Arnulfo Juan Ángel Tobón
Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arnulfo Juan Ángel Tobón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se determina que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitiera el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 6716/2023, de veinticuatro de marzo del actual, por medio del cual se le notificó la resolución emitida en esa data. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación a la parte quejosa de la resolución emitida el veinticuatro de marzo del actual, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, le fue informado que no conocen a la persona buscada ni a sus autorizados. En consecuencia, hágase por lista de acuerdos la notificación de la resolución y del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD: Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En efecto, el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1078/2015, en la que se determinó que el actor incidental, ****************, no demostró los elementos de la acción de reducción de pensión alimenticia, respecto de la otorgada a ************* en sentencia definitiva emitida en dicho asunto; y, en consecuencia, se absolvió a la demandada incidental de dicha reducción. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, toda vez que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia (...) En relación con ello, es pertinente invocar los artículos 56 y 509, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I.- Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II.- Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III.- Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan". "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia". Del texto del segundo precepto en cita se obtiene que la apelación es un recurso de índole vertical, que tiene por efecto la confirmación, revocación o modificación de la resolución recurrida; asimismo, que tal medio de impugnación procede, entre otros supuestos, contra los autos que resuelven un incidente. Aunado a ello, la primera disposición normativa invocada clasifica las resoluciones judiciales en sentencias, decretos y autos, incluyendo entre estos últimos a las resoluciones que resuelven un incidente. En el caso, como se señaló, se reclama la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio natural, en la que se determinó que el actor incidental (aquí quejoso), no probó su acción de reducción de la pensión alimenticia definitiva decretada en dicho asunto y, en consecuencia, absolvió a la demanda incidental de la regraduación solicitada. Tal resolución, acorde a la clasificación que establece el artículo 56, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, es un auto, pues resolvió el referido incidente. Luego, en su contra procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tratarse del auto que resolvió un incidente; y no existe constancia de que la parte quejosa (actor incidentista) previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado se vincula con un juicio en materia de alimentos. Por tanto, la resolución que se combate no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. El acto que se combate tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, al ser el quejoso parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad que, tratándose de menores, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 77/2013, visible en la página 990, del Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Se sostiene lo anterior, pues si bien de la lectura del escrito incidental de reducción de pensión alimenticia de origen se advierte que el impetrante fundó su solicitud en la circunstancia de que actualmente tiene dos hijas menores de edad a quienes debe proporcionar alimentos; y de la demanda de amparo se aprecia que en sus conceptos de violación aduce que con la emisión de la resolución reclamada se violan los derechos fundamentales de dichas menores; lo cierto es que la interlocutoria reclamada carece de ejecución material alguna, pues se trata de una resolución que absolvió a la demandada incidental de la reducción de pensión alimenticia; en otras palabras, negó la reducción solicitada por el aquí quejoso. Luego, no se colma el requisito exigido por el referido criterio obligatorio consistente en que cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución reclamada. Antes bien, la ausencia de tal elemento (que la resolución reclamada conlleve ejecución) se corrobora con el hecho de que el peticionario no solicitó la suspensión del acto reclamado, tal como se hizo constar en el auto de admisión de la demanda de amparo de catorce de febrero del año en curso, lo que obedece precisamente a que carece de ejecución (fojas 18 a 12 del juicio). De ahí que no cobre aplicación la aludida excepción al principio de definitividad. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia (...) En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista a la tercero interesada.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En efecto, el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1078/2015, en la que se determinó que el actor incidental, ****************, no demostró los elementos de la acción de reducción de pensión alimenticia, respecto de la otorgada a ************* en sentencia definitiva emitida en dicho asunto; y, en consecuencia, se absolvió a la demandada incidental de dicha reducción. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, no agotó el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, toda vez que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia (...) En relación con ello, es pertinente invocar los artículos 56 y 509, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que disponen: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I.- Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II.- Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III.- Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores. Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los magistrados, jueces o secretarios que intervengan". "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia". Del texto del segundo precepto en cita se obtiene que la apelación es un recurso de índole vertical, que tiene por efecto la confirmación, revocación o modificación de la resolución recurrida; asimismo, que tal medio de impugnación procede, entre otros supuestos, contra los autos que resuelven un incidente. Aunado a ello, la primera disposición normativa invocada clasifica las resoluciones judiciales en sentencias, decretos y autos, incluyendo entre estos últimos a las resoluciones que resuelven un incidente. En el caso, como se señaló, se reclama la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio natural, en la que se determinó que el actor incidental (aquí quejoso), no probó su acción de reducción de la pensión alimenticia definitiva decretada en dicho asunto y, en consecuencia, absolvió a la demanda incidental de la regraduación solicitada. Tal resolución, acorde a la clasificación que establece el artículo 56, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, es un auto, pues resolvió el referido incidente. Luego, en su contra procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al tratarse del auto que resolvió un incidente; y no existe constancia de que la parte quejosa (actor incidentista) previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado se vincula con un juicio en materia de alimentos. Por tanto, la resolución que se combate no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. El acto que se combate tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, al ser el quejoso parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación aludido, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad que, tratándose de menores, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 77/2013, visible en la página 990, del Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Se sostiene lo anterior, pues si bien de la lectura del escrito incidental de reducción de pensión alimenticia de origen se advierte que el impetrante fundó su solicitud en la circunstancia de que actualmente tiene dos hijas menores de edad a quienes debe proporcionar alimentos; y de la demanda de amparo se aprecia que en sus conceptos de violación aduce que con la emisión de la resolución reclamada se violan los derechos fundamentales de dichas menores; lo cierto es que la interlocutoria reclamada carece de ejecución material alguna, pues se trata de una resolución que absolvió a la demandada incidental de la reducción de pensión alimenticia; en otras palabras, negó la reducción solicitada por el aquí quejoso. Luego, no se colma el requisito exigido por el referido criterio obligatorio consistente en que cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución reclamada. Antes bien, la ausencia de tal elemento (que la resolución reclamada conlleve ejecución) se corrobora con el hecho de que el peticionario no solicitó la suspensión del acto reclamado, tal como se hizo constar en el auto de admisión de la demanda de amparo de catorce de febrero del año en curso, lo que obedece precisamente a que carece de ejecución (fojas 18 a 12 del juicio). De ahí que no cobre aplicación la aludida excepción al principio de definitividad. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia (...) En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente al quejoso y por lista a la tercero interesada.
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