Arnulfo Torres Delgado
Expediente 863/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arnulfo Torres Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ARNULFO TORRES DELGADO. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Asimismo, por lo que hace al original del incidente de suspensión, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que por una parte se negó la suspensión provisional y definitiva y, por otra, se concedió dicha medida cautelar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas de este expediente y del incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, ya que no se exhibió en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ARNULFO TORRES DELGADO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el doce y quince siguientes fojas 326 y 329. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 10a. sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro se inserta: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 74 a 101), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con domicilio en esta ciudad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 197 a 287), pronunciada en el toca en revisión 136/2017, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Arnulfo Torres Delgado, para los efectos que se reproducen: que las autoridades responsables dejen insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis relativa al procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015, en otro que dicten al calificar la gravedad de la infracción atiendan no sólo a su naturaleza, sino también a las consecuencias que pudieran causarse, para lo cual debe tomar en cuenta la determinación del recurso de apelación en los términos expuestos en esta sentencia, en su caso, al individualizar la sanción se abstenga de incurrir en la incongruencia destacada, luego de lo cual, resuelva lo que en derecho corresponda. Esto es, en la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional auxiliar, determinó que el Consejo responsable en la resolución de quince de agosto de dos mil diecisiete relativa al procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015, seguido contra el quejoso, para determinar el impacto de la infracción cometida, debió valorar los dos aspectos que conforman la conducta naturaleza y consecuencias- pues sólo tomando en cuenta dichos extremos podía determinarse la gravedad de la afectación que sufrió el ejercicio de la función jurisdiccional en el caso justiciable y entonces calificarla objetivamente. Por ello, continuó si bien el incumplimiento de una obligación podía derivar en la imposición de una sanción, lo cierto era que para determinar su gravedad era importante valorar la afectación fáctica o jurídica que conllevara dicho actuar; lo cual no sólo podía traducirse en un menoscabo patrimonial o económico, sino en una afectación relevante en la esfera de derechos de los particulares, protegida con los principios reguladores de la actuación de los funcionarios públicos, tales como legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. De modo que, al atender a la naturaleza de la infracción gravedad de la conducta, incumbía considerar las consecuencias jurídicas de la conducta que le fue atribuida al quejoso descuido al aplicar una norma que no se encontraba vigente, es decir, verificar la trascendencia de la infracción de los bienes jurídicos tutelados consistentes en la legalidad y seguridad jurídica; pues de esa manera -la conducta podía ubicarse en una graduación de mínima a máxima; por tanto, para efecto de individualizar la sanción debió tomar en cuenta la gravedad de la conducta, para lo que resultaba imprescindible determinar su naturaleza así como las consecuencias jurídicas o de hecho que pudieran o se hubieran causado. De tal manera, que para los efectos antes indicados, debía considerar la resolución emitida en el recurso de apelación -toca penal 334/2014- que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensión, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público, además estableció que a nada práctico conllevaría suplir la deficiencia de la queja a favor de la víctima, ya que su declaración ministerial había sido inconsistente respecto de lo narrado en la valoración psicológica, sin que se encontrara robustecido con ningún otro medio de convicción, por lo cual consideró insuficiente para revocar o modificar la resolución impugnada. Por otro lado, agregó que el Consejo resolutor incurrió en una incongruencia interna al analizar los elementos a considerar conforme al artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, para imponer una sanción, virtud a que contenía dos reflexiones contradictorias entre sí, como fue, por una parte, que el nivel jerárquico, antecedentes y preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, eran datos que no debían serle desfavorables pues se atentaría contra el derecho humano de igualdad, pero luego concluyó que tales circunstancias eran elementos negativos que agravaron su responsabilidad; lo que evidenció que el solicitante del amparo no estuvo en posibilidad de conocer con certeza cuales fueron las condiciones que efectivamente le causaron perjuicio para determinar que su grado de responsabilidad era máximo, pues por una parte la autoridad afirmó que ciertas circunstancias no le eran desfavorables y posteriormente consideró lo contrario, motivos por los cuales, fueron suficiente para conceder la protección constitucional. Sentencia que por proveídos de diecinueve y veintitrés, ambos de enero de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (fojas 288, 289 y 292). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante comunicaciones oficiales SE/250/2018 y SE/603/2018 (fojas 291 y 301), con la primera, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que solicitó prórroga para llevar a cabo el acatamiento al fallo protector, petición que fue acordada favorable mediante auto de veintitrés de enero de la anualidad que cursa. Con la segunda de las misivas, la responsable anexó copia certificada de la resolución de siete de febrero del presente año, emitida en el procedimiento administrativo 92/2015; en la que en su considerando segundo (foja 304) se advierte que dejó insubsistente la resolución aprobada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el quince de agosto de dos mil dieciséis, en su lugar, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Al calificar la gravedad de la infracción atendió tanto a su naturaleza como a las consecuencias que se pudieron ocasionar, esto es, al momento de la individualización de la sanción a imponer al quejoso, analizó la gravedad de la falta acorde al artículo 49 con el numeral 154, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que infirió que: La irregularidad atribuida al quejoso, se tradujo en el incumplimiento de una obligación, por el descuido en las funciones propias de su cargo, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica al haber aplicado una norma no vigente; que tal conducta no produjo consecuencias jurídicas o de hecho con las que se vieran afectados los derechos de las partes dentro del proceso penal. Además, que al examinar la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, en el recurso de apelación 334/2014, que confirmó la determinación de primera instancia que negó la orden de aprehensión solicitada, asentó que cobró relevancia en el sentido que a pesar de que se incurrió en una irregularidad al aplicar una norma no vigente o derogada, no generó perjuicios de hecho ni de derecho que afectara la esfera jurídica de un menor o de las partes involucradas en el proceso penal de origen; de ahí que la falta cometida debía considerarse de una gravedad mínima. El nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no podían considerarse datos desfavorables para el servidor público, pues tomarlos en cuenta para agravar su responsabilidad violaría el derecho humano de igualdad, al no tratarlo bajo las mismas condiciones que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que cuenta y remuneración que percibía. Del expediente administrativo del servidor público denunciado, se advertía el registro de sanciones once, sin embargo, en caso de que resultaran de la misma naturaleza a la que estudiaba, el factor de reincidencia -en todas- se consideró prescrito. Asimismo, debido a la naturaleza de la irregularidad en que incurrió el Juez Arnulfo Torres Delgado, no se acreditó que le hubiera producido algún beneficio económico; no obstante, su comportamiento reflejó un descuido en sus funciones. Luego, la índole de la sanción administrativa era fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, para provocar en el servidor público la conciencia de respeto a la norma en beneficio del interés general y de sí mismo, desalentarlo a continuar en su oposición a la ley; si no se persiguiera esa finalidad, no quedaría satisfecho el propósito disuasivo y podría, incluso, contribuir al fomento de tales conductas ilícitas. En ese sentido, tomando en cuenta la clase de la conducta, las consecuencias jurídicas que se causaron en el proceso penal, la aplicación de una norma no vigente, debía estimarse como una falta no grave. Por ello, a fin de buscar un equilibrio entre la conducta desplegada que no ocasionó una afectación judicial al proceso, no originó un daño material a las partes, además de que el grado de responsabilidad del servidor público en cuestión se ubicó en el término mínimo, estimó sancionarlo con una amonestación por escrito, prevista en la fracción III, del arábigo 154, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; la que constituyó una medida razonable que no establece un exceso, sino que se estimó proporcional para cumplir la finalidad disuasiva de la sanción, así como ejemplar, para inhibirlo de que en lo sucesivo incurra en la misma irregularidad, en los términos de la ejecutoria de amparo. Ahora, del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues realizó los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Esto es, dejó insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015. Luego, en otro que dictó, al calificar la gravedad de la infracción atendió tanto a su naturaleza como a las consecuencias que pudieron causarse, para lo cual tomó en cuenta la determinación del recurso de apelación -toca penal 334/2014 que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensón, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público. Después, al individualizar la sanción se abstuvo de incurrir en la incongruencia interna destacada en la sentencia concesiva, toda vez que estableció que el nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no podían considerarse datos desfavorables para el servidor público, pues tomarlos en cuenta para agravar su responsabilidad violaría el derecho humano de igualdad, al no tratarlo bajo las mismas condiciones que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que cuenta y remuneración que percibía. Finalmente, resolvió lo que consideró en derecho correspondía, tan es así que impuso como sanción al quejoso una amonestación por escrito. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó sin efectos la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015. Después, dictó otra en la cual, al calificar la gravedad del infractor mínima, atendió no sólo a su naturaleza, sino también a las consecuencias que pudieron causarse, esto es, estableció que no generó perjuicios ni de hecho ni de derecho, además, tomó en cuenta la determinación del recurso de apelación -toca penal 334/2014- que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensión, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público. Luego, al individualizar la sanción -mínima- se abstuvo de incurrir en la incongruencia interna, pues evitó las consideraciones contradictorias entre sí, respecto a señalar que el nivel jerárquico, antecedentes y preparación no eran aspectos que le perjudicaran y por otra que dichas circunstancias representaran una agravante para determinar el grado de responsabilidad del quejoso; toda vez que únicamente estableció que los datos consistente en el nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no debían serle desfavorables pues se atentaría contra el derecho humano de igualdad, dado que no sería tratado bajo las mismas circunstancias que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que contaba y remuneración que percibía. Finalmente, resolvió lo que en derecho correspondía, esto es, impuso como sanción al quejoso una amonestación por escrito. Lo cual, demuestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento; ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos una resolución, dictar otra en la cual, al calificar una infracción atendiera tanto a su naturaleza como a su consecuencias que pudieran causarse, tomando en cuenta un recurso de apelación, en los términos expuesto en la sentencia concesiva, luego al individualizar la sanción, abstenerse de incurrir en la incongruencia destacada en la ejecutoria de amparo, para después resolver lo que en derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; mismo que fue notificado a las partes el doce y quince siguientes (fojas 326 y 329). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 74 a 101), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con domicilio en esta ciudad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 197 a 287), pronunciada en el toca en revisión 136/2017, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Arnulfo Torres Delgado, para los efectos que se reproducen: "[.] que las autoridades responsables dejen insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis relativa al procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015, en otro que dicten al calificar la gravedad de la infracción atiendan no sólo a su naturaleza, sino también a las consecuencias que pudieran causarse, para lo cual debe tomar en cuenta la determinación del recurso de apelación en los términos expuestos en esta sentencia, en su caso, al individualizar la sanción se abstenga de incurrir en la incongruencia destacada, luego de lo cual, resuelva lo que en derecho corresponda". Esto es, en la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional auxiliar, determinó que el Consejo responsable en la resolución de quince de agosto de dos mil diecisiete relativa al procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015, seguido contra el quejoso, para determinar el impacto de la infracción cometida, debió valorar los dos aspectos que conforman la conducta -naturaleza y consecuencias- pues sólo tomando en cuenta dichos extremos podía determinarse la gravedad de la afectación que sufrió el ejercicio de la función jurisdiccional en el caso justiciable y entonces calificarla objetivamente. Por ello, -continuó- si bien el incumplimiento de una obligación podía derivar en la imposición de una sanción, lo cierto era que para determinar su gravedad era importante valorar la afectación fáctica o jurídica que conllevara dicho actuar; lo cual no sólo podía traducirse en un menoscabo patrimonial o económico, sino en una afectación relevante en la esfera de derechos de los particulares, protegida con los principios reguladores de la actuación de los funcionarios públicos, tales como legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. De modo que, al atender a la naturaleza de la infracción -gravedad de la conducta-, incumbía considerar las consecuencias jurídicas de la conducta que le fue atribuida al quejoso -descuido al aplicar una norma que no se encontraba vigente-, es decir, verificar la trascendencia de la infracción de los bienes jurídicos tutelados consistentes en la legalidad y seguridad jurídica; pues de esa manera -la conducta- podía ubicarse en una graduación de mínima a máxima; por tanto, para efecto de individualizar la sanción debió tomar en cuenta la gravedad de la conducta, para lo que resultaba imprescindible determinar su naturaleza así como las consecuencias jurídicas o de hecho que pudieran o se hubieran causado. De tal manera, que para los efectos antes indicados, debía considerar la resolución emitida en el recurso de apelación -toca penal 334/2014- que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensión, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público, además estableció que a nada práctico conllevaría suplir la deficiencia de la queja a favor de la víctima, ya que su declaración ministerial había sido inconsistente respecto de lo narrado en la valoración psicológica, sin que se encontrara robustecido con ningún otro medio de convicción, por lo cual consideró insuficiente para revocar o modificar la resolución impugnada. Por otro lado, -agregó- que el Consejo resolutor incurrió en una incongruencia interna al analizar los elementos a considerar conforme al artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, para imponer una sanción, virtud a que contenía dos reflexiones contradictorias entre sí, como fue, por una parte, que el nivel jerárquico, antecedentes y preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, eran datos que no debían serle desfavorables pues se atentaría contra el derecho humano de igualdad, pero luego concluyó que tales circunstancias eran elementos negativos que agravaron su responsabilidad; lo que evidenció que el solicitante del amparo no estuvo en posibilidad de conocer con certeza cuales fueron las condiciones que efectivamente le causaron perjuicio para determinar que su grado de responsabilidad era máximo, pues por una parte la autoridad afirmó que ciertas circunstancias no le eran desfavorables y posteriormente consideró lo contrario, motivos por los cuales, fueron suficiente para conceder la protección constitucional. Sentencia que por proveídos de diecinueve y veintitrés, ambos de enero de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento (fojas 288, 289 y 292). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante comunicaciones oficiales SE/250/2018 y SE/603/2018 (fojas 291 y 301), con la primera, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que solicitó prórroga para llevar a cabo el acatamiento al fallo protector, petición que fue acordada favorable mediante auto de veintitrés de enero de la anualidad que cursa. Con la segunda de las misivas, la responsable anexó copia certificada de la resolución de siete de febrero del presente año, emitida en el procedimiento administrativo 92/2015; en la que en su considerando segundo (foja 304) se advierte que dejó insubsistente la resolución aprobada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el quince de agosto de dos mil dieciséis, en su lugar, en acatamiento al fallo protector, pronunció una nueva, en la que realizó lo siguiente: Al calificar la gravedad de la infracción atendió tanto a su naturaleza como a las consecuencias que se pudieron ocasionar, esto es, al momento de la individualización de la sanción a imponer al quejoso, analizó la gravedad de la falta acorde al artículo 49 con el numeral 154, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que infirió que: La irregularidad atribuida al quejoso, se tradujo en el incumplimiento de una obligación, por el descuido en las funciones propias de su cargo, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica al haber aplicado una norma no vigente; que tal conducta no produjo consecuencias jurídicas o de hecho con las que se vieran afectados los derechos de las partes dentro del proceso penal. Además, que al examinar la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, en el recurso de apelación 334/2014, que confirmó la determinación de primera instancia que negó la orden de aprehensión solicitada, asentó que cobró relevancia en el sentido que a pesar de que se incurrió en una irregularidad al aplicar una norma no vigente o derogada, no generó perjuicios de hecho ni de derecho que afectara la esfera jurídica de un menor o de las partes involucradas en el proceso penal de origen; de ahí que la falta cometida debía considerarse de una gravedad mínima. El nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no podían considerarse datos desfavorables para el servidor público, pues tomarlos en cuenta para agravar su responsabilidad violaría el derecho humano de igualdad, al no tratarlo bajo las mismas condiciones que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que cuenta y remuneración que percibía. Del expediente administrativo del servidor público denunciado, se advertía el registro de sanciones -once-, sin embargo, en caso de que resultaran de la misma naturaleza a la que estudiaba, el factor de reincidencia -en todas- se consideró prescrito. Asimismo, debido a la naturaleza de la irregularidad en que incurrió el Juez Arnulfo Torres Delgado, no se acreditó que le hubiera producido algún beneficio económico; no obstante, su comportamiento reflejó un descuido en sus funciones. Luego, la índole de la sanción administrativa era fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, para provocar en el servidor público la conciencia de respeto a la norma en beneficio del interés general y de sí mismo, desalentarlo a continuar en su oposición a la ley; si no se persiguiera esa finalidad, no quedaría satisfecho el propósito disuasivo y podría, incluso, contribuir al fomento de tales conductas ilícitas. En ese sentido, tomando en cuenta la clase de la conducta, las consecuencias jurídicas que se causaron en el proceso penal, la aplicación de una norma no vigente, debía estimarse como una falta no grave. Por ello, a fin de buscar un equilibrio entre la conducta desplegada que no ocasionó una afectación judicial al proceso, no originó un daño material a las partes, además de que el grado de responsabilidad del servidor público en cuestión se ubicó en el término mínimo, estimó sancionarlo con una amonestación por escrito, prevista en la fracción III, del arábigo 154, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; la que constituyó una medida razonable que no establece un exceso, sino que se estimó proporcional para cumplir la finalidad disuasiva de la sanción, así como ejemplar, para inhibirlo de que en lo sucesivo incurra en la misma irregularidad, en los términos de la ejecutoria de amparo. Ahora, del examen de la documental citada con antelación, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tiene pleno valor probatorio, se hace patente que la responsable, cumplió con el fallo protector, pues realizó los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Esto es, dejó insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015. Luego, en otro que dictó, al calificar la gravedad de la infracción atendió tanto a su naturaleza como a las consecuencias que pudieron causarse, para lo cual tomó en cuenta la determinación del recurso de apelación -toca penal 334/2014- que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensión, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público. Después, al individualizar la sanción se abstuvo de incurrir en la incongruencia interna destacada en la sentencia concesiva, toda vez que estableció que el nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no podían considerarse datos desfavorables para el servidor público, pues tomarlos en cuenta para agravar su responsabilidad violaría el derecho humano de igualdad, al no tratarlo bajo las mismas condiciones que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que cuenta y remuneración que percibía. Finalmente, resolvió lo que consideró en derecho correspondía, tan es así que impuso como sanción al quejoso una amonestación por escrito. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó sin efectos la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 92/2015. Después, dictó otra en la cual, al calificar la gravedad del infractor -mínima-, atendió no sólo a su naturaleza, sino también a las consecuencias que pudieron causarse, esto es, estableció que no generó perjuicios ni de hecho ni de derecho, además, tomó en cuenta la determinación del recurso de apelación -toca penal 334/2014- que se intentó contra la determinación de negar la orden de aprehensión, la cual confirmó la de primera instancia, en la que la Sala responsable decretó la inoperancia de los agravios expuestos por el agente del Ministerio Público. Luego, al individualizar la sanción -mínima- se abstuvo de incurrir en la incongruencia interna, pues evitó las consideraciones contradictorias entre sí, respecto a señalar que el nivel jerárquico, antecedentes y preparación no eran aspectos que le perjudicaran y por otra que dichas circunstancias representaran una agravante para determinar el grado de responsabilidad del quejoso; toda vez que únicamente estableció que los datos consistente en el nivel jerárquico, antecedentes del infractor, preparación, condiciones socioeconómicas y antigüedad en el servicio, no debían serle desfavorables pues se atentaría contra el derecho humano de igualdad, dado que no sería tratado bajo las mismas circunstancias que cualquier otro, en relación a las actividades que realizaba, antigüedad, antecedentes laborales, preparación con que contaba y remuneración que percibía. Finalmente, resolvió lo que en derecho correspondía, esto es, impuso como sanción al quejoso una amonestación por escrito. Lo cual, demuestra que no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento; ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar sin efectos una resolución, dictar otra en la cual, al calificar una infracción atendiera tanto a su naturaleza como a su consecuencias que pudieran causarse, tomando en cuenta un recurso de apelación, en los términos expuesto en la sentencia concesiva, luego al individualizar la sanción, abstenerse de incurrir en la incongruencia destacada en la ejecutoria de amparo, para después resolver lo que en derecho correspondiera. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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