Arturo Abad Belmontes
Expediente 432/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arturo Abad Belmontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ANÁLISIS CUMPLIMIENTO. Atento el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, resolución que causo ejecutoria el veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Seguido el trámite de ejecución, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por el Juez responsable, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE a) Deje sin efectos la resolución reclamada dictada el veintiuno de junio de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación XI-53/2022, de su índice, por la que confirmó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 99/2022, de la estadística del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, instruido al quejoso Arturo Abad Belmontes. b) Emita una nueva resolución, en la que considerando los argumentos expuestos en párrafos precedentes respecto de la prisión preventiva oficiosa, resuelva lo concerniente en el sentido de que su imposición por parte del Juez de Control de origen, transgrede el derecho fundamental de libertad consagrado en favor del quejoso, por lo que, tal juzgador en términos del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá pronunciarse de nueva cuenta respecto de la medida cautelar a imponer al quejoso, prescindiendo en determinar que se está en el supuesto de "delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos", por haberse utilizado un cuchillo en la probable comisión de los hechos que se estiman delictuosos, abriendo a debate en cuanto a la aplicación de la medida cautelar a imponer y una vez agotado y cerrado el debate, resuelva lo que en derecho corresponda. a) A través del oficio 16 la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informó que en el acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la sentencia reclamada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca penal XI-53/2022, de su índice. b) Consecuentemente, a través del diverso comunicado 27, emitido por la referida autoridad, remitió la nueva resolución dictada el once de enero de dos mil veintitrés, dictada en el referido toca, en la que determinó lo concerniente a la medida cautelar, prescindiendo en determinar que se ésta en el supuesto de delitos cometidos con medios violentos, para ahora revocar la sentencia de nueve de mayo de dos mil veintidós dictado en la causa penal 99/2022 y ordeno reponer el procedimiento parcialmente, hasta el momento inmediato posterior en el que el juez de control, le solicitó a la fiscalía indicara lo relativo a la medida cautelar. Del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte la autoridad responsable, restituyó a la parte agraviada del derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la misma realizó el pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos que quedaron estipulados en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió y se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos y agréguense el oficios 53 y 27 suscritos por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en atención al contenido del oficio 53, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior, en virtud de que el once de enero de la presente anualidad, se tuvo por recibido un ocurso en el mismo sentido y se acordó al respecto. Ahora por lo que hace al contenido de los oficios marcados con el número 27, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dese vista a las partes, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por las autoridades en cuestión. Resulta aplicable a lo anterior, el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de enero de dos mil veintitrés. INFORMA MEDIDAS TENDENTES. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por medio del cual, informa los actos realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad informando las acciones tendentes a la observancia del fallo protector. NOTIFÍQUESE.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia para que en el improrrogable plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminad de engrosar en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, un tomo de pruebas, consistente en los autos originales del toca penal XI-53/2022 y un disco compacto que contiene los registros de las constancias de la causa penal 99/2022, de su índice. NOTIFÍQUESE.
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