Arturo Aiza Suarez
Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arturo Aiza Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por. Juez de Control, con sede en la congregación de La Toma, del Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, con el cual acusa de recibido del oficio 5631/2021, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual, se hizo de su conocimiento la resolución de ocho del presente mes y año, y la devolución del disco de audio y videograbación, concerniente al proceso penal. de su estadística. Cúmplase.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por. Juez de Control, con sede en la congregación de La Toma, del Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, con el cual acusa de recibido del oficio 5631/2021, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual, se hizo de su conocimiento la resolución de ocho del presente mes y año, y la devolución del disco de audio y videograbación, concerniente al proceso penal. de su estadística. Cúmplase.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito determinó por una parte, sobreseer en el juicio, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *** en los siguientes términos: (...) Por tanto, la autoridad responsable, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en cumplimiento a dicha ejecutoria debía: 1. Dejar insubsistente la orden de aprehensión emitida el ocho de mayo de dos mil veintiuno, contra ***** en el proceso penal 186/2021; y, 2. Celebrar audiencia con la presencia de la Fiscal solicitante, y emitir una resolución en la que considerara que la circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es insuficiente para tener por satisfecho el requisito de necesidad de cautela, previsto en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, negara la petición ministerial de orden de aprehensión contra el accionante constitucional. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, con residencia en Córdoba, Veracruz. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, con residencia en Córdoba, Veracruz, mediante oficios 029/2022 y 87/2022 S-1, de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron las constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de diez de febrero siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte -en lo que trasciende- que en audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintidós, con la comparecencia de la Fiscal Cuarto Especializada en la Investigación de Delitos de violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión emitida el ocho de mayo de dos mil veintiuno, contra ****, en el proceso penal 186/2021 (minuto 5:26 a 5:57 del registro de audio y video respectivo). Posteriormente, en la misma audiencia al analizar nuevamente la solicitud de libramiento de orden de aprehensión formulada por la Fiscalía en contra del aquí quejoso, determinó que en virtud de que dicha representación social no justificó la necesidad de cautela prevista en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente era negar la petición ministerial de trato (minuto 18:37 a 19:52 ibidem). Por su parte, la autoridad ejecutora Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba informó las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se negó, y por otro se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. En otro aspecto, se requiere al quejoso para la devolución del billete de depósito número N 902917, expedido a su favor por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo de dos años se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación remitido por la 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, y por oficio a la autoridad con el carácter de tercera interesada.
- Incidental
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito determinó por una parte, sobreseer en el juicio, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *** en los siguientes términos: (...) Por tanto, la autoridad responsable, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en cumplimiento a dicha ejecutoria debía: 1. Dejar insubsistente la orden de aprehensión emitida el ocho de mayo de dos mil veintiuno, contra ***** en el proceso penal 186/2021; y, 2. Celebrar audiencia con la presencia de la Fiscal solicitante, y emitir una resolución en la que considerara que la circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, es insuficiente para tener por satisfecho el requisito de necesidad de cautela, previsto en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, negara la petición ministerial de orden de aprehensión contra el accionante constitucional. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, con residencia en Córdoba, Veracruz. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, las autoridades responsables, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, con residencia en Córdoba, Veracruz, mediante oficios 029/2022 y 87/2022 S-1, de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, remitieron las constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de diez de febrero siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte -en lo que trasciende- que en audiencia celebrada el ocho de febrero de dos mil veintidós, con la comparecencia de la Fiscal Cuarto Especializada en la Investigación de Delitos de violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión emitida el ocho de mayo de dos mil veintiuno, contra ****, en el proceso penal 186/2021 (minuto 5:26 a 5:57 del registro de audio y video respectivo). Posteriormente, en la misma audiencia al analizar nuevamente la solicitud de libramiento de orden de aprehensión formulada por la Fiscalía en contra del aquí quejoso, determinó que en virtud de que dicha representación social no justificó la necesidad de cautela prevista en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente era negar la petición ministerial de trato (minuto 18:37 a 19:52 ibidem). Por su parte, la autoridad ejecutora Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba informó las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, dado que las responsables cumplieron con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues han restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por un lado se negó, y por otro se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. En otro aspecto, se requiere al quejoso para la devolución del billete de depósito número N 902917, expedido a su favor por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado del presente proveído; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo de dos años se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en el artículo citado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de videograbación remitido por la 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Control Encargada de la Sala Uno del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, y por oficio a la autoridad con el carácter de tercera interesada.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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