Artemio Lorenzo Ramírez Velasco o Artemio Ramírez Velasco

Expediente 735/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 45 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
735/2017
Año
2017
Actuaciones
45
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Artemio Lorenzo Ramírez Velasco o Artemio Ramírez Velasco
  • juez Penal del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca
  • Artemio Lorenzo Ramírez Velasco o Artemio Ramírez Velasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservándose Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, dado que resulta innecesario conservar la documental que anexó la autoridad Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, con la cual se formó un tomo de pruebas, se ordena devolver el mismo, debiendo asentar la recepción el actuario adscrito a este Juzgado en la constancia de notificación respectiva. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que exhibió el Juez Penal de Etla, Oaxaca, sin que hayan ejercido ese derecho. En consecuencia, como se anunció en dicha determinación, éste órgano constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió en los siguientes términos: "Por tanto, con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete y provea lo conducente respecto al desahogo del interrogatorio a cargo del menor ofendido Elvis López Ramírez y su testigos de cargo Martín López Ramírez, el menor Eliseo Santiago López y Liborio López Ramírez, que se ofrecieron dentro del plazo constitucional ampliado y dentro del término que señala la legislación procesal, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso. Lo anterior, no implica que la declaración preparatoria del inculpado y el resto de los medios de prueba que se desahogaron durante la etapa de preinstrucción sean inválidos, pues atendiendo al principio de economía procesal éstos deberán subsistir y ser valorados de manera fundada y motivada en la nueva resolución que emita la responsable." II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Deje insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete. b) Provea lo conducente respecto al desahogo del interrogatorio a cargo del menor ofendido Elvis López Ramírez y su testigos de cargo Martín López Ramírez, el menor Eliseo Santiago López y Liborio López Ramírez, que se ofrecieron dentro del plazo constitucional ampliado; y, c) Dentro del término que señala la legislación procesal, resuelva nuevamente la situación jurídica del quejoso. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad cumpliendo con el efecto marcado con inciso a), ya que remitió copia certificada del proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 36/2017, mediante el cual dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete. Posteriormente, mediante oficio 2040/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable hizo del conocimiento, que por fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho tuvieron verificativo lo siguiente: Se desahogó el interrogatorio a cargo del testigo Martín López Ramírez (fojas 195 a 200). Mediante diligencia de valoración psicológica al menor Elvis López Ramírez, se tornó a la conclusión de que, derivado del diagnóstico obtenido, no era conveniente realizar interrogatorio al citado para no revictimizarlo (fojas 202 -reverso- y 204). Previa diligencia de valoración psicológica al diverso menor Eliseo Santiago López (fojas 206 y 207), se llevó a cabo el interrogatorio a su cargo (fojas 207 -reverso- a la 212). Por otra parte, en relaciòn al desahogo del interrogatorio de Liborio López Ramírez, el Juez Penal de Etla, Oaxaca, determinó que existe imposibilidad material y temporal para su desahogo, en virtud que señaló diez veces fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia y no se llevó a cabo por la inasistencia del testigo a pesar de hacer uso de la fuerza pública. Posteriormente, se enviaron diversos exhortos al Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que por su conducto los hiciera llegar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California y se pudiera llevar a cabo dicha diligencia, en virtud que el testigo cambió su residencia en ese Estado, sin que haya podido realizar la encomienda toda vez que fueron devueltos sin diligenciar al haber sido recepcionados de manera extemporánea. En ese contexto, el Juez Penal de Etla, Oaxaca, determinó que al haber transcurrido dos años, cuatro meses y tres días, contados a partir del auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante auto de treinta de noviembre del año en curso, dictado en la causa penal 36/2017 resolvió la situación jurídica del quejoso Artemio Ramírez Velasco o Artemio Lorenzo Ramírez Velasco, como se corrobora mediante oficio 891 recibido el dos de diciembre del de dos mil veinte y mediante el cual remite copia del auto señalado. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por el Juez Penal de Etla, Oaxaca, se advierten las circunstancias siguientes: Que mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 36/2017, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por lo que se tiene por cumplido el primer efecto de la sentencia. Por otro lado, mediante oficio 2040/2018 de doce de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable hizo del conocimiento, que por fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho tuvo verificativo lo siguiente: El desahogó el interrogatorio a cargo del testigo Martín López Ramírez (fojas 195 a 200). Mediante diligencia de valoración psicológica al menor Elvis López Ramírez, se tornó a la conclusión de que, derivado del diagnóstico obtenido, no era conveniente realizar interrogatorio al citado para no revictimizarlo (fojas 202 -reverso- y 204). Previa diligencia de valoración psicológica al diverso menor Eliseo Santiago López (fojas 206 y 207), se llevó a cabo el interrogatorio a su cargo (fojas 207 -reverso- a la 212). Asimismo, a efecto de desahogar el interrogatorio de Liborio López Ramírez, el Juez Penal de Etla, Oaxaca, acreditó que existía una manifiesta imposibilidad material y temporal que impidió al juzgador desahogar dicha probanza en la preinstrucción, pues con las constancias que obran en autos se advierte que después de más de dos años a partir de la concesión del amparo no se pudo desahogar el interrogatorio, a pesar de haber señalado más de diez veces fecha y hora para el desahogo. Asimismo, al cambiar su residencia el testigo, se giraron diversos exhortos al Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que por su conducto los hiciera llegar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California y se pudiera llevar a cabo dicha diligencia, sin que haya podido realizar la encomienda toda vez que fueron devueltos sin diligenciar al haber sido recepcionados de manera extemporánea. Por lo que ante dicha circunstancia, determinó concluir con el plazo constitucional de la aludida causa penal y resolver la situación jurídica del quejoso Artemio Ramírez Velasco o Artemio Lorenzo Ramírez Velasco. Lo anterior, da pauta a dar por cumplidos los efectos del fallo protector, pues se dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete; se deahogaron los interrogatorios a cargo de Martín López Ramírez y Eliseo Santiago López; en relación al interrogarotio de Elvis López Ramírez, derivado de la valoración psicológica, se tornó a la conclusión que no era conveniente realizar interrogatorio al citado para no revictimizarlo. Ahora bien, en relación al desahogo del interrogatorio de Liborio López Ramírez, se acreditó una imposiblidad material y temporal para su desahogo, pues fueron más de dos años los que se intentó llevar a cabo dicha diligencia sin que se haya realizado, por lo que mediante acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, se determinó la situación jurídica del quejoso. En ese sentido, como se dijo anteriormente en autos, no debe soslayarse que en la sentencia de amparo, se precisó que la concesión respectiva lo era para el efecto de que dejara insubsistente lo relativo al acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete y proveyera lo relativo al desahogo del interrogatorio a cargo del menor López Ramírez y sus testigos de cargo, ofrecidos dentro del aludido plazo, para luego resolver sobre la situación jurídica del quejoso. Lo anterior, en el entendido de que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 13/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual sirvió como sustento de la sentencia de amparo, la falta de desahogo de pruebas ofrecidas en la preinstrucción, únicamente es reprochable a la responsable cuando su desahogo era material y temporalmente posible dentro del plazo respectivo, sin que pueda llegarse al extremo de prorrogar indefinidamente su resolución debido a su falta de desahogo. En consecuencia, al acreditar la responsable la imposibilidad para el desahogo del interrogatorio de Liborio López Ramírez y al determinarse la situación jurídica del quejoso Artemio Ramírez Velasco o Artemio Lorenzo Ramírez Velasco,en consideración de este órgano jurisdiccional y con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, en este proveído se declara por cumplido el fallo protector dictado en este juicio constitucional, como lo dispone la jurisprudencia que expone: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Servicio Postal Mexicano, hace del conocimiento que la pieza postal que ampara la entrega del oficio 2476/2021, ya fue entregada a este Juzgado. En consecuencia, téngase a la citada autoridad informando lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que no ha sido devuelto el acuse de recibo que ampara la entrega del oficio 2476/2021 dirigido al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de la Villa de Etla, Oaxaca (tercero interesado), del proveído de dos de febrero del año en curso, por el que se reexpidió el oficio con el que se daba vista respecto el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, requiérase al Administrador Postal de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, para que dentro del plazo de tres días remita el acuse de recibo que ampara la entrega del oficio referido, el cual fue depositado en la oficina a su cargo el ocho de febrero del año en curso, bajo el registro MN685113645MX. Se apercibe a la aludida autoridad de correos, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se impondrá en su contra una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido por los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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