Arnulfo Villanueva Macias

Expediente 31/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
31/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2019

Partes del expediente

  • Arnulfo Villanueva Macias

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiera recurrido en queja el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VII-B. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto; agréguese a estos autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Arnulfo Villanueva Macías atiende la prevención efectuada por acuerdo de dieciséis de enero del año en curso; al respecto, téngase por satisfecha la misma en los términos solicitados por este Juzgado; en consecuencia, continúese con el número 31/2019-VII-B, con el cual quedó registrada la demanda de que se trata, en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo constituye un todo, por lo que el juzgador tiene la obligación de realizar un análisis sistemático del escrito respectivo, a fin de desentrañar la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, atendiendo a la integridad de la demanda de garantías y su escrito aclaratorio, se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: - La orden de confinamiento dictada en su contra dentro de la carpeta de ejecución 307/2014, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la cual, según lo manifestado bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el once de diciembre de dos mil dieciocho, al consultar la lista de acuerdos publicada por dicha autoridad ordenadora. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, a consideración de la suscrita en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los preceptos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que dicen:.. De la intelección de dicho numerales transcritos se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando se intente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro del término que señala el artículo 17, de la ley de la materia, también transcrito. Asimismo, se desprende que el término para la presentación de la demanda de garantías, correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, puede advertirse que la ley de la materia hacen tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Así, la primera hipótesis, necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ". al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; es decir, que entraña una confesión expresa por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedor del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. De igual forma, es de acotarse que la notificación legal del acto reclamado debe prevalecer sobre la afirmación que haga el quejoso en el sentido de que ha tenido conocimiento del acto reclamado en una fecha posterior a la notificación legal del mismo, si éste ha sido parte en el procedimiento del que emanó dicho acto y no prueba que ésta sea ilegal o no la controvierte en forma alguna. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la orden de confinamiento dictada en su contra dentro de la carpeta de ejecución 307/2014, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la cual, bajo protesta de decir verdad, aduce haber tenido conocimiento el once de diciembre de dos mil dieciocho, al consultar la lista de acuerdos publicada por dicha autoridad ordenadora, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza. En efecto, conforme a lo anteriormente expuesto, se advierte que el promovente se encuentra en el caso del inciso a), que requiere que se haya notificado al inconforme el acto conforme a la ley que lo rige, pues, como se vio, en tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que no existe una notificación formal conforme a la ley que rige los actos o bien que al promover la demanda de garantías se ostente sabedor de ellos, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento de los actos que considera le causan agravios Luego, como únicos casos de excepción al término genérico de quince días, se encuentran aquellas hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV, del referido numeral 17, de la ley de la materia, las que por ese motivo deben ser estudiadas y, en su caso, actualizadas directamente, sin que pueda aplicarse por analogía o por mayoría de razón un supuesto similar. Sin embargo, el acto de que se duele la parte agraviada, no se encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en dichas fracciones, por lo que, la interposición de la demanda de garantías de donde deriva el presente expediente, debió interponerse dentro del término genérico establecido por el numeral 17 de la invocada legislación. Se afirma lo anterior, pues, como se vio, la excepción a la regla, en cuanto al término de la interposición de la demanda de amparo, atendiendo a las fracciones que menciona el mencionado numeral 17, se refiere a los actos en que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cualquier tiempo. En esas condiciones, es preciso señalar que como el acto reclamado emana de una carpeta de ejecución en donde la normatividad aplicable es el Código de Procedimiento Penales para el Estado de Tamaulipas, cuyos artículos 66 y 67, establecen, en lo que interesa, que los términos judiciales comenzarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación, ya que al respecto disponen lo siguiente:. De esta forma, como ya se dijo, el quejoso Arnulfo Villanueva Macías manifestó. bajo protesta de decir verdad, haberse enterado de la existencia del acto reclamado el once de diciembre de dos mil dieciocho, al consultar la lista de acuerdos de la autoridad responsable, de ahí que de conformidad con lo dispuesto en el citado código adjetivo estatal, el término judicial empezó a correr desde el día siguiente, esto es, el doce del referido mes de diciembre de dos mil dieciocho, fecha a partir de la cual también comienza a computarse el plazo de quince días para promover el juicio de amparo, de conformidad con el invocado numeral 18, de la ley de la materia, mismo que feneció el tres enero del año en curso, debiéndose descontar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como el uno de enero de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles en términos del numeral 19, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para la suscrita que diversas autoridades del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, como lo es el juez responsable, hayan gozado de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, que comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero del año en curso, reanudando sus labores el siete de este propio mes de enero; según se aprecia de la información contenida en la circular 1/2018, de nueve de enero de dos mil dieciocho, del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. Sin embargo, se tiene que en el presente caso, el acto que se reclama fue emitido por un Juez de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual, según lo estipulado en la aludida circular 1/2018, no suspendió laborales, pues al efecto dicho comunicado estipuló, lo siguiente: "SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES: 15 días naturales comprendidos del viernes 21 de diciembre de 2018 al viernes 4 de enero de 2019, incluidos, para reanudar labores el 7 de enero de 2019. Los titulares de cada Juzgado, salvo los jueces en los Sistemas de Justicia Penal Acusatorio y Oral e Integral de Justicia Penal para Adolescentes, saldrán de vacaciones en el periodo indicado. El personal que en los Juzgados de Primera Instancia Penales y Mixtos, así como de los Juzgados Menores, estos por lo que hace a la Materia Penal; de los Juzgados de Ejecución Penal, Especializados en Justicia para Adolescentes, y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, que se determine por su titular permanezca de guardia, disfrutará de sus vacaciones del jueves 17 al jueves 31 del propio enero, incluidos. . En los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal, Especializados en Justicia para Adolescentes, de Ejecución Penal y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, no se suspenderán las labores, ni los Juzgados Mixtos y Menores, por lo que respecta a su área Penal, cuyas funciones se realizarán por el personal que permanezca de guardia con el Secretario que asuma el despacho, quienes disfrutarán de las vacaciones en el período precisado al efecto, con las salvedades que en su caso establezca el Consejo de la Judicatura. En los Juzgados con jurisdicción mixta, será el Secretario del Ramo Penal quien quede de guardia en el período vacacional con el personal que designe el Titular, quienes deberán laborar normalmente, con especial atención y observancia de los términos constitucionales." De lo que se aprecia que dicho Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, estipuló que en los Juzgados de Ejecución de Penas quedaría una guardia, de ahí que los días que abarca dicho periodo vacacional no deban de ser descontados para la promoción de la demanda de amparo. Por tanto, si el disconforme promovió el juicio de garantías en que se actúa, mediante escrito presentado hasta el catorce de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, es claro que lo hizo fuera del plazo legal de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, por lo que debe considerarse que consintió tácitamente el acto que reclama en la especie. Máxime, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el plazo para promover el juicio de amparo contra actos restrictivos de la libertad que se emitan en un proceso penal, como en el que se reclama en el caso, será el de quince días a que se refiere el artículo 17, de la ley de la materia. En las relatadas circunstancias, al haber quedado demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías ante analizada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS formulada por formulada por Arnulfo Villanueva Macías. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    MESA VII.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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