Arturo Capistrana Rendón
Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Arturo Capistrana Rendón
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de amparo, de treinta de junio de dos mil veintitrés, o hayan hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que las autoridades han dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a ello, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por las autoridades responsables, en acatamiento ello a lo dispuesto en la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se le haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Ahora bien, mediante sentencia de primero de marzo de dos mil veintitrés, por un lado, se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra parte, se determinó que la Justicia de la Unión amparaba y protegía a ********************, para los siguientes efectos: ". En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: 1. Se cobre a ********************, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de ******************** por los servicios que recibió, acorde con la factura con folio fiscal ******************** relativa al número de operación ******************** de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, expedida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, a nombre de la parte aquí quejosa, debidamente actualizada. 2. Se reintegre al quejoso la parte que cubrió en exceso debidamente actualizada, en la Recaudación de Rentas de esta ciudad, en razón de que fue donde se verificó el pago del tributo de mérito. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad que se cubrió en exceso". Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se causó ejecutoria en este asunto y se pidió cumplimiento de la ejecutoria de amparo y en virtud de que las autoridades vinculadas al cumplimiento no habían acatado la misma, se reiteró el requerimiento nuevamente por auto de quince de junio actual y fue mediante acuerdo de diecinueve de junio del año en curso, cuando se tuvo al Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vía delegación de facultades, con residencia en la localidad, informando que el cheque ******************** a cargo de la Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y elaborado por la cantidad de ******************** a nombre del quejoso ********************, quedaba a su disposición en las oficinas que ocupa el Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en esta ciudad, Edificio Administrativo Armando B. Chávez, del Gobierno del Estado de Chihuahua, Oficina de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes. Por lo anterior, en ese mismo proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, que le fue notificado a la parte quejosa el veinte de junio de dos mil veintitrés, misma notificación que surtió sus efectos el veintiuno, empezó a contar el veintidós y feneció el veintiséis de junio del año en curso; siendo inhábiles el veinticuatro y veinticinco de junio de este año por ser inhábiles y corresponder a sábado y domingo, sin que a la fecha la parte quejosa haya realizado manifestación alguna de inconformidad. Además de que, es interés de la parte quejosa acudir a recoger su cheque cuando lo desee. Documentales que poseen pleno valor de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Materia. Por tanto, ello conduce al suscrito Juez, a considerar que se ha dado cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, máxime que la quejosa ya recogió el cheque expedido a su favor. Por último, hágase del conocimiento a la parte quejosa el derecho que le asiste para promover en contra de este proveído el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I y 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, razón por la cual se ordena dar vista con lo aquí resuelto para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene al Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vía delegación de facultades, con residencia en la localidad, informando que el cheque ******************** a cargo de la Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y elaborado por la cantidad de ******************** a nombre del quejoso ********************, mismo que se encuentra a su disposición en las oficinas que ocupa el Departamento Jurídico Fiscal de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en el Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio, en esta ciudad, Edificio Administrativo Armando B. Chávez, del Gobierno del Estado de Chihuahua, Oficina de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes. En tales condiciones, dese vista con lo anterior al quejoso en mención, y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga, para estar en aptitud de proveer lo relativo al cumplimiento del presente sumario constitucional, apercibido que de no hacerlo así, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene a la licenciada ********************en su carácter de autorizada de la parte quejosa, solicitando se requiera a las autoridades responsables a efecto de que den cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad, Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como también al Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y Jefe de Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua Capital, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban la notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector que se traduce en: ".En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: 1. Se cobre a ******************** únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de ******************** por los servicios que recibió, acorde con la factura con folio fiscal ******************** relativa al número de operación ******************** de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, expedida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, a nombre de la parte aquí quejosa, debidamente actualizada. 2. Se reintegre al quejoso la parte que cubrió en exceso debidamente actualizada, en la Recaudación de Rentas de esta ciudad, en razón de que fue donde se verificó el pago del tributo de mérito. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad que se cubrió en exceso. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Novena Época, número de registro: 192846, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19. "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74 pesos), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual manera, requiérase al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua capital, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria, para que dentro del mismo término, ordene a sus inferiores a fin de que cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos estipulados; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular la multa precisada en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades en cita. Sin que sea óbice para acatar la presente determinación, que no tengan el carácter de autoridades responsables el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, y el Jefe de Departamento de Padrón y Control de Obligaciones, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, toda vez que ello no las exime de la obligación de acatar la ejecutoria de amparo, máxime que éstas, inciden en su ámbito competencial de funciones; encontrando apoyo el razonamiento expuesto, en la tesis jurisprudencial 236, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Parte SCJN, correspondiente a la Quinta Época, visible en la página 159, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acrediten tal circunstancia. Notifíquese y cúmplase.
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