Arturo Abdallan Cano Benítez
Expediente 1982/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1982/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2017
Partes del expediente
- Arturo Abdallan Cano Benítez
Actuaciones
- Principal
II. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, donde se desechó la demanda motivo del presente asunto. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, para los efectos legales procedentes se declara que ha adquirido firmeza procesal, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, archívese este expediente como asunto concluido, Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
II. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Número de expediente: 1982/2016 Acuerdo: Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Abdallah Cano Benítez, contra actos del Juez Sexto Familiar de Toluca México y otra autoridad; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1982/2016-II. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador analiza si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, supuesto en el cual debe desecharse de plano la demanda. En esa tesitura, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez Sexto Familiar de Toluca, México en el recurso de revocación interpuesto por Arturo Abdallah Cano Benítez, contra el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, que consideró extemporánea la contestación de demanda dentro del expediente 821/2016, relativo al juicio de divorcio incausado de su índice estadístico, así como su ejecución por parte del Secretario de Expedientes Nones adscrito a ese juzgado. En ese sentido, en relación con el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente ya que se trata de una actuación dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación, sino de una cuestión de índole formal que no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, así como 107 fracción V, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión que conforme al precepto de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la determinación de cinco de diciembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez Sexto Familiar de Toluca, México en el recurso de revocación interpuesto por Arturo Abdallah Cano Benítez, contra el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, que consideró extemporánea la contestación de demanda dentro del expediente 821/2016, relativo al juicio de divorcio incausado de su índice estadístico y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable la jurisprudencia tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.), visible en la página 1902 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, que establece lo siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así como la diversa VII.2o.T.1 CS (10a.) visible en la página 1676 del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Materia Constitucional-Común, Décima Época, que establece: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los " actos de imposible reparación ", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional". En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Arturo Abdalla Cano Benítez, contra actos del Juez Sexto Familiar de Toluca, México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado en términos amplios a Miguel Ángel Reyes García, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a las apersonas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con la última parte del último párrafo del artículo antes citado; limitación que se establece hasta en tanto tenga registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Transparencia. Finalmente con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta supuestamente signado por Jaime Aarón Vázquez Luz, autorizado del tercero interesado Aurelio Bastida Maldonado, a través del cual promueve incidente de pago de daños y perjuicios en contra de la quejosa Francisca Cueto Arana. Ahora bien, ante la incertidumbre de que si efectivamente Jaime Aarón Vázquez Luz, en este asunto estampó la firma que calza el escrito de cuenta; se previene al promovente para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del mismo. Por tanto, se reserva acordar lo conducente respecto al contenido del ocurso de cuenta, hasta en tanto se dé cumplimiento al requerimiento inserto en el párrafo que antecede; en el entendido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
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