Arnulfo Sandoval Cardona
Expediente 1170/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Arnulfo Sandoval Cardona
- Agente del Ministerio Público Con Residencia En Villa de Cos, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
El treinta de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado Certifico: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del quince al veintiocho de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio de amparo número 1170/2018-7; Sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable. Se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva y la parte quejoso no exhibió billete de depósito. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y de igual forma el ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase al agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Villa de Cos, Zacatecas, las copias certificadas de la carpeta de investigación número 18/2017, que remitió y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1170/2018, estando en audiencia pública José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria que autoriza María Concepción García Jacobo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Enseguida, la secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de las mismas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; y en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de las autoridades responsables comandantes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del estado, con sede en Villa de Cos y Río Grande, Zacatecas, agente del Ministerio Público Mixto de Villa de Cos, Zacatecas y agentes del Ministerio Público Números Uno, Dos, Tres y Cuatro, todos adscritos a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas (foja 13-14, 16, 66-67, 73, 74-75, 79-80 y 76-77, respectivamente). A continuación, en el período de pruebas, la secretaria da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda (foja 6); a las que remitieron el comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado y agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Villa de Cos, Zacatecas, con sus oficios 615 y 764/2018 (fojas 19 y 84 respectivamente), las primeras glosadas en el presente sumario y las diversas, en un tomo de pruebas que se guardó por separado; al respecto, el secretario encargado del despacho acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el período de alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo, la secretaria da cuenta con los que formuló la agente del Ministerio Público de la Federación, en sus pedimentos 1048/2018, 1047/2018, 1046/2018 y 1043/2018 (fojas 60, 61, 62 y 63). Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del precepto legal antes invocado, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1170/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Arnulfo Sandoval Cardona, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público con residencia en Villa de Cos, Zacatecas Agente del Ministerio Público con residencia en Río Grande, Zacatecas Comandante de la Policía Ministerial de Villa de Cos, Zacatecas Comandante de la Policía Ministerial de Río Grande, Zacatecas Actos reclamados: "IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Lo es la orden de secuestro de un tractor de mi propiedad marca John deere 6110D CON NÚMERO DE SERIE lP06110DKAH0202200 COLOR VERDE de la C Agente del Ministerio Público de Villa de Cos, y por parte de la C Agente del Ministerio Público de Rio Grande el secuestro de mi tractor, y por parte de los Agentes Ministeriales de VILLA DE COS ZAC Y DE RIO GRANDE ZACATECAS, reclamo la ejecución de esa orden de secuestro de mi tractor, siendo que se lo llevaron el día 27 de Abril del presente año." Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 7-9), se ordenó registrar la demanda con el número 1170/2018, se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se difirió en diversas ocasiones. TERCERO. En atención a que el quejoso había señalado también como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de Río Grande, Zacatecas, respecto del cual se devolvió la pieza postal relativa al oficio por el que se solicitó el informe justificado, con la leyenda de rehusado por no contar con número de agencia; y, que con esa circunstancia se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendría por inexistente a dicha autoridad; con posterioridad, el quejoso presentó escrito de veintiuno de junio del año en curso, por el que dio cumplimiento a lo anterior, razón por la cual, en auto de veintidós siguiente, se tuvieron como diversas autoridades responsables a las siguientes: Agente del Ministerio Público Número Uno, adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Rió Grande, Zacatecas Agente del Ministerio Público Número Dos, adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Rió Grande, Zacatecas Agente del Ministerio Público Número Tres, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas Agente del Ministerio Público Número Cuatro, adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Rió Grande, Zacatecas A dichas responsables se les solicitó le informe respectivo, y una vez que lo rindieron, en la nueva fecha que se había señalado para la audiencia constitucional, se celebró ésta conforme a la presente acta. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en municipios de este Estado, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos, consisten en: La orden de aseguramiento de un tractor del que se ostenta propietario el quejoso, marca John Deere 6110D con número de serie lP06110DKAH0202200 color verde; así como la ejecución de dicha orden. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados: Las autoridades señaladas como responsables agentes del Ministerio Público Números Uno, Dos y Cuatro, adscritos a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Rió Grande, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del estado, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables agente del Ministerio Público Mixto de Villa de Cos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, con residencia en Río Grande, Zacatecas, pues así lo reconocieron en sus informes justificados (fojas 66- 67 y 16). Lo que se corrobora con las constancias que las referidas responsables remitieron como justificación de sus actos, con sus oficios 764/2018 y 615, respectivamente; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal razón, se encuentra acreditada la existencia de los mencionados actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la diversa responsable agente del Ministerio Público Número Tres, adscrito a la Unidad de Investigación Mixta del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, niega el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, en razón de que a foja 91 del tomo de pruebas, remitido por su similar en Villa de Cos, Zacatecas, obra el oficio 252/2018, en el que dicha autoridad solicitó colaboración al Comandante de la Policía Ministerial de ese distrito judicial a fin de que llevara a cabo el aseguramiento del tractor John Deere 6110D, con número de serie lP06110DKAH0202200 color verde, que aduce el quejoso es de su propiedad; ello en cumplimiento al exhorto que le giró el agente del Ministerio Público Mixto del distrito judicial de Villa de Cos, Zacatecas, derivado de la carpeta de investigación 18/2017, que se instruye contra Sergio Sandoval Rodríguez, Alma Martínez "N", licenciada María Guadalupe García Villa y/o quien resulte responsable por el delito de Robo o el que resulte, cometido en perjuicio de Jorge López Limón. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, el comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, hace valer la causal de improcedencia prevista por el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del propio ordenamiento legal, debido a que aduce, el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, al no haber presentado el juicio dentro del término establecido. Al respecto, cabe decir que dicha causal de improcedencia sí se actualiza en el caso. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación; entonces, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". En particular, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Ahora bien, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la orden de aseguramiento de un tractor de su propiedad marca John Deere 6110D con Número de serie lP06110DKAH0202200 color verde y su ejecución. Por otra parte, de las constancias relativas a la carpeta única de investigación 18/2017, que en fotocopia certificada remitió el agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta del distrito judicial de Villa de Cos, Zacatecas, como justificación de sus actos, se desprende lo siguiente: La mencionada carpeta se inició con la denuncia presentada por Jorge López Limón, respecto de hechos que consideró constitutivos del delito de robo o el que resulte, en contra de Sergio Sandoval Rodríguez, la esposa de éste Alma Martínez "N", la licenciada María Guadalupe García Villa y/o de quien resulte responsable; ello, toda vez que el denunciante tiene el carácter de depositario respecto del tractor a que se ha hecho referencia, por haber sido designado como tal en el juicio ejecutivo mercantil 760/2014, donde fue embargado dicho mueble; y no obstante tenerlo bajo su resguardo, los antes mencionados se lo llevaron del lugar de depositaría sin su consentimiento (fojas 1 a 4 del legajo de copias certificadas). En atención a lo anterior, en determinación de cinco de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable en mención, ordenó girar exhorto a la Agente del Ministerio Público del distrito judicial de Nieves, Zacatecas, a efecto de que a su vez, remitiera oficio al Comandante de la Policía Ministerial con destacamento en ese distrito, a fin de que verificaran si en ese lugar se encontraba el citado tractor, y de ser así, se llevara a cabo su aseguramiento (foja 87 del mencionado legajo). La diligenciación del referido exhorto correspondió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Mixta número tres del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, por lo cual, el veinte de abril del año en curso, dictó acuerdo de aseguramiento y resguardo, ordenando girar oficio al Comandante de la Policía Ministerial residente en esa ciudad, a efecto de que realizaran la investigación sobre el paradero de la aludida unidad automotriz, y de ser encontrada, fuera asegurada y resguardada (foja 92 a 93 del legajo). En cumplimiento a lo anterior, los agentes de la policía ministerial procedieron a realizar entrevista a testigo, según se aprecia del acta respectiva de veinte de abril del presente año (fojas 98 a 99), de la que se desprende que entrevistaron al aquí quejoso, quien les manifestó: "Que el motivo de mi presencia ante esta autoridad y haciéndome del conocimiento del Artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesto que doy permiso para que elementos de la Policía Ministerial ingresen al rancho "Tierra y Libertad", para que aseguren el tractor de la Marca John Deere 610-D, color verde, ya que lo entrego voluntariamente. Siendo todo lo que deseo manifestar, visto y leído firmo de conformidad". En ese tenor, se puede constatar que el quejoso tuvo conocimiento del aseguramiento de mérito el veinte de abril de dos mil dieciocho, según lo asentado en el acta de mérito, por lo que para efectos del juicio de amparo el término para promover la demanda respectiva, inició el día hábil siguiente, es decir, el veintitrés del mismo mes y año. Así pues, de lo anterior cabe concluir, que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veinte de abril de dos mil dieciocho, más no el veintisiete de ese propio mes y año, como lo aduce en su escrito inicial de demanda. Lo que significa que la demanda con que se formó el expediente en que se actúa, fue interpuesta en forma extemporánea, ya que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, como se aprecia del sello fechador de dicha oficina, de donde se deduce que, entre la fecha en que se estima tuvo conocimiento el quejoso del aludido acto reclamado y la en que presentó la demanda, transcurrieron con exceso los quince hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo, pues haciendo el cómputo respectivo, en el que se toma en cuenta la fecha en que se llevó a cabo el aseguramiento del referido tractor; en cuya diligencia estuvo presente el quejoso, quien además otorgó su consentimiento; dicho término, transcurrió del veintitrés de abril al catorce de mayo de dos mil dieciocho, descontándose los días veintiocho y veintinueve de abril; así como uno, cinco, seis, doce y trece de mayo de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, el uno de mayo, por disposición de la Ley Federal del Trabajo y los restantes por tratarse de sábados y domingos; de manera que, como ya se vió, a la fecha en que presentó la demanda, ya había transcurrido el término que tenía para promoverla. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que respecta dichos actos reclamados. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento, ello impide entrar al fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduriscalía General de Justicia del estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, toda vez que el quejoso no los combate por vicios propios, sino como consecuencia del atribuido a la ordenadora. Se invoca al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCIÓN. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1170/2018, promovido por Arnulfo Sánchez Cardona, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos asentados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. L/M/C/G/J/Luis.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cincuenta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan de las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Villa de Cos, Zacatecas, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 14893 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Villa de Cos, Zacatecas, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de veinte de junio del año en curso, remite copia certificada de la carpeta de investigación número 18/2017, en dos tomos; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada autoridad las documentales que adjunta, las cuales dada su propia y especial naturaleza jurídica, se tienen admitidas y desahogadas, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la etapa procesal que corresponda, con la que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora dado el volumen de la citadas constancias, guárdense por separado las constancias de pruebas respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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