Arturo Arellano Corral

Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
  • Arturo Arellano Corral

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN: En Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Félix Santillanes Cruz, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario (firma electrónica) Lic. Félix Santillanes Cruz.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo Arellano Corral, contra actos del Titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, residente en Ciudad de México y Subsecretaria del Sistema Penitenciario en el Estado de Chihuahua, licenciada Nora Angélica Balderrama Cano, fórmese y regístrese expediente 460/2021-III-A. Así, respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, este resolutor considera que debe desecharse la demanda de amparo que promueve Arturo Arellano Corral, puesto que, del contexto de su demanda de amparo, se desprende que no acudió ante el JUEZ DEL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS, residente en la localidad, a agotar el principio de definitividad antes de promover su demanda de amparo. Es decir, se estima por quien ahora resuelve que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues, antes de acudir a esta vía de amparo, Arturo Arellano Corral, debe agotar el medio de defensa previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para demostrar este aserto es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causa de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Como se ve, en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional; conforme con el cual antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En ese sentido, la Ley de Ejecución Penal, establece todas las prerrogativas legales que, del citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. En atención al principio de definitividad, hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual, si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda de que antes de acudir a la vía constitucional la parte quejosa debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar el acto atacado en el amparo, pues, de lo contrario, opera la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula, o sea, el de la ejecución penal, a saber: a) Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de internamiento que deben garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad -capítulo II del título segundo-. b) Régimen disciplinario, en el cual se establece que las faltas disciplinarias es una decisión a cargo del comité técnico del centro penitenciario -capítulo III del título segundo-. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulo V del título segundo-. En particular, por la naturaleza de los actos reclamados en el juicio de amparo, interesa el régimen de traslados de personas detenidas, en concreto, los involuntarios y los excepcionales o urgentes -capítulos V del título segundo- en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; toda vez que tal normatividad establece que en el caso de los traslados involuntarios, ya se trate de personas procesadas o sentenciadas, tal traslado debe ser autorizado en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución; la autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado en casos de emergencia por cualquier medio, de igual manera puede ser solicitado por el Ministerio Público; la resolución que emita el juez podrá ser impugnada a través de recurso de apelación. Por otra parte el artículo 52 de la referida ley, prevé que la autoridad penitenciaria, excepcionalmente podrá ordenar y ejecutar órdenes de traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizar el traslado, en esos casos el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa; en contra de esta resolución se podrá interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución. Asimismo, el artículo 107 de dicha ley, prevé que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; reconociendo legitimidad para formular tales peticiones ante las direcciones de los Centros, a los siguientes: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Luego, conforme con el numeral 109 de la referida ley especial, las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en la misma, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión (como en el caso de traslado a otra área, modulo, celda o estancia, que intentan llevar a cabo las autoridades responsables, sin existir motivo justificado para ello, ni notificación al respecto), para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y en su caso, la subsanación de dicha afectación. Peticiones administrativas que se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. De igual manera la legislación especial señala que en caso que dentro del plazo legal, el juez no se pronuncie, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa; al respecto los artículos 117, 122 a 127, prevén la procedencia y procedimiento para su ejercicio y cuando se trate de traslados (artículo 117, fracción III), se podrá promover la controversia judicial en el momento de la notificación, o dentro de los diez días siguientes cuando la persona no fue notificada, la controversia debe presentarse por escrito, relatar los hechos materia de su inconformidad, medios de prueba, en su caso solicitar la suspensión del acto (la cual incluso se podrá conceder oficiosamente); para lo cual, el juez una vez recibida la solicitud, contará con setenta y dos horas para emitir un auto en el que podrá admitir, prevenir o desechar la controversia. Una vez admitida la sustanciará, correrá traslado a las partes, para que en el término de cinco días contesten y ofrezcan sus pruebas y la autoridad penitenciaria rinda el informe que corresponda, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. La audiencia será presidida por el Juez de Ejecución, el personal de la administración del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio, una vez desarrollada la audiencia, el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final; en la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. En ese contexto, es evidente que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un verdadero procedimiento conformado por diversas etapas, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión. Ahora bien, el pasado diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se publicó el comunicado de prensa en el que se hace del conocimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala dentro del expediente 448/2019, de su índice, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En ese sentido, se estima que el quejoso previo acudir al amparo, debe agotar el mecanismo que contempla la Ley de Ejecución Penal, que establece todas las prerrogativas legales de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Además, dicho mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De donde se sigue que la suspensión establecida en dicho ordenamiento legal tiene los mismos efectos que la diversa de la Ley de amparo, dado que no exige mayores requisitos ni plazos que los que ésta consigna para conceder la suspensión provisional. Resulta aplicable por su contenido, la tesis I.7o.P.122 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 5293, del libro 67, junio de 2019, tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019987, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". En conclusión, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, esta última en relación con el artículo 107 fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por notoriamente improcedente. Por lo anteriormente determinado, no ha lugar a conceder la suspensión de plano y de oficio a la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en que se encuentra detenido. Por último, como de la demanda de amparo se advierte que el agraviado se encuentra interno en el Centro Estatal de Reinserción Social número Tres, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado Federal para que se constituya en dicho centro, con la finalidad de notificar el presente proveído a la parte quejosa. Notifíquese y a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario licenciado Félix Santillanes Cruz, que autoriza y da fe. Doy fe. FSC.

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