Arturo Ayala Raya

Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
29/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
05/07/2019

Partes del expediente

  • Arturo Ayala Raya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de once de junio del año en curso, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Arturo Ayala Raya en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUDERNO DE PRUEBAS. Finalmente, hágase la devolución del cuaderno de prueba que la sala responsable adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del toca I-331/2018, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo I-29/2019, promovido por EDUARDO REYES MILIAN en cuanto apoderado jurídico de ARTURO AYALA RAYA; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Automatizada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entregada en la Segunda Sala Civil de dicho Tribunal el dieciocho del mismo mes y año, EDUARDO REYES MILIAN en cuanto apoderado jurídico de ARTURO AYALA RAYA, solicitó en la vía de amparo directo, la protección de la justicia federal, respecto del acto y por la autoridad que a continuación se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como tal a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,. ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la sentencia de fecha 22 de noviembre del año en curso, dictada dentro del toca número I-331/2018, que se formó con motivo del recurso de apelación promovido por mi mandante contra la sentencia interlocutoria de fecha 14 de septiembre del año en curso, dictada dentro del incidente de liquidación de sentencia promovido por Benjamín Ayala Raya, dentro del juicio ordinario civil número 489/2013, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promueve mi mandante ARTURO AYALA RAYA frente a BENJAMÍN AYALA RAYA, ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán". La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO.- La demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad de Morelia, el diez de enero de dos mil diecinueve, y turnada día hábil siguiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien en auto de quince de enero del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho libelo constitucional, por lo cual ordenó remitirlo junto con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado en turno con sede en esta ciudad de Morelia. TERCERO.- AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO.- La demanda y sus anexos fueron recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, el dieciséis de enero del año en curso y turnados en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien en proveído de diecisiete de mismo mes y año, los tuvo por recibidos, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; quien previa su aclaración, el uno de febrero del año en curso, admitió la misma, se registró el juicio con el número I-29/2019; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin que se estimara necesario solicitar el informe justificado a la autoridad responsable, ni emplazar al tercero interesado BENJAMÍN AYALA RAYA, por ya obrar en autos las constancias relativas a tales actuaciones, por lo que únicamente se ordenó notificar a las partes el avocamiento ya admisión de este juzgado; y seguido el juicio por sus demás trámites, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que el quejoso, reclama lo siguiente: La resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del toca I-331/2018, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la apelación interpuesta por el apoderado jurídico del demandado incidentado ARTURO AYALA RAYA, contra la interlocutoria del catorce de septiembre del pasado año, emitida por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del incidente de liquidación de sentencia propuesto por BENJAMÍN AYALA RAYA, frente al apelante, hoy quejoso ARTURO AYALA RAYA, deducido en el juicio ordinario civil número 489/2013, que sobre reivindicación de sentencia, promovió este último en contra de BENJAMÍN AYALA RAYA, en la cual se confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria apelada, que aprobó el incidente de liquidación de sentencia imponiéndose a cargo del ahora quejoso el pago de $48,394.37 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N., favor de BENJAMÍN AYALA RAYA. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Lo anterior se corrobora, con el contenido de las documentales que la propia autoridad adjuntó a su informe justificado relativa al toca de apelación I-331/2018. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS"." CUARTO.- INEXISTENCIA DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso no se hicieron valer y de oficio no se advierte actualizada causal de improcedencia alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son inoperantes, como se pondrá de manifiesto a continuación. En principio es necesario relatar sucintamente los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales ya fueron, valoradas en el considerando tercero de esta resolución, los cuales son los siguientes: 1.- Que el treinta de abril de dos mil trece, el Juez Tercero de lo Civil de Zamora, Michoacán, admitió demanda que en la vía ordinaria civil, sobre reivindicación de inmueble promovió ARTURO AYALA RAYA, a través de su apoderado jurídico ROQUE RAFAEL RODRÍGUEZ ORTEGA, en contra de BENJAMÍN AYALA RAYA. 2.- El dieciocho de julio de dos mil trece, se tuvo a FRANCISCO JAVIER SILVA GÓMEZ, apersonándose en cuanto apoderado jurídico de BENJAMÍN AYALA RAYA. 3.- El diecisiete de septiembre de dos mil trece, el Juez Tercero de lo Civil de Zamora, Michoacán, dictó sentencia en la cual declaró improcedente la acción reivindicatoria, absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas y condenó a la actora a cubrir a favor de su contraria el pago de los gastos y costas de esa instancia 4.- El uno de agosto de dos mil dieciocho, BENJAMÍN AYALA RAYA, promovió por su propio derecho incidente de liquidación de sentencia, el cual fue admitido el dos de agosto del año en cita. 5.- A través de escrito presentado el ocho de agosto del pasado año, EDUARDO REYES MILIÁN, en cuanto apoderado de ARTURO AYALA RAYA, contestó dicha demanda incidental, y en auto de nueve de ese mismo mes y año, el juez de origen, tuvo a dicha parte contestando el incidente de liquidación de sentencia. 6.- El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, aprobó la incidencia de liquidación de sentencia, imponiéndose a la actora ARTURO AYALA RAYA, el pago de la suma de $48,394.37 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N., por concepto de honorarios profesionales del abogado que patrocinó a este último en el juicio natural. 7.- A través de escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, EDUARDO REYES MILIÁN, apoderado de ARTURO AYALA RAYA, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria del catorce de septiembre del mismo año, el cual fue admitido el veintiocho de ese mismo mes y año. 8.- Por razón de turno, le tocó conocer y resolver de dicho recurso a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien registró el toca número I-331/2018, y dictó sentencia el veintidós de noviembre del pasado año, en el sentido de confirmar en sus términos sentencia interlocutoria apelada. Siendo esta última resolución la que en la especie constituye el acto reclamado. En la sentencia reclamada, la responsable consideró los agravios inoperantes, infundados, insuficientes e inatendibles. A fin de resolver en la forma notada, la Magistrada responsable en principio transcribió las consideraciones expuestas por el juez responsable, para desestimar las objeciones propuestas por el recurrente en relación a los avalúos periciales elaborados por MIGUEL ANGEL NAVARRETE SANDOVAL, perito nombrado en rebeldía de ARTURO AYALA RAYA; así como por el perito tercero en discordia ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, con el objeto de determinar la cuantía de juicio principal. Enseguida la Ad quem, hizo referencia a lo manifestado por la parte recurrente en sus agravios, en cuanto a que el juez de primer grado se equivocó al desestimar la impugnación que la parte que representa le formuló respecto del avalúo emitido por MIGUEL ANGEL NAVARRETE SANDOVAL (perito designado en rebeldía del actor incidentista), y ALEJANDRO CARDENAS CAMPOS (perito tercero en discordia), al haber considerado dicho juzgador de primer grado que con haberse expuesto en el avaluó del primero de los peritos en cita las características urbanas del terreno y los elementos de construcción debía apreciarse que dicho experto sí llevó a cabo el estudio de investigación de mercado, cuando según el recurrente ello consistía en que el perito valuador indagara en la zona donde se ubica el inmueble para determinar el valor del terreno por metro cuadrado y que esa investigación de mercado no se llevó a cabo. Dicho alegato, la responsable lo declaró inoperante y para ello previamente expuso que el agravio se constituye por la manifestación de los motivos de inconformidad en forma concreta, sobre las cuestiones debatidas, por lo cual los agravios eran los razonamientos relacionados con las circunstancias que en caso jurídico específico tiendan a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley; y que por tanto no sería agravio la sola afirmación del apelante en el sentido de estimar la ilegalidad de la sentencia recurrida si dicha afirmación no se ocupa de combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el sentido de fallo recurrido. En sentido, considero la Ad quem que si bien el recurrente señaló la parte de la sentencia que a criterio del mismo le irroga perjuicio, también era cierto que en momento alguno precisó argumento tendiente a atacar directa e inmediatamente los razonamientos del juez de origen mediante los cuales determinó la eficacia del avalúo emitido por el perito MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL, concretamente aquella consideración del juez natural donde desestimó la objeción formulada respecto de tal experticia en cuanto al correcto valor comercial obsequiado al inmueble materia del juicio principal al determinar que no se encontraba sobrevalorado, en donde al efecto el juez de primer grado señaló: ".ya que contrario a tal aserción, del contenido del dictamen pericial impugnado se advierte que el experto expuso cuales son las características urbanas del terreno, así como los elementos de la construcción, con las que concluyó con el valor físico o directo del inmueble valuado; lo que además se robustece con la audiencia de fecha 13 trece de junio de 2017 dos mil diecisiete, en la cual se cuestionó al perito en relación al dictamen emitido de su parte, ya que al contestar a las interrogantes quinta, sexta, séptima y octava respondió de manera general que dentro de las herramientas con que cuentan la modernidad es la investigación del mercado a través de medios informativos; que dicha información procede de la participación en la asociación mexicana de profesionistas inmobiliarios, donde se tiene una gran cantidad de información referente a ofertas y ventas de bienes inmuebles, que es de donde se tiene la información de mercado, por lo que para la seguridad del vendedor, no se registra nombre de propietario, sino únicamente del inmueble, área y valores que oferta para dicho inmueble; por tanto, se considera que el estudio de mercado que se realizó a profundidad, utilizando informes de profesionales inmobiliarios, sin depreciar la capacidad profesional adquirida del valuador. Incluso el perito al responder la interrogante décima que se le formuló, el perito expresó que midió e identificó físicamente el inmueble y su construcción, para después procesar esa información en su oficina; de ahí que contrario a la aseveración de la parte objetando, se considera correcto el valor comercial obsequiado al inmueble materia del juicio principal, sin que pueda considerarse sobrevalorado, pues se insiste, tal circunstancia no fue debidamente probada en este juicio". Determinación la anterior del juez de primer grado que consideró la Magistrada responsable, no fue impugnada, porque el inconforme se limitó escuetamente a argüir el inadecuado estudio de sus objeciones, detallando los aspectos que según él evidenciaron su procedencia, pero sin impugnar las transcritas razones que motivaron al sentenciador primario a desestimarlas en su integridad. En consecuencia, la responsable determinó que ante la ausencia de agravio, se encontraba imposibilitada para abordar el estudio de la legalidad o ilegalidad de las objeciones del recurrente, hoy quejoso, en relación a peritaje de MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL, en cuanto perito nombrado en rebeldía del demandado, actor incidentista, porque siendo el recurso de apelación de estricto derecho, su análisis lo era en la medida que lo permitieran los agravios, máxime que no se actualizaban los supuestos de suplencia de la queja previstos por el artículo 682, segundo párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En relación con lo anterior, ahora en la primer parte de los conceptos de violación la parte quejosa asevera que bastará que este tribunal federal se imponga del contenido de los agravios para advertir que el Magistrado responsable equivocadamente lo calificó de escuetos, y se advirtiera que estaban destinados a impugnar los argumentos del juez de primera instancia en la sentencia interlocutoria, para desestimar las objeciones que al avalúo del ingeniero Navarrete Sandoval se le formularon y que el juez de primer grado había considerado no fueron probadas con elemento de prueba idóneo porque afirma el inconforme, tuvo el cuidado de ir señalando una por una las cinco objeciones que hizo valer y como se fueron justificando, e incluso combatiendo los argumentos del juez, que el hecho de que el Magistrado no haya estudiado correctamente los agravios y compararlos con la sentencia, afirma el amparista, se violó en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 constitucional y consecuentemente la garantía de seguridad jurídica, porque considera dicho peticionario del amparo que con lo que establecen los artículos 575 y 579 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en cuanto a que las sentencias deben ocuparse exclusivamente de las personas, cosas acciones y excepciones que hayan sido materia de juicio y que bajo la palabra considerando debe hacerse en párrafos separados y numerados, en forma clara y concisa; que era evidente que el Magistrado bajo el pretexto de encontrarlos inoperantes, dejó de cumplir con las formalidades que tienen la calidad de normas de orden pública y de aplicación incondicionada, por disposición del artículo 14 constitucional y el diverso numeral 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; que por tanto dicha parte de la sentencia donde se declararon inoperantes los agravios que se expresaron respecto de la indebida valoración y resolución de las objeciones que al dictamen de MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL, afirma formuló la recurrente, hoy quejosa resulta inconstitucional. En relación con lo antes alegado, debe decirse que dicho concepto de violación resulta inoperante, pues no combate las consideraciones esenciales que tuvo dicha autoridad para declarar a su vez inoperantes los agravios pues al efecto no formula consideración jurídica alguna en contra de las consideraciones esenciales vertidas por dicha Magistrada en el sentido de que: El agravio se constituye por la manifestación de los motivos de inconformidad en forma concreta, sobre las cuestiones debatidas, por lo cual los agravios eran los razonamientos relacionados con las circunstancias que en caso jurídico específico tiendan a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley; y que, Por tanto no sería agravio la sola afirmación del apelante en el sentido de estimar la ilegalidad de la sentencia recurrida si dicha afirmación no se ocupaba de combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustente el sentido de fallo recurrido. Los anteriores argumentos que no se combaten con el dicho del quejoso en cuanto a que la responsable tenía la obligación de analizar la totalidad de los agravios y compararlos con la sentencia, menos aún si en forma alguna ahora en sus conceptos de violación pone de manifiesto en concreto cuales fueron los agravios que expuso tendentes a combatir las razones que motivaron al sentenciador primario a desestimar las objeciones que en su momento el ahora quejoso aduce hizo valer en contra de la reclamada indebida valoración de las objeciones que el hoy amparista considera hizo el juez primario respecto del dictamen de MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL, lo cual no se ve satisfecho con la transcripción que ahora hace de sus agravios, pues contrario a lo que afirma, no basta que ahora este juzgado federal se imponga del contenido integral de los mismos, sino que es necesario, combata de manera concreta las consideraciones que condujeron a la magistrada responsable a declarar dichos motivos de inconformidad inoperantes. En otra parte de la sentencia reclamada, se advierte que la magistrada responsable consideró en esencia, que en lo referente a las manifestaciones vertidas acerca del perito tercero en discordia ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, opuestamente a lo considerado por el inconforme, hoy quejoso, debía prevalecer el estudio de las objeciones realizadas por el juez primario, ante lo infundado del agravio, pues al efecto la Ad quem, consideró que el juez de primer grado obró apegado a derecho al precisar que resultaba innecesario determinar mediante inspección física las colindancias, deslinde y medición física exacta de un inmueble para otorgarle valor probatorio al señalado dictamen; y que era así porque esta clase de prueba podía ser calificada según su prudente arbitrio, sin estar sujeto a un sistema legal o tasado, sino al de la prueba libre o de libre convicción, siempre y cuando se expusieran cuidadosamente argumentos y razones para formar sus conclusiones. Dicha valoración afirmó la Magistrada responsable derivaba precisamente la naturaleza del avalúo conforme al artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, determinando la Ad quem, que de estimarse lo contrario se estaría privando al actor incidentista, de un medio de convicción tutelado por la ley, lo que aduce además iría en contra de una sana impartición de justicia, máxime que según lo consideró la magistrada responsable, el juzgador de primer grado estuvo en condiciones de analizar y valorar los aludidos dictamenes conforme a los cuales, dice la magistrada, en términos del artículo 478 del código adjetivo civil, obtuvo como promedio la cantidad de $604,913.80 seiscientos cuatro mil novecientos trece pesos 80/100 moneda nacional, como base para reclamar la liquidación de los honorarios profesionales. También determinó la responsable que aunado a lo anterior, el juez de origen determinó que le generaba convicción el avalúo rendido por ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, para fijar el valor comercial del inmueble materia del juicio principal, porque en tal peritaje se describieron las características generales y urbanas de dicho inmueble, además de explicar los elementos de construcción correspondientes para luego concluir en el valor físico que estimó pertinente, fundando además su actuar en los criterios jurisprudenciales de los rubros: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO"; y, "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO". Asimismo, consideró la responsable que la referida determinación del A quo, no fue combatida eficazmente por el apelante, hoy quejoso, porque mediante su agravio no desvirtuó las consideraciones tomadas en cuenta por el juzgador natural para otorgarle valor probatorio al peritaje de MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL y porque aun cuando este último en la audiencia del nueve de mayo de dos mil diecisiete, se refirió al avalúo del perito tercero en discordia ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, haciendo además mención de los antecedentes del juicio principal, lo cierto era que al no haberse controvertido de manera eficaz aquella diversa consideración donde el juzgador natural estableció que en el avalúo del perito tercero en discordia se describieron las características generales y urbanas de éste, además de explicar los elementos de construcción correspondientes, elementos que como ya se vio le produjeron convicción al juez de primer grado, era incuestionable que tales alegaciones, como ya lo había dicho, devenían insuficientes, para lo cual apoyó dicha determinación en la jurisprudencia del rubro: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA". De igual forma, la responsable declaró que eran insuficientes las manifestaciones donde pretendía evidenciar que el perito en cita, no llevó a cabo ningún estudio de mercado, relacionando las respuestas identificadas con los números 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 formuladas a dicho perito en la audiencia señalada, donde insistió nuevamente el apelante, hoy amparista, sobre la irregularidad del dictamen emitido por el perito MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL. La responsable declaró que esas manifestaciones eran insuficientes, porque el apelante soslayó impugnar la razón por la cual el juez natural determinó que no debía tomarse en cuenta el hecho de que el objetante señalara que el perito no realizó la investigación de mercado para obtener el valor del inmueble, porque contrario a tal aserción del contenido del dictamen pericial impugnado advirtió dicho juzgador natural que el experto expuso cuales eran las características urbanas del terreno así como los elementos de la construcción y que al contestar la interrogantes décima y décimo primera de la audiencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, respondió que es importante el estudio de investigación de mercado para determinar el valor del metro cuadrado del terreno y de construcción y que ello se obtenía de un archivo privado donde se tenían los valores actualizados y en razón a la experiencia adquirida por el valuador y por tanto el juez natural consideró que el estudio de mercado se realizó a profundidad utilizando informes de inmobiliarios profesionales, sin depreciar la capacidad profesional adquirida por el valuador. De igual forma, consideró la magistrada responsable que devenía inexacto argumentar que el juzgador confunde lo que es "el estudio de investigación de mercado", porque respecto de ello, aduce la Ad quem, bastaba señalar la consideración vertida por el juzgador al exponer que el estudio de investigación de mercado para determinar el valor de metro cuadrado de terreno y de construcción del inmueble valuado, se obtenía de un archivo privado de donde se tenían los valores actualizados y en razón a la experiencia adquirida por el valuador, como lo infirió de las respuestas de perito a los cuestionamientos décima y décima primera formuladas en la audiencia correspondiente, en base a lo cual el juez responsable concluyó " se considera que el estudio de mercado que se realizó a profundidad, utilizando informes de profesionales inmobiliarios, sin depreciar la capacidad profesional adquirida del valudador"; que por ello, determinó la responsable era incuestionable que tal avaluó sí consigna un marco de referencia que lo apoya y permite concluir válidamente que la cantidad fijada por el experto como valor comercial de la finca valuada, se ciñó a dicho estudio de mercado, máxime si no imperó medio de convicción que lo desvirtuara y que ante ello resultaba innecesario analizar las impugnaciones realizadas en dicho aspecto porque de todos modos prevalecía dicha consideración. En relación con lo anterior, la parte quejosa, sólo alega en los conceptos de violación que esa parte de la sentencia también es inconstitucional, porque nuevamente la Ad quem uso como pretexto que no se combatió eficazmente la determinación que el A quo hizo descansar en el hecho de que no fue necesaria la medición física de inmueble, refiere el quejoso que contrario a lo sostenido por la Magistrada, en sus agravios no sólo dijo lo que transcribió ésta en la sentencia, sino que a partir del cuarto párrafo de la página 13 del escrito de agravios manifestó en esencia, que respecto del dictamen emitido por ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, sí era razón suficiente el que dicho experto, no se haya constituido en el inmueble materia del juicio principal, no sólo para la medición física, sino para enterarse de sus características de construcción, de los terminados que presentara, porque adujó que esos datos eran importantes para establecer el valor del inmueble y que con independencia de que en el expediente del juicio natural, pudieran existir documentos públicos era necesario que el perito tercero en discordia conociera el inmueble, para que con ese conocimiento personal pudiera determinar si los documentos públicos a los que se refería el juez de manera genérica, resultaban o no coincidentes con los datos y elementos que pudo haber percibido de haberse constituido en él. De igual forma, insiste el quejoso que bastaba que este juzgado federal se impusiera del contenido de los agravios y los comparara con los argumentos vertidos por el juez de primera instancia para que contrario a lo sostenido por el Magistrado responsable, advirtiera que sí fueron debidamente combatidos los argumentos en que el juez de primer grado sustentó que no era necesaria la medición física del inmueble para que estudiara el agravio como fue expuesto. Asimismo alega que el avalúo de CÁRDENAS CAMPOS, no cumplía con los argumentos o razones para formar sus conclusiones, dadas las omisiones en que incurrió al emitir su avalúo, como lo era el hecho de que no se haya constituido en el inmueble materia de avalúo. También alega que justificado había quedado en autos que CARDENAS CAMPOS, ni siquiera conoció el inmueble materia de avalúo, por lo que no se podía considerar fundado y apoyado en técnicas científicas y que no podía aplicarse de manera irracional la última parte del artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que establece que "Los avalúos harán prueba plena", porque esa determinación estaba sujeta al análisis previo del avalúo que estuviera adecuadamente emitido. Alega el quejoso que era incorrecto que el Magistrado responsable siguiera sosteniendo que el ingeniero CÁRDENAS CAMPOS, sí llevó a cabo el estudio de mercado, en base a un archivo privado y a la experiencia del perito, cuando el estudio que el quejoso afirma se refiere es a la investigación directa del perito sobre inmuebles similares, a través de ventas de inmuebles mediante el interrogatorio de propietarios o vecinos del inmueble materia de avalúo, que por ello era su afirmación de que el juez confundía lo que debía entenderse por estudio de mercado, investigación de mercado y sondeo de mercado, por lo que si el avalúo no contenía la debida fundamentación y los correctos argumentos y razones en los que apoyara su conclusión, éste debía desestimarse en términos del artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin embargo a través de lo manifestado en los referidos conceptos de violación se advierte que no controvierte las consideraciones esenciales en base las cuales la Magistrada responsable resolvió que: Que el juez de primer grado obró apegado a derecho al precisar que resultaba innecesario determinar mediante inspección física las colindancias, deslinde y medición física exacta de un inmueble para otorgarle valor probatorio al señalado dictamen; y que era así porque esta clase de prueba podía ser calificada según su prudente arbitrio, sin estar sujeto a un sistema legal o tasado, sino al de la prueba libre o de libre convicción, siempre y cuando se expusieran cuidadosamente argumentos y razones para formar sus conclusiones; de lo cual, afirmó la Magistrada responsable derivaba precisamente la naturaleza del avalúo conforme al artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; Que de estimarse lo contrario se estaría privando al actor incidentista, de un medio de convicción tutelado por la ley, lo que aduce además iría en contra de una sana impartición de justicia, máxime que según lo consideró la magistrada responsable, el juzgador de primer grado estuvo en condiciones de analizar y valorar el aludido dictamen, junto con el rendido por el perito del apelante y el tercero en discordia nombrado por el juzgado de origen, conforme a los cuales, dice la magistrada, conforme al artículo 478 del código adjetivo civil, obtuvo como promedio la cantidad de $604,913.80 seiscientos cuatro mil novecientos trece pesos 80/100 moneda nacional, como base para reclamar la liquidación de los honorarios profesionales. Que aunado a lo anterior, el juez de origen determinó que le generaba convicción el avalúo rendido por ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, para fijar el valor comercial del inmueble materia del juicio principal, porque en tal peritaje se describieron las características generales y urbanas de dicho inmueble, además de explicar los elementos de construcción correspondientes para luego concluir en el valor físico que estimó pertinente, fundando además su actuar en los criterios jurisprudenciales de los rubros: "PRUEBA PERICIAL. VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO"; y, "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN JUICIO DE AMPARO". Asimismo, consideró la responsable que la referida determinación del A quo, no fue combatida eficazmente por el apelante, hoy quejoso, porque mediante su agravio no desvirtuó las consideraciones tomadas en cuenta por el juzgador natural para otorgarle valor probatorio al peritaje de MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL y porque aun cuando este último en la audiencia del nueve de mayo de dos mil diecisiete, se refirió al avalúo del perito ALEJANDRO CÁRDENAS CAMPOS, haciendo además mención de los antecedentes del juicio principal, lo cierto era que al no haberse controvertido de manera eficaz aquella diversa consideración donde el juzgador natural estableció que en el avalúo del perito tercero en discordia se describieron las características generales y urbanas de éste, además de explicar los elementos de construcción correspondientes, elementos que como ya se vio le produjeron convicción al juez de primer grado, era incuestionable que tales alegaciones, como ya lo había dicho, devenían insuficientes, para lo cual apoyó dicha determinación en la jurisprudencia del rubro: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA". De igual forma, la responsable declaró que eran insuficientes las manifestaciones donde pretendía evidenciar que el perito en cita, no llevó a cabo ningún estudio de mercado, relacionando las respuestas identificadas con los números 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 formuladas a dicho perito en la audiencia señalada, donde insistió nuevamente el apelante, hoy amparista, sobre la irregularidad del dictamen emitido por el perito MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL. La responsable declaró que esas manifestaciones eran insuficientes, porque el apelante soslayó impugnar la razón por la cual el juez natural determinó que no debía tomarse en cuenta el hecho de que el objetante señalara que el perito no realizó la investigación de mercado para obtener el valor del inmueble, porque contrario a tal aserción del contenido del dictamen pericial impugnado advirtió dicho juzgador natural que el experto expuso cuales eran las características urbanas del terreno así como los elementos de la construcción y que al contestar la interrogantes décima y décimo primera de la audiencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, respondió que es importante el estudio de investigación de mercado para determinar el valor del metro cuadrado del terreno y de construcción y que ello se obtenía de un archivo privado donde se tenían los valores actualizados y en razón a la experiencia adquirida por el valuador y por tanto el juez natural consideró que el estudio de mercado se realizó a profundidad utilizando informes de inmobiliarios profesionales, sin depreciar la capacidad profesional adquirida por el valuador. De igual forma, consideró la magistrada responsable que devenía inexacto argumentar que el juzgador confunde lo que es "el estudio de investigación de mercado", porque respecto de ello, aduce la Ad quem, bastaba señalar la consideración vertida por el juzgador al exponer que el estudio de investigación de mercado para determinar el valor de metro cuadrado de terreno y de construcción del inmueble valuado, se obtenía de un archivo privado de donde se tenían los valores actualizados y en razón a la experiencia adquirida por e valuador, como lo infirió de las respuestas de perito a los cuestionamientos décima y décima primera formuladas en la audiencia correspondiente, en base a lo cual el juez responsable concluyó "se considera que el estudio de mercado que se realizó a profundidad, utilizando informes de profesionales inmobiliarios, sin depreciar la capacidad profesional adquirida del valuador"; Que por ello, determinó la responsable era incuestionable que tal avaluó sí consigna un marco de referencia que lo apoya y permite concluir válidamente que la cantidad fijada por el experto como valor comercial de la finca valuada, se ciñó a dicho estudio de mercado, máxime si no imperó medio de convicción que lo desvirtuara y que ante ello resultaba innecesario analizar las impugnaciones realizadas en dicho aspecto porque de todos modos prevalecía dicha consideración. En consecuencia, al no haber combatido a través de los conceptos de violación dichos razonamientos sino haberse concretado en reiterar que al avalúo emitido por MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE SANDOVAL, no debió habérsele otorgado valor probatorio pleno en términos del artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por no haberse constituido el perito respectivo físicamente en dicho inmueble a realizar la medición y observar las características de construcción y ubicación del mismo, para realizar el estudio de mercado correspondiente; y no haber combatido los razonamientos ya expuestos por la magistrada responsable para confirmar la determinación del juez primario, en el sentido de que el avalúo en cita tenía valor probatorio pleno conforme a dicho numeral, por sí haberse realizado el estudio de mercado correspondiente para determinar el valor del inmueble materia del juicio principal, en base a medios informáticos y la participación de la "Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios", pues no precisó por qué no sería verídica la información obtenida por los peritos a través de tales medios, es que dichas manifestaciones formuladas en los conceptos de violación en análisis resultan inoperantes. Es aplicable por analogía la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 1002999 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1120 Página: 1266 AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del Juez de Distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del Juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Amparo en revisión 898/2006.-Juan Manuel Hernández Magallanes.-7 de junio de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 1752/2006.-Adriana Jiménez Pérez.-22 de noviembre de 2006.-Cinco votos.-Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Amparo directo en revisión 953/2007.-Hotel Palacio San Leonardo, S.A. de C.V.-4 de julio de 2007.-Cinco votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretaria: Rosalía Argumosa López. Amparo en revisión 390/2007.-Luis Barragán López.-11 de julio de 2007.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo en revisión 461/2007.-Siemens Vdo., S.A. de C.V.-23 de enero de 2008.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Ramón Cossío Díaz.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. Tesis de jurisprudencia 85/2008.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 144, Primera Sala, tesis 1a./J. 85/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 145." Pero además, en el supuesto de declarar, como lo pretende el quejoso fundados los conceptos de violación, a nada práctico conduciría el conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Magistrada responsable analice de fondo los agravios planteados en el toca de donde deriva la resolución reclamada. Lo anterior es así, en virtud de que la inconformidad esencial de la parte quejosa, fue en cuanto a la valoración realizada por el juzgador natural respecto de los avalúos periciales, en base a los cuales se determinó el valor comercial promedio del inmueble materia del juicio principal, pues consideró que no debía otorgársele valor probatorio alguno por no haberse constituido físicamente los peritos en dicho inmueble, que al no hacerlo, no estuvieron en condiciones de medirlo, de observar las características de construcción, las mejoras realizadas, así como su ubicación, por lo cual a consideración del quejoso el estudio de mercando no se realizó debidamente y por tanto el valor comercial obtenido de ese inmueble no era el real. Sin embargo, aunque en efecto, de constancias no se advierte que los peritos se hayan constituido en dicho inmueble a fin de realizar su peritaje en cuanto al estudio de mercado correspondiente para determinar el valor comercial del mismo, lo cierto es que de dichas experticias se advierte como lo refiere la responsable que en ellos sí se precisaron los antecedentes, características urbanas, características del terreno, se describió el inmueble, los elementos de construcción y el valor físico del inmueble, incluso se plasmó reporte fotográfico, concluyendo así con el valor comercial promedio del inmueble; lo cierto es que de llegarse a conceder el amparo solicitado para el efecto pretendido de que no se tomen en cuenta dichos avalúos y se realizaran otros en los que se atendiera a que los peritos acudieran personalmente al inmueble objeto del juicio principal con el objeto de constatar las mejoras, las calidad de sus materiales y que con base en esos datos se proceda a efectuar una nueva investigación de mercado, previo a emitir el dictamen respectivo en cuanto al valor que en ese momento tenga el predio en cita, ello evidentemente implicaría proceder en perjuicio del propio demandado, ahora quejoso, ya que de acudir los expertos correspondientes de nueva cuenta en ese inmueble, por las características físicas mejoras y calidad que éste tenga en la actualidad y por plusvalía generada por el transcurso del tiempo, el resultado del valor comercial de esos peritajes, será mayor al ya arrojado en los dictámenes cuestionados; lo cual conduciría a que el juez natural tomara como base para realizar la cuantificación de la liquidación de la sentencia una cantidad mayor; y consecuentemente la suma a que sería condenado el hoy peticionario del amparo, seguramente también sería más alta en relación con la aprobada en la resolución del incidente de liquidación de sentencia, confirmada por la Sala responsable. En otra parte de la resolución combatida, resolvió la magistrada responsable que no se encontraba en condiciones de analizar lo alegado por el impetrante en cuanto a que los avalúos de mérito perdieron vigencia, en virtud de que ese alegato constituía una cuestión novedosa que debió invocarse dentro de las objeciones formuladas ante el juez natural, lo cual no realizó y que por tanto, constituía un elemento nuevo a la Litis incidental debatida que no estuvo en aptitud de examinarse por el juez de la contienda. En relación con lo anterior, el quejoso refiere en sus conceptos de violación que la responsable no se podía excusar de resolver el agravio expuesto en ese sentido, porque tenía la obligación de analizarlo de oficio, en la forma que lo establecían los artículos 575 y 579 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que al haberse negado violó las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior resulta infundado, pues contrario a lo señalado por el quejoso en sus conceptos de violación, los numerales que cita, no obligan en forma alguna a la Ad quem, a analizar de oficio cuestiones novedosas sobre las cuales no tuvo oportunidad el juzgador natural de pronunciarse, de ahí que contrario a lo que aduce no infringió formalidad del procedimiento alguna, al haber determinado no resolver sobre dicha cuestión novedosa en la Litis incidental. No obstante, cabe señalar que tampoco a nada práctico conduciría conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Magistrada responsable analice dicho motivo de inconformidad, toda vez que debe atenderse a que la prueba pericial en cita debe desahogarse en términos de las reglas que para tal efecto establecen los artículos 451 a 458, del Capítulo VII del Código de Procedimientos Civiles del estado de Michoacán, titulado "De la Prueba Pericial" de cuya lectura, no se advierte que se prevea una vigencia para los avalúos obtenidos de ese medio de convicción. Además, si bien el artículo 672, fracción V del ordenamiento legal citado en último término, prevé: "Artículo 672. Para el remate, se tendrá como precio del bien hipotecado, el que señale el avalúo que presente la persona que las partes hayan convenido para tal efecto en el momento de la constitución de la hipotecas; o, en su caso, de no haberse acordado, se procederá de la forma siguiente: . V. La vigencia del valor que se obtenga por avalúos será de seis meses, para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar los valores; ." De la lectura del transcrito precepto legal, se observa que el mismo se encuentra en el Capítulo V, relativo al juicio sucesorio hipotecario, mientras que el juicio de origen en la especie es ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, pero además, es claro que ese numeral prevé el requisito de mérito, sólo para el remate del bien hipotecado; consecuentemente, dicha hipótesis no sería aplicable al caso concreto, en el que la finalidad del desahogo de la prueba pericial lo fue para cuantificar el valor del inmueble objeto del juicio principal a fin de determinar el valor del negocio y así estar en condiciones de realizar la liquidación de lo condenado en la sentencia dictada dentro del mismo, y no con la finalidad de rematar bien inmueble alguno; de ahí que por lo anterior también resulte infundado este último concepto de violación. En consecuencia ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ARTURO AYALA RAYA, contra el acto y por la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el quinto de dichos considerandos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTIZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy once de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito presentado por el apoderado del quejoso Arturo Ayala Raya, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de diecisiete de enero del año en curso, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes en los que motiva el acto que reclama a la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tiene a la parte promovente cumpliendo con el requerimiento que le fue realizado en el auto aludido en líneas precedentes. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por el quejoso Arturo Ayala Raya, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Toda vez que mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se reservó de proveer respecto al informe justificado y pruebas de la autoridad responsable, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos, lo que en la especie ya aconteció, en consecuencia, se acuerda lo siguiente. No ha lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en ciudad, toda vez que el mismo ya obra en autos, por lo que únicamente dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en el acto de la audiencia constitucional. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que acompañó la autoridad señalada como responsable a su informe con justificación. Con las constancias que integran el referido expediente, fórmese un cuaderno de pruebas por separado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Se le reconoce el carácter de tercero interesado a Benjamín Ayala Raya, y se reitera el emplazamiento realizado por la autoridad responsable. Atento a lo anterior, una vez que el tercero en mención quede notificado del presente proveído; deberá comparecer dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presente, a señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrá por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar cuadernos incidentales, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la responsable. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil diecinueve. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el escrito presentado por el apoderado del quejoso Arturo Ayala Raya, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de diecisiete de enero del año en curso, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes en los que motiva el acto que reclama a la autoridad responsable; atento a lo anterior, se tiene a la parte promovente cumpliendo con el requerimiento que le fue realizado en el auto aludido en líneas precedentes. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por el quejoso Arturo Ayala Raya, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las nueve horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Toda vez que mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se reservó de proveer respecto al informe justificado y pruebas de la autoridad responsable, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos, lo que en la especie ya aconteció, en consecuencia, se acuerda lo siguiente. No ha lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en ciudad, toda vez que el mismo ya obra en autos, por lo que únicamente dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en el acto de la audiencia constitucional. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que acompañó la autoridad señalada como responsable a su informe con justificación. Con las constancias que integran el referido expediente, fórmese un cuaderno de pruebas por separado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Se le reconoce el carácter de tercero interesado a Benjamín Ayala Raya, y se reitera el emplazamiento realizado por la autoridad responsable. Atento a lo anterior, una vez que el tercero en mención quede notificado del presente proveído; deberá comparecer dentro del término de tres días siguientes a dicha notificación o en el primer escrito que presente, a señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, en relación con este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, le correrá por lista, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar cuadernos incidentales, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la responsable. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-

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