Arnulfo Hurtado Torres
Expediente 286/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arnulfo Hurtado Torres
- Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia en el Estado.
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO; En veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: (1) Que el nueve de abril de dos mil veintiuno, se dictó el auto que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente. (2) Que la parte quejosa quedó notificada por medio de lista que se publicó el diecinueve de abril en curso, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo. (3) Que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el referido acuerdo transcurrió del veintiuno al veintisiete de abril de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En la fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos, a fin de que se sirva determinar lo conducente. Conste. De la certificación de inicio y del estado de autos, se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. En esa virtud, como se trata de un asunto concluido y no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarla al expediente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe.
- Principal
De la certificación de inicio y del estado de autos, se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. En esa virtud, como se trata de un asunto concluido y no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó al escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarla al expediente.
- Principal
Recepción del oficio de incompetencia. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 1/2021, derivada del amparo directo civil 423/2020, promovido por Arnulfo Hurtado Torres, ordenó remitir esos autos a este órgano jurisdiccional, ya que en el índice de este órgano jurisdiccional existe diverso juicio de amparo promovido por el referido quejoso. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Conocimiento del asunto y registro del expediente. En ese sentido, se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el sistema integral de seguimiento de expedientes con el número III-286/2021. Consideraciones previas. Ahora, cabe referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Análisis al caso en concreto. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 1) La resolución dieciséis de junio de dos mil veinte dictada dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. De la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 1) El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; la cual fue promovida por Federico Sánchez Reyes y la persona moral denominada Integradora Agrícola Mexicana, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, ambos en su carácter de terceros opositores, frente a Eduardo Sánchez Cárdenas -ejecutor y actor- y el promovente del amparo -demandado y ejecutado- en el preexistente juicio ejecutivo mercantil 624/2018. 2) Como consecuencia de lo anterior, todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio. De lo antes expuesto, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Ahora, a fin de demostrar que en el presente caso operó la causal de improcedencia antes referida, es menester traer a colación que en este propio órgano de control constitucional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 286/2020, promovido por Arnulfo Hurtado Torres; demanda que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el diecisiete de marzo de dos mil veinte y turnada en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". En ese sentido, del referido juicio de amparo se obtiene que: a) La demanda fue promovida por Arnulfo Hurtado Torres, por propio derecho, la cual fue registrada con el juicio de amparo número 286/2020. b) El escrito de demanda fue recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el diecisiete de marzo de dos mil veinte. c) Se admitió a trámite el trece de julio de dos mil veinte; d) Actualmente se encuentra en trámite, cuyo procedimiento se encuentra suspendido desde el uno de diciembre de dos mil veinte, ya que está pendiente de resolver la queja interpuesta en contra de un diverso auto de once de noviembre de dos mil veinte; e) El juicio fue promovido contra los actos y autoridades siguientes: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 1) Todas las actuaciones practicadas en el toca civil mercantil número I-86/2020 integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en la tercería de origen. 2) Las resoluciones de quince y dieciséis de junio de dos mil veinte dictadas dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. De la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 1) El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; la cual fue promovida por Federico Sánchez Reyes y la persona moral denominada Integradora Agrícola Mexicana, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, ambos en su carácter de terceros opositores, frente a Eduardo Sánchez Cárdenas -ejecutor y actor- y el promovente del amparo -demandado y ejecutado- en el preexistente juicio ejecutivo mercantil 624/2018. 2) Como consecuencia de lo anterior, todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio. Del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. 1) La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de la impartición de justicia que presta esta institución, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia covid-19 de fecha trece de junio de dos mil veinte, publicado en la página de internet del Poder Judicial del Estado, relativo a la "prórroga de suspensión de labores y habilitación de días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. De lo antes expuesto, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 286/2020 del índice de este Juzgado Federal, el cual fue promovido por el mismo quejoso, y contra los mismos actos reclamados, esto es: * La resolución dieciséis de junio de dos mil veinte dictada dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. * El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. * Todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio, como consecuencia de lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la P/J. 24/2014, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, libro 5, abril 2014, página 265, número 2006145, que dispone: "LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. El término "litispendencia", significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y procede como excepción cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. La palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que interviene las partes". Así como la tesis emitida por la Sala Auxiliar, Decima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, página 265, que dispone: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Desechamiento. En las relatadas condiciones, por encontrarse en trámite una demanda de amparo diversa, promovida por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y actos reclamados, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en numeral 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos fundamentales de cuenta. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contraria al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio y usuario. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, hágase la habilitación del usuario "carlostorres", para que consulten el expediente electrónico de este juicio de amparo dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hace de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 1/2021, derivada del amparo directo civil 423/2020, promovido por Arnulfo Hurtado Torres, ordenó remitir esos autos a este órgano jurisdiccional, ya que en el índice de este órgano jurisdiccional existe diverso juicio de amparo promovido por el referido quejoso. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Conocimiento del asunto y registro del expediente. En ese sentido, se asume el conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el sistema integral de seguimiento de expedientes con el número III-286/2021. Consideraciones previas. Ahora, cabe referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Análisis al caso en concreto. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 1) La resolución dieciséis de junio de dos mil veinte dictada dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. De la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 1) El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; la cual fue promovida por Federico Sánchez Reyes y la persona moral denominada Integradora Agrícola Mexicana, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, ambos en su carácter de terceros opositores, frente a Eduardo Sánchez Cárdenas -ejecutor y actor- y el promovente del amparo -demandado y ejecutado- en el preexistente juicio ejecutivo mercantil 624/2018. 2) Como consecuencia de lo anterior, todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio. De lo antes expuesto, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Ahora, a fin de demostrar que en el presente caso operó la causal de improcedencia antes referida, es menester traer a colación que en este propio órgano de control constitucional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 286/2020, promovido por Arnulfo Hurtado Torres; demanda que fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el diecisiete de marzo de dos mil veinte y turnada en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". En ese sentido, del referido juicio de amparo se obtiene que: a) La demanda fue promovida por Arnulfo Hurtado Torres, por propio derecho, la cual fue registrada con el juicio de amparo número 286/2020. b) El escrito de demanda fue recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el diecisiete de marzo de dos mil veinte. c) Se admitió a trámite el trece de julio de dos mil veinte; d) Actualmente se encuentra en trámite, cuyo procedimiento se encuentra suspendido desde el uno de diciembre de dos mil veinte, ya que está pendiente de resolver la queja interpuesta en contra de un diverso auto de once de noviembre de dos mil veinte; e) El juicio fue promovido contra los actos y autoridades siguientes: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. 1) Todas las actuaciones practicadas en el toca civil mercantil número I-86/2020 integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en la tercería de origen. 2) Las resoluciones de quince y dieciséis de junio de dos mil veinte dictadas dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. De la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 1) El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; la cual fue promovida por Federico Sánchez Reyes y la persona moral denominada Integradora Agrícola Mexicana, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, ambos en su carácter de terceros opositores, frente a Eduardo Sánchez Cárdenas -ejecutor y actor- y el promovente del amparo -demandado y ejecutado- en el preexistente juicio ejecutivo mercantil 624/2018. 2) Como consecuencia de lo anterior, todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio. Del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado. 1) La omisión de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de la impartición de justicia que presta esta institución, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia covid-19 de fecha trece de junio de dos mil veinte, publicado en la página de internet del Poder Judicial del Estado, relativo a la "prórroga de suspensión de labores y habilitación de días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. De lo antes expuesto, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 286/2020 del índice de este Juzgado Federal, el cual fue promovido por el mismo quejoso, y contra los mismos actos reclamados, esto es: * La resolución dieciséis de junio de dos mil veinte dictada dentro del toca mercantil de apelación I-86/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en la tercería excluyente de dominio 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. * El emplazamiento practicado en la tercería excluyente de dominio número 887/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. * Todas las actuaciones practicadas en la tercería excluyente de dominio, como consecuencia de lo anterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la P/J. 24/2014, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, libro 5, abril 2014, página 265, número 2006145, que dispone: "LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. El término "litispendencia", significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y procede como excepción cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. La palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que interviene las partes". Así como la tesis emitida por la Sala Auxiliar, Decima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, página 265, que dispone: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Desechamiento. En las relatadas condiciones, por encontrarse en trámite una demanda de amparo diversa, promovida por el mismo quejoso, en contra de las mismas autoridades y actos reclamados, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en numeral 113 de la misma legislación, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos fundamentales de cuenta. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contraria al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Domicilio y usuario. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, hágase la habilitación del usuario "carlostorres", para que consulten el expediente electrónico de este juicio de amparo dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedaron instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionan en dos turnos; a saber: (i) turno matutino presta servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboran por las mañanas, y la del turno vespertino lo hace de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboran por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. De igual modo, indíquesele que la duración máxima de la cita será de veinticinco minutos, puesto que aquélla se generó a solicitud de la parte interesada y no por este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Notificación. Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Capturas e integración al expediente electrónico. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Impresión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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