Arsenio Méndez Agustín

Expediente 2398/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2398/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Arsenio Méndez Agustín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos, se advierte que ARSENIO MÉNDEZ AGUSTÍN, desahogó la vista otorgada mediante proveído de dieciocho de noviembre del año en curso (fojas 11-14), toda vez que compareció a ratificar el escrito de veintinueve del citado mes (fojas 17-19); mediante el cual presento demanda de amparo contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Actuario Judicial adscrito al Juzgado Quinto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, ciudad. Destacándose que en la demanda inicial, el promovente señaló como actos reclamados los siguientes: "a) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, les reclamo la INDEBIDA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA MENDIANTE ACUERDO DE FECHA 03 OCTUBRE DE 2016, DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 519/20114 RADICADO EN EL JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE FACULTA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A DICHO JUZGADO, PARA QUE SE REQUIERA LA ENTREGA DEL BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN EL VEHICULO NISSAN URBAN, NUMERO DE SERIE NUMERO DE SERIE JN6FE56S767X55333, NUMERO DE MOTOR KA2491063X, MODELO 2006,CUATRO CILINDROS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 387-656-B, EL QUE ME CAUSA UN FLAGRANTE AGRAVIO A MI PERSONA, POR CUANTO QUE DICHO VEHICULO ME SIRVE COMO MEDIO DE TRANSPORTE LABORAL Y ADEMAS DE QUE DICHA RESOLUCIÓN SE CUENTRA FUERA DE TODA REALIDAD JURÍDICA POR FALTA DE NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUCIO PRINCIPAL, DICTADO DENTRO DEL MISMO Y POR ENDE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, por lo tanto solicito cesen los actos de autoridad dictado por la ordenado (sic) que me causan agravios. C).- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS, LES RECLAMO CUALQUIER ACTO TENDIENTE A EJECUTAR LA ORDEN DE EJECUCIÓN ORDENADO EN EL ACUERDO DE FECHA 03 OCTUBRE DEL 2016, POR MEDIO DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL JUZGADO, POR EL QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN MUEBLE CONSISTENTE EN EL VEHICULO NISSAN URBAN, NUMERO DE SERIE NUMERO DE SERIE JN6FE56S767X55333, NUMERO DE MOTOR KA2491063X, MODELO 2006,CUATRO CILINDROS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 387-656-B, tomando en consideración que dicho acuerdo carece de fundamentación y motivación y por ende las ejecutoras cesen cualquier acto de autoridad tendiente a dar cumplimiento al mandato judicial dictado por la ordenadora". En el capítulo de antecedentes relata: "1. Con fecha 08 de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, me fue notificado por medio de la actuaria judicial adscrita al juzgado de la adscripción, el acuerdo de fecha 26 de Mayo del 2016, dos mil dieciséis, suscrito y firmado por el Juez Quinto del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, manifestando la actuaria judicial que se trataba de una ejecución para efectos de entregar los bienes embargados dentro del expediente y ordenado en la ejecución de sentencia. 2. Con fecha 03 de Octubre del 2016, por medio de la actuaria judicial adscrita al juzgado por el que se requiere la entrega del bien mueble consistente en el vehículo Nissan urban, número de serie JN6FE56S767X55333, numero de motor KA2491063X, modelo 2006, cuatro cilindros, con placas de circulación 387-656-B. 2.- Sin embargo, manifiesto a su señoría que el acuerdo dictado, se trata de una ejecución de sentencia dictado con fecha 11 de Mayo del 2016, por el que se condena al suscrito al pago de la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), condenado dentro del punto resolutivo segundo de la sentencia definitiva de fecha 17 de Mayo del 2015, dos mil quince, por concepto de suerte principal, y así como la cantidad de $53,550.00 (Cincuenta y Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 m.n.) como condena dentro de la sentencia interlocutoria de fecha 11 de Mayo del 2016, de intereses moratorios, apercibiendo el órgano jurisdiccional que en caso de negativa se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se pagará al acreedor". Ahora, en el escrito de aclaratorio manifiesta lo siguiente: "1. Juicio que se promovió: Ejecutivo mercantil. 2.- Respecto de los hechos, el 24 de octubre del 2014, dos mil catorce, se radicó el expediente número 519/2014, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, ante el Juez Quinto del Ramo Civil del Fuero Común, promovido por los Lics, Floriberto Gutiérrez, Madrid y Huberclein Valdez Gutiérrez, en su carácter de endosatarios en procuración de BERNABE SARMIENTO SOLIS, en contra del hoy quejoso, en la que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa el suscrito se me reclamo las prestaciones siguientes. A.- El pago de la cantidad de $35,000.00 (Treinta y Cinco Mil Pesos, correspondiente al importe de un pagaré suscrito a favor de mi endosante el cual fue suscrito por el hoy demandado, el C, Arsenio Méndez Agustín, el 01 de Noviembre del año 2011, con fecha de vencimiento el primero de diciembre del año 2011, dos mil once. B.- El pago de los intereses moratorios al 10% mensual a partir de la fecha de constitución de la mora y hasta el momento en que se haga pago total de las prestaciones adeudadas. C.- El pago de los gastos y costas. 3.- En auto del 26 de Junio del 2014, se admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil, despachándose ejecución por la ejecución por la cantidad reclamada como suerte principal, ordenándose requerir el pago, embargar y emplazar a la demandada, la cual dicha diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento efectuada de manera personal, hasta la total solución del juicio, mismos que deberá ser cuantificados en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo. 4.- Con fecha 08 de Septiembre del 2016, dos mil dieciséis, me fue notificado por medio de la actuaria judicial adscrita al juzgado de la adscripción el acuerdo de fecha 26 de Mayo de 2016, dos mil dieciséis, suscrito y firmado por el Juez Quinto del Ramo Civil del este Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, manifestando la actuaria que se trataba de una ejecución para efectos de entregar los bienes embargados dentro del expediente y ordenado en la ejecución de sentencia. 5.- Con fecha 03 de octubre del 2016, dentro del expediente civil número 519/2014, radicado ante le juzgado quinto del ramo civil del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, y que me fuera notificado con fecha 09 de noviembre del 2016, por medio de la actuaria judicial adscrita al juzgado se me hace la notificación del acuerdo por el que se ordena al hoy quejoso la entrega del vehículo Nissan urban, número de serie JN6FE56S767X55333, numero de motor KA2491063X, modelo 2006,cuatro cilindros, con placas de circulación 387-656-B del estado de Chiapas. 6.- Sin embargo, manifiesto a su señoría que el acuerdo dictado, se trata de una ejecución de sentencia, el cual me causa un flagrante agravio, ya que pretenden privarme de mis derechos de propiedad. ACTO RECLAMADO:. El acto que se reclama es el acuerdo de fecha 03 de Octubre del 2016, dentro del expediente civil número 519/2014, radicado en el juzgado quinto del ramo civil del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez y que me fuera notificado con fecha 09 de noviembre del 2016, por medio de la actuaria judicial adscrita a dicho juzgado, se me hace la notificación del acuerdo por el que se ordena al hoy quejoso la entrega del VEHÍCULO NISSAN URBAN, NÚMERO DE SERIE JN6FE56S767X55333, NUMERO DE MOTOR KA2491063X, MODELO 2006,CUATRO CILINDROS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 387-656-B DEL ESTADO DE CHIAPAS, actos estos por los que se pretende privar de mis derechos de propiedad consistentes en la entrega de la unidad como pago de una cantidad bastante y suficiente dictado en la sentencia interlocutoria, sin que hayan elementos suficientes para condenarme en la sentencia interlocutoria de fecha 11 de Mayo del 216, por él recurro la vía de amparo, ya que con esto pretender ejecutar la sentencia dictada". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En este orden, del estudio integral que se efectúa a la demanda de garantías de trato, y los anexos de la misma, así como el escrito aclaratorio, se obtiene, que el impetrante del amparo ARSENIO MÉNDEZ AGUSTÍN, es parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 519/2014, del índice del juzgado responsable, al que fue emplazado de manera personal, inclusive refiere diversa notificación efectuada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis y que en la demanda de amparo reclama esencialmente el auto de tres de octubre del presente año, por el cual el Juez responsable lo previno para que en el acto o dentro del término de tres días hiciera entrega a la parte actora del bien mueble embargado que refiere, con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado se giraría oficio para la detención del automotor. En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, este Órgano de Control Constitucional advierte, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado que en el presente caso se actualiza de manera indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. En la especie, el acto reclamado lo constituye, como ya se dijo, el auto de tres de octubre del presente año, por el cual el Juez responsable lo previno para que en el acto o dentro del término de tres días hiciera entrega a la parte actora del bien mueble embargado que refiere, con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado se giraría oficio para la detención del automotor. Juicio en el cual, se reitera, el aquí quejoso, figura como demandado y fue emplazado. Ahora bien, antes de seguir con el análisis de la causal de improcedencia de que se trata, es pertinente establecer que aun cuando la parte quejosa exprese que posterior a su emplazamiento quedó inaudito de las actuaciones dictadas en el juicio natural, dicho quejoso al haber sido emplazado y notificado de diversa resolución, no tiene el carácter de tercera extraña al mismo, por lo cual está en la más amplia aptitud legal de interponer los recursos correspondientes, inclusive la nulidad de notificaciones, tal como se verá en los siguientes párrafos; por lo cual, el quejoso no se encontraba exceptuado de agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en contra del proveído que señala como acto reclamado. De igual forma, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que la cuantía del asunto asciende a $35, 000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m. n.). Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de garantías, por encontrarse en el supuesto que prevé el artículo 1334, del Código de Comercio, debió hacer valer contra del proveído reclamado, el recurso de revocación, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En primer lugar, en lo que atañe al proveído reclamado de tres de octubre del presente año, por el cual el Juez responsable lo previno para que en el acto o dentro del término de tres días hiciera entrega a la parte actora del bien mueble embargado que refiere, con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado se giraría oficio para la detención del automotor, el Código de Comercio prevé la improcedencia del recurso de apelación cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (quinientos sesenta y dos mil pesos, doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, como lo establece el artículo 1340 de dicho ordenamiento, que establece: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Por su parte, el artículo 1341 de la codificación de referencia, establece que las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al precepto 1340 citado, y que con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. En otro orden de ideas, el artículo 1334 del Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa que se integra tal y como lo establecen los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. - - De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "ARTÍCULO 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. - - De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio (suerte principal), sea menor de $562,264.43 (quinientos sesenta y dos mil pesos, doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional), suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Establecido lo anterior, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en el auto de tres de octubre del presente año, por el cual el Juez responsable lo previno para que en el acto o dentro del término de tres días hiciera entrega a la parte actora del bien mueble embargado que refiere, con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado se giraría oficio para la detención del automotor; juicio en el que el aquí promovente del amparo figuró como parte. Y como se adelantó en párrafos que anteceden, de lo expuesto por la demandante del amparo, se advierte que la suerte principal reclamada asciende a $35, 000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m. n.). Así las cosas, es evidente que la suerte principal del juicio de origen no excede de la suma de $562,264.43 (quinientos sesenta y dos mil pesos, doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional); por tanto, se determina que contra el proveído reclamado emitido por el juez responsable, procede el recurso de revocación que prevén los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, medio de defensa que debió agotar el inconforme previamente a comparecer a la instancia constitucional pues determinar lo contrario, sería omitir la orden imperativa del artículo 1334 mencionado. En consecuencia, si la parte quejosa ya fue emplazada al juicio de origen (como lo confesó expresamente), resulta claro, que entonces, estaba en facultad de interponer el recurso de revocación de que se trata y, por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; luego entonces, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, es evidente que el multicitado acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual pueden ser revocados dicho acto; ante tales condiciones, respecto de tal proveído deberá desecharse la demanda garantías por actualizarse de manera notoria una causal de improcedencia. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 70/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, registro electrónico 2005047, que expresa: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). De igual forma, no es inadvertido para este juzgador respecto a la manifestación del quejoso en el sentido de que posterior a su emplazamiento se siguió el juicio sin que se le notificara, inclusive el incidente de liquidación de sentencia, debe señalarse, que ello, no hace procedente el juicio de amparo, en atención a que, si el quejoso estima que las notificaciones fueron practicadas en contravención a la ley que rige el acto reclamado, debió hacer valer contra tal acto el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa del numeral 1054 de dicho ordenamiento legal, precepto el cual establece: "Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la valides de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto". En consecuencia, si la parte quejosa no formuló el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata, mediante el cual pudo obtener la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a las fechas que aduce quedó "inaudito", dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil subyacente, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; luego entonces, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procedía el incidente de nulidad mencionado, por virtud del cual pudo ser nulificado dicho acto. Efectivamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados, y en su caso, modificados o revocados, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede; y si bien por regla general la nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, ello no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. Por lo cual, el no agotarse el incidente de nulidad de notificaciones, aún después de dictada la sentencia, actualiza la causal de improcedencia a que hace referencia la fracción XVIII, párrafo primero del numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 178685, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 430, que reza: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Igualmente, resulta aplicable al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página doscientos cuatro, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Consecuentemente, al ostentarse el aquí quejoso sabedor del procedimiento al aceptar que fue emplazado y al cobrar la calidad de parte en él, resulta claro que estaba en posibilidad legal de acudir al mismo y hacer valer sus derechos, por lo que debe soportar las consecuencias de ser parte demandada en el procedimiento natural. Por tanto, al conocer la existencia del juicio natural, si consideraba ilegal alguna diligencia de notificación, dada su calidad de parte demandada debió acudir al mismo a hacer valer sus derechos, y, en su momento, acudir a promover incidente nulidad de notificaciones ante la potestad común. A mayor abundamiento, se precisa que el quejoso aceptó que fue emplazado al procedimiento de origen, así como que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución, por lo cual, aun en el caso hipotético de que el quejoso hubiere agotado el principio de definitividad, el juicio de amparo se torna habida cuenta, que en el caso se actualizaría diversa causa de improcedencia, toda vez que dicho acto no es de los que pueda considerarse como la última resolución, tal como lo dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe señalar que no es inadvertido para este juzgador, que la existencia del control difuso de convencionalidad en relación con los derechos humanos previstos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, sin embargo, tales cuestiones no implican soslayar cuestiones de procedencia del juicio de amparo, cuenta habida que el análisis de la interpretación de la norma bajo los principios que en su caso citen los gobernados, sólo opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues no es factible determinar que todo acto reclamado que sea impugnado bajo la observancia de los derechos fundamentales, tenga que aceptarse su procedencia, inobservando el numeral 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al presente caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que prescribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Asimismo, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro electrónico 2005917, que expresa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ARSENIO MÉNDEZ AGUSTÍN. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza y da fe licenciado Martín Alfonso Martínez Molina, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad; sin mayor pronunciamiento respecto a su contenido, toda vez que en proveído de trece de los actuales, se tuvo por cumplido el requerimiento que se solicitó mediante el diverso 22678/2016 al Procurador General de la República, en la mencionada ciudad. Cúmplase.

  4. Principal

    RESUELVE: PRIMERO: Se sobresee en el presente juicio de amparo 1898/2016... SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE)...

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