Arnulfo Sandoval Villalobos
Expediente 201/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Arnulfo Sandoval Villalobos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de marzo de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Arnulfo Sandoval Villalobos, por su propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 201/2015-IV. Ahora, para una mejor comprensión de lo que se proveerá, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: a) El auto de veintidós de enero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, por el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 930/2014-III del índice de este Juzgado, en el que determinó entre otras cosas dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictado dentro del procedimiento disciplinario antes mencionado; asimismo, procedió a resolver lo propio respecto del medio de impugnación promovido por el quejoso al momento en que se le notificó la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil catorce. b) El auto dictado el diez de febrero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, por el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en el que determinó causar estado la resolución de veintiuno de agosto de dos mil catorce y hacer efectiva la sanción impuesta en contra del aquí quejoso. En relación con lo anterior y a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, este Juzgado determina que respecto del acto precisado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los citados numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama, como ya se mencionó, el auto de veintidós de enero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, por el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 930/2014-III del índice de este Juzgado, en el que determinó entre otras cosas dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictado dentro del procedimiento disciplinario antes referido; asimismo, procedió a resolver lo propio respecto del medio de impugnación promovido por el quejoso al momento en que se le notificó la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil catorce. De igual forma, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que el propio solicitante del amparo afirmó que el veintiséis de enero de dos mil quince, se le notificó de manera personal el auto de veintidós de enero del mismo año, que constituye el acto reclamado. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de enero al diecinueve de febrero del año que transcurre, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que surtió sus efectos la notificación del acto de autoridad, a saber, el veintiséis de enero pasado, ya que señala ese día fue cuando se le hizo saber de manera personal el auto que reclama, por lo que el veintisiete siguiente surtió efectos la notificación y el veintiocho del mismo mes y año, le empezó a correr el término. II. Sin contar los días treinta y uno de enero, uno, dos, cinco, siete, ocho, catorce y quince de febrero del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que fueron sábados, domingos y días inhábiles. Además, el auto de veintidós de enero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, por el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que reclama el quejoso, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, a taques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y dado que el impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el cinco de marzo de dos mil quince, es inconcuso que lo hizo con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se estima que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Por otro lado, por lo que ve al acto precisado en el inciso b), este tribunal estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, para una mejor comprensión de por qué se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es necesario señalar los antecedentes que se desprenden de la demanda, los cuales son: 1. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil trece dictado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, se dio inicio al procedimiento disciplinario en contra del aquí quejoso Arnulfo Sandoval Villalobos, el cual se radicó bajo el número 301/2013. 2. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato declaró procedente el procedimiento administrativo que se instruyó en contra de Arnulfo Sandoval Villalobos, y se le impuso como sanción tres días de suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo por las infracciones que cometió; determinación que recurrió al calce de la notificación que de dicha resolución se le practico. 3. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, se declaró que causó ejecutoria la resolución de veintiuno de agosto del mismo año, por lo que el dos de octubre siguiente se le notificó la suspensión de sus funciones por el plazo comprendido entre el diez y dos de ese mes y año. 4. En contra de la determinación de veintidós de septiembre de dos mil catorce interpuso juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado donde se registró con el número 930/2014-III. 6. Mediante sentencia de quince de diciembre de dos mil catorce, se sobreseyó por un lado y se concedió por otro la protección constitucional al quejoso Arnulfo Sandoval Villalobos. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el proveído de veintidós de septiembre del año en curso; y, II. Atendiendo a la manifestación que realizó el quejoso al momento en que se le notificó la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil catorce, provea lo conducente respecto del medio de impugnación que promovió." 7. En proveído de veinte de enero de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se solicitó a la responsable cumpliera con él. 8. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, el veintidós de enero de dos mil quince, determinó entre otras cosas dejar insubsistente el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictado dentro del procedimiento disciplinario antes mencionado; asimismo, respecto del medio de impugnación promovido por el quejoso al momento en que se le notificó la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil catorce, determinó que el recurso intentado debía presentarse por escrito o bien, enviarse por correo certificado con acuse de recibo, por lo que no se colmaban los requisitos establecidos en los artículo 262 y 263 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 9. Luego, mediante auto de diez de febrero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, determinó causar estado la resolución de veintiuno de agosto de dos mil catorce y hacer efectiva la sanción impuesta. -Lo que en esta instancia constituye el acto reclamado- Bajo ese contexto, se aprecia que el auto de diez de febrero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, por el Magistrado el Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en el que determinó causar estado la resolución de veintiuno de agosto de dos mil catorce y hacer efectiva la sanción impuesta, fue decretado como consecuencia natural y legal de la providencia emitida el veintidós de enero de dos mil quince. Se afirma lo anterior porque el proveído impugnado, que fue consecuencia del anterior que no fue atacado en tiempo, no le causa agravio ya que la autoridad únicamente se pronunció al no haberse recurrido la determinación sancionadora dictada en el procedimiento de origen; de ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye el proveído de veintidós de enero de dos mil quince, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos de la parte quejosa, y no en el auto de diez de febrero de dos mil quince. En ese sentido, si el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el auto de diez de febrero de dos mil quince, dictado en el procedimiento disciplinario número 301/2013, es incuestionable que dicha resolución es la consecuencia natural y legal de la providencia de veintidós de febrero de dos mil quince. Conclusivamente, si el auto de diez de febrero de dos mil quince, determinó causar estado la resolución de veintiuno de agosto de dos mil catorce y hacer efectiva la sanción impuesta, ello deriva del auto de veintidós de enero de dos mil quince, consentido por la parte quejosa por no haberlo combatido; y si además el referido auto no es impugnado por vicios propios, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Consecuentemente, al quedar demostrada las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Así como la jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.
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