Artemio Martínez Hernández

Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
548/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
20/09/2019

Partes del expediente

  • Artemio Martínez Hernández
  • Artemio Martínez Hernández y Otros.
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 2. Devolución de constancias. Hágase la devolución de la copia auténtica de la carpeta de investigación 00184/ALL/ATDALL/2019, constante en un tomo, al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido en Allende, Coahuila de Zaragoza, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido de la Secretaria Siva Visnú López González, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.MonsiváisPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a veinte de septiembre de dos mil diecinueve. 1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 1.2. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además, no tiene relevancia documental para su conservación. 1.3. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 2. Devolución de constancias. Hágase la devolución de la copia auténtica de la carpeta de investigación 00184/ALL/ATDALL/2019, constante en un tomo, al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido en Allende, Coahuila de Zaragoza, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido en Allende, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por oficio 15789/2019-JMM, de veintiuno de agosto del año en curso (foja 44), remite copia autentica de las constancias que le fueron solicitadas, relativas a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de dicha autoridad, las documentales de referencia; probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de las mismas en la audiencia constitucional correspondiente. En consecuencia, apertúrese el tomo I de pruebas relativas al presente juicio de amparo, a efecto de facilitar el manejo de este expediente, de conformidad con el artículo 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales, conforme al artículo 91 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, al no estar integrados en el presente juicio, no es necesaria su digitalización para ser agregados al expediente electrónico, toda vez que los mismos se encuentran a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende, actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ante ello, del sumario se desprende que la parte quejosa primigeniamente reclamó la orden de detención y aprehensión dictada en su contra; sin embargo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido en Allende, Coahuila de Zaragoza, se desprende que el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, emitió acuerdos en los que dejaron sin efectos las detenciones de los aquí quejosos Artemio Martínez Hernández Flores, Marco Antonio Maldonado Martínez, Luis Ángel Mendoza Paz Flores y Xenia Maricela Ariaza Flores, para que éstos sean puestos en inmediata libertad, respectivamente (fojas 53 a 56 del tomo I de pruebas), lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, es indudable la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues posterior a la detención reclamada, se ordenó su libertad, lo que implica la desaparición total del acto reclamado. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del tres de septiembre del año en curso (foja 39).

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista dentro del término que se le otorgó mediante proveído de siete de agosto del año en curso (fojas 35 y 36), relativa a la inexistencia de la autoridad responsable Comandante de Fuerza Coahuila de Proximidad Social, Allende, Coahuila de Zaragoza; no obstante que fue notificada de ello el trece de agosto pasado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, y se tiene como formalmente inexistente a la autoridad en comento, dentro del presente expediente. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido de Allende, Coahuila de Zaragoza; al efecto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias que sirvieron de antecedente de los actos reclamados en el presente asunto, en razón de que aún y cuando niega los actos reclamados por la parte quejosa, en el informe que se menciona en el párrafo anterior, se desprende que el dieciséis de julio del presente año, recibió informe policial homologado por parte de elementos de Fuerza Coahuila, agrupamiento preventivo de la ciudad, en el cual pusieron a su disposición a los aquí quejosos...por el delito de cohecho a servidor público. Ello, toda vez que son necesarias para la debida integración del presente asunto; bajo el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, ni el acuse de recibo o tarjeta postal correspondiente al oficio número 13667/2019-JM, de diecisiete de julio del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy (foja 23), y se fijan las doce horas con cuarenta minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve, para su celebración.

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