Arturo Alvarado Morales
Expediente 576/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Alvarado Morales
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad contra el auto trece de mayo de la presente anualidad, en el que se tuvo por cabalmente cumplida la sentencia amparadora dictada en este asunto, transcurrió para la parte quejosa del veintiuno de mayo al diez de junio del año en ciurso, sin que lo hubiera hecho valer; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse otorgado el amparo y protección constitucional, así mismo, el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración de los mismos, con posterioridad al VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejoso, la determinación que dice: Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo número 576/2018, y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil diecinueve por este Juzgado de Distrito, la cual causó ejecutoria en proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos con sede en Ciudad de México; Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal de Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal de Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "1. No se aplique al quejoso en lo presente y en lo futuro el artículo 12, fracción II, inciso c) y último párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, contenida en el oficio 1.4.1504/2018, suscrito por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dicha autoridad realice lo siguiente: 2. Deje insubsistente dicha resolución y oficio que la contiene; 3. Dicte otra resolución en la que sin aplicar el artículo 12, fracción II, inciso c) y último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, resuelvan que Arturo Alvarado Morales, tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez identificada con el número 251611 y los pagos respectivos de la misma. 4. Hecho lo anterior, notifique esa determinación al quejoso, y en consecuencia; 5. Le otorguen íntegramente la pensión a que tenga derecho, debiendo reintegrar las cantidades que dejó de percibir indebidamente desde la fecha en que se generó ese derecho; lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por las responsables a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como se explica a continuación. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: La responsable actuó de la siguiente manera: 1.- No se aplique al quejoso en lo presente y en lo futuro el artículo 12, fracción II, inciso c) y último párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 1.- Mediante resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 1.4.527/2019, la autoridad responsable desvinculó a la aquí quejosa de la aplicación del artículo 12, fracción II, inciso c), y último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (Fojas 154 a 156). 2.- Deje insubsistente la resolución contenida en el oficio 1.4.1504/2018, y oficio que la contiene, suscrito por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. 2.- Dejó insubsistente el oficio 1.4.1504/2018, de fecha trece de junio de dos mil dieciocho (Fojas 154 a 156). 3. Dicte otra resolución en la que sin aplicar el artículo 12, fracción II, inciso c) y último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, resuelvan que Arturo Alvarado Morales, tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez identificada con el número 251611 y los pagos respectivos de la misma. 3.- Mediante resolución de veinte de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 1.4.527/2019, la autoridad responsable reconoció del derecho a disfrutar de la pensión por viudez número 251611, y ordenó el pago retroactivo del periodo comprendido del doce de diciembre de dos mil diecisiete (día siguiente al fallecimiento de su cónyuge Martha Mary Celis Berriel), al treinta de agosto de dos mil dieciocho, ya que a partir del mes de septiembre de dos mil dieciocho fue incorporado en la nómina de pensionados (Fojas 154 a 156). 4. Hecho lo anterior, notifique esa determinación al quejoso. 4.- Mediante oficio número 1.4.3.527/2019, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió la cédula de notificación personal por medio de la cual notificó al quejoso la resolución veinte de febrero de dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 1.4.527/2019. 5. Le otorguen íntegramente la pensión a que tenga derecho, debiendo reintegrar las cantidades que dejó de percibir indebidamente desde la fecha en que se generó ese derecho; lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 5.- Mediante oficio número 1.5.1.0456/2019/UJ-A, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió original del finiquito donde se le hizo entrega al quejoso del cheque número 0006406 de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, de la institución bancaria HSBC, a través del cual se le realizó el pago retroactivo de la pensión por viudez número 251611. Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la SENTENCIA AMPARADORA HA SIDO CUMPLIDA TOTALMENTE en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra sin aplicar el artículo 12, fracción II, inciso c), y último párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, asimismo, reconoció del derecho a disfrutar de la pensión por viudez número 251611, y le otorgó el pago de las pensiones a que tiene derecho el quejoso, reintegrándole la cantidad que dejó de percibir con motivo de la aplicación del acto reclamado. III. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista con el contenido del oficio, por el término de tres días a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, apercibidas que de no desahogar la vista de mérito, éste juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad citada.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado por el Director General de Amparos Contra Leyes en representación del Presidente de la República con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 2938/2019 derivado del auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, asimismo, manifiesta que su representado tiene imposibilidad legal y constitucional para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda, surta los efectos legales conducentes y téngase por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en el momento procesal oportuno.
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