Arnulfo Vázquez Rodríguez
Expediente 725/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arnulfo Vázquez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal del quejoso **********, calidad que acredita, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con las constancias del juicio de origen, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 725/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo os siguientes: I. **********, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía ordinario laboral a la persona moral **********, el cumplimiento y pago se ciertas prestaciones, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. II. En providencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se registró bajo el número 3469/201/LI/CB/IND y se citó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo, toda vez que no se localizó a la parte demandada. III. En virtud de lo anterior, la parte actora solicitó ante la Junta responsable, entre otras cosas, se girara oficio a la Dirección de Obras Públicas, así como a la Presidencia Municipal de esta ciudad, a fin de que informaran el nombre y domicilio de la empresa **********; asimismo, se sirviera a comisionar al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la diversa moral **********, e indagara sobre la antes nombrada. IV. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la responsable acordó no acceder a lo solicitado, bajo el argumento de que "no es agencia investigadora", requiriéndolo a fin de que proporcione elementos necesarios para el desahogo de las diligencias correspondientes. V. Posteriormente, la parte actora del juicio laboral de nueva cuanta solicitó a la Junta responsable se girara oficio a la Dirección de Obras Públicas, así como a la Presidencia Municipal de esta ciudad, a fin de que informaran el nombre y domicilio de la empresa **********; asimismo, se sirviera a comisionar al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la diversa moral **********, e indagara sobre la antes nombrada. VI. Respecto a dicha solicitud recayó el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete -acto reclamado- en el que se acordó lo siguiente: ". SEGUNDO. Téngase al promovente por haciendo sus manifestaciones de cuenta y en atención a las mismas, por lo que hace a su solicitud, dígasele que se esté a lo acordado mediante auto de fecha veinticuatro de marzo del año en curso." De lo anterior se advierte que el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que aquí se señala como acto reclamado, fue decretado como consecuencia natural y legal de la diversa providencia emitida el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Se afirma lo anterior, porque la determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo -veintiuno de junio de dos mil diecisiete- se emitió con motivo de que se trata de la misma petición que fue atendida por la responsable en auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos de la parte quejosa, y no en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que únicamente le indicó que se tenía que estar a lo acordado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, al tratase de las mismas solicitudes. Luego, si el quejoso no impugnó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, sea derivado de aquél que fue consentido, en virtud de que fue emitido con motivo de la misma solicitud, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Además que el auto de que el acto reclamado no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender del auto en el que tuvo su origen la negativa de la responsable a proporcionar la información, pues cuestiona que no exceda a realizar la investigación pedida ni girar los oficios requeridos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, apoderado legal del quejoso **********, calidad que acredita, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con las constancias del juicio de origen, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 725/2017-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo os siguientes: I. **********, por conducto de sus apoderados, demandó en la vía ordinario laboral a la persona moral **********, el cumplimiento y pago se ciertas prestaciones, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. II. En providencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se registró bajo el número 3469/201/LI/CB/IND y se citó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo, toda vez que no se localizó a la parte demandada. III. En virtud de lo anterior, la parte actora solicitó ante la Junta responsable, entre otras cosas, se girara oficio a la Dirección de Obras Públicas, así como a la Presidencia Municipal de esta ciudad, a fin de que informaran el nombre y domicilio de la empresa **********; asimismo, se sirviera a comisionar al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la diversa moral **********, e indagara sobre la antes nombrada. IV. El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, la responsable acordó no acceder a lo solicitado, bajo el argumento de que "no es agencia investigadora", requiriéndolo a fin de que proporcione elementos necesarios para el desahogo de las diligencias correspondientes. V. Posteriormente, la parte actora del juicio laboral de nueva cuanta solicitó a la Junta responsable se girara oficio a la Dirección de Obras Públicas, así como a la Presidencia Municipal de esta ciudad, a fin de que informaran el nombre y domicilio de la empresa **********; asimismo, se sirviera a comisionar al actuario de su adscripción para que se constituyera en el domicilio de la diversa moral **********, e indagara sobre la antes nombrada. VI. Respecto a dicha solicitud recayó el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete -acto reclamado- en el que se acordó lo siguiente: ". SEGUNDO. Téngase al promovente por haciendo sus manifestaciones de cuenta y en atención a las mismas, por lo que hace a su solicitud, dígasele que se esté a lo acordado mediante auto de fecha veinticuatro de marzo del año en curso." De lo anterior se advierte que el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que aquí se señala como acto reclamado, fue decretado como consecuencia natural y legal de la diversa providencia emitida el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Se afirma lo anterior, porque la determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo -veintiuno de junio de dos mil diecisiete- se emitió con motivo de que se trata de la misma petición que fue atendida por la responsable en auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos de la parte quejosa, y no en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que únicamente le indicó que se tenía que estar a lo acordado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, al tratase de las mismas solicitudes. Luego, si el quejoso no impugnó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, sea derivado de aquél que fue consentido, en virtud de que fue emitido con motivo de la misma solicitud, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Además que el auto de que el acto reclamado no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender del auto en el que tuvo su origen la negativa de la responsable a proporcionar la información, pues cuestiona que no exceda a realizar la investigación pedida ni girar los oficios requeridos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
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