equilibrio procesal al otorgar una ventaja a su contraria, permitiéndole subsanar su omisión de impugnar los proveídos de nueve y dieciséis de junio pasado. Que el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, carece de fundamentación y motivación, en atención a que el juez no cita los preceptos legales que den sustento a los argumentos en que se apoya el juez para dejar sin efectos y declarar nulos los proveídos de nueve y dieciséis de junio pasado. Ello en razón de que no existe precepto legal que otorgue al juzgador la facultad para revocar o declarar nulas sus determinaciones, sin que medie para tal efecto algún recurso. Además de que no expuso con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto. Una vez admitido el recurso de revocación (foja 251 del tomo de pruebas), por resolución de once de agosto de dos mil veintitrés (foja 285 a 288 del tomo de pruebas), el juez responsable lo declaró improcedente (sic), bajo los siguientes argumentos: ". Primeramente porque como claramente se determinó en el auto hoy recurrido de fecha 22 veintidós de junio del año en curso (consultable a fojas 508 y 509), lo que se hizo a través de su emisión, fue subsanar omisiones no de la parte recurrida, sino por parte de este órgano jurisdiccional, debido a una inobservancia en tiempo y forma por parte del personal actuante, siendo que mediante escrito de fecha 6 seis de junio del año en curso, al momento de presentarse el escrito correspondiente al Recurso de Apelación por parte de la ciudadana Patricia Ramírez del Valle y el licenciado Gerardo Hernández Téllez, apoderado jurídico del C. Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, en el que claramente se asentó por quien tuvo a bien recibir dicho escrito que el mismo contenía como anexos un traslado y un juego de copias, las cuales se describieron en su ocurso de cuenta y que efectivamente fueron exhibidas y adjuntadas en el escrito en cita; sin embargo, por un error involuntario del personal actuante se emitió un auto en data 9 nueve de junio de 2023 dos mil veintitrés (foja 452), requiriendo a la ciudadana Patricia Ramírez del Valle y el licenciado Gerardo Hernández Téllez, apoderado jurídico del C. Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, a fin de que en el término de 3 tres días exhibieran constancias señaladas en su escrito de apelación, y seguidamente un auto de data 16 dieciséis de junio del año en curso (foja 454), en el que se tenía por no admitido el medio de impugnación a la apelante - la ciudadana Patricia Ramírez del Valle y el licenciado Gerardo Hernández Téllez, apoderado jurídico del C. Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez-; sin embargo, mediante ocurso de data 13 trece de junio del año en curso (foja 453), se tuvo a los citados por haciendo la observación a este órgano jurisdiccional que dichas documentales requeridas fueron anexadas y exhibidas al presente recurso de apelación, para los efectos legales a que hubiera lugar. Razón fundada, por la que se dictó el auto hoy recurrido, a fin de subsanar la omisión atribuible al personal actuante y no así a la parte que promueve el recurso de apelación como lo cita el hoy recurrente. Por lo que en observancia y cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, segundo párrafo y 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra rezan: [.] Es que se dictó el auto recurrido, con la única observancia ya citada, y a fin de no transgredir derechos fundamentales a los justiciables y que en este caso lo era el derecho hecho valer en tiempo y forma por los ciudadanos Patricia Ramírez del Valle y el licenciado Gerardo Hernández Téllez, apoderado jurídico del C. Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, siendo en este caso el recurso de apelación opuesto por éstos; ya que de no subsanar la omisión advertida por este órgano jurisdiccional, se dejaría sin oportunidad al justiciable de continuar con la sustanciación del juicio y de lograr en su caso el análisis de constitucionalidad de los agravios hechos valer en su recurso de apelación, esto es, si no se subsanare las irregularidades advertidas y que no le son a ésta atribuidas, se le dejaría en estado de indefensión. En consecuencia, resulta infundado y por lo mismo improcedente el recurso de revocación hecho valer por la parte actora [.]" Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, en sus conceptos de violación, el quejoso alega que la resolución reclamada carece de congruencia y exhaustividad al no haberse resuelto sobre todo lo alegado, en concreto, porque la autoridad responsable fue omisa en analizar los agravios expresados en el recurso de revocación. Es fundado el motivo de disenso en estudio. Al respecto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 17. .Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales..." En el precepto constitucional transcrito con antelación, se advierte que toda persona tiene derecho a una administración de justicia pronta, imparcial y "completa", término que jurisprudencialmente se ha entendido como fundamento de dos principios: el de congruencia y el de exhaustividad, que deben contener las resoluciones dictadas por una autoridad materialmente jurisdiccional. El primero está referido a que las resoluciones (incluidas en ellas los acuerdos de trámite) deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, la congruencia es aquélla característica consistente en que las determinaciones de los órganos jurisdiccionales no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Ilustra lo anterior la tesis ubicada en la página 193, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa, y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." El principio de exhaustividad, por su parte, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos por las partes, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Bajo ese contexto, se considera que dicho concepto de violación resulta fundado dado que, como bien lo precisa el propio quejoso, la autoridad responsable omitió analizar los agravios expresados en el recurso de revocación. Pues pese a que en la resolución reclamada expuso básicamente que con la emisión del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, estaba regularizando el procedimiento virtud a una omisión atribuible al personal del órgano jurisdiccional, y no de los apelantes, quien inadvirtió en un principio que la apelante sí habían exhibido las constancias para formar el testimonio de apelación, nada dijo en torno a lo expresado por el recurrente, aquí quejoso, en sus agravios, los cuales fueron reseñados en los antecedentes precisados en esta sentencia. Ello en atención a que el juez responsable no hizo mención sobre el motivo, razón o circunstancia bajo la cual, estaba facultado para revocar los autos de nueve y dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en los términos alegados por el inconforme. Por tanto, la autoridad responsable debía abordar el análisis de todos y cada uno de los agravios expuestos por el quejoso. Máxime si se tiene en consideración que tampoco analizó el acuerdo recurrido a la luz de los argumentos expresados por el quejoso en los que en esencia destacó que con la emisión del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se violaron las leyes del procedimiento, al señalar que el juez dejó insubsistentes y declaró nulos dos autos infringiendo con ello, el principio de derecho que refiere que "ningún juez puede revocar sus propias resoluciones". Así las cosas y precisado que cuando la autoridad dicta alguna determinación sin resolver sobre algún punto litigioso o sin analizar la totalidad de las pretensiones, resulta contraria al principio de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, aquél proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión que oportunamente se le planteó, es decir incompleta y falta de exhaustividad. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica esencia la tesis con registro digital 176546, que dice: Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De ahí que lo procedente sea conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso Arturo Carmona Romani, para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva en la que analice todos los agravios expuestos por el quejoso, esto es, se pronuncie en torno a todos y cada uno de los argumentos expuestos por el quejoso, en los que señaló, esencialmente: a) Que el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, transgrede el derecho de certeza jurídica, firmeza del procedimiento, acceso a la jurisdicción, igualdad y equilibrio entre las partes. b) Que se aplicó incorrectamente la jurisprudencia de rubro "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), SE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.", ya que el favorecimiento de la acción no resulta aplicable para los efectos de declarar la nulidad de los acuerdos previamente dictados sin el ejercicio del medio de impugnación correspondiente, de tal modo que al no haber sido recurrida la determinación surte todos sus efectos ya que para invalidarla solo son procedentes los recursos previamente establecidos; además, de que su aplicación tiene como limitante no afectar las garantías procesales del contrario. c) Que al no haber sido recurridos los autos de nueve y dieciséis de junio pasado, se encontraban firmes para todos sus efectos legales y, en consecuencia, no eran susceptibles de anularse de plano ante las manifestaciones vertidas por su contraria, ya que al hacerlo así el juzgador revocó de oficio sus determinaciones, siendo que ya había operado la preclusión. d) Que el juez estaba legalmente impedido para declarar de plano la nulidad de los autos sin que mediara el medio de impugnación, rompiendo con ello el principio de equilibrio procesal al otorgar una ventaja a su contraria, permitiéndole subsanar su omisión de impugnar los proveídos de nueve y dieciséis de junio pasado. Que el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, carece de fundamentación y motivación, en atención a que el juez no cita los preceptos legales que den sustento a los argumentos en que se apoya el juez para dejar sin efectos y declarar nulos los proveídos de nueve y dieciséis de junio pasado. Ello en razón de que no existe precepto legal que otorgue al juzgador la facultad para revocar o declarar nulas sus determinaciones, sin que medie para tal efecto algún recurso. Además de que no expuso con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto. Resulta innecesario pronunciarse en torno a los alegatos formulados por las partes, toda vez que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arturo Carmona Romani, en contra del acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1097/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-1097/2023 promovido por********************contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de tercero interesado a ******************** y ********************. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por la autoridad responsable; prueba que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 735/2023 recibido por este juzgado el veinticinco de agosto del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.
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Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE APERSONAN TERCEROS INTERESADOS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por Patricia Ramírez del Valle y Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, atento a su contenido, téngaseles apersonándose dentro de la presente instancia constitucional. SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro aspecto, téngasele señalando como domicilio procesal el que indica y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala, virtud que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado en sus términos el despacho que le fue remitido por este Tribunal Federal, para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado emplazara a juicio a los terceros interesados Patricia Ramírez del Valle y Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, lo que así hizo y acredita únicamente respecto a la tercero Patricia Ramírez del Valle, con las constancias que adjunta. SE ORDENA NOTIFICACIONES POR LISTA Se tiene por emplazada a juicio a la indicada tercero interesada. Atento a lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad requisitada, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a Patricia Ramírez del Valle a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de septiembre del año en curso y se ordena realizar las notificaciones que corresponden a Patricia Ramírez del Valle, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto y actual en esta capital; lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo. Ahora bien, en torno al del diverso tercero interesado Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez se ordena remitir nuevo despacho, toda vez que de una revisión de la razón de diez de octubre de dos mil veintitrés, se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán asentó que se constituyó en el domicilio señalado como de Enrique Sandoval Gutiérrez, siendo lo correcto Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez, de ahí que, resulte necesario que se diligencie correctamente, asentando los datos precisos. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO Y SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso a), y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Enrique Antonio Sandoval Gutiérrez. En mérito de lo anterior, se le tiene señalando como domicilios del tercero interesado Calle José María Morelos Norte, número 68-A, de la Colonia José María Morelos, de Zitácuaro, Michoacán; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso c), y 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II y 116, todos de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quién corresponda: a) Se constituya en legal y debida forma indistinta en el domicilio ante referido y con las formalidades que establece el artículo 27, de la Ley de Amparo, emplace al tercero interesado por sí o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite con documento idóneo ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) b) Le haga saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, en el concepto de que si la comunicación oficial relativa llega con posterioridad a la fecha antes señalada, deberá diligenciar la misma, al ser el emplazamiento de orden público y de estudio oficioso, indispensable para la debida integración del juicio, ya que llegada la fecha en cita no sería posible llevar a cabo la audiencia pues se estaría en espera de las constancias de emplazamiento de los referidos terceros interesados; c) c) En términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, lo requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice o en el primer escrito que presente, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y, d) Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza a la persona encomendada para realizar el emplazamiento para que lo efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarlo, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, de inmediato deberá enviar a este juzgado las constancias respectivas que acrediten lo encomendado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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