Arturo Bernal Villarreal

Expediente 754/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
754/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
24/10/2017

Partes del expediente

  • Arturo Bernal Villarreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  2. Principal

    Notifíquese; y personalmente a las partes. I. Del estado que guardan los autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial, el informe rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad (foja 62), se desprende que informó que el veinticinco de septiembre del año en curso, se desahogó la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica de los quejosos Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas y otros, dictándose auto de vinculación en su contra por su probable participación en la comisión del delito de Secuestro con el propósito de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio cometido con la modalidad agravante de que se lleve a cabo en grupo de dos o más personas. Asimismo, de la certificación que antecede, se advierte que los quejosos no desahogaron la vista que se les otorgó mediante acuerdo de veinte de septiembre del presente año (fojas 18 a 23), relativa a la imposibilidad que se tuvo para notificar a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora, Mesa 1, Región Norte I, Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora, Mesa 2, Región Norte I y Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora, Región Norte I, en Villa de Fuente, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se tienen como formalmente inexistentes a las autoridades de mérito, en el presente juicio. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto y ratificación. El diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 1 a 10), en la Oficialía de Partes de este Juzgado, se recibió la demanda presentada por María Alejandra Alfaro Dimas, en representación de Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas, promoviendo juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I. Ciudad. Coordinador de las Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Mesa 1, Región Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Mesa 2, Región Norte I de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Mesa 3, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora, Región Norte I, en Villa de Fuente, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. Inspector o Encargado de la Agencia de Investigación Criminal. Ciudad. Director de Seguridad Pública de Zaragoza, Coahuila. Presidente Municipal de Zaragoza, Coahuila. Por el acto reclamado consistente en la privación de la libertad llevada a cabo por las autoridades señaladas como responsables. En la citada fecha, se ordenó por conducto de la Actuaria de la adscripción, la búsqueda de los quejosos directos y en su caso, la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados. Posteriormente, de la razón actuarial de diecinueve de septiembre de este año (fojas 14 a 16), efectuada por la funcionaria adscrita, se advierte que los quejosos directos Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, hizo constar que los quejosos manifestaron que fueron víctimas de malos tratos y golpes producto de su detención, sin que se apreciarán golpes visibles; por lo que se ordenó la atención médica inmediata. De ese modo, mediante proveído de veinte de septiembre del año que transcurre (fojas 18 a 23), se ordenó la atención inmediata de los quejosos Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas; se acordó respecto a los posibles actos de tortura emitidos en su contra, por lo que, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, girándose oficio de lo que se adjuntó copia certificada del presente expediente por duplicado; lo anterior, a fin de que procediera como corresponda para que investigara si existió o no tortura o tratos crueles e inhumanos contra los nombrados y en su caso la responsabilidad administrativa o penal que le resultara a los responsables. De igual manera, se requirió a las autoridades responsables para que ordenaran a quien correspondía, se les diera atención médica inmediata y se valoraran las lesiones que en su caso se advirtieran a los quejosos Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas, informando las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. (foja 17). Mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. III. Admisión. El veinte de septiembre junio de dos mil diecisiete (fojas 18 a 23), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. IV. Informe justificado. Ahora bien, del estado procesal de autos, en particular de los informes justificados rendidos por el Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Norte I (foja 32), y Coordinador de Agentes del Ministerio Público adscritos e Investigadores de la Fiscalía General del Estado, Delegación Norte I (foja 37), ambos con residencia en esta ciudad, se advierte que el dieciocho de septiembre de este año, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal y del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial de Río Grande, giró orden de aprehensión en contra de los quejosos, por el delito de Secuestro con el propósito de obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio con modalidad agravante por llevarse a cabo en grupo de dos o más personas, misma que fuera cumplimentada el diecinueve de septiembre del año en curso, poniéndolos a disposición del juez de referencia. Al respecto en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso (foja 40) se giró oficio al Juez de Primera Instancia en Materia Penal y del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad, para que informara el estado procesal actual en que se encontraba la causa penal derivada de la carpeta de investigación 0384/PIN/ATDPIN/2017, instaurada en contra de la detención de los quejosos mencionados. Por lo que, el veintinueve de septiembre de este año (foja 63), el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a dicho requerimiento, y al efecto señaló que el veinticinco de septiembre del año en curso, se desahogó la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica de los quejosos Arturo Bernal Villarreal y Hermila Leonela Dimas Rojas y otros, dictándose auto de vinculación en su contra por su probable participación la comisión del delito de Secuestro con el propósito de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio cometido con la modalidad agravante de que se lleve a cabo en grupo de dos o más personas. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. V. Causal de sobreseimiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, ello es así, porque el acto reclamado se resume en la privación de la libertad de los aquí quejosos, y en la actualidad la situación jurídica se rige por la incoación de la causa penal 01008/CA/2017/PJ-COA-002, índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral en el Distrito Judicial de Río Grande, en esta ciudad; entonces, ante tales circunstancias ha operado un cambio de situación jurídica en relación con los impetrantes de amparo, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de haber sido detenidos, y al haber sido consignados ante el Juzgado antes mencionado, para el seguimiento del proceso en su contra, es claro que con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. VI. Audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 21).

  3. Principal

    Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, la copia del oficio 46/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; en su atención, se provee: Téngase al Fiscal de la Federación oficiante, desahogando la vista que se le dio en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 18 a 23), y al respecto comunica las gestiones que se encuentra realizando ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, Encargado de la Unidad de Atención y Determinación de la Procuraduría General de la República, a fin de que dicha autoridad proceda conforme a sus facultades legales, en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 102 inciso "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I y III, 113 y 116 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por último, glósese para que obre como corresponda, el pedimento de amparo número 357/2017, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza los alegatos de su intención, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por las autoridades responsables: No. Autoridad: 1 Director de Seguridad Pública en Zaragoza Coahuila. 2 Presidente Municipal de Zaragoza, Coahuila. Por tanto, se tiene a autoridades antes referidas rindiendo su informe en relación con la suspensión de plano que le fue concedida a los aquí quejosos, así como el informe justificado; por lo anterior, pónganse a la vista de las partes todos los informes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 9°, párrafo primero de la ley de la materia , se tienen a las autoridades oficiantes designando como delegados al indicado para tal efecto en su informe. Por último, glósese a los autos el oficio 6388/2017, que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, con el que desahoga el requerimiento efectuado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso (foja 40), y al efecto aduce que el veinticinco de septiembre del año en curso, se desahogó la audiencia en la que se resolviera la situación jurídica de los quejosos *** y *** y otros, dictándose auto de vinculación en su contra por su probable participación la comisión del delito de Secuestro con el propósito de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio cometido con la modalidad agravante de que se lleve a cabo en grupo de dos o más personas; de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes.

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