Aroldo Azael Mesa Picasso Mesa Picasso
Expediente 28/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aroldo Azael Mesa Picasso Mesa Picasso
- Jose Antonio Silva Maurisio
- Adan Ramírez Orozco
- Aarón Alva Devora
- Luis Beltrán Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Enrique Domínguez Pérez, a favor de 1. Francisco López Hernández; 2. Aroldo Azael Mesa Picasso; 3. José Antonio Silva Maurisio; 4. Eduardo Isaí Gómez González; 5. Jorge Luis Trejo Peña; 6. Luis Beltrán Castañeda; 7. Adán Ramírez Orozco; 8. Aaron Alva Devora; 9. José de Jesús Martínez Rojas; 10. Raúl Villela Aguilar; 11. Carlos Castañeda Morales; 12. Fernando Trigueros Ruiz; 13. Gustavo de la Torre Vázquez; 14. José de Jesús Gutiérrez Díaz; 15. Flavio Aguirre Covarrubias; 16 Luis Francisco Salazar Acevedo, y, 17 Erasmo Aranda Castañeda, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente....
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 28/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda y suspensión de plano. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno, ante el secretario de guardia de este Jugado Primero de Distrito en el Estado, Raúl Enrique Domínguez Pérez, a favor de 1. Francisco López Hernández; 2. Aroldo Azael Mesa Picasso; 3. José Antonio Silva Maurisio; 4. Eduardo Isaí Gómez González; 5. Jorge Luis Trejo Peña; 6. Luis Beltrán Castañeda; 7. Adán Ramírez Orozco; 8. Aaron Alva Devora; 9. José de Jesús Martínez Rojas; 10. Raúl Villela Aguilar; 11. Carlos Castañeda Morales; 12. Fernando Trigueros Ruiz; 13. Gustavo de la Torre Vázquez; 14. José de Jesús Gutiérrez Diaz; 15. Flavio Aguirre Covarrubias; 16. Luis Francisco Salazar Acevedo, y, 17. Erasmo Aranda Castañeda, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL DE CIENEGUILLAS. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Actos reclamados: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras: a). La incomunicación, así como la inconstitucional e ilegal orden de traslado fuera de procedimiento de los quejosos. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras: b). El cumplimiento a la orden de que se encuentren en estado de incomunicación e ilegal orden de traslado fuera de procedimiento de los quejosos. SEGUNDO. Suspensión de plano. En auto de quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de derechos, se proveyó respecto a la suspensión de plano solicitada y se ordenó requerir a los quejosos para que dentro del término de tres días manifestaran si ratificaban o no la demanda de derechos promovida a su favor por Raúl Enrique Domínguez Pérez; se solicitó informe de la suspensión de plano a las autoridades responsables. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. Los quejosos 1. Francisco López Hernández; 2. José Antonio Silva Maurisio; 3. Flavio Aguirre Covarrubias; 4. Raúl Villela Aguilar; 5. Luis Beltrán Castañeda; 6. Aaron Alva Devora; 7. Luis Francisco Salazar Acevedo; 8. Aroldo Azael Mesa Picasso; 9. Jorge Luis Trejo Peña; 10. Eduardo Isaí Gómez González; 11. Adán Ramírez Orozco; 12. Erasmo Aranda Castañeda; y, 13. Carlos Castañeda Morales, el quince enero de dos mil veintiuno, ratificaron la demanda de derechos promovida a su favor por Raúl Enrique Domínguez Pérez, por su parte 14. Gustavo de la Torre Vázquez el veintiséis de junio de dos mil veintiuno (foja 578) ratificó la demanda de derechos; mientras que 15. José de Jesús Martínez Rojas el veinte de abril de dos veintidós (fojas 711 vuelta) ratificó la demanda de derechos mencionada; por tanto, en proveídos de veintiuno de enero de dos mil veintiuno (foja 143); diecinueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 599); y cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 713), respectivamente, se admitió a trámite la demanda de derechos, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Por no interpuesta demanda de amparo. Por lo que hace a los diversos quejosos 16. José de Jesús Gutiérrez Díaz y 17. Fernando Trigueros Ruiz, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós (fojas 694), se ordenó dar vista a Raúl Enrique Domínguez Pérez, quien promovió la demanda de derechos en su favor, a efecto de que hiciera manifestación alguna en relación a que no ratificaron la demanda de derechos promovida en su favor, ello debido a que, respecto del primero, no se encontró registro en el sistema del centro penitenciario y el segundo, porque falleció; con lo cual se dio vista, sin que haya hecho manifestación alguna, de tal forma que se tiene por no interpuesta la demanda de derechos citada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos por autoridades con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, se hicieron consistir en: Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados, que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consisten en: La incomunicación, así como la orden de traslado y su ejecución. Fijación que se realiza de la lectura íntegra de la demanda de amparo, armonizando además los datos de prueba que obran en este juicio, conforme al criterio sostenido en la Tesis: P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados consistente en la incomunicación. Las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México (fojas 518); Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México (fojas 516); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 179); Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 339 y 764); Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas (fojas 23); Fiscal General de la Republica en la Ciudad de México (FOJA 414); y, EL Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México (foja 417), al rendir informe negaron la existencia del acto consistente en la incomunicación (que la parte quejosa les atribuye a dichas autoridades), pues expresaron que el quejoso no estaba siendo objeto de incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Documental con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De ahí que, tal medio de prueba resulta apto y suficiente para concluir que los impetrantes no se encontraron incomunicados, ante lo cual, como se dijo, resulta inexistente el acto de incomunicación reclamado. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación que los quejosos le atribuyen a las mencionadas responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que sea el caso que el acto consistente en la incomunicación sea materia de impugnación en la controversia judicial prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que de lo manifestado por las mencionadas autoridades responsables quedó demostrado que tal acto no resultó ser cierto en el ámbito de sus atribuciones. CUARTO. Inexistencia de otros actos. Las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México (fojas 518); Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México (fojas 516); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 179); Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 339 y 764); Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas (fojas 175); Fiscal General de la Republica en la Ciudad de México (FOJA 414); y, el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México (foja 417), al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos atribuidos por los impetrantes del amparo 1. Francisco López Hernández; 2. José Antonio Silva Maurisio; 3. Flavio Aguirre Covarrubias; 4. Raúl Villela Aguilar; 5. Luis Beltrán Castañeda; 6. Aaron Alva Devora; 7. Luis Francisco Salazar Acevedo; 8. Aroldo Azael Mesa Picasso; 9. Jorge Luis Trejo Peña; 10. Eduardo Isaí Gómez González; 11. Adán Ramírez Orozco; 12. Erasmo Aranda Castañeda; y, 13. Carlos Castañeda Morales, consistentes en la orden de traslado y su ejecución. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a las mencionadas responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". QUINTO. Certeza de los actos. Por otro lado, las diversas autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México (fojas 518); Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México (fojas 516); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 179); Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 339 y 764); y el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas (fojas 175), al rendir su comunicado de ley respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado reclamado por 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, además que ello así se advierte de las documentales que adjuntaron en apoyo a sus informes justificados, documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de los actos referidos que en el presente juicio biinstancial se impugnan. SEXTO. Causa de improcedencia. Relativa a la orden de traslado que se ejecutó en contra de los quejosos 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, el quince de enero de dos mil veintiuno del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas el primero, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS GUANAJUATO; y el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el presente asunto, como lo expresa la agente del Ministerio Público Federal adscrita, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado que se ejecutó en contra de los quejosos 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, el quince de enero de dos mil veintiuno del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, el primero, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS GUANAJUATO; y el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo se revoque o derogue por la propia autoridad responsable; o bien, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional; y 2) Que por virtud de esa revocación o derogación se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así se advierte en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Tomo II, Procesal Constitucional I, Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Conforme a la anterior jurisprudencia, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Luego, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, se invoca el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, visible en la Página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Tesis III.2o.C. J/22, con Registro 176051, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con las tesis citadas, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación judicial, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. Puntualizado el anterior marco jurídico, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se alude, se advierte que las autoridades administrativas Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México (fojas 518); Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México (fojas 516); Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 179); Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (fojas 339 y 764); y el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas (fojas 175), ejecutaron en contra de los quejosos 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, en quince de enero de dos mil veintiuno, la orden de traslado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado el primero, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS GUANAJUATO; y el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN. Luego, que de conformidad con el trámite que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, el traslado ejecutado en contra del quejoso 14. Gustavo de la Torre Vázquez se notificó al Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas, quien mediante determinación de dieciséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 331 a 337) calificó de legal el traslado de mérito. Mientras que por cuanto hace al diverso quejoso 15. José de Jesús Martínez Rojas, se notificó al Juez de Distrito con competencia en Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, quien mediante determinación de dieciséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 63 a 83 de las copias remitidas por la autoridad responsable Secretario de seguridad Pública del Estado de Zacatecas, identificado como tomo 1/1) calificó de legal el traslado de mérito. En ese sentido, como se adelantó, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza debido a que el acto reclamado en esta vía, consistente en la orden de traslado que se ejecutó en contra de los quejosos 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, el quince de enero de dos mil veintiuno del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, el primero, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS GUANAJUATO; y el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, cesó en sus efectos al haber sido sustituida procesalmente dicha orden por las diversas determinaciones de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitidas por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Zacatecas y el Juez de Distrito con competencia en Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante las cuales calificaron de legal el traslado ejecutado por las autoridades administrativas. Entonces, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado por la diversa determinación en cita, generó que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del primer acto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo consistente en la orden de traslado que se ejecutó en contra de los quejosos 14. Gustavo de la Torre Vázquez y 15. José de Jesús Martínez Rojas, el quince de enero de dos mil veintiuno del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en el Estado, el primero, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS GUANAJUATO; y el segundo, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS MICHOACÁN, actualiza la causa de improcedencia señalada. Orienta lo anterior, el criterio I.9o.P.167 P, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2015278, Décima Época, Materias Común, Pena, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2507, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se determina sobreseer en el presente juicio, con base en el diverso 63 fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto del acto reclamado en cita a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México; Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; y el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Enrique Domínguez Pérez, a favor de 1. Francisco López Hernández; 2. Aroldo Azael Mesa Picasso; 3. José Antonio Silva Maurisio; 4. Eduardo Isaí Gómez González; 5. Jorge Luis Trejo Peña; 6. Luis Beltrán Castañeda; 7. Adán Ramírez Orozco; 8. Aaron Alva Devora; 9. José de Jesús Martínez Rojas; 10. Raúl Villela Aguilar; 11. Carlos Castañeda Morales; 12. Fernando Trigueros Ruiz; 13. Gustavo de la Torre Vázquez; 14. José de Jesús Gutiérrez Díaz; 15. Flavio Aguirre Covarrubias; 16 Luis Francisco Salazar Acevedo, y, 17 Erasmo Aranda Castañeda, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. L'JGT. En Zacatecas, Zacatecas a veintiséis de octubre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. 12116 y 12117 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El veintiséis de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con registro 14323. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese únicamente a los autos la promoción de cuenta signado por la autoridad responsable Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada en la ciudad de México; toda vez que en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se acordó lo conducente conforme a su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jesús Romero Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veintiuno de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con registro 14227. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese únicamente a los autos la promoción de cuenta signado por la autoridad responsable Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada en la ciudad de México; toda vez que en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se acordó lo conducente conforme a su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy
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