Arturo Campoverde Aguilar
Expediente 435/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Campoverde Aguilar
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Miguel Anguiano Mincítar, en cuanto apoderado legal del albacea intestamentario Arturo Campoverde Aguilar. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...
- Incidental
I. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintitrés del citado mes y año (enero de dos mil diecinueve), que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, en contra del proveído, en que se desechó la demanda de garantías, promovida por Miguel Anguiano Mincítar, en cuanto apoderado legal del albacea intestamentario Arturo Campoverde Aguilar. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa...
- Principal
I. URUAPAN, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por el apoderado jurídico del quejoso Arturo Campoverde Aguilar; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención contenida en auto de diez de septiembre pasado, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que el juicio sucesorio 51/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, se encuentra concluido en su primera y segunda sección, y a punto de concluir la tercera sección, esto es, se encuentra en trámite dicha sección. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, así como el escrito de cuenta, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 172, fracción XII así como 107, fracción I y V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: ....
- Principal
I. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el aviso de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de dieciocho del mes y año en curso, que en lo conducente dice: ... Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, así como el escrito de cuenta, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 172, fracción XII así como 107, fracción I y V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. ... Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: ... Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Resulta aplicable la tesis: ... Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguientes: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) ... En el caso, el promovente del amparo reclama la sentencia confirmatoria de auto que niega el requerimiento de desalojo voluntario de bien hereditario dictada el veinte de agosto del año en curso, dentro del toca de apelación I-223/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el diverso auto de veintiuno de junio de la presente anualidad, del índice del juicio sucesorio 51/2009. Ahora, para una mejor comprensión de la litis constitucional planteada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. 1. Ante el Juzgado Segundo Civil de esta ciudad se promovió dentro del expediente número 51/2009, correspondiente al juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto MELQUIADES y/o J. ABEL MELQUIADES y/o ABEL MELQUIADES de apellidos CAMPOVERDE SOTO, denunciado por Arturo Campoverde Aguilar, y otros coherederos, en la primera sección, misma que se llevó en sus etapas procesales y se dictó sentencia declarativa de herederos. 2. Seguidamente, se apertura la segunda sección de dicho juicio, asimismo, mediante auto de nueve de junio del año pasado, a instancia de la mayoría de herederos se tuvo a éstos por proponiendo como albacea definitivo al aquí quejoso Arturo Campoverde Aguilar. 3. Posteriormente, la mayoría de los herederos del intestado subyacente solicitaron se requiera al albacea para que previo de iniciar la distribución de los bienes de la herencia, gestionara la desocupación y entrega de la fracción que detenta la coheredera María de los Ángeles. 4. Acto seguido, siguiendo los trámites procesales se tuvo se emitió sentencia interlocutoria que aprobó la segunda sección, del inventario y avalúo, donde se lista el predio perteneciente a la herencia 5. Posteriormente, se apertura la tercera sección del citado juicio, de igual forma, mediante escrito signado por la parte quejosa, solicitó, previo a la desocupación en cuestión, se requiriera a la coheredera María de los Ángeles, para que en el lapso legal de tres días, demostrara si disfrutaba de algún derecho a título particular respecto de la fracción sur que detenta perteneciente a la herencia, y a dicho libelo de cuenta, recayó acuerdo de fecha once de junio último, donde se ordenó dar vista con esas manifestaciones a la coheredera en cita, 6. Después de transcurridos los tres días a la notificación respectiva, por medio de escrito el albacea definitivo ahora quejoso, pidió al Juzgado responsable, tuviera a bien de señalar fecha para la diligencia de la entrega voluntaria de la fracción de inmueble que tiene en posesión la coheredera en cita, a desahogarse en el inmueble identificado en autos y que detenta ésta, para que en caso de oposición proceder a su ejecución forzosa en términos de la Ley aplicable, en donde se le informó que no ha lugar a señalar fecha para la citada diligencia. 7. Seguidamente, el citado Campoverde Aguilar, interpuso recurso de apelación, ante el juez responsable, medio que fue admitido en efecto devolutivo, remitiéndole testimonio autorizado de los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien por conducto de su Presidencia turnó a la Cuarta Sala Civil de dicha alzada, el cual el veinte de agosto del año en curso, resolvió confirmar en sus términos el auto que deniega dicha desposesión (acto reclamado). Antecedentes que el promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse como acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no le reviste el carácter de definitivo, en razón de que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal, que de momento no tiene sobre la persona del quejoso una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Asimismo, conviene precisar que los artículos 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 y 1088 todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establecen lo siguiente: Artículo 1012. En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Pueden iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 1013. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización; II. La denuncia del interesado; III. Los nombramientos y remociones de albaceas; IV. Las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, V. Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores. Artículo 1014. La segunda sección se llamará de inventarios y contendrá en su caso; I. Los inventarios que presenten los albaceas provisionales, interinos o definitivos, o los herederos y el cónyuge sobreviviente, en su caso II. Los avalúos; y III. Los incidentes que se susciten sobre estos puntos. Artículo 1015. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración de los albaceas, interinos, provisionales o definitivos o del cónyuge sobreviviente; II. Las cuentas, su glosa o su calificación; y, III. Los incidentes que hubiere sobre los puntos anteriores. Artículo 1016. La cuarta sección se llamará de participación y contendrá: I. El proyecto de partición; II. Los Arreglos relativos; III. Las ventas y la aplicación de los bienes; y, IV. Las sentencias y los incidentes que se promuevan sobre los puntos anteriores. Artículo 1017. Las resoluciones que el juez dicte en los juicios hereditarios, se notificarán en los términos legales a todos los interesados, teniéndose por tales a los presuntos herederos y a los representantes del Fisco, mientras esté pendiente el pago de impuestos hereditarios así como al Ministerio Público, si hubiere herederos ausentes y entre tanto se hace la declaratoria de herederos en los interesados. Para los efectos de este artículo el denunciante debe designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas que tengan el carácter de herederos instituidos o que sean presuntos herederos. . Artículo 1062. En todo juicio hereditario la administración puede ser provisional o definitiva. Es provisional la que éste a cargo del albcea nombrado conforme al artículo 986 de este Código. Es definitiva la que esté a cargo dl albacea nombrado en el testamento, por los herederos o por el Juez, conforme al artículo 1035 de este propio ordenamiento. Artículo 1063. Cuando los herederos o el Juez hagan uso de la facultad que les conceden los artículos 894 y 897 del Código Civil, el interventor nombrado se tendrá como albacea mancomunado del provisional o definitivo. El albacea, cualquiera que sea su carácter, no podrá ejecutar actos de administración sino de acuerdo con el interventor, bajo la pena de nulidad de los actos que ejecuta y treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado de multa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal que debe satisfacer. Artículo 1064. El cónyuge supérstite tendrá la posesión y administración de los bienes que le hayan pertenecido en copropiedad con el autor de la sucesión con intervención del albacea, y será puesto en ella en cualquier momento en que la pida, aunque antes la haya tenido el albacea u otra persona, sin que por esto pueda empeñarse cuestión alguna. Contra el auto o sentencia que otorgue la posesión y administración al cónyuge y en los casos del artículo 887 del Código Civil, no se admitirá ningún recurso; contra el que la niegue habrá el de apelación en el efecto devolutivo. Artículo 1065. En el primer caso del artículo anterior, la intervención del albacea tendrá a inspeccionar el manejo que de los bienes de copropiedad haga el cónyuge supérstite, vigilando las operaciones que se practique, sin que pueda el último cobrar ningún crédito, ni pagar ninguna cuenta o erogar gasto alguno, sin la autorización del albacea dada por escrito. Tratándose de los gastos ordinarios, el albaca deberá dar su autorización en globo, por una cantidad determinada al mes, previo acuerdo judicial. Artículo 1066. Si la falta de herederos que se trata en el artículo 853 del Código Civil, depende de que el testador declare no ser suyos los bienes, o de otra causa que impida la sucesión por intestado, el albacea judicial durará en su encargo hasta que se encarguen los bienes a su legítimo dueño. Artículo 1067. Si la falta de herederos depende de incapacidad legal del nombrado o de su renuncia, el albacea judicial durará en su encargo el tiempo señalado en el artículo 855 del Código Civil. Artículo 1068. Si por cualquier motivo el albacea provisional ejerce sus funciones por más de un mes, contado desde su nombramiento, podrá, con autorización del juez, intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la sucesión, y contestar las que contra ésta se promuevan. Artículo 1069. En los casos muy urgentes podrá el juez, aún antes de que se cumpla el término que fija el artículo que precede, autorizar al albacea provisional para que demande y conteste a nombre de la sucesión. Artículo 1070. El albacea provisional no puede deducir en juicio las acciones que por razón de mejoras, manutención o reparaciones tenga contra el interesado, sino cuando haya hecho esos gastos con autorización previa. Artículo 1071. El dinero o alhajas se depositarán en una institución de crédito o, en su defecto, en la oficina de Rentas correspondiente, pero el juez dispondrá que se entreguen al albacea provisional las sumas que crea necesarias para los gastos más indispensables, si ya hubiere otorgado la garantía que determina la ley. Artículo 1072. El juez abrirá la correspondencia que se reciba dirigida al difunto, en presencia del secretario y del albacea provisional, en los periodos que se señalen, según las circunstancias. Se entregará al albacea provisional la que tenga relación con el caudal, dejándose testimonio de ella en autos; y el juez conservará la restante para darle en su oportunidad el destino correspondiente. Artículo 1073. Reconocido y nombrado el albacea definitivo, recibirá la correspondencia anterior, y él deberá exclusivamente llevarla hasta la terminación del juicio. Artículo 1074. Todas las disposiciones referentes al albacea definitivo regirán, en lo conducente, respecto del provisional. Artículo 1075. El albacea provisional y el interventor, en su caso, tendrán el dos por ciento del importe de los bienes, si no exceden al equivalente de cuatrocientos días de salario mínimo general vigente en el Estado; si excedieren de esta suma, pero no al equivalente de dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, tendrán, además, el uno por ciento, y excediendo de esta última, tendrán, además el medio por ciento de la cantidad excedente. El albacea definitivo tendrá el derecho que señala el artículo 907 del Código Civil, si su encargo hubiere durado más de seis meses; si hubiere durado menor tiempo, solo cobrará como interventor. Artículo 1076. Todas las actuaciones relativas a la administración estarán de manifiesto en la secretaría del juzgado a disposición de los que se hayan presentado alegando derechos a la herencia. Artículo 1077. Sea quien fuere el administrador de los bienes, se cumplirán estrictamente las disposiciones de los artículo 578, 583, 584 del Código Familiar y del 883 al 887 del Código Civil. Artículo 1078. Durante la substanciación del juicio hereditario no se podrán enajenar los bienes inventariados, sino en los casos prescritos por los artículos 883 y 924 del Código Civil y en los siguientes: I. Cuando los bienes puedan deteriorarse; II. Cuando sean de difícil y costosa conservación; y, III. Cuando para la enajenación de los frutos se presenten condiciones ventajosas. Artículo 1079. Los libros de cuentas y papeles del difunto se entregaran al albacea, y hecha la partición, a los herederos reconocidos; observándose respecto de los títulos lo prescrito respecto de la partición de la herencia. Los demás papeles quedarán en poder del que haya desempeñado el albaceazgo. Artículo 1080. Si nadie se presentare alegando derechos a la herencia, o no fueren reconocidos como herederos los que se hubieren presentado, y se declare heredero al Fisco del Estado, se entregarán a su representante los bienes, los libros y los papeles que tengan relación con ellos; los demás se archivarán con los autos del juicio en un pliego cerrado y sellado, en cuya cubierta rubricarán el juez, el representante del mismo Fisco y el secretario. Artículo 1081. Concluidos y aprobados el inventario y avalúo de los bienes, el albaca procederá a la liquidación de la herencia. Artículo 1082. El Albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso del artículo 1064 de este Código, están obligados a rendir mensualmente la cuenta de su administración, debiendo el juez, de oficio, exigir el cumplimiento de esta obligación y ordenar en todo caso que la cantidad líquida se deposite en los términos del artículo 1071 de este Código. A la cuarta mensual deberán acompañarse los justificantes que procedan, y aprobada que sea, se devolverán al interesado sellados y con la nota de aprobación. Artículo 1083. El albacea provisional, judicial o definitivo y el cónyuge en el caso a que se refiere el artículo anterior, rendirán su cuenta general de administración dentro de los treinta días siguientes a aquél en que cesen en su cargo. La falta de cumplimiento de la obligación de rendir cuenta, se sancionará con multa de treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en l Estado, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que procedan en contra del obligado. Artículo 1084. La garantía otorgada por el albacea no se cancelará sino hasta que haya sido aprobada la cuenta general de administración. Artículo 1085. Cuando el que administre no rinda dentro del término legal su cuenta, será removido de plano. También podrá ser removido a juicio del juez y solicitud de cualquiera de los interesados, cuando alguna de las cuentas no fuere aprobada en su totalidad. Artículo 1086. Cuando no alcancen los bienes para pagar las deudas y legados, el albacea debe dar cuenta de su administración a los acreedores y legatarios. Artículo 1087. Presentada la cuenta mensual o general de administración, se mandará poner en la secretaría a disposición de los interesados por un término de tres días, para que se impongan de ella. Artículo 1088. Pasado ese término, se citará a las partes a una audiencia que celebra dentro de los tres días siguientes, en la que se aprobará o reprobará la cuenta. El auto correspondiente será apelable en el efecto devolutivo. De los preceptos transcritos con anterioridad, se desprende que el juicio sucesorio es de naturaleza especial y se constituye de cuatro etapas distintas, por tanto, las violaciones procesales que en cada una de las tres primeras etapas se cometa sólo podrán ser reclamadas en juicio de amparo indirecto cuando se impugne la resolución que cierre y decida el fondo de ellas. Apoya lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1546, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, enero de 2004, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. De los normativos reproducidos también se advierte que la sección de administración (tercera), contendrá todo lo relativo a la administración, las cuentas, su glosa o su calificación. De lo relatado en párrafos que anteceden, se aprecia que el juicio del que deriva el acto reclamado, al Magistrado se trata de una resolución intermedia dictada dentro de la tercera fase en el juicio sucesorio, el cual no ha concluido, pues el juzgador del conocimiento aún no dicta la resolución por la cual se apruebe o no de la cuenta general de administración. En esas condiciones, si conforme a la propia ley procesal civil, la sección de administración termina con la resolución mediante la cual se aprueba la rendición de cuentas del albacea, es claro que el acto reclamado resolución de veinte de agosto del año en curso, emitida por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, en el toca civil I-223/2018, debe estimarse dictada dentro de esa tercera sección del juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación, ya que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta, de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, que al obtener una sentencia favorable se reparan y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo, ya que al momento en que se producen no los afecta de manera irreparable, sino que tan solo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Así, es claro que si en la especie el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio intestamentario, es necesario que para decretar la procedencia del juicio de amparo se analice en qué etapa se encuentra y si ésta ha concluido pues, de ser así, al promover contra la última resolución que da por terminada la sección, podrán reclamarse todas las violaciones que, a juicio del quejoso, se hayan cometido las que, de ser fundadas, traerán como consecuencia se conceda el amparo, restituyéndole en el goce de sus garantías vulneradas; de ahí la reparabilidad del acto reclamado. Por consiguiente, como en la especie, es necesario que se encuentre concluida la tercera etapa del juicio sucesorio para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase (como lo manifestó la parte quejosa en su escrito de cuenta), el litigio constitucional es improcedente ya que, se insiste, todavía no se dicta la resolución que decida la tercera sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de lo solicitado por los quejosos, cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de administración" que, en caso de ser fundada, tornará procedente la concesión del amparo. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1311, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL EMPARO INDIRECTO QUE SEPROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción I y V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Miguel Anguiano Mincítar apoderado jurídico del quejoso Arturo Campoverde Aguilar; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Arturo Abad Belmontes432/2022
- Arturo Alejandro Mora Rangel317/2023
- Arturo Alejo Zúñiga312/2019
- Arturo Alejo Zuñiga77/2022
- Arturo Anibal Figueroa Abarca686/2023
- Arturo Báez Chávez553/2018
- Arturo Cerda Martinez120/2018
- Arturo Curiel Morales100/2022
- Arturo Eduardo Quiñones Vargas226/2022
- Arturo Espino Valencia582/2018
- Arturo Flores Aranda482/2020
- Arturo Galvan Ramirez588/2023