Artemio Martínez Jiménez
Expediente 84/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Artemio Martínez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que *** solicita se le expida copia certificada de todas las actuaciones y sentencia dictada en este asunto autorizando para recibirlas a Virgilio Bertín Jose una; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio, se autoriza la expedición de las citadas copias certificadas, para lo cual, el peticionario deberá proceder como sigue: a).- Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 en alcance al diverso Acuerdo 25, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena el escaneo de las constancias cuyas copias solicita y que obran en este juicio de amparo. b).- Por conducto del fedatario judicial y a través de los medio de contacto que proporcionó el quejoso de mérito en su escrito de demanda, esto es, el correo electrónico *** se le informará cuando se encuentre listo el archivo del escaneo correspondiente, para que esté en aptitud de imprimirlas; previa razón que de ello se asiente en autos. c) Hecho lo anterior, el ocursante deberá generar cita para consulta del expediente, con la finalidad que el día programado acuda para obtener la certificación correspondiente, previo cotejo de las constancias escaneadas y atendiendo las cargas de trabajo que permitan su entrega el mismo día de su exhibición. d) En el entendido que, deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020 en alcance al diverso Acuerdo 25, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedieron la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno e interlocutoria de quince de febrero siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad judicial el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
" . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 84/2021, promovido por *** en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, para emitir auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 118/2019, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 118/2019 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por aportarse datos que permitieron establecer el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifanía Vásquez Jiménez. Asimismo, que el dieciséis de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de comunicación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión de la persona que respondió al nombre de Artemio Martinez Jimenez. Posteriormente, que en cumplimiento a la resolución de once de diciembre de dos mil veinte dictada en el Toca Penal JOTP/104/2020 del índice de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veinte, declaró la nulidad parcial de lo actuado en la causa penal 118/2019 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Sierra Sur, sede Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, a partir de la audiencia inicial en la etapa de solicitud de vinculación a proceso, por lo que se señalaron las trece horas del cuatro de enero del año en curso el desahogo de la referida audiencia. Una vez que se calificó de legal, la institución ministerial formuló la imputación, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. La defensa y el imputado Artemio Martinez Jiménez se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la ampliación del término constitucional por setenta y dos horas. En razón de lo anterior, el diez de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de ampliación del término constitucional en la que se resolvió la situación jurídica del imputado, a lo que el juzgado de origen lo vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifanía Vásquez Jiménez. Seguidamente, se le impuso la medida cautelar definitiva de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El quejoso Artemio Martinez Jiménez, presentó un escrito el veintinueve de enero dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. El promovente de amparo señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 84/2021. Asimismo, por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la autoridad tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: El auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal 118/2019, por el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifanía Vásquez Jiménez. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado recibido el quince de febrero de dos mil veintiuno por la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal 118/2019 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Artemio Martinez Jiménez, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que el auto de vinculación a proceso reclamado, se emitió en su contra y lo obliga seguir un proceso penal interno en un centro de reclusión, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de diez de enero de dos mil veintiuno, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el doce de enero del actual y concluyó el dos de febrero de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de enero y uno de febrero de ese año, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Al haberse presentado la demanda el veintinueve de enero de dos mil veintiuno-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. . . . ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa realiza los conceptos de violación siguientes: La juez de control de origen otorgó indebidamente valor probatorio a la inspección ocular realizada por el agente estatal de investigaciones * ** ya que no utilizó una brújula para ubicar el lugar donde se suscitó el hecho delictivo. De igual forma, no debió otorgar valor probatorio al Dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, emitido por el doctor *** Lo anterior ya que la representante social al solicitar la vinculación a proceso manifestó que el desgarre vaginal de la ofendida es de cuatro centímetros, cuando el correcto es cuatro milímetros, según el dictamen, por lo que, al no corresponder lo establecido en dicho informe con lo manifestado por la agente del ministerio público, no se debió tomar en cuenta. El dictamen e inspección ocular no reúnen los requisitos señalados por el numeral 19 Constitucional. No existen datos de prueba suficientes para acreditar que se cometió el delito que se le imputa al ahora quejoso; por ende, se violaron las normas esenciales del procedimiento penal. Estudio de la resolución de vinculación a proceso. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra del aquí quejoso, debemos puntualizar que el acto controvertido es el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: Audiencia de dieciséis de agosto de dos mil veinte. 16:30 - Inicia la audiencia de control de detención, en la que se individualizaron las partes intervinientes. 16:32 - Se procede a hacer del conocimiento los derechos del imputado. 16:52 - La institución ministerial solicitó la calificación de legal la detención de Artemio Martínez Jiménez, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve por el Juez de Control del Circuito Judicial, Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 17:07- Una vez que otorgó a la defensa el derecho de réplica respecto a la solicitud realizada por el ministerio público, el juzgador de origen determinó calificar de legal la detención de Artemio Martínez Jiménez. 17:09- El Ministerio Público procedió a formular la imputación a Artemio Martínez Jiménez, respecto al hecho que se le atribuye, consistente en los que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. 18:22- Una vez que se le formuló la imputación, la juez responsable cuestionó al imputado y a su defensa el derecho que le asiste a declarar sobre los hechos que se le imputan, a lo que se reservaron el hacerlo. 18:23 - Acto seguido, el Ministerio Público realizó formalmente la solicitud de vinculación a proceso. 19:41 - La parte imputada solicitó al juez del proceso, la ampliación del término constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, para que se resolviera su situación jurídica. 19:41- En atención a dicha solicitud, el juez de origen señaló las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de término constitucional. 19:43- La institución ministerial solicitó la imposición de una medida cautelar provisional consistente en la prisión preventiva oficiosa. 19:55- Una vez que la institución ministerial expuso los motivos y fundamento de idoneidad de la medida cautelar solicitada, así como el derecho de réplica a la defensa, la Juez de control resolvió imponer a Artemio Martínez Jiménez, la medida cautelar provisional consistente en prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Oaxaca. Cabe señalar que mediante resolución de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Artemio Martínez Jiménez, por haberse aportado datos que permitieron establecer el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez, así como la probabilidad de que el imputado cometió tal delito y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que se cumplirá en el Cereso Varonil de San Francisco Tanivet, Oaxaca. Sin embargo, mediante escrito suscrito por Artemio Martínez Jiménez recibido en el Juzgado de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, interpuso recurso de apelación, quien conoció del mismo la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, bajo el toca penal JOTP/104/2020. Posterior a ello, mediante resolución de once de diciembre de dos mil veinte, la Sexta Sala Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, declaró la nulidad parcial de lo actuado dentro de la causa penal 118/2019 del índice del Juzgado de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a partir de la audiencia inicial en la etapa de solicitud de vinculación a proceso y la audiencia de ampliación de ampliación del término constitucional celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veinte. (Lo anterior ya que la sala de apelación consideró que el imputado no contó con una adecuada defensa) Por ende, se revocó el auto de vinculación a proceso de esa misma fecha, dictado en contra del imputado Artemio Martínez Jiménez, y ordenó la reposición del procedimiento, por las consideraciones ahí vertidas; subsistiendo la detención ejecutada por la orden de aprehensión librada en su contra. Derivado de lo anterior, la juez de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, señalo las trece horas del cuatro de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia inicial, ahora con la presencia de su abogado particular, con la certeza que cuenta con la licenciatura en derecho. Audiencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno 13:02 - Inicia la audiencia de reposición de formulación de imputación por segunda instancia, en la que se individualizó la institución ministerial. 13:23 - Individualización de la defensa. 13:29 - El Ministerio Público realizó formalmente la solicitud de vinculación a proceso contra Artemio Martínez Jiménez, formalidad importante respecto al hecho que se le atribuye, consistente en los que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. 14:24- La parte imputada solicitó a la juez del proceso, la ampliación del término constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, para que se resolviera su situación jurídica, solicitando se cite a tres personas para interrogarlas. 14:26- En atención a dicha solicitud, el juez de origen señaló las diez horas del nueve de enero de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de término constitucional. 14:35- La institución ministerial solicitó la imposición de la medida cautelar provisional consistente en la prisión preventiva oficiosa. 14:39- Una vez que la institución ministerial expuso los motivos y fundamento de idoneidad de la medida cautelar solicitada, así como el derecho de réplica a la defensa, la Juez de control resolvió imponer a Artemio Martínez Jiménez, la medida cautelar provisional consistente en prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Oaxaca. Audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno 10:11 - Se inició formalmente la audiencia de término constitucional, en la que se procedió a individualizarse las partes que en ella intervienen. 10:20 - Inicia interrogatorio de Gerardo Rafael de la Peña Vallardy y de Justino Santos López. 11:07 - Se tiene por justificada la inasistencia de Luisa Tania Lorena Vásquez Jiménez a la audiencia. 11:15 - La defensa solicita se cite nuevamente a Luisa Tania Lorena Vásquez Jiménez a la audiencia, por lo que la juez de control responsable, ordenó citarla de nueva cuenta para se haga presente en audiencia y pueda ser interrogada, por lo que señalo las diez horas del diez de enero de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia de término constitucional. Audiencia de diez de enero de dos mil veintiuno 10:14 - Inicia la continuación de la audiencia de término constitucional, en la que se procedió a individualizarse las partes que en ella intervienen. 10:25 - La defensa se desiste de la prueba, consistente en el interrogatorio de Luisa Tania Lorena Vásquez Jiménez. 10:26 - Una vez que la defensa realizó sus manifestaciones en contra de la solicitud de vinculación a proceso y a su vez el ministerio público replicó dichos argumentos, el juez procedió a resolver lo conducente. 10:41- La Juez de control de origen resolvió vincular a proceso a Artemio Martínez Jiménez por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. 11:17- El Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar definitiva consistente en prisión preventiva. 11:20- Una vez otorgado el uso de la voz a la defensa e institución ministerial, el juez de control resolvió imponer al imputado la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, la cual se purgará en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Oaxaca. De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor particular, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió la juez del proceso en apoyo a su informe justificado. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. Continuidad y concentración. Debido a que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. En ese contexto, del análisis de la audiencia inicial en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto la juez responsable, estimó que el hecho materia de imputación se describe como delito de equiparación a la violación. Ilícitos que se encuentran previstos en el Código Penal del Estado de Oaxaca. Violación. Previsto en el numeral 246, en relación con el artículo 247 y sancionado en su párrafo primero, última parte, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que son del tenor siguiente: CAPITULO I. Abuso, hostigamiento y acoso sexual, estupro y violación. ARTÍCULO 246.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de doce a dieciocho años y multa de quinientos a mil días de salario. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. ARTÍCULO 247.- Se equipará la violación, la cópula con persona menor de doce años de edad, aun cuando se hubiere obtenido su consentimiento, sea cual fuere su sexo; con persona privada de razón o sentido, o cuando por enfermedad o cualquiera otra causa no pudiere oponer resistencia. En tales casos, la pena será de quince a veinticinco años de prisión y multa de un mil quinientos a dos mil días de salario. Se equipará a la violación y se sanciona con la misma pena, al que introduzca por vía vaginal o anal, cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Bien, los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, los cuales son los siguientes: Denuncia presentada por Luisa Tania Lorena Vásquez Vásquez ante el ministerio público de la Fiscalía de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho. Acta de nacimiento de Epifania Vásquez Jiménez. Certificado médico de discapacidad, emitido por el doctor José de Jesús Muñoz Montenegro. 27/02/2018 Resumen médico suscrito por el doctor Pastor López Gómez de once de octubre de dos mil diecinueve, a favor de la víctima Epifania Vásquez Jiménez. Certificado médico de lesiones ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas realizado por el doctor Gerardo Rafael de la Peña Vallardy el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho. Informe suscrito por el Agente de investigaciones de veintiséis de febrero de dos mil veinte, para obtener el expediente clínico de Epifania Vásquez Jiménez. Expediente clínico a nombre de Epifania Vásquez Jiménez. Inspección ocular en el lugar del hecho, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Justino Santos López, de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Por otro lado, el imputado y su defensa aportaron como medios de prueba los que siguen: Interrogatorio al doctor Gerardo Rafael de la Peña Vayardi. Interrogatorio al agente estatal de investigaciones, Justino Santos López. Por consiguiente, la juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: "1. Epifania Vázquez Jiménez, padece desde su nacimiento, retardo global del desarrollo y retardo mental profundo y se encuentra bajo el cuidado de su sobrina Luisa Tania Lorena Vázquez Vázquez, viviendo cada una en diferente cuarto, en el domicilio ubicado en Privada Cinco de Mayo número trece, Primera Sección, San Luis Amatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 2. El veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, cuando Luisa Tania Lorena Vázquez Vázquez se encontraba en el domicilio antes citado, lavando ropa, escucho ladridos de sus perros, por lo cual se dirigido al cuarto de Epifania Vázquez Jiménez y al no encontrarla comenzó a buscarla por una vereda y estando a quince metros aproximadamente de su domicilio, vio a su tía Epifania acostada boca arriba en una piedra, con las piernas abiertas en forma de "M", con la falda subida hasta el pecho y Artemio Martínez Jiménez tenía debajo de los pies su pantalón y ropa interior y le estaba introduciendo el pene en la vagina de Epifania." Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia del hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, a título de probabilidad. Sobre esa base, la juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como delito de equiparado a la violación y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el quejoso Artemio Martínez Jiménez intervino en el hecho que la ley describe como delito de que se le imputan como autor material de dicha conducta. En efecto, la información obtenida precisa que fue él quien probablemente el día de los hechos, con dolo y sin voluntad impuso la copula a Epifania Vázquez Jiménez, quien, a su vez, esta padece retardo global del desarrollo y retardo mental profundo, a lo que no podía ejercer resistencia. Así también, a través de la denuncia presentada por Luisa Tania Lorena Vásquez Vásquez permite sostener que existen razones que le permitan conocer los hechos, debido a que en dicha declaración se obtiene el señalamiento directo que realiza, pues fue ella quien a través de su sentido de la vista observó el momento en que se estaba realizando la conducta delictiva, aunado a que de la información proporcionada se advierte que conoce al ahora quejoso, señalando que se trata de un familiar lejano de las víctimas y que es vecino de su misma población. También, en el certificado médico, el doctor refiere que la víctima Epifania Vázquez Jiménez, encontró lesiones llamadas equimosis, es decir, moretones, en el área los glúteos, lo que lleva a inferir que, como lo declaró Luisa Tania Lorena Vásquez Vásquez, la victima Epifania Vázquez Jiménez se encontraba acostada boca arriba en una piedra, aunado a que, en la valoración ginecológica de genitales, se encontró una lesión consistente en un desgarre de cuatro milímetros, por lo que, se puede advertir que existen datos en donde indicaban una penetración vaginal reciente en la víctima Epifania Vázquez Jiménez, a lo que permite dar credibilidad a lo dicho por Luisa Tania Lorena Vásquez Vásquez, respecto a que ella logró observar que la víctima estaba siendo penetrada por una persona del sexo masculino. Aunado a ello se contó con la inspección ocular en el lugar de los hechos, practicada por el agente Estatal de Investigaciones Justino Santos López, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve en el que, en términos de lo que establecen los numerales 261 y 265 del Código de Nacional de Procedimientos Penales vigente para la entidad, resulta ser idóneo y pertinente, en razón de que a través de su informe se tuvo conocimiento de manera precisa el lugar en donde refiere Luisa Tania Lorena Vásquez Vásquez, el imputado se encontraba penetrando a la víctima Epifania Vázquez Jiménez. También se acredita que la víctima Epifania Vázquez Jiménez presenta una discapacidad de retardo global del desarrollo y retardo mental profundo con el expediente clínico obtenido por el agente de investigaciones a través de un informe de veintiséis de febrero de dos mil veinte, del que se determinó que presenta dicha discapacidad severa y permanente, lo que advierte la carencia de la voluntad consciente para copular. Datos que, como lo realizó la juez de control, fueron correctamente analizados de acuerdo con la sana crítica y observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, que impera en el nuevo sistema de justicia penal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 259, párrafo segundo, 261, párrafo primero, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales conllevan a determinar que, en términos del último supuesto de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen indicios razonables para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito equiparado a la violación previsto por el numeral 246, en relación con el 247, y sancionado por el primer párrafo, segunda parte del referido artículo 247, ambos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en agravio de Epifania Vázquez Jiménez. Lo anterior, ya que el veintiuno de septiembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, cuando Luisa Tania Lorena Vázquez Vázquez se encontraba en el domicilio -ubicado en Privada Cinco de Mayo número trece, Primera Sección, San Luis Amatlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, - lavando ropa, escuchó los ladridos de sus perros, por lo que se dirigió al cuarto de Epifania Vázquez Jiménez y al no encontrarla comenzó a buscarla por una vereda y estando a quince metros aproximadamente de su domicilio, observó a su tía Epifania Vázquez Jiménez acostada boca arriba en una piedra, con las piernas abiertas en forma de "M", con la falda subida hasta el pecho y Artemio Martínez Jiménez tenía debajo de los pies su pantalón y ropa interior y le estaba introduciendo el pene en la vagina de la víctima. Como sustento de lo anterior se cita la tesis aislada IV.1o.P.5 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en la página 1522, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones jurisdiccionales". En ese sentido, este juzgador de amparo coincide con la juez responsable, en estimar que existen datos de prueba idóneos y pertinentes que establecen que se cometió un hecho ilícito, pues al respecto expresó en lo que interesa, cuáles son esos datos de prueba que evidencian la comisión de ese evento delictuoso que se atribuye al quejoso consistente en el delito equiparado a la violación (en su hipótesis de carecer la víctima de voluntad consciente para copular). De ahí que se aprecie la ineficacia de los conceptos de violación que hace valer al respecto el impetrante, pues contrario a lo argumentado por éste, no sólo bastó para el dictado de la resolución reclamada la narrativa de Luisa Tania Lorena Vázquez Vázquez - sobrina y representante de la víctima Epifania Vázquez Jiménez para tener por acreditados los elementos del hecho delictuoso, sino que como se ha evidenciado existen diversos datos de prueba que han sido relacionados, los que se reitera, resultan ser idóneos y pertinentes para establecer que se cometió un hecho delictuoso en agravio de la víctima, y que de manera probable el investigado, hoy quejoso, probablemente participó en su comisión. Esto es, se aprecia que el juez responsable, de manera correcta tuvo por acreditados los elementos mínimos y necesarios para dictar el auto de vinculación a proceso al solicitante de la protección constitucional; por lo que, hasta ese momento, el juez responsable consideró acreditada la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del hecho delictuoso. Asimismo, el juez responsable consideró que su participación se llevó a cabo en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, precisando que realizó la conducta por sí. Todo lo cual demostró con los elementos de prueba citados con antelación y de los cuales, como se dijo, realizó una correcta valoración. También, como bien lo consideró la responsable, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado, debido a que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". Es por ello que, los datos de prueba relatados por el Ministerio Público sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, las conductas desplegadas por el imputado; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. Se explica. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). .. Ahora, en atención a los conceptos de violación tendentes a desvirtuar los datos de prueba, se analizarán de manera conjunta, dada la íntima relación que existe entre ellos, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo aplicada y acorde, en lo conducente a la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1677 del tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro número 167961, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". Bien, como se indicó el quejoso refiere que existe una incorrecta valoración de los datos de prueba, pues en la inspección ocular realizada por el agente estatal de investigaciones Justino Santos López, no utilizó una brújula para ubicar el lugar donde se suscitó el hecho delictivo. De igual forma, no debió otorgar valor probatorio al dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, emitido por el doctor ***. Lo anterior ya que la representante social al solicitar la vinculación a proceso manifestó que el desgarre vaginal de la ofendida es de cuatro centímetros, cuando el correcto es cuatro milímetros, según el dictamen, por lo que, al no corresponder lo establecido en dicho informe con lo manifestado por la agente del ministerio público, no se debió tomar en cuenta. Máxime que dichos datos de prueba no reúnen los requisitos señalados por el numeral "19 Constitucional". Dichos conceptos de violación, resultan jurídicamente ineficaces, en razón que no es la etapa procesal idónea para tales efectos, ya que los señalamientos con los cuales la parte quejosa hace depender la falta de valor probatorio tanto de la inspección ocular, como de los dictámenes médicos y declaraciones, deberán ser materia de estudio en un diverso estadio procesal al que actualmente se encuentra el presente asunto. Esto es así, ya que para el dictado del auto de vinculación a proceso el estándar probatorio exigido, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio). De esta manera, es hasta la sentencia que se emita, donde el juzgador debe basarse en pruebas plenas desahogadas, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable. No obstante ello, tocante a la contradicción que refiere, consistente en el desgarre vaginal de la ofendida que es de cuatro centímetros, cuando el correcto es cuatro milímetros como bien de indicó en el dictamen médico de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, emitido por la persona experta, es evidente que se trató de un error de apreciación por parte el fiscal acusador al citarlo en las audiencias relativas; sin embargo, no puede restarse valor probatorio a esa opinión técnica, ya que es innegable que existió una lesión ocasionada por la penetración del miembro viril del imputado. Máxime, que dicho dictamen se robusteció con el señalamiento directo de la sobrina de la víctima, quien es la persona responsable de su cuidado y al indagar donde se encontraba su tía por el ladrido de los perros, observó como el ahora imputado se encontraba perpetrando el hecho delictivo que nos ocupa. Así, contrario a lo expuesto por el quejoso en su diverso concepto de violación el cual resulta infundado, a consideración de quien aquí resuelve, el auto de vinculación a proceso sometido a escrutinio constitucional, satisface los requisitos formales y materiales; es decir, se estableció la conducta típica que se reprocha al imputado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, se apoyó en datos que establecieron que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Por consiguiente, se emitió apegado a derecho sin violar la reglas del procedimiento penal de origen, con apoyo en los datos de pruebas aportados por la institución ministerial. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar a Artemio Martínez Jiménez el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó por propio derecho, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control responsable, en la audiencia de ampliación de término constitucional de diez de enero de dos mil veintiuno relativa a la causa penal 118/2019, por su probable intervención en la comisión de hecho que la ley señala como delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de Epifania Vásquez Jiménez. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar jurídicamente ineficaz e infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Sierra Sur, sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese.
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