Arnulfo Octavio García Fragoso
Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arnulfo Octavio García Fragoso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el auto de doce de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite el original del escrito signado por el quejoso Arnulfo Octavio García Fragoso y seis copias del mismo, con el que manifiesta dar cumplimiento a la prevención que se le efectuara en auto de tres de junio del año en curso; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por auto de doce de junio del año en curso, se tuvo por recibido el mismo, acordándose lo conducente. Sin que haya lugar a remitir acuse de recibo, por no haber sido solicitado por el juzgado oficiante.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Agréguese a los autos el escrito del quejoso, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones de la demanda de amparo promovida por Arnulfo Octavio García Fragoso, contra el acto que reclama de la Contralora General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 492/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo así como el escrito aclaratorio de cuenta, el suscrito advierte que los actos reclamados en el presente asunto por el promovente son los siguientes: La auditoría denominada "Auditoría de Incumplimiento al Marco Normativo en la Aplicación de los Recursos Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016", efectuada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz así como las observaciones derivadas de la misma. Los Procedimientos Disciplinarios Administrativos que puedan seguirse en su contra por parte de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, derivados de la auditoría reclamada. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. La referida facultad del Juez de Distrito deriva del artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACION DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS SEÑALADOS EN EL PUNTOS 1. Ahora bien, en relación a los actos consistentes en la auditoría denominada "Auditoría de Incumplimiento al Marco Normativo en la Aplicación de los Recursos Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016", efectuada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz así como las observaciones derivadas de la misma, el suscrito considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el cual, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Para sostener esa postura, es precisó indicar que de acuerdo con lo que dispone el artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual señala que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, entendiéndose por perjuicio, para que proceda la acción de amparo, la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, debe decirse que la auditoría y las observaciones derivadas de la misma no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en virtud que dichas actuaciones son previas al procedimiento administrativo previsto en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 64.- La Contraloría General impondrá las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, mediante el siguiente procedimiento. I.-Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal efecto se designe. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; II.-Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la Contraloría General resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes; y notificará la resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes, al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia o entidad y al superior jerárquico; III.-Si en la audiencia, la Contraloría General encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen otra responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y IV.-En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, la Contraloría General podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la Contraloría hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado, o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Contraloría General, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo. Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta que se les imputa serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el tiempo que estuvieron suspendidos. Se requerirá autorización del Gobernador del Estado, para dicha suspensión, si el nombramiento del servidor público de que se trate, a él le corresponde. Igualmente, se requerirá autorización de la Legislatura del Estado, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación del Poder Legislativo en los términos de la Constitución Política del Estado." De lo anterior se tiene, en lo que aquí interesa, que el presunto responsable será citado a una audiencia, en la que se le hará saber la responsabilidad que se le imputa, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; al concluir ésta, la Contraloría General resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas que correspondan, debiendo notificar la resolución al interesado; si en la audiencia la Contraloría encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen otra responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones o citar a otras audiencias, asimismo, dicho procedimiento culminará con una resolución. En esas consideraciones, los actos que por esta vía se pretenden reclamar, no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, pues como se vio, son actos en los cuales se dan a conocer a la persona auditada las diversas observaciones e irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control, y, que si bien, los vicios o irregularidades que la auditoría realizara pudieran trascender a la parte quejosa, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa en el procedimiento administrativo, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción, que en su caso se le imponga y controvertir los vicios advertidos. Es aplicable a lo anterior la tesis II. 2º.T.Aux. 23 A, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, publicada en marzo de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos." INTERPRETACION DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL PUNTO 2. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en los procedimientos disciplinarios administrativos que se le sigan por parte de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, derivados de la auditoría reclamada, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 5°, fracción I y 6º, de la citada legislación. De tales preceptos, se advierte que el solicitante del amparo, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por lo que, en el presente juicio de amparo promovido en contra de los supuestos procedimientos disciplinarios administrativos que le llegase a instruir la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, derivados de la auditoría a fondos federales efectuada por una de las autoridades responsables, no le causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos, en la actualidad se encuentra como una futura consecuencia de la citada auditoría, la cual, se encuentra condicionada a la revisión y análisis de la misma por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como que la autoridad responsable decida o no iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario administrativo, por lo que los procedimientos, no son inminentes, al no existir certeza de su inicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, página 762, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE.". A mayor abundamiento, aunque se tuviera la certeza de que se le iniciaran otro procedimientos disciplinarios administrativos al quejoso (además del 002/2017), la mera apertura y notificación de esos procedimientos, por sí misma, no sería reclamable en amparo indirecto. Lo anterior, conforme al artículo 107, fracción III, de la ley de la materia, el cual establece que por regla general, tratándose de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto procederá sólo contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento. Así pues, aun sí se considera inminente la apertura y notificación de otros procedimientos administrativos disciplinarios, seguiría siendo improcedente el juicio de amparo en su contra, pues se trata de actos intermedios que sólo podrían analizarse como violaciones procedimentales en el amparo promovido contra resolución final del procedimiento. En consecuencia, se concluye que del análisis de los actos reclamados, se actualizan las causales de improcedencia del juicio, previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ténganse por recibidos los escritos del quejoso Arnulfo Octavio García Fragoso, por medio de los cuales manifiesta autorizar a ********************, para oír y recibir notificaciones a su nombre; al respecto, agréguense únicamente para que obren como correspondan, toda vez que en auto de tres de junio del año en curso, se determinó lo conducente.
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