Arnulfo Perales Rosas

Expediente 445/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
445/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Arnulfo Perales Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    cúmplase

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, seis de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibido el oficio 7667/2021, que suscribe la Juez Octavo de Distrito del Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual declina la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo 352/2021-II de su índice, promovido por Arnulfo Perales Rosas, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27 constitucionales; por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 445/2021-III-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta la competencia. Del estudio del acuerdo de incompetencia emitido por la Juez declinante, se observa, en lo que importa, que la incompetencia planteada radica en que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, relativa al incidente de liquidación de sentencia definitiva, por lo cual dichos actos, sostiene la juzgadora oficiante, tienen ejecución material en Tampico, Tamaulipas, en virtud de que la autoridad señalada como responsable quien dictó dicha sentencia interlocutoria y realizará lo concerniente a la ejecución de la misma, tiene su sede en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por lo que, sostiene la juez declinante, la ejecución de los actos se concreta en un lugar situado dentro del ámbito competencial de este órgano jurisdiccional. Al respecto, este juzgador respetuosamente disiente de conocer del juicio de amparo promovido por Arnulfo Perales Rosas, por las siguientes consideraciones. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Debe decirse, que la jurisdicción, definida como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en que se distribuye ésta, implica a la vez un cúmulo de deberes. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, es conveniente conocer lo que establece el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. La norma constitucional transcrita establece la competencia por territorio de un Juez de Distrito entendiendo ésta como el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [Énfasis añadido] De la reproducción anterior, se advierte que en su primer párrafo, el artículo 37 de la ley de la materia establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Regla que tiene una extensión y una excepción en los párrafos segundo y tercero del mencionado artículo, a saber: Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda -párrafo segundo-. En el supuesto que el acto reclamado carezca de ejecución material es competente la autoridad de amparo en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda -párrafo tercero-. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos que conllevan una ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Lo anterior, en el entendido de que, como lo establece el segundo párrafo del artículo transcrito, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el asunto de que se trata, está demostrado que [1] el quejoso señaló como autoridad responsable al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas; y [2] como acto reclamado, la sentencia interlocutoria de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, relativa al incidente de liquidación de sentencia definitiva. Asimismo, del contenido íntegro de la demanda de amparo, así como de las constancias de pruebas que remite la responsable respecto a lo actuado ante ella -concretamente el tomo IV de pruebas-, se demuestra que [3] se ha ordenado la liquidación de la sentencia, así como que, en los resolutivos cuarto y quinto de la resolución reclamada, se ordena requerir a la factoría azucarera PIASA Ingenio Plan San Luis, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su gerente general, para que exhiba ante el Tribunal Agrario dos cheques por los montos ahí precisados y se apercibe a dicho gerente que de no cumplir con tal requerimiento, se le impondrá una multa; asimismo, del juicio de origen, se advierte que [4] el referido gerente, tiene su domicilio en La Hincada, municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí. De lo anterior se evidencia que, los actos reclamados por el quejoso Arnulfo Perales Rosas, tienen ejecución material, puesto que la resolución reclamada implica requerir de pago a la factoría azucarera PIASA Ingenio Plan San Luis, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su gerente general, para que realice el pago de las sumas de dinero ahí cuantificadas; asimismo, se torna patente que el lugar de ejecución de los actos reclamados recae en el supuesto del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, transcrito anteriormente, toda vez que no únicamente tendrán ejecución los actos en el lugar en que reside la autoridad responsable [Tampico, Tamaulipas], sino que también tendrá ejecución material en el distrito judicial de aquella entidad federativa [San Luis Potosí]. Así es, el contexto integral de los antecedentes antes precisados y de las constancias que remite la autoridad responsable, permite afirmar que los actos reclamados por el solicitante de amparo, constituyen actos de naturaleza positiva que en forma irrefragable requieren de ejecución material; sin embargo, existen diversos lugares en que se materializará tal ejecución. Por consiguiente, este juzgador estima que en el caso se actualiza la regla competencial prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de la cual se establece que es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, cuando como aquí acontece, el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito. Por lo que, se reitera, este juzgador estima que el juez legalmente competente para conocer del juicio de amparo, es aquél ante el que se presentó la demanda, puesto que el acto de ejecución puede realizarse en más de un Distrito; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan y con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J./2/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia Común, página 31, Registro electrónico 200824, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella. Por tanto, resulta competente el Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por ser quien conoció de la demanda de amparo a prevención. Por todo lo anterior, con apoyo en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con transcripción de esta determinación hágase del conocimiento al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, que no se acepta la competencia que declina, para conocer del juicio de amparo promovido por Arnulfo Perales Rosas, para lo que a bien tenga acordar en el juicio de amparo 352/2021-II, solicitándole atentamente que de no tener inconveniente legal alguno se sirva acusar el recibo correspondiente e informe lo que tenga a bien decidir. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Información pública. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta hasta ahora, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

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