Artemio León Yáñez
Expediente 1346/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1346/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Artemio León Yáñez
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós al veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna mediante la cual interpusiera recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Se concede a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con párrafo segundo del artículo 28 del referido acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda.Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ** por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 8º y 35, fracción V constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente.Registro.Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1346/2023-VIII.Integración de expediente electrónico.Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto.Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Consideraciones previas.Del análisis integral del escrito de demanda con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo la omisión de dar respuesta a la petición formulada el once de octubre de dos mil veintitrés al P*n el que solicita la inscripción de cesión de derechos ejidales.Desechamiento de la demanda.El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano.Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, página 803, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.En este orden de ideas, es posible afirmar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública o particular constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la petición formulada el once de octubre de dos mil veintitrés al * en el que solicita la inscripción de cesión de derechos ejidales.En este sentido, dicho acto no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad que señala como responsable, de conformidad con los artículos 21, fracción II y 32 de la Ley Agraria, tienen el carácter de parte integrante del comisariado ejidal de dicho ejido, el cual es un órgano del Ejido no del Estado y si bien el Comisariado es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y tiene conferidas por dicha ley diversas facultades, sin embargo, no por ello debe considerársele como autoridad agraria, ya que el carácter de órgano representativo y de ejecución es respecto a la comunidad y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción.Máxime que, no se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5° de la Ley de amparo, por virtud de que los entes ejidales o realizan actos equivalente a los de la autoridad, sino como se dijo, se equiparan a actos entre particulares y de existir inconformidad de parte legitima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dichos numerales en su orden son del tenor siguiente:"Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: (.)II. El comisariado ejidal; yArtículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por una persona titular de la Presidencia, una persona titular de la Secretaría y una persona titular de la Tesorería, propietarias y sus respectivas personas suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y las secretarias y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada integrante del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.La integración del comisariado ejidal se realizará en observancia al principio de paridad." Sin embargo, el Presidente del Comisariado Ejidal no se equipara a una autoridad como particular cuando se reclama una omisión derivada del registro de derechos agrarios, pues es al Registro Agrario Nacional a quien corresponde dar publidad de los actos registrales y no así al comisariado, por lo que, dicha función no se encuentra encomendada por el Estado, por lo que, no actúa como autoridad en la omisión reclamada, sino que dicho incumplimiento deriva de la relación de miembros de la comunidad ejidal que actuan en coordinación y no de supra a subordinación. En esta tesitura, los actos de particulares que se equiparan al de una autoridad y afectan derechos humanos, no en todos los casos produciran de forma inmediata e inminente la procedencia del juicio de amparo, pues el caracter de autoridad se encuentra sujeta a la naturaleza del acto positivo, negativo u omisivo que se les reclame, así como la génesis de dicho acto, es decir, si ésta deriva de la relación contractual, en cumplimiento a una norma general diversa a la convergencia de voluntades de las partes o en cumplimiento a un mandato expreso de una autoridad. Por tanto, aún cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho de respuesta a la petición, no en todos los casos de omisión produce la procedencia del juicio de amparo, pues debe analizarse su naturaleza para determinar sí se trata de un acto de supra a sobordinación o una relación de coordinación, último supuesto que se actualiza en el presente juicio. Por ello, en el presente asunto el Presidente del Comisariado Ejidal, no ejerce actos de manera unilateral, con cierto margen de discrecionalidad, ni crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del quejoso, sino que su actuación se encuentra sujeta a la representación de la asamblea general de ejidatarios. Ilustra lo expuesto la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, página 1943, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. Por ello, el Presidente del Comisariado Ejidal al no producir respuesta a la peticion formulada por la parte quejosa no ejerce un poder público frente al ejidatario, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes en el regimen de la comunidad ejidal. Esto es así, porque: 1. El origen de la relación Comisariado Ejidal-Ejidataorio es un acuerdo de voluntades, derivado de un regimen agrario y no el cumplimiento de un mandato establecido en una norma general. 2. La relación jurídica que surje entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo de la comunidad agraria a la que pertenecen. Por todo esto, cuando se reclama la omisión de producir respuesta a un organo de agrario respecto a aderechos de dicha naturañeza, no adquiere el caracter de particular equiparada a autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 237247, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Tercera Parte, página 159, que dice: "AGRARIO. ASAMBLEA GENERAL DE LOS NUCLEOS DE POBLACION. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Es cierto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria la asamblea general constituye la máxima autoridad dentro de los ejidos y comunidades que poseen tierras, pero, no obstante tal denominación, del análisis de los artículos 18, 21, párrafo segundo, y 47 de la citada ley se desprende que no son autoridades para efectos del juicio de amparo, sino que, propiamente, constituyen órganos de decisión interna de los núcleos de población correspondientes." Asimismo, la tesis de jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), registro digital: 2008595, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Igualmente, la diversa tesis VI.3o.A.27 A, con registro digital: 189776, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099, que establece: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." Y la diversa tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, registro digital: 214009, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, página 841, que dice: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Por tanto, se concluye que la autoridad señalada en este juicio carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, motivo por el cual es imposible tenerla como responsable y menos ante el hecho de que actúo respecto del ejido y hacia su interior, por lo que se trata de actos entre particulares.En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la citada legislación, respecto de los actos imputados a la autoridad responsable. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, y que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)", en la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad de patrón de la parte quejosa que tiene la pretendida autoridad responsable, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional." Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA ARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5° fracción II de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, al no ser actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Hugo Serrano Garzón, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias.Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Información pública.Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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