Arquímides Vázquez Agatón
Expediente 862/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Arquímides Vázquez Agatón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
se declara que si es susceptible de depuración el original del incidente en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional; consecuentemente en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción...
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de 13/09/2016, dictado en este juicio. Por tanto, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA CAUSADO ESTADO,para los efectos legales correspondientes...archivese este asunto como totalmente concluido, se hace constar que el presente expediente es susceptible de depuracion...
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, por el que informa haber dictado auto de formal prisión en contra de ARQUIMIDEZ VAZQUEZ AGATÓN, dentro de la causa penal 159-1/2015, de la que conoce, remitiendo al efecto copia certificada de la constancia relativa. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto acarrea la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, la norma transcrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica que en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión librada por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en contra del aquí quejoso ARQUIMIDEZ VAZQUEZ AGATÓN, como probable responsable de los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR y LESIONES, en agravio de VERONICA CORTEZ EMIGDIO. Ahora, de acuerdo a las constancias agregadas por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, se advierte la existencia de la orden de aprehensión, que efectivamente fue librada el dieciocho de diciembre de dos mil quince, en contra de la ahora impetrante de la tutela constitucional, por el delito de como probable responsable de los delitos de VIOLENCIA FAMILIAR y LESIONES, el primero en agravio de VERONICA CORTEZ EMIGDIO (foja 47). Sin embargo, el doce de septiembre de esta anualidad, el propio juez responsable, dentro de la causa penal 159-1/2015, decretó auto de formal prisión en contra del inculpado aquí amparista ARQUIMIDEZ VAZQUEZ AGATÓN, por el delito y agraviado antes referidos, según se advierte del anexo al oficio de la cuenta secretarial. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, y recibida en la misma fecha en esta oficialía de partes, mientras que el auto de formal prisión decretado en contra del aquí quejoso data del doce de septiembre de dos mil dieciséis. En efecto, cuando como en la especie, durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se le decretó al quejoso auto de formal prisión, y en consecuencia existió un cambio de situación jurídica, al pasar de inculpado a procesado, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que el impetrante aduce. Es ilustrativa en ese sentido la jurisprudencia VII.1o.P. J/42, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo XI, Marzo de 2000, página 875). Así como la diversa número IX.1o.J/11, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUEL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1454) Ahora bien, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de formal prisión implica que la libertad del quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en dicha etapa del procedimiento deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Orienta este criterio la jurisprudencia I.7o.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1600). También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 2ª./J 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. El anterior sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras, toda vez que el acto que de ellas se reclamó no se hizo valer por vicios propios. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI. 2º. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 690). En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes para los fines legales consiguientes.
- Principal
POR RECIBIDO EL OFICIO QUE FIRMA LA AUTORIDAD POR MEDIO DEL CUAL RINDE SU INFORME JUSTIFICADO, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA...
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