Aroldo Cruz Álvarez

Expediente 738/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
738/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Aroldo Cruz Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad y anexo, con la que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 137/2017, relativa al juicio de amparo 738/2017 del índice de este Juzgado, así como un tomo de copias certificadas. Acúsese recibo. Se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Ahora, de la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ***********, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    En esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de julio de la presente anualidad que en su parte conducente dice;Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que ****** ratificó el contenido y la firma que calza el escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el catorce de julio del año en curso y recibido en la oficialía de partes de este juzgado el diecisiete siguiente (fojas 31 a 34). Atento a lo anterior, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en acuerdo de diez de julio de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación; en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en los acuerdos de doce, veintiséis y veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitidos en el expediente ******** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en los cuales, con el primero, la autoridad responsable no acordó favorable la solicitud del quejoso sobre la cancelación de la anotación preventiva; y, con los siguientes, dejó de dar trámite a los recursos de revocación y apelación interpuestos por el quejoso, en contra del proveído antes mencionado, por haber sido interpuestos fuera de término; así como la notificación del primer proveído indicado. Dichas actuaciones no generan a las partes una afectación material, habida cuenta que sus efectos no lesionan derechos sustantivos del promovente. Esto es, se trata de actos que no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. En efecto, el acto reclamado no causaría perjuicio alguno a la parte quejosa en el supuesto de que la sentencia fuese en su favor, pues la violación alegada no trascendería al resultado del fallo y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución en el amparo directo, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa. Tiene aplicación la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Cabe destacar, que en la diligencia de ratificación de firma, de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que los bienes inmuebles que cuenta con la anotación marginal o preventiva, no son de su propiedad, sino de diversos demandados; por lo cual, en el caso, no se está ante una violación de derechos sustantivos. En suma, desentrañando todos los actos reclamados en la demanda, así como el escrito de aclaración y su diligencia de ratificación, se advierte que el problema jurídico planteado consiste en la negativa del juez declarado legalmente incompetente de cancelar la anotación marginal del juicio, respecto de inmuebles propiedad de los codemandados no así del quejoso. Razón por la cual, este juzgador determina desechar la demanda, pues no desconoce que tanto la cancelación de una anotación afecta derechos sustantivos (del actor), como la anotación per se, o el acuerdo que determina su subsistencia se considera de imposible reparación, pero para el propietario del inmueble llámese demandado o tercero, no así para cualquiera de las demás partes. De ahí que este juzgador, que en el caso concreto y en lo que atañe al promovente, los efectos de los actos reclamados no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es el de disponer del inmueble que se tiene en propiedad, conforme a lo previsto en el numeral 16, de la Carta Magna. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, Martín Alfonso Martínez Molina, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de julio de dos mil diecisiete. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 738/2017-VIll. PREVENCIÓN Del escrito de demanda promovida por ********** se advierte que la quejosa no cumple con los requisitos señalados en el artículo 108, fracciones I, IV y V; es así, pues señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.- Acto que se reclama: Del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. 1.- El acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente número ********* elativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por ********** en contra de ******** y otros, del índice de ese órgano jurisdiccional. 2.- El acuerdo de fecha 26 de junio de 2017, de dos mil diecisiete, emitido en el expediente número ******** relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por ********* en contra de ********** y otros. 3.- El acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitido en el expediente número ********* relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por ********** en contra de *********** y otros, del índice de ese órgano jurisdiccional". Posteriormente, del capítulo de antecedentes se advierte lo que a continuación se transcribe: "1.- Con fecha diecisiete de abril de 2015 dos mil quince, se radico el Juicio Ordinario Mercantil con el número *********** radicado en el Juzgado de Primera instancia del ramo civil del distrito judicial de pichucalco, Chiapas, con fecha 11 de septiembre de 2015, se dio contestación a la demanda instaurada, hacienda valer la excepción de incompetencia entre otras; por lo que el juicio ordinario continuo su procedimiento, y fue hasta el mes de octubre del 2016, que el Juez civil de Primera Instancia, remite la correspondiente incompetencia a la SALA REGIONAL COLEGIADA MIXTA ZONA 04, PICHUCALCO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, la cual mediante resolución de fecha 11 once de noviembre de 2016, dos mil dieciséis, declara en su punto resolutivo primero.-"... En merito a las consideraciones antes vertidas, esta sala se declara INCOMPETENTE para conocer y resolver la excepción de incompetencia por declinatorio, planteada por ************ en calidad de representante legal de la parte demandada *********** Y ********* en los autos del expediente número ******** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por *********** 2. Una vez que instauro todo el procedimiento ordinario mercantil, se desahogaron las pruebas, el Juez primistancial remitió en destiempo las constancias procesales del citado juicio ordinario para que Sala Regional Colegiada Mixta, zona 04 Pichucalco, del Tribunal Superior de Justicia del estado resolviera la excepción de incompetencia planteada por el suscrito; quien con fecha 18 de mayo de 2017, resolvió la citada excepción dilatoria y ordenó dejar insubsistente el fallo pronunciado el día 11 de noviembre de 2016, en cumplimiento a la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, por lo que se turnaron los autos a la ponencia "B", quien resuelve: "...Primero: se declara FUNDADA LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA, hecha valer por las partes demandas ********* en calidad de representante legal de la parte demandada ********** Y ********** en el expediente numero ********** relativo al JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, promovido por ********** en contra de los excepcionantes; en consecuencias. SEGUNDO.- Se determina que el Juez Civil en Turno del Centro de Villahermosa, Tabasco, es competente, para seguir conociendo del presente juicio hasta su total solución...";". Consecuentemente, a fin de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda intentada; con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la ley de la materia vigente, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Indique la cuantía del juicio ordinario mercantil ********* 2. Especifique el estado procesal que guardan los autos del juicio ********** 3. Aclare cuando tuvo conocimiento de cada uno de los actos. 4. Exhiba copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes. Tiene apoyo a lo anterior el criterio siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición". Asimismo, sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda".

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