ARQUÍMIDES RAMÍREZ BARRIENTOS y Otros.

Expediente 679/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 48 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
679/2020
Año
2020
Actuaciones
48
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • ARQUÍMIDES RAMÍREZ BARRIENTOS y Otros.
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento Penal Con Sede En Ometepec, Guerrero
  • Arquímides Ramírez Barrientos
  • ALEXANDRO RAMÍREZ BARRIENTOS y Otros.
  • Alexandro Ramírez Barrientos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es conservable en tres años, toda vez que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de destrucción en el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y al estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que no ampara a los quejosos *****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es CONSERVABLE en tres años, por virtud de que en el mismo se negó la protección constitucional. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, se declara que es conservable en tres años, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las once horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 679/2020-VI, promovido por *****, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto Seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito inicial de demanda (fojas 1 a 29); auto admisorio de nueve de diciembre de dos mil veinte (fojas 31 a 33), constancias de notificación a las partes, de las que destaca la notificación de ese auto y el emplazamiento realizado a la Fiscal Federal adscrita el once de diciembre de dos mil veinte (foja 144); informe justificado y proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, que acordó su recepción y vista a las partes (foja 79); auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se reconoció como terceros interesados, a ***** y al agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado, con Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende (foja 82); auto de veinte de octubre del año en curso, en el que se precisó la denominación de uno de los terceros interesados, siendo el siguiente Carlos Betancour Cruz, agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero (foja 152); constancias de emplazamiento de los terceros interesados (fojas 102 y 163); resolución de once de marzo de dos mil veintidós, que negó el amparo a los impetrantes de mérito (fojas 189 a 200); escrito mediante el cual los quejosos interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de referencia y proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por interpuesto el citado medio de impugnación (fojas 214 a 218); oficio 6793/2023 enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompañó la ejecutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada en el Amparo en Revisión 167/2023, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, derivado del Amparo en Revisión Penal 186/2022, del índice del órgano colegiado con residencia en esta ciudad, que revocó la sentencia emitida en el presente sumario y ordenó reponer el procedimiento (fojas 276 a 291); proveído de dieciocho de mayo del año que transcurre, en el que se tuvo por recibido el oficio de referencia y, se ordenó el emplazamiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano de control constitucional, lo que así aconteció como desprende de la constancia de notificación y emplazamiento de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 299). Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que en apoyo a su informe justificado acompañó el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal en el Estado, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con residencia en Ometepec, Guerrero; y se hace constar que las demás partes no ofrecieron pruebas. La Jueza acuerda: En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas mencionadas, mismas que serán tomadas en consideración al resolver este asunto; con lo anterior se da por concluido este periodo. Abierto el período de alegatos: Se hace constar que las partes no formularon alegatos, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, formuló alegato ministerial alguno. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para hacerlos valer con posterioridad. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 679/2020, promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO . Presentación de la demanda. Por escrito depositado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno a este órgano de justicia federal, ******, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que se precisan a continuación: "IV. AUTORIDADES RESPONSABLES. C. JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL CON SEDE EN OMETEPEC, ESTADO DE GUERRERO, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ABASOLO, ALLENDE Y ALTAMIRANO. V.- ACTO RECLAMADO. A) EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO y LOS EFECTOS DEL MISMO dictado el día veintiuno de noviembre de dos mil veinte, por LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN LA CARPETA JUDICIAL C-53/2020. SEGUNDO. Trámite del Juicio. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, bajo el número de registro 679/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete lo que así aconteció como se desprende de la constancia de notificación de once de diciembre de dos mil veinte (foja 114); señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno (foja 82), se tuvo como terceros interesados a ***** y al agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal en el Estado, con Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, de conformidad a lo establecido en el artículo 5, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo, en relación con el último de los terceros en cita, en auto de veinte de octubre del año próximo pasado, se precisó su denominación, siendo la siguiente Carlos Betancour Cruz, agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero, quienes fueron emplazados como se advierte de las constancias que obran en autos. En veinte de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional y, la sentencia correspondiente se emitió el once de marzo de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a los aquí quejosos (187 a 200); inconformes con dicha resolución interpusieron recurso de revisión en su contra, y mediante ejecutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, dictada en el Amparo en Revisión 167/2023, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, derivado del Amparo en Revisión Penal 186/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, se revocó la sentencia impugnada y se ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se notificó a la agente del Ministerio Público de la Federación el auto de dieciocho del mes y año en cita y, nuevamente se corrió traslado con copia del escrito inicial de demanda, en esta data previo diferimiento de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. 4 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS . DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: El auto de vinculación a proceso, decretado en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial C-53/2020, por los hechos constitutivos de delito de despojo, previsto en el artículo 245, fracción I, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Flori Beht Tolentino Gallardo . CUARTO. Oportunidad de la demanda. Los quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado, en la propia fecha en que se desahogó la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte; por ende, tomando en consideración que el artículo 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señal que los términos empiezan a correr el día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, el ocho de diciembre de dos mil veinte, se concluye que ello aconteció dentro del plazo que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor, dado que los mismos transcurrieron del veintitrés de noviembre al once de diciembre de dos mil veinte, siendo inconcuso que su presentación es oportuna. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los 4 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS , CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS . TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie, el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la emisión de la determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí impetrantes en la carpeta judicial C-53/2020, de ese índice, de modo que ello constituye una confesión de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Pero además, la certeza del acto se desprende con las documentales y discos en formato "DVD", que remitió el Juez responsable, en los que obra la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos en la carpeta judicial C-53/2020, del índice de la autoridad responsable. En ese tenor, como al disco en formato "DVD" remitido por la autoridad responsable, le reviste el carácter de documental pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo, en concatenación con la aceptación expresa de la autoridad responsable, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional es cierto. Se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", localizable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres Sin que al caso sea necesario reproducir el disco compacto (DVD'S) en audiencia pública, toda vez que dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Tiene aplicación, la Jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, página setecientos tres. SEXTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia del juicio de amparo y este juzgado no observa de oficio la configuración de alguna de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Orienta lo considerado la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro "IMPROCEDENCIA , CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, la página noventa y cinco. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Se aborda el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte impetrante contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En la medida en que, los accionantes del juicio consideran que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales de presunción de inocencia, defensa adecuada, debido proceso y principio de legalidad; en síntesis, debido a aspectos que se agrupan en dos argumentos, dada la correlación que presentan. El primero, consiste en que el auto de vinculación a proceso carece de fundamentación y motivación; y, al efecto, señalan que al expresar la autoridad judicial responsable que cuenta con la querella de la tercero interesada violenta sus derechos. Además, manifiestan que no existen datos de prueba que corroboren el cuerpo del delito de despojo, ni su responsabilidad; y, pese a ello, la autoridad judicial responsable dictó auto de vinculación en su contra. Consideran que, de los datos de prueba recabados por la fiscalía, consistentes en la denuncia presentada por la tercero interesada y su ampliación; entrevistas de las testigos Mariana Neri Morales y Jovita Fernanda de la Cruz Neri y el testigo singular Alexis Gustavo Gallardo Rueda; las diversas documentales presentadas por la víctima para acreditar la propiedad y tener por justificado la posesión del bien inmueble; la constancia de posesión expedida por el Ayuntamiento de Tecoanapa, Guerrero, en favor de Flori Beth Tolentino Gallardo, en la que se asentó que tiene la posesión del bien inmueble desde el año dos mil siete, mientras que la supuesta víctima refirió que adquirió el inmueble mediante contrato de compraventa celebrado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; conforme a la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencias, no llegan a adquirir el grado de indicios razonables, idóneos y suficientes para demostrar el ilícito, además de que tampoco justifican su responsabilidad. Precisan que no han cometido el delito de despojo de inmuebles, atento a que la querellante no habitó dicho predio ni justificó la propiedad del mismo, pues era de su padre Arquímedes Ramírez Ramírez, ya que lo había adquirido de su tío Serafín Ramírez Ramírez. El segundo aspecto los quejosos afirman que la autoridad responsable omitió analizar sus argumentos, a la luz de la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que con independencia de lo que haya alegado la defensa debió estudiar y analizar las pruebas allegadas al sumario. Además de que la autoridad responsable, contravino lo dispuesto en el artículo 20 apartado B, fracción IV, que establece el derecho del imputado de que se le reciban todos los datos de prueba que requiera para su defensa, al no admitir la testimonial de José Luis Ramírez Ramírez y Carlos Ramírez y Ramírez, misma que fue ofrecida dentro del término constitucional, sustentando su determinación en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los conceptos de violación antes precisados y sintetizados resultan infundados , sin que en el caso exista motivo de queja deficiente que suplir, conforme lo establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues contrario a lo señalado por los peticionarios de amparo, de una revisión exhaustiva realizada a la determinación reclamada, se arriba a la conclusión de que se encuentra debidamente fundada y motivada; por ende, es respetuosa de derechos humanos por las siguientes consideraciones. Para justificar lo aseverado, se parte de la premisa de que el auto de vinculación a proceso reclamado por la parte quejosa se encuentra previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal 5 , y en el 5 "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Texto en el que se contienen los requisitos para dictar el auto de vinculación al proceso, como son que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora bien, de la revisión efectuada a la determinación reclamada, en lo que interesa, se advierte que se cumplieron con los dos primeros requisitos de forma previstos en el artículo transcrito, ya Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la fiscalía formuló imputación en contra de los aquí quejosos, quienes con posterioridad rindieron la declaración correspondiente, En efecto, la autoridad judicial responsable se cercioró de que los peticionarios de amparo fueron enterados de los derechos con que cuentan y que los entendieron, pues así se lo hicieron saber los quejosos, tuvo como defensor de éstos a los abogados particulares que se encontraban presentes desde el inicio de la audiencia, quienes aceptaron el cargo conferido. Además, la fiscalía investigadora hizo del conocimiento de los accionantes de amparo los hechos materia de imputación y, que, a su consideración, los mismos tienen apariencia del delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 245, fracción del Código Penal del Estado de Guerrero. Asimismo, le precisó quienes son las personas que deponen en su contra. En seguida, los peticionarios de amparo decidieron declarar en relación a los mismos. Luego, la fiscalía investigadora solicitó a la autoridad judicial responsable la vinculación a proceso de los quejosos, y expuso los datos de prueba que estimó pertinentes para acreditar los hechos que les imputó y su probable participación, que dijo se desprenden de los antecedentes de la investigación iniciada en contra de éstos. Posteriormente, la autoridad judicial responsable accedió a resolver la situación jurídica de los impetrantes dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, por lo que decretó un receso de media hora posteriormente continuó con el desahogo de la audiencia de mérito, en la que la defensa, previo a que se resolviera sobre la situación jurídica de los peticionarios de amparo, en las participaciones que se le otorgaron contra argumentó lo expuesto por la representación social en la diligencia, formulando alegatos que básicamente giraron en torno a que no se actualizaba el delito de despojo con las documentales que ofreció la tercero interesada. E insistió en el desahogo de dos testimoniales que previamente habían sido desechadas por la juez, pues el antijurídico de despojo no merece prisión preventiva oficiosa acorde a lo establecido en el artículo 31, del Código Nacional de Procedimientos Penales 6 . Mientras que, en las participaciones que la responsable brindó tanto a la representación social como al asesor jurídico de la tercera interesada casi en iguales términos debatieron acerca de que no se admitieran las testimoniales en términos del artículo 314 del cuerpo de leyes antes invocado; con lo que la autoridad judicial cerró el debate y, en lo que interesa, al resolver sobre la situación jurídica de los accionantes de amparo, determinó dictar auto de vinculación en su contra por considerar que los hechos son constitutivos del delito de despojo previsto y sancionado por el artículo 245, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, que dispone lo siguiente: "Artículo 245. Despojo . Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien: I. De propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble 6 "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente." ajeno, haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenezca; (.). Con base en los datos de prueba ofrecidos por las partes, la autoridad responsable, consideró que existen datos para establecer de manera razonable que se ha cometido el hecho con apariencia de delito de despojo en agravio de Flori Beht Tolentino Gallardo, y que existe la probabilidad de que los imputados Alexandro Ramírez Barrientos y Arquímides Ramírez Barrientos, lo cometieron o participaron en su comisión. Para tener por justificados, de manera preliminar, los hechos anteriores, la autoridad judicial responsable tomó en consideración lo siguiente: - La entrevista de la víctima Flori Beth Tolentino Gallardo, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, quien manifestó, que fue informada por la señora Mariana Neri Morales, persona que realiza el aseo, que el tres de marzo de dos mil veinte, los imputados cortaron la cadena que aseguraba la puerta del portón de acceso al domicilio introduciéndose al mismo, y el día siguiente al constituirse en el inmueble al día siguiente, los imputados le manifestaron que habían tomado la decisión de posesionarse del inmueble, sin su consentimiento, por ser propiedad de su finado padre Arquimides Rámirez Ramírez . - La entrevista del testigo Serafín Ramírez Ramírez, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, quien manifestó, que celebró contrato de compraventa del inmueble materia de la carpeta judicial de origen, con Flori Beth Tolentino Gallardo, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, ante Notario Público y realizó la entrega física del inmueble. - La entrevista del testigo María Cristina Salazar Delgado, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, quien manifestó, que avaló el contrato de compraventa celebrado entre Flori Beth Tolentino Gallardo y Serafín Ramírez Ramírez . - Documental, consistente en la escritura pública número 47628, pasada ante el Notario Público número Dos, del Distrito Notarial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero, de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre Flori Beth Tolentino Gallardo y Serafín Ramírez Ramírez, con el consentimiento de María Cristina Salazar Delgado, respecto del bien inmueble ubicado en la colonia Magisterio al este de la población de Tecoanapa, Guerrero . - Las entrevistas de Jovita Fernanda de la Cruz Nerí y Mariana Neri Morales, ambas de diecisiete de marzo de dos mil veinte, de las advirtió, que el tres de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las cinco de la tarde, al llegar al domicilio materia de la carpeta judicial de origen, ubicado en calle José Vasconcelos, Colonia Magisterio, en la población de Tecoanapa, Guerrero, con la finalidad de realizar la limpieza del inmueble, observaron que en su interior se encontraban los imputados, quienes manifestaron que se quedarían ahí porque el predio esa de su finado padre Arquímides Ramírez Ramírez . - La entrevista de Alexis Gustavo Gallardo Rueda, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, quien manifestó, haber presenciado el momento en los imputados cortaron la cadena que aseguraba la puerta que conduce al interior del inmueble materia de la carpeta judicial de origen, a una distancia de cinco metros aproximadamente. - Las entrevistas de Faby Alday Roque y Aurora Huerta Vázquez, ambas de ocho de octubre de dos mil veinte, de las que se desprende que conocen a la víctima desde hace trece años, y saben que es propietaria del inmueble ubicado en la colonia Magisterio, a un costado de la carretera nacional Ayutla-tierra Colorada, la cual le compró al señor Serafín Ramírez Ramírez, siendo una casa de dos niveles, pintada en su interior y exterior de color beige y naranja, con herrería en color blanco y vino, portón de herrería color vino, loseta de color gris, al cual los imputados se metieron a partir del tres de marzo de dos mil veinte, argumentando tener derecho sobre ese predio. - Los dictámenes de agrimensura, de dieciséis de noviembre de dos mil veinte, y topografía y avaluó, de dos de mayo de dos mil veinte, elaborados por la arquitecta Ana García González, de los cuales advirtió el señalamiento de las medidas y colindancias del inmueble en conflicto, las cuales refiere el experto coinciden con los datos relativos a la propiedad del mismo, que fueron agregados a la carpeta por la víctima, además de establecer su ubicación, superficie total y valor nominal, señalando la existencia de una construcción de dos niveles en el inmueble en conflicto. - Oficio 587, signado por la Directora de Catastro del Municipio de Tecoanapa, del que advirtió, antecedentes de registro catastral en ese padrón, a favor de Flori Beth Tolentino Gallardo. - Constancia de posesión, signada por la Síndico Municipal de Tecoanapa, en la que se señaló que Flori Beth Tolentino Gallardo, tiene posesión en calidad de propietaria, una casa habitación en calle Jose Vasconcelos, número uno, colonia Magisterio en Tecoanapa, Guerrero. - Informe de veintiocho de octubre de dos mil veinte, signado por la Directora de Catastro municipal de Tecoanapa, Guerrero, del que advirtió la cuenta catastral 20190064 a nombre de Flori Beth Tolentino Gallardo, relacionada con el predio materia de la carpeta judicial. - La segunda entrevista del testigo Serafín Ramírez Ramírez, de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la que reiteró que efectivamente vendió el inmueble en conflicto a Flori Beth Tolentino Gallardo, y no a su hermano Arquimides Ramírez Ramírez . Derivado de lo anterior, la responsable concluyó que hasta ese momento, se encontraba justificada la existencia del hecho que la ley señala como delito de despojo previsto y sancionado en el artículo 245, fracción I, del Código Penal para el Estado de Guerrero, en agravio de la víctima Flori Beth Tolentino Gallardo, dada la ocupación furtiva de su inmueble por parte de los aquí quejosos. Además, determinó que los datos de prueba le permiten establecer que los quejosos probablemente cometieron los hechos derivado de que existe un señalamiento directo del testigo presencial Alexis Gustavo Gallardo Rueda, quien dijo que el tres de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a cinco metros, vio cuando los imputados Alexandro y Arquímides de apellidos Ramírez Barrientos, cortaron la cadena que aseguraba la puerta que conduce al interior del domicilio de la víctima y se introdujeron además de cambiar la chapa de la puerta, despojando así a la víctima de su propiedad, imputados a quienes reconoció, por ser vecinos de la misma población, así como que el mismo no les pertenece. Hasta aquí los razonamientos plasmados por la responsable en la sustentación del acto reclamado; mismos que se consideran ajustados a derecho, en la medida en que la autoridad judicial responsable hizo del conocimiento de la parte quejosa el delito que se les imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos con base en los cuales estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que lo cometieron o participaron en su comisión. Lo que resulta acertado pues, con lo destacado, se satisfacen los requisitos que para el dictado del auto de vinculación, previstos en la en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige la materia del procedimiento de donde emana el acto reclamado. Así es, la responsable tomó en consideración datos de prueba que obran en su poder y destacó de manera razonada el resultado de su valoración preliminar para evidenciar la existencia del hecho delictuoso que se les imputa a los quejosos y justificar la probabilidad de que éstos lo cometieron o participaron en su comisión. Aunado a lo anterior, los argumentos sustentados por la autoridad judicial en la emisión del auto de vinculación reclamado, permiten verificar que encuadró correctamente el hecho imputado a los quejosos, en la hipótesis normativa que sanciona el delito de despojo, previsto en el artículo 245, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero, pues concluyó que los aquí quejosos ocuparon un bien inmueble ajeno, y continuaron haciendo uso del mismo sin el consentimiento de la tercero interesada, quien resulta ser la propietaria del bien y, por ende, se le afecta en el derecho de usarlo y disfrutarlo; asimismo, describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esto es, de acuerdo a la denuncia de la tercero interesada y al dicho de los diversos testigos-, que los aquí quejosos de manera furtiva y aprovechando la ausencia de la víctima rompieron la cadena colocada en la puerta de acceso al predio, así como realizaron el cambio de chapas y ocuparon el bien inmueble. Apoya a lo anterior, la tesis 1a./J. 35/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 87/2016, registro digital 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora bien, resulta inoperante que los quejosos señalen que los datos de prueba existentes no corroboran el delito de despojo ni su responsabilidad; debido a que en el sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, para dictar un auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, pues basta que con los datos se establezca de manera razonable que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Debiendo destacar que a este tribunal únicamente le corresponde analizar la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación reclamado, mas no ponderar los datos de prueba que permitieron su dictado. Se invoca al respecto, la aplicación de la tesis I.7o.P.83 P (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2014769, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino basta con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; luego, si "la oralidad" constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en la audiencia respectiva, fundada y motivadamente, el sentido de sus resoluciones, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la videograbación en la que se registra el desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto aludido; de ahí que si éste se reclama en el juicio de amparo indirecto, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; por consiguiente, el ejercicio de ponderación corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato de prueba idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación; no así al órgano de control constitucional, toda vez que el juicio de amparo se circunscribe al análisis de la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado." De igual manera, resulta infundado que los datos de prueba recabados por la fiscalía, no sean idóneos, suficientes y pertinentes ya que, como se dijo con antelación, la denuncia presentada por la tercero interesada y su ampliación, las entrevistas de Serafín Ramírez Ramírez, María Cristina Salazar Delgado, Jovita Fernanda de la Cruz Neri, Mariana Neri Morales, Alexis Gustavo Gallardo Rueda, Faby Alday Roqui Organes y Aurora Huerta Vázquez, así como la constancia de posesión, signada por la Síndico Municipal de Tecoanapa, Mireya Niño Gallarda; el informe de veintiocho de octubre de dos mil veinte, signado por la Directora de Catastro Municipal de Tecoanapa, Caruta Leyva Ramírez, el dictamen de agrimensura, de dieciséis de noviembre de dos mil veinte, signado por la arquitecta Ana García González, los dictámenes de topografía y avalúo de dos de mayo de dos mil veinte, son indicios que sirvieron a la autoridad responsable para establecer razonablemente, el hecho previsto en la ley como el delito de despojo, y que los quejosos probablemente participación o cometieron el hecho con apariencia de delito, al deducir que de manera furtiva se introdujeron al predio de la víctima, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ya quedaron precisadas con antelación. Ahora bien, también resulta infundado que el auto de vinculación a proceso sea contrario a derecho, derivado de la circunstancia de que la defensa particular ofreció dos testimoniales y la responsable las desechara, pues tal como se expuso por la juez de la causa, acorde al artículo 314, del Código Nacional de Procedimientos Penales, exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente, lo que en el caso no aconteció porque en el caso a estudio el hecho con apariencia de delito de despojo, no amerita prisión preventiva oficiosa y por ello no eran admisibles las testimoniales que ofreció la defensa en la dilación constitucional. Máxime que contrario a lo que señalan los quejosos, con el dato de prueba invocado por la fiscalía, consistente en informe de veintiocho de octubre de dos mil veinte, signado por la Directora de Catastro Municipal de Tecoanapa, Caruta Leyva Ramírez, la responsable tuvo por justificada la propiedad del inmueble a favor de la tercera interesada, dado que de dicho informe se desprende que ella es la propietaria del bien inmueble materia de la investigación al obrar en esa dependencia la cuenta catastral 20190064 a nombre de Flori Beth Tolentino Gallardo, relacionada con el predio materia de la carpeta judicial, lo que la legitima para instar la querella que originó la causa penal de la que derivó el acto reclamado, por ende, no se advierte algún motivo por el cual, la autoridad responsable restringa o vulnere derechos, al tomar en cuenta dicha querella. Por último contrario a lo que expresan los quejosos, la responsable sí analizó y ponderó los argumentos vertidos por su defensa, mismos que fueron dirigidos a debatir sobre el hecho delictivo respecto del cual se decretó auto de vinculación, no así respecto del desechamiento de los testimonios ofrecidos en la dilación constitucional al ser patente que el delito de despojo por el que se formuló imputación y se les vinculó a proceso no amerita prisión preventiva oficiosa, y por ella era improcedente su admisión. Sin que los peticionarios de amparo ni su defensor hayan generado debate en relación a los hechos que se consideraron como constitutivos del hecho con apariencia del delito de despojo, de ahí que no se haya desatendido algún argumento en relación con dicho ilícito, atento a los extremos que rigen al principio de contradicción. Los promoventes del amparo expresan que la autoridad judicial responsable vulneró el principio de presunción de inocencia; sin embargo, este tribunal federal no advierte vulneración a las reglas de valoración de los datos de prueba o vulneración a sus derechos fundamentales, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o se fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de prueba en el juicio, lo que no implica que se trate como culpables a los quejosos quienes durante las secuelas procesales correspondientes, podrían obtener una resolución favorable a sus intereses. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro digital 2023151, de rubro y texto siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Por los motivos expresados en el presente fallo, no existe inobservancia de la tesis invocada por la parte quejosa en el escrito constitucional de demanda. Así las cosas, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer en contra del auto de vinculación reclamado, por los motivos antes señalados; y al no advertirse deficiencia de los mismos que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, por propio derecho, contra el que reclamaron del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, consistente en el auto de vinculación a proceso, decretado en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial C-53/2020, por los hechos constitutivos de delito de despojo, previsto en el artículo 245, fracción I, del Código Penal vigente del Estado, en agravio de Flori Beht Tolentino Gallardo, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tienen por recibidos los telegramas enviados por la Jueza de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende y el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Guerrero, mediante los cuales atienden el requerimiento formulado en proveído de quince de junio del año en curso, y al efecto acusan recibo de los oficios 12663/2023 y 12664/2023, a través de los cuales se hizo del conocimiento que el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento en el presente sumario, recibidos respectivamente el veintiséis y veintinueve de mayo pasado; circunstancia de la que queda enterado este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

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