Arturo Antonio Chavez Salinas
Expediente 883/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Arturo Antonio Chavez Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII) V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 883/2016-VII, promovido por Arturo Antonio Chávez Salinas, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el trece de junio de dos mil dieciséis (foja 1), turnado al día siguiente a este juzgado, Arturo Antonio Chávez Salinas, por derecho propio, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión emitida en su contra en la carpeta administrativa 341/2016, derivada de la carpeta de investigación 4118-16-TOL, por la autoridad ordenadora, así como cualquier acto tendiente a dar cumplimiento a dicha orden, por parte de las ejecutoras. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. El peticionario de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y garantías, contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 2 a 5). TERCERO. Admisión y trámite. Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 10); y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en dos ocasiones por las razones que constan en autos (foja 22 y 29, respectivamente), finalmente inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se adujo tendrían lugar en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La orden de aprehensión emitida en su contra en la carpeta administrativa 341/2016, derivada de la carpeta de investigación 4118-16-TOL, por la autoridad ordenadora, así como cualquier acto tendiente a dar cumplimiento a dicha orden, por parte de las ejecutoras. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 19); y, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, autoridad responsable que si bien fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada del oficio por el que se le solicitó (foja 25), lo cierto es que además de tener vedada constitucionalmente la facultada de emitir ordenes de esa naturaleza, fue señalada con el carácter de ejecutora. De ahí la inexistencia del acto que se le atribuyó, pues al ser negada su emisión por la autoridad ordenadora encargada del trámite de la carpeta administrativa 341/2016, derivada a su vez de la carpeta de investigación 4118-16-TOL, también resulta inexiste cualquier actor derivado de la ejecución de dicha orden. Sin que pase inadvertida la documental exhibida por el quejoso, de la que si bien se observa que en la carpeta de investigación 4118-16-TOL, estuvo señalada una audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en caso de solicitud de orden de aprehensión (foja 6); lo cierto es que del informe justificado rendido por el Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se aprecia que dicha audiencia se dio de baja del Sistema de Gestión Judicial Penal, dejándose a salvo los derechos de la representación social (foja 19). En ese orden, y toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Antonio Chávez Salinas, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, ante la Secretaria, Carolina Denysee Villagrán Salinas, quien da fe. Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Arturo Abdallan Cano Benítez1982/2016
- Arturo Acevedo Corona1790/2017
- Arturo Acevedo Corona752/2022
- Arturo Acevedo Corona1582/2019
- Arturo Alejandro Colin745/2017
- Arturo Alfredo Morales Reyes675/2015
- Arturo Argenis Garcia Blancas687/2021
- Arturo Arizmendi Hernandez404/2015
- Arturo Azoños Ramos1737/2023
- Arturo Carbajal Estrada718/2016
- Arturo Carrillo Quinto130/2019
- Arturo Castro Vilchis1301/2018