Arturo Alcántar Rios
Expediente 1528/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1528/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Arturo Alcántar Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito de cuenta por medio del cual solicita copias simples; en consecuencia, se ordena expedir únicamente las copias que solicita previo recibo y razón que de ello otorgue en autos el legitimado para ello. Lo anterior, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; asimismo, indíquesele que el uso que le dé a los documentos solicitados, es bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Firmeza de la sentencia. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Firmeza de la sentencia. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio, como asunto concluido.
- Incidental
Por lo antes expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva...
- Incidental
Colima, Colima, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Apertura del incidente de suspensión. Vista; la copia certificada del acuerdo dictado el día de hoy en el expediente principal y de la demanda promovida por Arturo Alcántar Ríos, contra actos del Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo en Colima, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de otra autoridad. Como se ordenó en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125, 130, 131, 138 y 140 a 143, de la Ley de Amparo (en adelante la Ley), tramítese el incidente de suspensión. Requerimiento del informe previo a las autoridades responsables. Con apoyo en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley, pídase el informe previo a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Se les apercibe que de no cumplir con este requerimiento, se les impondrá una multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, en relación con el artículo 238, ambos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia incidental. De conformidad con el numeral 138, fracción II, de la Ley se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la verificación de la audiencia incidental. Precisión de los actos reclamados. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la orden verbal tendente a la suspensión de las prestaciones económicas y de salud que el quejoso percibe, así como la orden verbal que prohíbe revalorarlo para efectos de emitir un nuevo dictamen sobre la incapacidad que padece y la omisión de emitir el dictamen de incapacidad permanente, así como su ejecución. Requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada. Para determinar si resulta procedente o no la suspensión provisional respecto de los efectos y las consecuencias indicadas por la quejosa, por cuestiones de técnica jurídica, el que suscribe debe analizar en este orden, los siguientes aspectos: - La solicitud de la suspensión a petición de la parte quejosa. - La existencia del acto reclamado. - Si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. - La afectación al interés jurídico del quejoso. - La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social y las disposiciones de orden público. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, tomo III, página 2347, que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." A. Solicitud del otorgamiento de la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es para que no se suspendan las prestaciones económicas y de salud que percibe. Al respecto, quien suscribe se pronunciará únicamente sobre ese aspecto solicitado por la parte quejosa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." B. Existencia del acto reclamado. En cuanto a este requisito, por tratarse de la suspensión provisional y, con base en lo expuesto por la quejosa en su demanda de amparo, se consideran presuntamente ciertos los actos reclamados. Es aplicable la jurisprudencia 2ª/J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, octava época, agosto de 1993, página 12, que dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." C. Naturaleza de los actos reclamados. Se toma en consideración que el acto reclamado consistente en la orden de suspensión de otorgarle las prestaciones económicas y de salud que percibe, en sí mismo es de naturaleza negativa (pues se traduce en la negativa a proporcionarle las prestaciones económicas y los servicios médicos a la parte quejosa); sin embargo, ello de modo alguno puede tomarse como un impedimento para el otorgamiento de la medida suspensional provisional, puesto que en términos de lo dispuesto por el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que se encuentra en estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto, a fin de determinar la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el correlativo 138 de la ley de la materia. Lo anotado tiene sustento en la tesis IV.2o.A.62 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, localizable en la página 1311, Libro 8, julio de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un instrumento de protección y restauración de derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la expedición de la ley mencionada, transformar al instituto suspensional, en función de las premisas señaladas. Una de las manifestaciones concretas de dichos propósitos, se proyectó en que conforme al artículo 147, segundo párrafo, de dicha ley, en los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; disposición que encuentra estrecha relación con el asomo provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, a fin de determinar la apariencia del buen derecho a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, pero también del concomitante peligro en la demora, dada la naturaleza cautelar que le corresponde a la suspensión y conforme a la cual es necesario darle el efecto más eficaz para evitar, en lo adjetivo, que el juicio de amparo indirecto pierda su materia y, en lo sustantivo, que la ejecución del acto, inminente o presente, genere una afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por tanto, para determinar los casos en que, de proceder la suspensión, es necesario darle un efecto restaurativo, provisional y anticipado, el Juez de amparo goza de la discrecionalidad que el Constituyente Permanente decidió ampliar en la reforma constitucional señalada, pero también debe considerar que, para justificar ese efecto, es necesario demostrar que, atento a la naturaleza del acto, resulta jurídica y materialmente posible dar a la suspensión el efecto pretendido, pues estas expresiones contenidas en el propio artículo 147, constituyen los elementos normativos y de control de aquel ejercicio discrecional, dispuestos en la ley reglamentaria, que excluyen el abuso de que pueda ser objeto, con efectos perjudiciales para el interés social." D. Interés jurídico suspensional. Con referencia al interés jurídico la quejosa lo acredita con lo narrado en su demanda de amparo y con las documentales que exhibe expedidas a su nombre por el Instituto Mexicano del Seguro Social de las que se advierte que es derechohabiente de esa institución. E. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social y las disposiciones de orden público Por último, respecto a la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o disposiciones de orden público, debe decirse que la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social. Dicha norma constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al juez, en uso de su discrecionalidad, por lo que a éste corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin, sin que la norma constitucional referida otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del objetivo constitucional perseguido; de ahí que al resolver sobre cada situación, el juzgador deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la referida ponderación a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 315, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable conforme a lo establecido por el artículo sexto transitorio de la legislación de la materia en vigor, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Así, un asomo somero al fondo del asunto permite determinar que, dada la naturaleza del acto reclamado, que en lo sustancial consiste en la negativa a los servicios económicos y de salud a la parte quejosa, pueden causar, por sí mismo, perjuicios de difícil o imposible reparación, ya que de no permitir que se otorgue esos servicios que le brindaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, podría acarrear como consecuencia de dicha desatención, una perturbación en la salud personal del propio quejoso, con el consecuente perjuicio a ese derecho fundamental, contemplado y garantizado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que dispone que toda persona tiene derecho a la protección a la salud; además que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Luego, al ser la salud un derecho fundamental de la máxima jerarquía, si el acto reclamado consiste medularmente en la negativa a proporcionar las prestaciones económicas y servicios médicos a la parte quejosa; es inconcuso que se surten los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría darse el evento de que, por falta de atención médica, se ocasione un grave deterioro en la persona de la quejosa, esto es, existe la posibilidad del riesgo que pueda sufrir en ese derecho fundamental. Otorgamiento de la suspensión provisional. Consecuentemente, con base en todo lo anteriormente expuesto, este juzgado estima procedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, sin que dicha concesión pueda considerarse constitutiva de derechos en favor al quejoso, pues debe tomarse en cuenta que ello deriva en torno al respeto a su derecho a recibir las prestaciones económicas y de atención medica que tiene derecho y que requiera, dado que el derecho a la salud ha sido elevado a rango de garantía constitucional y no se tiene la certeza hasta este momento procesal que cuente con servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer lo conducente. Apoya a lo antes establecido, por su sentido, la tesis VIII.2o.P.A.2 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, que se comparte, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Común, página 2410, de rubro y texto: "SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. CUANDO EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU APLICACIÓN, EN QUE SE APOYÓ LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NEGÓ UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EL QUEJOSO SOLICITA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SE LE PRIVE DEL ACCESO A AQUÉLLOS, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD A QUE SE ACREDITE EL DERECHO A RECIBIR DICHA ATENCIÓN. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción III, de la Ley del Seguro Social y su aplicación, el cual establece que no tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez el asegurado que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, precepto en que se apoyó la resolución por la que se negó tal beneficio, y el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que no se le prive del acceso a los servicios médicos en caso de una emergencia, el Juez de Distrito no debe condicionar la efectividad de la medida a que se acredite el derecho a recibir dicha atención, si precisamente el fondo del asunto consiste en dilucidar si el particular tiene derecho a que se le conceda la pensión y, por ende, a seguir gozando de diversas prestaciones entre las que se encuentra el servicio médico. Lo anterior es así, porque si el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle, en caso de negarse la prestación médica se le causaría un daño irreparable, además de que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos." En este sentido, se concede la suspensión provisional a Arturo Alcántara Ríos del acto reclamado, para el efecto de que, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, se brinde al quejoso el derecho fundamental de atención médica y las prestaciones económicas que tenga derecho. Sin necesidad de otorgar garantía. La medida así otorgada surte efectos desde luego, en términos de lo dispuesto por el artículo 136, párrafo primero, de la ley de la materia, sin necesidad de otorgar garantía, pues en la especie la medida cautelar no ocasiona daños o perjuicio a terceros en términos de lo dispuesto por el artículo 132 de la citada legislación. Expedición copias Con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente proveído, previa razón de recibo que otorgue en autos para constancia legal. Notifíquese. Lo acordó y firma Alejandra Navarro Moctezuma, Secretaria Judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en contexto de lo indicado en el oficio CCJ/ST/5775/2017, de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Fabiola Aguirre Sierra, Secretaria que autoriza y da fe.
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